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La Dirección Nacional de Inteligencia negó que, con un decreto expedido el pasado 23 de agosto, se haya reformado para tener nuevos poderes.
En un comunicado, la entidad, que estuvo a cargo de Carlos Ramón González hasta julio pasado, aclaró que se trata de una “reestructuración interna de cargos y dependencias ya existentes desde la creación de la entidad”.
Y agregó: “De ninguna manera implica, contrario a lo señalado por algunos medios de comunicación, asignación de funciones o competencias distintas a las contenidas en la Ley de Inteligencia 1621 de 2013 y el Decreto 4179 de 2011 que creó la DNI”.
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En ese sentido, la entidad también señaló que se trata de una reestructuración administrativa para atender “criterios de optimización de la función pública y efectividad de la misionalidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza la entidad”. Además, recordó que el permiso para recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos fue concedida por el decreto que creó la entidad.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Inteligencia apuntó que “nuestro ordenamiento legal adolece de una delimitación conceptual de los habilitadores o fines constitucionales de las actividades de inteligencia y contrainteligencia”.
Por lo anterior, de cara a cumplir con una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), “la DNI está desarrollando un trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para la modificación de los manuales de la entidad”.
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Luego de que se expidiera el decreto del 23 de agosto, este fue demandado al considerarse que la Dirección de Contrainteligencia recibía poderes excesivos. Una de las voces que se ha alzado al respecto es la del senador David Luna (Cambio Radical), quien ha dicho que la reforma al DNI podría “abrir la puerta a chuzadas” y que acudirá a la CorteIDH por este tema.
“Este decreto, bajo la excusa de preservar la seguridad nacional, otorga poderes excesivos a la Dirección de Contrainteligencia para la recolección de información bajo cualquier modalidad, sin especificar claramente los métodos que se utilizarán. Esto abre la puerta a prácticas peligrosas e inaceptables en un Estado de derecho”, aseveró el político de oposición.
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