Duque, con muy poco para mostrar en el Congreso

Iván Duque, presidente de la República. / Mauricio Alvarado

Quedan exactamente 11 días para que se acabe la primera legislatura del período 2018-2022 y, a decir verdad, se ha vuelto común escuchar en los pasillos del Capitolio, de boca de los propios legisladores, una misma frase con la que definen el balance del presidente Iván Duque en el Congreso: “Perdió el tiempo”. De cierta manera, se percibe un leve reclamo —a pesar de que ya se saben de memoria el discurso del mandatario— por la “guerra” indirecta que les declaró desde el 7 de agosto del año pasado, cuando llegó a la Casa de Nariño: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República, vamos a trabajar en armonía, pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin mermelada”. Como quien dice, lo que muchos consideran es que se acabó el buen trato que les daba su antecesor, Juan Manuel Santos, que de hecho le garantizó la gobernabilidad.

Pero es que la realidad política a la que se enfrentó el país con las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 no era la misma a la que venía acostumbrado cuando había reelección y un conflicto armado por afrontar. Esta vez, los líderes de una guerrilla que se alzó en armas por más de cincuenta años se preparaban para llegar al Capitolio como parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz; se iba también a estrenar un Estatuto de Oposición, en deuda desde 1991, y el uribismo, que tanto rechazó los textos de La Habana, estaba listo para ser, ahora, el partido de gobierno, fijando como uno de sus objetivos reivindicar la votación del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016. Un triunfo que, están convencidos, les dio el derecho propio de plantear reformas profundas a lo acordado con las hoy desmovilizadas Farc.

Así las cosas, Duque contó con el respaldo formal del Centro Democrático, el Partido Conservador, las colectividades cristianas y un amplio sector de la U. Los que se declararon en independencia, liberales y Cambio Radical, lo hicieron con la certeza de que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro bando, y los de la oposición (Alianza Verde, Polo, Decentes, Colombia Humana, FARC) se dieron cuenta de que no estarían solos a la hora de dar los debates más complejos en el Capitolio. Con ese panorama, cuando Iván Duque se posesionó como presidente de Colombia llenó su discurso de una avalancha de promesas —como suelen hacer quienes asumen tal dignidad—, convocando a un “gran pacto por la unidad” para superar la polarización heredada de hace tres años y radicó un paquete legislativo que, como si estuviera compuesto por fichas de dominó, se fue cayendo a lo largo de este primer año.

El paquete anticorrupción basado en la consulta del 26 de agosto; las reformas a la política y a la justicia; la modificación a las regalías; una ley del veterano para mejorar las condiciones de los miembros de la Fuerza Pública; acabar la Ley de Garantías; las modificaciones al Acuerdo de Paz, comenzando por eliminar la conexidad del narcotráfico y el secuestro como delitos conexos al delito político, fueron las banderas al asumir la jefatura de Estado. Ese día no habló de otras iniciativas —las únicas que, curiosamente, han tenido luz verde en el Congreso—, como la polémica reforma tributaria, los detalles del Plan Nacional de Desarrollo o su propuesta para modificar el sector de las tecnologías de la información. Hoy, los congresistas concluyen que esas tres iniciativas son su único punto de honor.

Entonces, ¿triunfo o derrota? De momento, es claro que a la luz de la opinión pública el balance legislativo del presidente es pobre y que su margen de maniobra en el Legislativo no es mucho. Así quedó claro con el resultado de las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Pero, ¿en qué van los proyectos que prometió? El que fijaba un tope a los salarios de los legisladores y otro que los reducía se hundieron en la Comisión Primera de la Cámara. El que ordena a los altos funcionarios del Estado publicar la declaración de bienes y renta tiene un debate pendiente en la plenaria de la misma corporación, pero todavía no está agendado para ser discutido. “Es que yo no soy empleado del Gobierno”, dijo el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, sobre esta queja.

Otro proyecto, surgido de la Mesa Técnica Anticorrupción, es el que establece las audiencias públicas para conocer sobre el destino del presupuesto nacional, pero está represado en la Comisión Cuarta del Senado. La rendición de cuentas está pendiente de debate en las plenarias de Senado y Cámara, y lo mismo sucede con la iniciativa que garantiza la contratación con pliegos de condiciones tipo y no “sastre”, que no ha sido tramitada en la Comisión Primera de la Cámara. El proyecto que limitaba a tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas de elección popular se hundió con la reforma política y queda uno más, que no es de origen gubernamental, que es el que acaba con el beneficio de casa por cárcel para los corruptos de “cuello blanco” y que no tiene acogida en el Capitolio.

Tampoco avanza la eliminación de la Ley de Garantías que, por ser un acto legislativo, necesita ser avalado en cuatro debates antes del 20 de junio para que no se hunda, pero apenas ha sido aprobado por las comisiones primeras conjuntas. Y si bien el presidente del Congreso, el senador uribista Ernesto Macías, ha facilitado más la agenda del Gobierno, no pasa lo mismo en la Cámara de Representantes, que ya tiene listo cómo manejará su tiempo esta semana y los proyectos de Duque no son prioridad. Por ejemplo, ya hay un hecho que se atraviesa: este lunes se llevará a cabo el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la votación sería convocada para el jueves. El proyecto contra el uso del asbesto, unas aclaraciones sobre el tráfico de influencias y conflicto de intereses también estarán en el orden del día, así como una ley de depuración legislativa, en la que se espera que se estrene, en sesión informal, la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello.

El escenario, en definitiva, no pinta a favor del presidente Duque. Él mismo ha reconocido que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no han sido fáciles, menos aun porque no ha cedido a las pretensiones de “representación política” que tanto le reclaman, al menos, los partidos que se declararon de Gobierno. La molestia ha llegado a tal punto que hay voces en el Partido Conservador que proponen declararse en independencia a partir del 7 de agosto. La conclusión principal ha sido la de afirmar que Duque se dedicó a gobernar “hacia el pasado y con espejo retrovisor”, según dijeron algunos senadores. Dicen que, en vez de impulsar una agenda común y un acuerdo político incluyente, quiso cumplir primero con las demandas de su partido, el Centro Democrático, frente al Acuerdo de Paz. La muestra de eso, refieren, es que presentó las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP, considerada la columna vertebral de lo pactado con las Farc, y no le fue nada bien.

Hay quienes dicen que ni Duque ni sus asesores tuvieron en cuenta que se enfrentaban a un Capitolio que refrendó por amplia mayoría las 310 páginas de un texto imperfecto, pero que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, que ha girado recursos confiando en su debida implementación. Ahora vendrá la búsqueda de un nuevo llamado a la unión, según ha dicho el propio Gobierno, pero parece que no se saldrá de la agenda con la que se marcaron los uribistas desde que arrancó el proceso de La Habana. Es decir, salir a las calles, buscar modificaciones a la JEP —incluso suprimirla, como lo dijo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe— y mantenerse en que no habrá representación política a cambio de votos legislativos.