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19 Jul 2021 - 6:12 p. m.

Duque objetó ley que sacaría a madres de prisión para hacer trabajo comunitario

De acuerdo con los argumentos del Gobierno, el proyecto se debió extender también a padres cabeza de hogar y que los delitos contemplados para darles una alternativa de penas son delitos graves con los que el Estado tiene compromisos internacionales.
Duque objetó ley que sacaría a madres de prisión para hacer trabajo comunitario

Hasta ahora se conoció el texto que el presidente Iván Duque remitió a la Mesa Directiva del Congreso informando que objetó el proyecto de ley con el que se adoptan medidas afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, dándoles la oportunidad a quienes cometieron delitos menores pagar sus penas con trabajo comunitario.

Son dos argumentos los que presenta el Gobierno: el objeto a quien beneficiará el proyecto y los compromisos del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Esto último lo trae a colación porque los delitos a los que se podrían apelar una sustitución de penas son los de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles con fines de narcotráfico y demás conductas punibles cuya pena impuesta sea inferior a ocho años.

“Esto va en contravía de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar severamente –con pena privativa de la libertad– ese tipo de conductas y del derecho de las víctimas de tales delitos a la verdad, a la justicia y a la reparación”, se lee en la argumentación presentada. Para el Gobierno, los delitos mencionados “ponen en inminente peligro intereses superiores que el Estado debe proteger adecuadamente como son, entre otro, la seguridad pública, el patrimonio económico y la salud pública”.

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Para el presidente, quien reconoció loable esta medida afirmativa hacia las madres cabeza de hogar, cambiar las penas de delitos que causaron grave daño a la sociedad por trabajo comunitario incentivaría la comisión de delitos. “Va más allá del beneficio que pueda producir en materia de alternatividad penal, porque genera un incentivo perverso para la comisión continuada de tales conductas, ante la circunstancia de no ser perseguida adecuadamente por el Estado con la severidad que las mismas exigen”, precisa.

El Gobierno da a entender que, bajo su lectura, el proyecto termina por beneficiar las estructuras ilegales que pagan por la comisión de los delitos menores relacionados con el narcotráfico y convierten a las mujeres que cometen dichos delitos en un medio para seguir alimentando el mercado. “Se presta para la instrumentalización de las personas beneficiarias de la medida y sus familias”, resalta.

Además de esto, el Gobierno apela a los compromisos internacionales suscritos para la lucha contra el narcotráfico, los cuales, dice, quedan relegados y desconocidos por el proyecto. Por el contrario, en su exposición de motivos, alentó más bien a que dicha sustitución de penas para la resocialización se “aplique respecto a los delitos cuyo daño e impacto a la colectividad y al Estado es mínimo e irrelevante”. Eso sí, sin mencionar cuáles tipos de delitos menores.

El segundo argumento, el objeto a beneficiar, es decir, las madres cabeza de hogar, el Gobierno pidió para que se extienda de igual forma a los hombres encargados de sus familias. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que los hombres, que también contemplan la jefatura de un hogar conformado por menores de edad, también merecen una especial protección constitucional por parte del Estado”.

Compartiendo jurisprudencia de la Corte, el presidente señaló que, aunque las mujeres son las referenciadas en el proyecto, lo que busca este es proteger los derechos de los menores y, por ende, explica, no se deben dejar por fuera los menores que están a cargo de sus padres. “(La iniciativa) vulnera a los menores de edad bajo el cuidado de padres cabeza de familia”.

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Lo que dicen en el Congreso

El coautor del proyecto, Rodrigo Lara, rechazó las objeciones presentadas por el presidente, al considerar que no entienden la medida afirmativa que se está procurando.

“El espíritu del proyecto tiene como propósito proteger a las madres cabeza de hogar, madres solteras y pobres, que son muy diferentes a hombres cabeza de hogar y pobres. Por eso se formuló esta política específica, que está basada en experiencias internacionales”.

Así mismo, el senador se cuestiona por qué el Gobierno va en contravía del concepto favorable del Consejo de Política Criminal, en el que tiene asiento. “¿Cómo puede objetarse así mismo?”, insistió. Agregó que “de su partido, el Centro Democrático, dos senadores (Paloma Valencia y Santiago Valencia) fueron coautores y en los cuatro debates el proyecto fue aprobado sin objeción alguna por parte de estos”.

Este mismo argumento apeló la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde): “Lo que hace el Gobierno al decir que no se aplique al hurto agravado, al concierto para delinquir, al narcotráfico, no solo desconoce al Consejo de Político Criminal, donde ellos mismos tiene voto y le dio voto favorable a este proyecto, sino que dejaría por fuera la aplicación de este proyecto a 91% de las mujeres privadas de la libertad por este tipo de delitos”.

Y sobre el tema de incluir a los hombres, la representante que es un debate que se puede hacer, pero que no era necesario imponerlo a través de las objeciones. “Eso se puede dar de manera jurisprudencial, sin necesidad de entorpecer un proyecto que es fundamental para luchar contra los efectos intergeneracionales del delito”.

Para Lara, por el contrario, incluir a los hombres promovería la impunidad para estos casos y que las objeciones se tratan de un “acto mezquino y politiquero del Gobierno”.

¿Qué pasará con el proyecto?

Con las objeciones presentadas, el proyecto regresa al Congreso, a la Cámara donde se le dio origen, específicamente a la Cámara donde tuvo origen, es decir, el Senado. Los parlamentarios tendrán la potestad de tramitar el proyecto con las consideraciones del presidente, sacar las mayorías y enviarlo de nuevo a sanción presidencial o, de lo contrario, negarlas y persistir en el contenido original de la iniciativa.

Para este caso, que se trata de objeciones por inconstitucionalidad, el proyecto pasaría a revisión de la Corte Constitucional que, en seis días, deberá resolver si el Congreso o el Gobierno tiene la razón. El fallo de la Corte favorable al proyecto como fue aprobado en el Legislativo obligará al presidente a sancionar la ley. En situación contraria, es decir, que lo declare inexequible, el proyecto terminaría archivado.

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