La declaración “revolucionaria” de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (análisis)

Canciller encargado y embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

Foto: El Espectador - José Vargas

Los compromisos

La reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) siempre ha estado dividida en dos segmentos: el de alto nivel durante los dos primeros días y el regular durante los últimos cuatro. En el segmento de alto nivel participan embajadores y ocasionalmente otros altos funcionarios de los gobiernos representados.

En esta ocasión, participó virtualmente el presidente Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas participaciones sin precedente reflejan el aumento en el interés en los problemas de las políticas de drogas.

En el segmento regular participan expertos y funcionarios de los países participantes y en sesiones al margen organizadas por diversos países y ONGs interesadas en ser escuchadas por las agencias de drogas de la ONU.

Históricamente las reuniones de las CND han sido predecibles y llenas de elogios mutuos que reafirman las metas del sistema internacional de control de drogas (SICD) de limitar los usos de las drogas listadas en las convenciones a los “médicos y científicos” (los cuales nunca se definieron en las convenciones); a afirmar que la meta del SICD es un mundo sin drogas y a dar resultados positivos de confiscaciones de drogas, hectáreas erradicadas, capturas y extradiciones de narcotraficantes, etc.

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En estas reuniones la UNODC prepara de antemano un documento final (outcome document) que siempre ha apoyado las políticas tradicionales. El documento de este año, “Declaración de alto nivel de la Comisión de Estupefacientes sobre el examen de mitad de período de 2024, como seguimiento de la Declaración Ministerial de 2019″ repitió las posiciones tradicionales de la ONU.

Su primera sección se titula “Nuestros compromisos comunes” que empieza:

“Reafirmamos los compromisos asumidos en la Declaración Ministerial de 2019 de acelerar, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida, […] la Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas […]1 y el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, con miras a cumplir todos los compromisos, las recomendaciones operacionales y las ambiciosas metas que allí se establecen. […] Reafirmamos además nuestra determinación de abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas y promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas, a fin de ayudar a garantizar que todas las personas puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad, y reafirmamos nuestra determinación de afrontar los problemas sociales, de salud pública y de seguridad derivados del uso indebido de drogas.

Reiteramos nuestro compromiso de respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas y el estado de derecho al formular y aplicar políticas en materia de drogas.

Recalcamos que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 y otros instrumentos pertinentes constituyen la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas, acogemos con beneplácito los esfuerzos realizados por los Estados partes para asegurar la aplicación efectiva de esos tratados y cumplir lo dispuesto en ellos, e instamos a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar esos instrumentos o adherirse a ellos.

Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados Parte suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable. Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar un enfoque del problema mundial de las drogas equilibrado, integrado, amplio, multidisciplinario y basado en datos científicos, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida, y reconocemos la importancia de incorporar adecuadamente las perspectivas del género y la edad en los programas y políticas relacionados con las drogas y que debería prestarse la debida atención a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, centrándose en particular en las mujeres, la infancia y la juventud, con miras a promover y proteger la salud, incluido el acceso al tratamiento, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad.

Reafirmamos también el papel principal de la Comisión de Estupefacientes en su calidad de órgano normativo de las Naciones Unidas con responsabilidad primordial en materia de fiscalización de drogas, y nuestro apoyo y reconocimiento por los esfuerzos de las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, en particular los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su calidad de principal entidad del sistema de las Naciones Unidas encargada de abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas, y reafirmamos además el mandato que corresponde según los tratados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a la Organización Mundial de la salud.

Reiteramos nuestra determinación de, en el marco de los actuales documentos de políticas, entre otras cosas, prevenir, reducir considerablemente y procurar eliminar el cultivo ilícito y la producción, la fabricación, el tráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas.

Expresamos profunda preocupación por el elevado precio que pagan la sociedad y las personas y sus familias a consecuencia del problema mundial de las drogas, y rendimos un especial homenaje a quienes han sacrificado su vida y a quienes la dedican a abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas.

Recordamos la resolución de examinar en 2029 los progresos en el cumplimiento de todos nuestros compromisos internacionales sobre políticas en materia de drogas, y resolvemos mejorar y acelerar su cumplimiento en el período comprendido entre 2024 y 2029.”

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Derechos y libertades en tensión

Este documento aparentemente es contradictorio. Por un lado, afirma que las políticas deben respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, y por otro promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas.

Esto refleja la dificultad que han tenido las Naciones Unidas para definir derechos humanos que puedan ser comunes en las sociedades liberales abiertas donde esos derechos son personales y en las autoritarias con tradiciones diferentes que consideran que los derechos individuales están limitados por los derechos que las comunidades les deben exigir a sus miembros.

Por ejemplo, en estas sociedades los individuos no tendrían derecho a usos “no médicos o científicos de las drogas”. El enfrentamiento entre sociedades abiertas y autoritarias en el mundo es cada vez más claro.

Sin embargo, el discurso de apertura de la sesión pronunciado por Ghada Fathi Waly, la directora ejecutiva de la UNODC, difiere del documento final elaborado con el punto de vista tradicional.

Empezó enfatizando la importancia de que todos los países reconocieran la necesidad de trabajar y cooperar para resolver un problema creciente y cada vez más complejo y procedió a reseñar los aumentos en el número y tipos de drogas, los daños que el narcotráfico causa en las sociedades, y a resaltar cinco puntos:

1. “Quiero hacer hincapié en el derecho de todos a la salud. Las personas con trastornos por consumo de drogas necesitan acceso a un tratamiento eficaz y voluntario, pero solo 1 de cada 5 de ellas está en tratamiento. Las mujeres […] Las personas desplazadas, las personas en contextos humanitarios y las personas en contacto con el sistema de justicia penal se enfrentan a mayores riesgos, así como a mayores obstáculos para la atención. […] Las personas que se inyectan drogas tienen muchas más probabilidades de vivir con VIH o hepatitis C. […] los trastornos por consumo de drogas están estrechamente relacionados con otros trastornos de salud mental, lo que amplifica los daños y los riesgos. […] Debemos cerrar todas las brechas en el tratamiento y la atención. […] Debemos abordar los problemas de salud con tratamiento, no con castigos. […] debemos invertir mucho, mucho más en la prevención, con un enfoque especial en los niños y adolescentes, que tienen más probabilidades de desarrollar trastornos cuanto antes comienzan a consumir drogas. […] En UNODC nos estamos enfocando en las personas, desde nuestros programas de prevención de drogas para niños y padres; a nuestra colaboración con la OMS en el tratamiento y la prevención de sobredosis; a nuestro trabajo en la prevención, el tratamiento y la atención del VIH para las personas que consumen drogas y las personas en las cárceles.”
   
2. “Quiero subrayar la creciente y urgente necesidad de ayudar a los agricultores a encontrar medios de vida distintos del cultivo de drogas.”
   
3. “Quiero llamar la atención a la necesidad de respuestas ágiles para desorganizar los mercados de drogas. […] Las organizaciones delictivas deben ser atacadas centrándose en sus características comunes, como el afán de lucro y el flujo de dinero, la explotación de la tecnología cibernética y el uso de armas de fuego y violencia. […] Es imprescindible un mayor compromiso con el sector privado, ya sean empresas navieras y de transporte, productores de productos químicos, el sector financiero o empresas tecnológicas. […] Debemos estar preparados para las amenazas y oportunidades de la IA, explorando usos como el monitoreo de la web oscura y el seguimiento de drogas de diseño, al tiempo que evitamos que los traficantes exploten herramientas como el aprendizaje automático.”
   
4. “Deseo enfatizar la importancia vital de la ciencia, los datos, la investigación y la evidencia. […] La UNODC ha estado […] brindando apoyo a cientos de laboratorios nacionales y desarrollando herramientas como el “Conjunto de Herramientas de las Naciones Unidas sobre Drogas Sintéticas”. […] Tenemos que seguir el ritmo vertiginoso del tráfico ilícito de drogas. […] Y tenemos que mejorar la recopilación y el uso de datos para informar y evaluar las respuestas.”
   
5. “Hay una necesidad urgente de respuestas equilibradas y colectivas […] Ninguna cantidad de vigilancia policial y aplicación de la ley va a acabar con el mercado de drogas ilícitas, mientras haya una enorme demanda. […] Ninguna cantidad de prevención, tratamiento y reducción de daños pondrá fin a la dependencia y los trastornos generalizados, mientras las sustancias peligrosas continúen inundando las comunidades. […] Y ningún país puede asegurar sus fronteras y a sus ciudadanos por sí solo. […] Las convenciones internacionales de fiscalización de drogas tienen un objetivo eterno en su corazón: la salud y el bienestar de la humanidad. […] Las convenciones son marcos flexibles que pueden adaptarse a nuestros tiempos, en la práctica. […] Juntos, podemos promover respuestas efectivas que respeten los derechos y la dignidad de todos, sin entregar la salud y la seguridad de nuestras comunidades a las drogas y los narcotraficantes. […] Y se puede generar la voluntad política e invertir los recursos financieros que se necesitan para enfrentar el problema mundial de las drogas.”

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Todo esto representa un cambio considerable en la narrativa de la CND, y en parte, una validación del énfasis en derechos humanos, políticas basadas en evidencia, y en la necesidad de experimentar para aprender a manejar problemas complejos.

Además, es importante resaltar que en el segmento de alto nivel se hizo énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y sus usos tradicionales de algunas drogas. Todos estos temas no han sido nuevos. Los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de los últimos 8 años han insistido en ellos, pero no habían tenido acogida en la CND.

¿Qué hizo Colombia?

Colombia organizó un grupo de 62 países que apoyaron el discurso de Laura Gil, la embajadora colombiana que empezó afirmando que el país, al igual que muchos otros, estaba cansado de ejecutar políticas contra las drogas que no resolvían los problemas que pretendían solucionar.

La presentación de la embajadora fue aplaudida espontáneamente por los participantes en la CND. Sin duda, la intervención de Colombia fue proactiva solicitando cambios en la prohibición y en la guerra contra las drogas.

Además, como resaltó Catalina Gil Pinzón “el canciller Murillo, presente en la CND, intervino para leer la declaración conjunta de 62 países, liderada por Colombia (algo impensable años atrás), que demanda una transformación en la visión de la política mundial de drogas. Y tanto el impulso de Colombia como los hitos anteriores son también el resultado del arduo trabajo y la incidencia de diversas organizaciones de la sociedad civil”.

Estas presentaciones de Colombia reflejan la mentalidad de un país maduro que no le teme a tomar posiciones incómodas para otros países en el campo de las drogas.

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¿Qué fue lo que cambió?

Muchas de las plumas periodísticas y forjadoras de opinión más importantes y escuchadas en Colombia han coincidido por largo tiempo en que hay dos soluciones para el problema mundial de las drogas: que los países poderosos importadores de esas drogas legalicen su consumo o que dejen de consumir. Nada de eso se trató en la CND.

Lo que sí se logró fue el reconocimiento de que las políticas de mano dura para controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas psicoactivas adictivas no han sido efectivas en países que no tengan culturas o gobiernos autoritarios, pero generan consecuencias muy costosas y negativas en países como Colombia, que no han logrado resolver sus debilidades estructurales, ni evitar que sus ciudadanos no consideren irresistibles las enormes ganancias ilegales generadas en los mercados nacionales e internacionales de esas drogas.

Lo anterior podría llevar a una ponencia en la ONU para sacar la hoja de coca de la lista de sustancias controladas por las convenciones de drogas con el fin de satisfacer los usos tradicionales de la coca en las comunidades indígenas que las han usado históricamente, pero no a la cocaína.

Esto significa que no se ha avanzado en la solución ideal para algunos de los periodistas y políticos reconocidos del país, que los poderosos países consumidores de cocaína legalicen sus usos recreativos.

*Francisco Thoumi: cofundador de Razón Pública.

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