El acuerdo final que no fue

Fue el 23 de septiembre del año pasado, tras el anuncio en La Habana de los acuerdos sobre justicia y de un encuentro cara a cara con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo jefe de las Farc, que el presidente Juan Manuel Santos le dijo al país que se había pactado una fecha límite para firmar el fin del conflicto armado: exactamente seis meses después, es decir, hoy 23 de marzo. Pero eso no ocurrirá. De hecho, la semana pasada, tanto el primer mandatario como el mismo Timochenko ya habían reconocido que era mejor llegar a un buen acuerdo que cumplir con la fecha convenida.

Más allá del incidente en el corregimiento de Conejo, La Guajira, donde un grupo de jefes guerrilleros, liderados por Iván Márquez, estuvo haciendo pedagogía de la paz y proselitismo político escoltado por hombres armados —algo que causó mucho malestar y desconfianza en el Gobierno—, la realidad es que las diferencias en torno a las características de las zonas de concentración, las propuestas sobre la dejación de las armas y los términos del cese del fuego bilateral alejaron las posiciones y generaron crisis.

Según se conoció, la pita comenzó a enredarse cuando la subcomisión técnica para el fin del conflicto, de la que forman parte altos oficiales de las Fuerzas Armadas y los llamados guerrilleros “troperos”, llegó a un consenso y elaboró un documento con las recomendaciones para la dejación de las armas y el cese del fuego. Para las Farc, dichas propuestas debían ser consideradas ya como acuerdos, mas no así para el Gobierno, que decidió descartar dichas recomendaciones manteniendo la premisa de que sólo la mesa de negociaciones es la encargada de tomar decisiones definitivas.

Aunque los pormenores del documento se mantienen en reserva, fuentes cercanas a los diálogos aseguraron que en torno a las llamadas zonas de concentración, por ejemplo, las Farc pretenden que puedan estar entre una vereda y otra en sus sitios históricos y que en sus mecanismos de funcionamiento se les permita tener relaciones con la población civil, todo ello con un sistema de seguridad determinado. Para los negociadores del Gobierno, tienen que ser zonas despobladas y alejadas de los centros educativos e incluso con cifras concretas: que sean máximo 11. Las Farc piensan en muchas más.

Precisamente, es la reforma a la Ley de Orden Público, que acaba de hacer el Congreso en sesiones extras, la que define las condiciones de esas zonas de concentración guerrillera. En este sentido, una de esas normas habla de que no pueden estar cerca de centros urbanos y otra de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura contra los miembros de la guerrilla dentro de ellas. Para lograr su aprobación, se aceptaron varios puntos planteados por el uribismo. Una decisión que, según las Farc, fue unilateral por parte del Gobierno.

“Lo que se aprobó en el Congreso son cárceles a cielo abierto”, manifestó al respecto Benkos Biohó, uno de los miembros de la delegación de paz de la guerrilla en Cuba. De hecho, las Farc consideran que la suspensión de las órdenes de captura debe aplicar no sólo estando en las zonas de concentración, sino en todo el territorio nacional. Como dijo Henry Castellanos, alias Romaña: “El movimiento guerrillero no va a concentrarse si no hay garantías, no va a dejar las armas si no hay garantías (...) lo que no han entendido muchos es que aquí estamos dos partes hablando”.

Ese asunto de la dejación o entrega de las armas es otra arista de la actual discusión en la mesa de diálogos. El Gobierno quiere que estas sean entregadas casi en su totalidad una vez se dé la ubicación de las tropas guerrilleras en las zonas de concentración. Las Farc creen que ese es un proceso que se debe dar gradualmente, en la medida en que se vaya dando el cumplimiento o la implementación de lo acordado. Además, piden que esas armas se guarden en contenedores en las mismas zonas de concentración.

Un asunto que se desprende del anterior y en el que hay diferencia es lo de la amnistía o el indulto. Para el Gobierno, la reintegración de la guerrilla a la sociedad colombiana sólo se dará como iniciada cuando haya dejado las armas de manera definitiva. Las Farc piensan que ello debe aplicar desde el mismo momento de la firma de los acuerdos que, como están las cosas, se van a demorar como mínimo unos dos o tres meses más, si es que no surgen nuevos impasses.

Hoy termina el ciclo 48 de negociaciones en La Habana. Las delegaciones trabajan para superar las dificultades y encontrar fórmulas para destrabar la mesa. El reto es encauzar los diálogos. De todas maneras, aunque las partes coinciden en que ya se está en un punto de no retorno, sin duda, el hecho del incumplimiento de la fecha aumenta el escepticismo y les da argumentos a los opositores del proceso para arreciar en sus críticas.

Fue el 23 de septiembre del año pasado, tras el anuncio en La Habana de los acuerdos sobre justicia y de un encuentro cara a cara con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo jefe de las Farc, que el presidente Juan Manuel Santos le dijo al país que se había pactado una fecha límite para firmar el fin del conflicto armado: exactamente seis meses después, es decir, hoy 23 de marzo. Pero eso no ocurrirá. De hecho, la semana pasada, tanto el primer mandatario como el mismo Timochenko ya habían reconocido que era mejor llegar a un buen acuerdo que cumplir con la fecha convenida.

Más allá del incidente en el corregimiento de Conejo, La Guajira, donde un grupo de jefes guerrilleros, liderados por Iván Márquez, estuvo haciendo pedagogía de la paz y proselitismo político escoltado por hombres armados —algo que causó mucho malestar y desconfianza en el Gobierno—, la realidad es que las diferencias en torno a las características de las zonas de concentración, las propuestas sobre la dejación de las armas y los términos del cese del fuego bilateral alejaron las posiciones y generaron crisis.

Según se conoció, la pita comenzó a enredarse cuando la subcomisión técnica para el fin del conflicto, de la que forman parte altos oficiales de las Fuerzas Armadas y los llamados guerrilleros “troperos”, llegó a un consenso y elaboró un documento con las recomendaciones para la dejación de las armas y el cese del fuego. Para las Farc, dichas propuestas debían ser consideradas ya como acuerdos, mas no así para el Gobierno, que decidió descartar dichas recomendaciones manteniendo la premisa de que sólo la mesa de negociaciones es la encargada de tomar decisiones definitivas.

Aunque los pormenores del documento se mantienen en reserva, fuentes cercanas a los diálogos aseguraron que en torno a las llamadas zonas de concentración, por ejemplo, las Farc pretenden que puedan estar entre una vereda y otra en sus sitios históricos y que en sus mecanismos de funcionamiento se les permita tener relaciones con la población civil, todo ello con un sistema de seguridad determinado. Para los negociadores del Gobierno, tienen que ser zonas despobladas y alejadas de los centros educativos e incluso con cifras concretas: que sean máximo 11. Las Farc piensan en muchas más.

Precisamente, es la reforma a la Ley de Orden Público, que acaba de hacer el Congreso en sesiones extras, la que define las condiciones de esas zonas de concentración guerrillera. En este sentido, una de esas normas habla de que no pueden estar cerca de centros urbanos y otra de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura contra los miembros de la guerrilla dentro de ellas. Para lograr su aprobación, se aceptaron varios puntos planteados por el uribismo. Una decisión que, según las Farc, fue unilateral por parte del Gobierno.

“Lo que se aprobó en el Congreso son cárceles a cielo abierto”, manifestó al respecto Benkos Biohó, uno de los miembros de la delegación de paz de la guerrilla en Cuba. De hecho, las Farc consideran que la suspensión de las órdenes de captura debe aplicar no sólo estando en las zonas de concentración, sino en todo el territorio nacional. Como dijo Henry Castellanos, alias Romaña: “El movimiento guerrillero no va a concentrarse si no hay garantías, no va a dejar las armas si no hay garantías (...) lo que no han entendido muchos es que aquí estamos dos partes hablando”.

Ese asunto de la dejación o entrega de las armas es otra arista de la actual discusión en la mesa de diálogos. El Gobierno quiere que estas sean entregadas casi en su totalidad una vez se dé la ubicación de las tropas guerrilleras en las zonas de concentración. Las Farc creen que ese es un proceso que se debe dar gradualmente, en la medida en que se vaya dando el cumplimiento o la implementación de lo acordado. Además, piden que esas armas se guarden en contenedores en las mismas zonas de concentración.

Un asunto que se desprende del anterior y en el que hay diferencia es lo de la amnistía o el indulto. Para el Gobierno, la reintegración de la guerrilla a la sociedad colombiana sólo se dará como iniciada cuando haya dejado las armas de manera definitiva. Las Farc piensan que ello debe aplicar desde el mismo momento de la firma de los acuerdos que, como están las cosas, se van a demorar como mínimo unos dos o tres meses más, si es que no surgen nuevos impasses.

Hoy termina el ciclo 48 de negociaciones en La Habana. Las delegaciones trabajan para superar las dificultades y encontrar fórmulas para destrabar la mesa. El reto es encauzar los diálogos. De todas maneras, aunque las partes coinciden en que ya se está en un punto de no retorno, sin duda, el hecho del incumplimiento de la fecha aumenta el escepticismo y les da argumentos a los opositores del proceso para arreciar en sus críticas.