Dos años después del plebiscito por la paz

Con un proceso de implementación lleno de tropezones que colma de dudas a las bases de los desmovilizados; varios jefes de las exguerrilla con paradero desconocido y uno de ellos detenido acusado de narcotráfico y en turno de espera de extradición; algunas iniciativas presentadas en el Congreso que afectan la médula de lo pactado y un nuevo gobierno, el del Iván Duque, que pareciera aún no tener un norte definido y se debate entre meterle todos los esfuerzos a cumplir los compromisos del Estado frente al proceso de paz con las Farc o hacerlos “trizas”.

Ese es el panorama que se vislumbra hoy, a dos años del fracasado plebiscito implementado por el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, en el que los colombianos fijaron su postura y que terminó ganando el No. “A menudo la gente no vota en función de lo que se le pregunta (…) además pueden influir muchísimos factores externos. Acuérdese de lo que sucedió el día de nuestro plebiscito: el huracán Matthew destrozó el norte de Colombia, que era la región más favorable al proceso. En el plebiscito no nos fue bien. Y yo aprendí una lección”, respondió Santos en una entrevista con el periódico español El Mundo, en mayo pasado, cuando le preguntaron si consideraba o no un error haber convocado a ese llamado popular, algo que no era necesario ni obligatorio, y que acentuó la polarización en el país.

La campaña previa a la cita en las urnas del 2 de octubre de 2016 fue intensa y llena de premisas que, por lo que se ha visto, resultaron falsas. Al final, no se les entregó el país a las Farc, no se introdujo en el orden constitucional la llamada ideología de género, no se instauró en Colombia un régimen castrochavista, no se acabó o se reformó la Policía y el Ejército, no se limitó la propiedad privada. “A los colombianos los engañaron (…)  ha sido el proceso de paz más calumniado de la historia”, agregó el exmandatario en la citada entrevista. Tan es así que el uribismo terminó ganando la Presidencia de la República y el partido de las Farc padeció una dura derrota en su participación en las elecciones de Congreso de este año. 

Un análisis para Razón Pública del profesor Javier Duque Daza, de la Universidad del Valle, define perfectamente lo sucedido: “Santos le apostó a un plebiscito innecesario y perdió por partida doble. Perdió al recurrir a un mecanismo de participación que sobraba porque la Constitución lo autorizaba expresamente para pactar la paz sin preguntarle al pueblo y porque ya había recibido el mandato inequívoco de las urnas en 2014, más el espaldarazo de las mayorías en el Congreso, para adoptar las leyes requeridas para echar a andar el Acuerdo. Perdió también al considerar que un triunfo del Sí aniquilaba a Uribe y a sus demás opositores, sin medir las consecuencias de una derrota: revitalizar al Centro Democrático que había sido apabullado en las elecciones locales de 2015 e inmovilizado por las mayorías de la Unidad Nacional. Perdió además al permitir que el Acuerdo firmado y contrafirmado haya entrado en esta zona de penumbras y de incertidumbres”.

Penumbras e incertidumbres que hoy perduran y, en algunos casos, son más intensas. Ahora en el poder están quienes fueron los más acérrimos opositores al Acuerdo de Paz, y aunque el presidente Duque ha insistido en varios escenarios que va a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción salga adelante con éxito, al mismo tiempo ha advertido que su gobierno recibió un proceso frágil en los frentes presupuestal, “donde se hicieron muchos compromisos sin destinar suficientes recursos”, e institucional, “donde se creó una dispersa y compleja arquitectura que ha sido hasta ahora incapaz de avanzar eficazmente en lograr todos los objetivos”.

Así, el primer mandatario ha hablado, por ejemplo, de cerrar la puerta para que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político o para que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos en cargos públicos. Y en el Capitolio ya caminan proyectos como el de modificar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creando una sala para el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas o como la iniciativa del Centro Democrático que apunta a reformar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en favor de los llamados posesores de buena fe.

Ahora, dos años después tampoco se puede desconocer que el Acuerdo de Paz, que tras la pérdida del plebiscito tuvo que ser renegociado por el gobierno Santos con la oposición y refrendado en el Congreso, trajo consigo hechos positivos, como que Colombia haya alcanzado la tasa más baja de homicidios en los últimos años o que el número de muertos y heridos por cuenta del conflicto en la misma Fuerza Pública sea hoy casi nulo. Al fin y al cabo, fueron más de 9.000 armas las que salieron de la guerra y las Farc ya no echan bala sino discursos.

Y aquí vamos dos años después del dichoso plebiscito sin encontrar un camino real de reconciliación. Aquella premisa de una paz “estable y duradera” parece lejana y el Estado, con Duque o con Santos, se ve por ahora incapaz de llegar integralmente con toda la institucionalidad a las zonas más golpeadas por la confrontación. Hay esfuerzos y muy valiosos, pero no se puede negar que falta voluntad política. Por ejemplo, la Reforma Rural Integral, eje central de lo pactado y un tema considerado como fundamental dentro de la guerra, ni siquiera ha arrancado su trámite en el Congreso.

Es cierto que el gobierno Duque apenas llega, que recién fueron nombrados quienes estarán al frente de muchos de los entes y organismos que tienen la misión de sacar adelante la implementación en todos los frentes, pero las señales no son optimistas. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo amenazados y asesinados; el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, habla de restringir la protesta social; el proceso de negociación con la guerrilla del Eln está suspendido y su futuro es incierto; y muchos sectores del uribismo se niegan a pasar la página, siguen hablando de “conejo” tras el plebiscito y parecen más concentrados en saciar su sed de venganza.

Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, el cumplimiento del Acuerdo de La Habana no supera, a estas alturas y en general, el 30%. De ahí su diagnóstico y advertencias: la sociedad colombiana no se apropia aún del Acuerdo. Las víctimas y las comunidades excluidas sienten el fin de la guerra pero aún no disfrutan de los derechos que supone la construcción de la paz. Se necesita un impulso transformador que permita hacer las reformas que precisa el Acuerdo y los cambios que necesita el país. Las instituciones dan muestras de incapacidad para hacer las reformas que demanda el AF y para auto-reformarse en función de la paz. El Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad colombiana aún no encuentra el camino de un pacto nacional para transitar hacia la paz. Las Farc no van a volver a la guerra pero los mensajes equívocos del Estado, la postergación de transformaciones en el campo y el tratamiento contradictorio a los cultivos ilícitos pueden derivar en el surgimiento de nuevas formas de violencia rural y urbana en el país.

Con un proceso de implementación lleno de tropezones que colma de dudas a las bases de los desmovilizados; varios jefes de las exguerrilla con paradero desconocido y uno de ellos detenido acusado de narcotráfico y en turno de espera de extradición; algunas iniciativas presentadas en el Congreso que afectan la médula de lo pactado y un nuevo gobierno, el del Iván Duque, que pareciera aún no tener un norte definido y se debate entre meterle todos los esfuerzos a cumplir los compromisos del Estado frente al proceso de paz con las Farc o hacerlos “trizas”.

Ese es el panorama que se vislumbra hoy, a dos años del fracasado plebiscito implementado por el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, en el que los colombianos fijaron su postura y que terminó ganando el No. “A menudo la gente no vota en función de lo que se le pregunta (…) además pueden influir muchísimos factores externos. Acuérdese de lo que sucedió el día de nuestro plebiscito: el huracán Matthew destrozó el norte de Colombia, que era la región más favorable al proceso. En el plebiscito no nos fue bien. Y yo aprendí una lección”, respondió Santos en una entrevista con el periódico español El Mundo, en mayo pasado, cuando le preguntaron si consideraba o no un error haber convocado a ese llamado popular, algo que no era necesario ni obligatorio, y que acentuó la polarización en el país.

La campaña previa a la cita en las urnas del 2 de octubre de 2016 fue intensa y llena de premisas que, por lo que se ha visto, resultaron falsas. Al final, no se les entregó el país a las Farc, no se introdujo en el orden constitucional la llamada ideología de género, no se instauró en Colombia un régimen castrochavista, no se acabó o se reformó la Policía y el Ejército, no se limitó la propiedad privada. “A los colombianos los engañaron (…)  ha sido el proceso de paz más calumniado de la historia”, agregó el exmandatario en la citada entrevista. Tan es así que el uribismo terminó ganando la Presidencia de la República y el partido de las Farc padeció una dura derrota en su participación en las elecciones de Congreso de este año. 

Un análisis para Razón Pública del profesor Javier Duque Daza, de la Universidad del Valle, define perfectamente lo sucedido: “Santos le apostó a un plebiscito innecesario y perdió por partida doble. Perdió al recurrir a un mecanismo de participación que sobraba porque la Constitución lo autorizaba expresamente para pactar la paz sin preguntarle al pueblo y porque ya había recibido el mandato inequívoco de las urnas en 2014, más el espaldarazo de las mayorías en el Congreso, para adoptar las leyes requeridas para echar a andar el Acuerdo. Perdió también al considerar que un triunfo del Sí aniquilaba a Uribe y a sus demás opositores, sin medir las consecuencias de una derrota: revitalizar al Centro Democrático que había sido apabullado en las elecciones locales de 2015 e inmovilizado por las mayorías de la Unidad Nacional. Perdió además al permitir que el Acuerdo firmado y contrafirmado haya entrado en esta zona de penumbras y de incertidumbres”.

Penumbras e incertidumbres que hoy perduran y, en algunos casos, son más intensas. Ahora en el poder están quienes fueron los más acérrimos opositores al Acuerdo de Paz, y aunque el presidente Duque ha insistido en varios escenarios que va a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción salga adelante con éxito, al mismo tiempo ha advertido que su gobierno recibió un proceso frágil en los frentes presupuestal, “donde se hicieron muchos compromisos sin destinar suficientes recursos”, e institucional, “donde se creó una dispersa y compleja arquitectura que ha sido hasta ahora incapaz de avanzar eficazmente en lograr todos los objetivos”.

Así, el primer mandatario ha hablado, por ejemplo, de cerrar la puerta para que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político o para que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos en cargos públicos. Y en el Capitolio ya caminan proyectos como el de modificar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creando una sala para el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas o como la iniciativa del Centro Democrático que apunta a reformar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en favor de los llamados posesores de buena fe.

Ahora, dos años después tampoco se puede desconocer que el Acuerdo de Paz, que tras la pérdida del plebiscito tuvo que ser renegociado por el gobierno Santos con la oposición y refrendado en el Congreso, trajo consigo hechos positivos, como que Colombia haya alcanzado la tasa más baja de homicidios en los últimos años o que el número de muertos y heridos por cuenta del conflicto en la misma Fuerza Pública sea hoy casi nulo. Al fin y al cabo, fueron más de 9.000 armas las que salieron de la guerra y las Farc ya no echan bala sino discursos.

Y aquí vamos dos años después del dichoso plebiscito sin encontrar un camino real de reconciliación. Aquella premisa de una paz “estable y duradera” parece lejana y el Estado, con Duque o con Santos, se ve por ahora incapaz de llegar integralmente con toda la institucionalidad a las zonas más golpeadas por la confrontación. Hay esfuerzos y muy valiosos, pero no se puede negar que falta voluntad política. Por ejemplo, la Reforma Rural Integral, eje central de lo pactado y un tema considerado como fundamental dentro de la guerra, ni siquiera ha arrancado su trámite en el Congreso.

Es cierto que el gobierno Duque apenas llega, que recién fueron nombrados quienes estarán al frente de muchos de los entes y organismos que tienen la misión de sacar adelante la implementación en todos los frentes, pero las señales no son optimistas. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo amenazados y asesinados; el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, habla de restringir la protesta social; el proceso de negociación con la guerrilla del Eln está suspendido y su futuro es incierto; y muchos sectores del uribismo se niegan a pasar la página, siguen hablando de “conejo” tras el plebiscito y parecen más concentrados en saciar su sed de venganza.

Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, el cumplimiento del Acuerdo de La Habana no supera, a estas alturas y en general, el 30%. De ahí su diagnóstico y advertencias: la sociedad colombiana no se apropia aún del Acuerdo. Las víctimas y las comunidades excluidas sienten el fin de la guerra pero aún no disfrutan de los derechos que supone la construcción de la paz. Se necesita un impulso transformador que permita hacer las reformas que precisa el Acuerdo y los cambios que necesita el país. Las instituciones dan muestras de incapacidad para hacer las reformas que demanda el AF y para auto-reformarse en función de la paz. El Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad colombiana aún no encuentra el camino de un pacto nacional para transitar hacia la paz. Las Farc no van a volver a la guerra pero los mensajes equívocos del Estado, la postergación de transformaciones en el campo y el tratamiento contradictorio a los cultivos ilícitos pueden derivar en el surgimiento de nuevas formas de violencia rural y urbana en el país.