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El presidente de la República, Iván Duque, cuestionó al Consejo de Estado por el fallo condenatorio que emitió el alto tribunal en contra de la Nación por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, cuando un carro bomba estalló dentro de las instalaciones del club El Nogal. Según sus palabras, hay un desequilibrio en dicha decisión dado que los perpetradores de ese hecho no están pagando una pena proporcional a las consecuencias de la tragedia.
“Condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura, que lo cometió en ese momento el grupo terrorista de las Farc en 2003, me parece a mí que es incongruente”, fueron las palabras del primer mandatario. Incluso, sugirió que el mensaje que se manda a la sociedad colombiana con ese fallo es el de la ausencia de sanciones ejemplarizantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que su principal responsable, Herminsul Arellán Baraja, está libre.
(Lea: Condenan a la Nación por atentado al club El Nogal)
La condena, proferida contra la Nación, se emitió directamente en contra de los ministerios de Defensa y Justicia, la Fiscalía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Entre las razones que emitió el tribunal para argumentar esta decisión está el hecho de que, para esa época, la situación de orden público era complicada al punto que se había decretado el estado de conmoción, un hecho que obligaba a las autoridades a tomar medidas para garantizar la seguridad y protección de la población civil.
No obstante lo dicho por el presidente Duque, la magistrada que fue ponente de esta decisión, Stella Conto, explicó que el Consejo de Estado no tiene competencia para juzgar los actos terroristas cometidos por la guerrilla. Y señaló que la condena a la Nación se dio luego de estudiar una demanda que presentaron familiares de víctimas del atentado que buscaban ser indemnizadas.
(Lea: En libertad “cerebro” de atentado de El Nogal)
En diálogo con Blu Radio, Conto insistió en que la decisión de condenar a la Nación se dio porque las autoridades omitieron su deber de proteger a la población civil, dado el contexto de la época. “Hubo una omisión estatal frente a una situación de riesgo que el Estado creó dentro de un club privado”, dijo en referencia a la utilización del club para actividades institucionales de manera constante.
La magistrada, además, explicó que en el expediente constan elementos de pruebas que indicaban que había un riesgo de atentado en El Nogal, ubicado en el norte de la capital del país. “Estábamos, además, en un Estado de conmoción a raíz de una serie de atentados que hubo en Bogotá después de la posesión del 7 de agosto de 2002. Todos esos elementos llevan al Consejo de Estado a analizar en contexto si la población civil que sufrió el daño, en este caso las tres familias que se indemnizan tenían la obligación de soportar el incremento de un riesgo en un club social dedicado al esparcimiento”, agregó.
Por -Redacción Política
