“Comisión investigadora de las causas actuales de la violencia”, fue el nombre del organismo que en 1958 creó la junta militar de gobierno, la que sustituyó transitoriamente en el poder a Gustavo Rojas Pinilla y que luego dio paso al llamado Frente Nacional. Nació —se dijo en ese entonces— de la necesidad de “bucear por los trasfondos, muchas veces escalofriantes, de la violencia, y de presentar los hechos como fueron apareciendo, haciendo el esfuerzo debido para asegurar la objetividad y veracidad necesaria”.
Más recientemente en nuestra historia podrían citarse la comisión especial para la investigación de los hechos de Trujillo (Valle del Cauca) en 1990, por iniciativa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o la comisión de la verdad que se creó por recomendación de la Corte Suprema, con el fin de esclarecer los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
Y hace menos de un año y medio, en la Ley de Víctimas impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos, se propuso también una comisión para contribuir al esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos en el país. Entre las facultades que se le atribuirían estaba “identificar los patrones, autores y dinámicas del conflicto armado en el país desde 1991 hasta la fecha”. Al final no se incluyó en el articulado.
Hoy, por iniciativa del senador liberal Juan Fernando Cristo, el proyecto de marco legal para la paz —que al cierre de esta edición avanzaba en su último debate en la plenaria del Senado y que busca sentar las bases de posibles diálogos con los grupos armados ilegales— sugiere la creación de una comisión de la verdad mediante una ley ordinaria, que a su vez definiría su objeto, composición, atribuciones y funciones. “El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección”, señala la ley.
La ponencia del proyecto se cura en salud y, teniendo en cuenta que al hablar de la terminación del conflicto armado se está hablando de un momento indeterminado, señala: “Si bien entendemos que la terminación del conflicto armado se dará con la desmovilización definitiva de las guerrillas y que será allí cuando se cree una comisión de la verdad, algunos podrían alegar que incluso entonces no habría acabado el conflicto dada la presencia de bandas criminales, y podrían con esos argumentos bloquear la creación de dicho organismo”.
En este sentido, advierte que se trata de una herramienta esencial para la terminación de la guerra “que no debería ser usada antes de la desmovilización definitiva de las guerrillas”. Y enfatiza que al incluir la palabra “atribuciones” se busca que la ley pueda determinar las facultades que podrá tener la comisión para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, la ponencia explica que cuando se dice que “el mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección”, se busca garantizar una mayor coordinación entre los mecanismos judiciales y extrajudiciales, y contribuir al proceso de selección que deberá llevar a cabo el Fiscal General de la Nación.
¿Qué tan efectivas son las dichosas comisiones de la verdad? En países que han vivido situaciones de violencia —como Sudáfrica, El Salvador o Chile— han sido instrumentos válidos para la formación de memoria colectiva, aunque hay quienes creen que se corre el riesgo de que exista una manipulación y que los resultados finales se den de acuerdo con lo que le interesa a la oficialidad del Estado.
Recientemente, el expresidente Ernesto Samper habló de la necesidad de crear una comisión que recoja las versiones de las víctimas del conflicto armado en Colombia, sin importar cuál actor armado sea el agresor: guerrilla, paramilitares o Fuerza Pública. Y hasta anunció que presentaría un proyecto en el Congreso. Su idea era que estuviera integrada por la sociedad civil y las víctimas del conflicto y que “en términos prácticos se encargara de recibir y tramitar todas las versiones y cuestionamientos de las víctimas o sus familiares sobre las circunstancias en que fueron agredidos por los distintos actores armados”.
Una postura que riñe con la que expresara en su momento Frank Pearl, cuando como consejero para la reintegración del gobierno de Álvaro Uribe, dijo que el país no necesitaba una comisión de la verdad, en respuesta a una propuesta hecha por la Corte Suprema de Justicia, que la planteó como un mecanismo extrajudicial para poder tener más posibilidades de conocer los detalles de los crímenes que cometieron los grupos paramilitares: “Aquí tenemos la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación con un equipo del más alto nivel que trabaja en la memoria histórica (...) tenemos la manía de duplicar funciones”.
En el trabajo de grado “El papel de las comisiones de la verdad en la formación de la memoria histórica”, los estudiantes de Derecho de la Universidad Javeriana Diana Cifuentes y Gustavo Cote señalan que la historia contada por una comisión de la verdad puede orientarse en muchos sentidos, pero que si lo que se busca es la reconciliación, se debe tener como base de la construcción del relato estatal el debate público entre todos los sectores sociales y los actores del conflicto. Y concluyen con una realidad ineludible: “El aporte de las comisiones de la verdad a la memoria colectiva no se limita a establecer qué se debe recordar, sino que al mismo tiempo ellas dicen qué se olvida”.
Para el excomisionado de Paz Camilo Gómez, la creación de una comisión de la verdad constituye un punto fundamental cuando se ha firmado un proceso de paz, si se quiere que haya reconciliación. “Las experiencias han sido buenas y malas, eso depende de cómo se planteé e implemente”, expresó. Para él, la decisión de la sociedad de aceptar la verdad en un conflicto de 50 años es una situación “muy dura”, pero si eso lleva al perdón, es el único camino a seguir. “La verdad muchas veces no se quiere enfrentar ni reconocer (...) y desde luego los insurgentes tienen que tener el compromiso jurídico, político y personal de decirla”.
En diálogo con El Espectador, el mismo Juan Fernando Cristo enfatizó que es fundamental que en la Constitución quede claramente establecido que el mecanismo extrajudicial por naturaleza para buscar una salida al conflicto —incluso para el posconflicto si se llega a una negociación— sea una comisión de la verdad, que ha sido un instrumento utilizado en muchas otras partes del mundo.
¿Qué se quiere de ella en cuanto a sus alcances? Eso depende del Congreso, aunque el senador liberal tiene sus lineamientos desde ya: “Hay comisiones que, por ejemplo, determinan jurídicamente hasta dónde puede llegar la selectividad, cuáles son los crímenes que se pueden perdonar, sobre cuáles puede haber suspensión de la ejecución de la pena para que se convierta en el gran instrumento de aplicación de la justicia transicional. Tiene que trabajar de la mano de las autoridades judiciales para explorar las verdades del conflicto y sería el eje la negociación y superación de la guerra”.
Por Redacción Política
