“Ese discurso agresivo, en el que anuncia que mandará a tres mil hombres a cerrar la frontera en Paraguachón es imposible de realizar. Esa región es geográficamente muy difícil; así pusiera a un guardia venezolano cada cien metros, necesita a Colombia para lograr controlar el contrabando, la violencia, la delincuencia, etc. Y eso Maduro lo sabe. En dos semanas va a tener que levantar ese “cierre”. El Zulia no es el Táchira”, explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Las agresivas palabras de Maduro, sin embargo, ponen al presidente Santos en una situación en la que no puede ceder. “A palabras insensatas, oídos sordos. Cuando nos atacan lo que hacemos es reafirmar nuestros principios”, se limitó a contestar el mandatario colombiano.
“El presidente venezolano está obligando a Santos a ser más rígido. En este momento, cualquier anuencia o aceptación de Bogotá puede ser malinterpretada”, agrega Rodríguez.
El tema no toma desprevenido al Gobierno Nacional. Desde hace una semana se proyectaba que la crisis fronteriza podría durar hasta diciembre y que las medidas de excepción se extenderían al estado Zulia, como ocurrió. Una comisión política venezolana se reunió el jueves pasado con líderes wayuus para hablar de un eventual cierre, que ayer fue matizado por el vicepresidente Jorge Arreaza, quien aclaró que “los wayuus tienen derecho al tránsito, pero no puede ser con mercancía para la reventa”. Muy diferente a las condiciones impuestas en San Antonio del Táchira Por su parte, el líder opositor, Henrique Capriles, cuestionó el nuevo cierre: “Con el cierre de la frontera, el 19 de agosto en Táchira, ¿aparecieron productos en mercados? ¿Disminuyó la violencia?”.
La molestia de Caracas
“En su último discurso Maduro deja claro que quiere seguir imponiendo la agenda en la relación binacional y eso no lo puede permitir el presidente Santos. La estrategia de exponer la situación de derechos humanos en la frontera ante organismos internacionales es la mejor forma de enfrentar el tema”, explica el internacionalista Juan Ramón Martínez.
Un asunto que no le gusta a Nicolás Maduro, quien ya ha hecho saber su malestar a algunos sectores colombianos y que quiere cambiar esa imagen de una revolución que no respeta los derechos humanos. Por eso el giro del gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien admitió que la decisión de marcar con una “R” y una “D” las viviendas del barrio La Invasión produjo un gran daño. “Ese marcaje ya no se está dando más, pero esa situación ha dado la vuelta al mundo y nos ha hecho un gran daño (...); nos falta ese cariz para darle el envoltorio demostrativo de que en Venezuela nosotros sí respetamos los derechos humanos”, sostuvo el funcionario.
Pero la deportación de 1.467 connacionales, a través de Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada, sumada a la salida “voluntaria” de casi 20.000 más, ya está siendo condenada por organizaciones humanitarias en todo el mundo. “Esa labor de la canciller puede ejercer una presión fuerte para Venezuela”, asevera Martínez, al tiempo que insiste en que Maduro quiere sostener esta crisis hasta diciembre, mes de las elecciones. La liquidez de su gobierno, que se acababa en 15 días, era el obstáculo, pero tras su viaje a China, la Revolución llegó con dinero para sostener la situación hasta fin de año. ¿Qué sigue? Declaraciones, mediaciones y condiciones de lado y lado, coinciden analistas en ambos países, para terminar concretando la única salida posible: un encuentro presidencial. “Maduro y Santos deben sentarse sin condiciones previas y con la plena disposición de encontrar soluciones que sean aceptables y convenientes. Mientras más micrófono se le meta al asunto, menos probable será un diálogo en las mejores condiciones”, escribió Vladimir Villegas, columnista de El Nacional.
Las condiciones de Santos
El presidente colombiano puso las siguientes condiciones para reunirse con Maduro: Abrir un “corredor humanitario” para que más de 2.000 niños pudieran estudiar. Algo que se cumplió desde el viernes de la semana pasada. Segundo, autorización para que 15 camiones puedan ingresar desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y recuperar las pertenencias de los más de 1.300 colombianos que han sido deportados.
Y, por último, que se cumplan los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela.
Los inamovibles de Caracas
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en que los dos presidentes no sentarán a hablar hasta que Colombia: primero, derogue las leyes que legalizan el contrabando; segundo, regule las casas de cambio, que según dicen en ese país, funcionan ilegalmente en Cúcuta; tercero, que el gobierno colombiano asuma una política de seguridad en la frontera para evitar que bandas criminales sigan cruzando la frontera cometiendo hechos ilícitos “como matar colombianos en territorio colombiano para luego enterrarlos en fosas comunes en tierra venezolana. Las peticiones venezolanas deben ser escuchadas y debe encontrarse una solución a través de un acuerdo bilateral”, señalan las autoridades venezolanas.