Alarmantes resultaron las conclusiones de la encuesta diseñada por la Universidad de Estocolmo en colaboración con Transparencia por Colombia, sobre la relación de los empresarios nacionales con la financiación de las campañas políticas. La mayoría de ellos, el 94,4%, considera que las donaciones a los procesos electorales “constituyen una práctica de corrupción”.
Para la investigadora Elisabeth Ungar, directora del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, hay tres resultados muy dicientes. El primero, que la financiación del sector privado se concentra en los niveles locales. Es decir, que de un total de 151 empresarios que donaron a las campañas electorales entre 2006 y 2007, el 27,8% respaldó a los candidatos a las alcaldías y un 23,3% a los aspirantes a concejos. Así las cosas, según la encuesta, resultan menores los apoyos a Presidencia, Congreso y asambleas.
La segunda gran conclusión, a juicio de Ungar, es que se constata que hay apoyo en efectivo a los políticos, pero además quedó establecido que la mayor porción de las ayudas se hace en especie, 54,9%, por lo cual “resulta muy difícil de controlar y atenta contra la equidad”. En tercer lugar se estableció que el 77% de las empresas no tienen políticas de financiación de campañas y por lo tanto las decisiones del apoyo a un candidato no se toman en una junta directiva, sino que es el dueño o el gerente el que define a título personal el aporte.
Por circunstancias como las mencionadas, los investigadores cuestionaron las medidas del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la divulgación de los nombres de los donantes y sus aportes. El informe estableció que el 44% de las empresas no registran las contribuciones a los candidatos. Además, entre los encuestados que aportan en dinero, seis de cada diez empresas entregan contribuciones menores a los $5 millones, mientras que una de cada tres entrega entre $5 millones y $20 millones; sólo el 5,5% de los entrevistados admitió que suministró más de $100 millones. Las donaciones en especie más frecuentes son transporte, logística, publicidad, comida y préstamo de instalaciones.
Obviamente los aportes no son gratuitos, pero sólo el 15,8% de los entrevistados reconoció que entregó una donación porque espera recibir algún beneficio. Algunos de los aspirantes ofrecen a las empresas a cambio de su contribución contratos con entidades estatales o la opción de nombrar a algún familiar en cargos oficiales.
Ante los resultados, dirigentes políticos que asistieron a la presentación del estudio plantearon sus opiniones al respecto. El representante a la Cámara del Polo Democrático Franklin Legro sugirió “que la financiación de las campañas políticas debe ser 100% estatal”. Además, propuso que en la reglamentación de la reforma política se busque una solución a este tema. Para Gloria Stella Díaz, del movimiento Mira, una clara muestra de los compromisos entre empresarios y políticos es el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro.
Aunque nadie se atreve a revelar cifras de sus campañas, todos saben que el buscar una curul en el Congreso puede costar entre $200 millones y $2.000 millones. Eso sí, la sensación general es que todo el mundo viola los topes y que las autoridades electorales no cuentan con las herramientas suficientes para impedirlo o sancionarlo. Al respecto, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Marco Emilio Hincapié reveló que son muchas las sanciones impuestas por la presentación extemporánea de las cuentas o porque éstas no se presentan, al tiempo que reconoció las dificultades para hacer cumplir la ley: “El proceso es engorroso en la parte probatoria, sobre todo cuando se trata de casos por fuera de Bogotá. Hay problemas para notificar los autos, muchas veces no se encuentra a las personas, hay que fijarles entonces un edicto y todo se va dilatando”.
En cuanto a las multas que se imponen por la violación de topes, Hincapié explicó que mientras a algunos les parecen “altísimas”, para otros pueden resultar “risibles”. “Para un concejal de Urabá una multa de $8 millones es toda su vida. Pero para un partido o un congresista puede ser una cifra manejable. Lo que debemos buscar es más responsabilidad y que los partidos realicen auditorías permanentes sobre sus candidatos y los recursos que reciben para poder avalarlos”, concluyó.
Por El Espectador
