Drogas y derechos humanos ¿centro del debate?

No se trata sólo de revisar la política en la lucha contra el tráfico de estupefacientes o contra el consumo. Hay que revisar también la manera como se ha desarrollado la guerra contra las drogas, que implica generación de violencia y corrupción a todas las escalas en los países de la región y la consecuente violación de los derechos humanos.

Por eso, más de 50 organizaciones sociales de todo el continente les presentaron una carta a los gobiernos reunidos esta semana en Guatemala en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la misiva se reclama de modo “urgente” poner a la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas.

En la misiva se subraya que “en los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en los países, dada la ineficacia y los graves efectos negativos que han demostrado en materia de derechos humanos”.

Según las organizaciones sociales, entre las que se encuentra el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con sede en Bogotá, las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, creando un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas.

“Estos conflictos, que se localizan generalmente en zonas empobrecidas, han profundizado el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de las personas. El modelo actual ha ampliado las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales”.

Las organizaciones también destacaron que el tráfico de sustancias prohibidas suele estar acompañado no sólo por la violencia, sino también por la corrupción y el socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y los funcionarios de gobierno. Y concluyen: “La revisión del paradigma de la guerra contra las drogas debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia”.

En esencia, lo que se pide es que los gobiernos refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas y, en tal sentido, discutan y replanteen las iniciativas existentes.

Como se sabe, la Asamblea de la OEA que se inició este martes en la ciudad de Antigua (Guatemala) tiene previsto abordar el espinoso tema de la búsqueda de nuevas estrategias, tras el reconocimiento de que la política antidrogas estadounidense, basada en la represión policial y militar a la producción y distribución, es un fracaso.

“Un debate largamente esperado, que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no a todos por igual (...), los más vulnerables ponen la cuota más pesada de violencia”, afirmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, previo a la instalación de la cumbre.

El debate se basará en un informe hecho por la misma OEA, por mandato de la Cumbre de las Américas de abril de 2012, realizada en Cartagena, la cual acogió la idea del presidente guatemalteco, Otto Pérez, de buscar alternativas a la guerra antidrogas.

El estudio esboza cuatro escenarios frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.

“Se ha tocado una cuerda sensible de mucha gente que no creyendo que haya que liberarlo todo y cambiar todo de un día para otro, creen que es necesario reexaminar la política antidrogas”, manifestó Insulza.

Lo cierto es que aunque sin consenso, la despenalización gana terreno. La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington, en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución y en países como Argentina y Brasil se avanzó en despenalizar el consumo personal.

Al menos 14 países de Latinoamérica están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México, según el canciller guatemalteco, Fernando Carrera. Figuras como los exmandatarios César Gaviria (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Vicente Fox (México), empujan a los gobiernos a un diálogo que rompa el statu quo.

No es casual entonces que Washington envíe a la ciudad de Antigua a pesos pesados. En su primera visita oficial a América Latina, John Kerry, secretario de Estado de EE. UU., reafirmará a los cancilleres la estrategia de su país. “Ninguna entidad internacional va a dictar la legalización, ciertamente no a los Estados Unidos”, dijo hace poco contundente el subsecretario encargado de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, quien hace parte de la delegación norteamericana en Guatemala.

Pero para Carrera ya se rompió un “tabú” en política de drogas: “Se pensaba que ya todo estaba dicho y que lo único que había que hacer era aplicar un paradigma de manera ciega”, agregó.

El informe de la OEA propone abordar el problema desde una perspectiva en la que prevalezca la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento. Según el organismo, 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los que consumen heroína y opiáceos y una cuarta parte de los que fuman marihuana, vive en América, segundo continente más violento del planeta, después de Africa, con 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media mundial.

Pero además, las drogas mantienen su negocio ilícito. La ONU calcula en unos US $85.000 millones la venta mundial de cocaína (35.000 millones en Estados Unidos), algo que altera las economías, corrompe las instituciones y deriva en atrocidades contra las personas.

“Una economía ilegal que se eleva a los miles de millones de dólares y es operada por redes delictuales transnacionales, expande sus acciones al tráfico ilegal de armas, al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, la prostitución, el secuestro y la extorsión”, advirtió Insulza.

Por eso la petición de las organizaciones de sociedad civil para que los derechos humanos estén en el centro del debate.

No se trata sólo de revisar la política en la lucha contra el tráfico de estupefacientes o contra el consumo. Hay que revisar también la manera como se ha desarrollado la guerra contra las drogas, que implica generación de violencia y corrupción a todas las escalas en los países de la región y la consecuente violación de los derechos humanos.

Por eso, más de 50 organizaciones sociales de todo el continente les presentaron una carta a los gobiernos reunidos esta semana en Guatemala en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la misiva se reclama de modo “urgente” poner a la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas.

En la misiva se subraya que “en los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en los países, dada la ineficacia y los graves efectos negativos que han demostrado en materia de derechos humanos”.

Según las organizaciones sociales, entre las que se encuentra el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con sede en Bogotá, las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, creando un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas.

“Estos conflictos, que se localizan generalmente en zonas empobrecidas, han profundizado el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de las personas. El modelo actual ha ampliado las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales”.

Las organizaciones también destacaron que el tráfico de sustancias prohibidas suele estar acompañado no sólo por la violencia, sino también por la corrupción y el socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y los funcionarios de gobierno. Y concluyen: “La revisión del paradigma de la guerra contra las drogas debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia”.

En esencia, lo que se pide es que los gobiernos refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas y, en tal sentido, discutan y replanteen las iniciativas existentes.

Como se sabe, la Asamblea de la OEA que se inició este martes en la ciudad de Antigua (Guatemala) tiene previsto abordar el espinoso tema de la búsqueda de nuevas estrategias, tras el reconocimiento de que la política antidrogas estadounidense, basada en la represión policial y militar a la producción y distribución, es un fracaso.

“Un debate largamente esperado, que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no a todos por igual (...), los más vulnerables ponen la cuota más pesada de violencia”, afirmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, previo a la instalación de la cumbre.

El debate se basará en un informe hecho por la misma OEA, por mandato de la Cumbre de las Américas de abril de 2012, realizada en Cartagena, la cual acogió la idea del presidente guatemalteco, Otto Pérez, de buscar alternativas a la guerra antidrogas.

El estudio esboza cuatro escenarios frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.

“Se ha tocado una cuerda sensible de mucha gente que no creyendo que haya que liberarlo todo y cambiar todo de un día para otro, creen que es necesario reexaminar la política antidrogas”, manifestó Insulza.

Lo cierto es que aunque sin consenso, la despenalización gana terreno. La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington, en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución y en países como Argentina y Brasil se avanzó en despenalizar el consumo personal.

Al menos 14 países de Latinoamérica están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México, según el canciller guatemalteco, Fernando Carrera. Figuras como los exmandatarios César Gaviria (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Vicente Fox (México), empujan a los gobiernos a un diálogo que rompa el statu quo.

No es casual entonces que Washington envíe a la ciudad de Antigua a pesos pesados. En su primera visita oficial a América Latina, John Kerry, secretario de Estado de EE. UU., reafirmará a los cancilleres la estrategia de su país. “Ninguna entidad internacional va a dictar la legalización, ciertamente no a los Estados Unidos”, dijo hace poco contundente el subsecretario encargado de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, quien hace parte de la delegación norteamericana en Guatemala.

Pero para Carrera ya se rompió un “tabú” en política de drogas: “Se pensaba que ya todo estaba dicho y que lo único que había que hacer era aplicar un paradigma de manera ciega”, agregó.

El informe de la OEA propone abordar el problema desde una perspectiva en la que prevalezca la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento. Según el organismo, 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los que consumen heroína y opiáceos y una cuarta parte de los que fuman marihuana, vive en América, segundo continente más violento del planeta, después de Africa, con 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media mundial.

Pero además, las drogas mantienen su negocio ilícito. La ONU calcula en unos US $85.000 millones la venta mundial de cocaína (35.000 millones en Estados Unidos), algo que altera las economías, corrompe las instituciones y deriva en atrocidades contra las personas.

“Una economía ilegal que se eleva a los miles de millones de dólares y es operada por redes delictuales transnacionales, expande sus acciones al tráfico ilegal de armas, al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, la prostitución, el secuestro y la extorsión”, advirtió Insulza.

Por eso la petición de las organizaciones de sociedad civil para que los derechos humanos estén en el centro del debate.