El Bonilla Aragón, un aeropuerto de operación costosa y con menos pasajeros

Uno de los ejes del debate de control político realizado ayer en el Congreso sobre la situación del transporte aéreo en Colombia tuvo que ver con la operación que se vive en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali. Terminal aéreo que, durante el primer semestre de 2018, movilizó 2’222.786 pasajeros, un 16.5% menos que en el mismo período de 2017, según un informe de la Aeronáutica Civil.

Para la representante a la Cámara por el Valle del Cauca Catalina Ortiz, de la Alianza Verde y una de las citantes al debate, las dificultades por la no modificación del contrato de concesión existente que maneja la Aeronáutica, a través de Aerocali, con vigencia hasta el año 2020 (firmada por 20 años), ha impedido garantizar condiciones de competencia que permitan operar a otras aerolíneas diferentes a Avianca y LATAM.

Por ejemplo, Viva Air (antigua Viva Colombia), aerolínea de bajo costo, dejó de volar desde hace un año a Cali, afectando ostensiblemente las tarifas de los tiquetes y el bolsillo de los ciudadanos que toman como destino y origen de sus vuelos a la capital vallecaucana.

“Pedí a la ministra de Transporte, a la Aeronáutica Civil y a la ANI, que permitan flexibilizar el contrato de concesión de Aerocali que se vence en dos años, pues ha sido una concesión pasiva, perezosa, que se ha ganado la renta sin priorizar al pasajero. Queremos un concesionario que atraiga aerolíneas y turismo a Cali y el Valle con eficiencia y dinamismo, eso no lo vimos en estos años”, enfatizó la congresista.

En particular, Ortiz reveló que desde el año 2015 a la fecha, y en comparación con otros terminales aéreos de ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Medellín o Bogotá, el de Cali ha sido el aeropuerto que ha registrado la mayor reducción en el número de pasajeros.

“Les solicité a las entidades del Gobierno Nacional revisar la iniciativa privada para la estructuración de la nueva concesión, por la falta del plan maestro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y debido a todos los cuestionamientos que tiene alrededor de su mala administración. Además, solicité que no saquen a Buenaventura de dicha concesión, que no ‘descremen’: si la concesión le toca la renta jugosa de Cali, debe incluir también a Buenaventura, que es un aeropuerto menos rentable”, reiteró la parlamentaria.

Finalmente, la representante a la Cámara les hizo un llamado a todos sus colegas del Valle del Cauca para que “estemos atentos a este nuevo contrato con Aerocali. Queremos un concesionario que atraiga aerolíneas y turismo a Cali y el Valle con eficiencia y dinamismo, eso no lo vimos en estos años”. Asimismo, dijo que espera que en el corto y mediano plazo los funcionarios del Gobierno citados al debate informen cuáles son las soluciones que implementarán con el propósito de hacer frente a esta inconformidad "que frena el desarrollo del Valle del Cauca".

En el debate estuvieron presentes voceros de varias entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

Uno de los ejes del debate de control político realizado ayer en el Congreso sobre la situación del transporte aéreo en Colombia tuvo que ver con la operación que se vive en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali. Terminal aéreo que, durante el primer semestre de 2018, movilizó 2’222.786 pasajeros, un 16.5% menos que en el mismo período de 2017, según un informe de la Aeronáutica Civil.

Para la representante a la Cámara por el Valle del Cauca Catalina Ortiz, de la Alianza Verde y una de las citantes al debate, las dificultades por la no modificación del contrato de concesión existente que maneja la Aeronáutica, a través de Aerocali, con vigencia hasta el año 2020 (firmada por 20 años), ha impedido garantizar condiciones de competencia que permitan operar a otras aerolíneas diferentes a Avianca y LATAM.

Por ejemplo, Viva Air (antigua Viva Colombia), aerolínea de bajo costo, dejó de volar desde hace un año a Cali, afectando ostensiblemente las tarifas de los tiquetes y el bolsillo de los ciudadanos que toman como destino y origen de sus vuelos a la capital vallecaucana.

“Pedí a la ministra de Transporte, a la Aeronáutica Civil y a la ANI, que permitan flexibilizar el contrato de concesión de Aerocali que se vence en dos años, pues ha sido una concesión pasiva, perezosa, que se ha ganado la renta sin priorizar al pasajero. Queremos un concesionario que atraiga aerolíneas y turismo a Cali y el Valle con eficiencia y dinamismo, eso no lo vimos en estos años”, enfatizó la congresista.

En particular, Ortiz reveló que desde el año 2015 a la fecha, y en comparación con otros terminales aéreos de ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Medellín o Bogotá, el de Cali ha sido el aeropuerto que ha registrado la mayor reducción en el número de pasajeros.

“Les solicité a las entidades del Gobierno Nacional revisar la iniciativa privada para la estructuración de la nueva concesión, por la falta del plan maestro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y debido a todos los cuestionamientos que tiene alrededor de su mala administración. Además, solicité que no saquen a Buenaventura de dicha concesión, que no ‘descremen’: si la concesión le toca la renta jugosa de Cali, debe incluir también a Buenaventura, que es un aeropuerto menos rentable”, reiteró la parlamentaria.

Finalmente, la representante a la Cámara les hizo un llamado a todos sus colegas del Valle del Cauca para que “estemos atentos a este nuevo contrato con Aerocali. Queremos un concesionario que atraiga aerolíneas y turismo a Cali y el Valle con eficiencia y dinamismo, eso no lo vimos en estos años”. Asimismo, dijo que espera que en el corto y mediano plazo los funcionarios del Gobierno citados al debate informen cuáles son las soluciones que implementarán con el propósito de hacer frente a esta inconformidad "que frena el desarrollo del Valle del Cauca".

En el debate estuvieron presentes voceros de varias entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.