El camino de reparación sindical

Un evento histórico se dio hoy en un auditorio pequeño de Paipa (Boyacá). Cerca de cien dirigentes sindicales de todo el país estuvieron presentes en el inicio del primer proceso de reparación colectiva a sindicalistas, luego de un año de acercamientos por parte del Estado y las centrales obreras. Un esfuerzo sin precedentes teniendo en cuenta que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia sigue siendo el país más peligroso para ejercer el ejercicio sindical. De acuerdo con el último informe del PNUD, entre enero de 2008 y diciembre de 2012, 1.117 personas fueron agredidas a causa de su trabajo. De ellas, 182 fueron asesinadas y 11 desaparecidas forzadamente. La impunidad ha sido la respuesta de la justicia, que en el caso de las amenazas es del 100 por ciento.

En la historia del país, la reparación colectiva siempre se había pensado para ciertos casos específicos, o para comunidades étnicas que habían sido golpeadas en sus territorios o derechos. Esta es la primera vez que se habla de una reparación para un movimiento social y para Julio Roberto Duque, presidente de la CGT, hay que dejar claro que no se trata de dinero. El panorama plantea desafíos muy grandes. Y se espera que las respuestas a estos retos, sobre cómo reparar este movimiento, se encuentren en este camino que ayer se inauguró en Paipa.

Pero como importante insumo para esa compleja discusión se conoció ayer un documento que las centrales obreras construyeron con el apoyo del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). El libro ‘Sindicalismo es igual que democracia’, plantea que si los derechos de asociación, los derechos laborales y sindicales sirven para que la gente pueda tener una forma de vida mejor y haya una sociedad más equitativa, el Estado debe garantizar que se rompa la cultura de estigmatización y de segregación antisindical que se ha radicalizado en el país.

Para Marco Romero, director de Codhes, la medida de reparación tiene que ser la promoción de la afiliación sindical, como eje fundamental, y que se reconozca por parte del Estado, de los empresarios y de los actores armados, los daños que se han causado. Y que haya una política de fortalecimiento del sindicalismo, ya que en sus palabras “es una verguenza internacional” que la tasa de asociación sindical del país sea tan solo del 5%.

¿Y cómo se transforma esa estigmatización de la que se quejan los sindicalistas? “Mostrando lo que el sindicalismo ha hecho. Por ejemplo, Ecopetrol existe gracias a los sindicalistas porque si hubiera dependido de la clase política la hubieran privatizado hace mucho tiempo. El país tiene que ver estas dimensiones y no pensar que el sindicato es un costo para las empresas, o que es un factor de desorden social”, dice Marco Romero.

Sin embargo, esta jornada, que pretendía terminar con una hoja de ruta para este proceso de reparación colectiva, tuvo al final un fuerte sin sabor: en el acto inaugural no hizo presencia el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, ni ningún delegado de esta cartera, y Paula Gaviria, la directora de la Unidad de Atención a Víctimas, solo anunció su presencia al cierre del evento.

La molestia por esta ausencia se hizo evidente. "Hoy nos sentimos menospreciados. Hicimos una rueda de prensa conjunta lanzando el encuentro, y hoy, cuando hay 500 organizaciones sindicales victimizadas, lamentablemente no apareció nadie del Ministerio de Trabajo, el director de la Unidad de Protección tampoco, y para complementar, la directora de la Unidad de Víctimas no llegó porque estaba en el Congreso en un evento de protocolo", dijo Domingo Tovar, presidente de la de Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Para Marco Romero, la presencia de altos funcionarios del Gobierno era clave. Sobre todo porque marcaba la confianza de los sindicalistas en la real voluntad del Gobierno en este proceso que definitivamente no es fácil. Un pulso agravado por la movilización nacional que convocaron las centrales sindicales, que representan a un millón de colombianos, para el próximo 14 de mayo, si no se llega a un acuerdo sobre otro esfuerzo estatal que no se ha concretizado: la implementación del decreto 1092, para la negociación colectiva de mejores condiciones laborales en todo el país.

Mientras tanto, en los recintos de este encuentro sindical en Paipa, los dirigentes seguían denunciando amenazas y mostrando panfletos como una prueba cruel de lo que les toca vivir en las regiones. María del Carmen Sánchez, dirigente sindical de Boyacá, sentenció un temor que era generalizado: que este encuentro termine siendo “un canto a la bandera”, y así se lo escribió al ministro Rafael Pardo.

Un evento histórico se dio hoy en un auditorio pequeño de Paipa (Boyacá). Cerca de cien dirigentes sindicales de todo el país estuvieron presentes en el inicio del primer proceso de reparación colectiva a sindicalistas, luego de un año de acercamientos por parte del Estado y las centrales obreras. Un esfuerzo sin precedentes teniendo en cuenta que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia sigue siendo el país más peligroso para ejercer el ejercicio sindical. De acuerdo con el último informe del PNUD, entre enero de 2008 y diciembre de 2012, 1.117 personas fueron agredidas a causa de su trabajo. De ellas, 182 fueron asesinadas y 11 desaparecidas forzadamente. La impunidad ha sido la respuesta de la justicia, que en el caso de las amenazas es del 100 por ciento.

En la historia del país, la reparación colectiva siempre se había pensado para ciertos casos específicos, o para comunidades étnicas que habían sido golpeadas en sus territorios o derechos. Esta es la primera vez que se habla de una reparación para un movimiento social y para Julio Roberto Duque, presidente de la CGT, hay que dejar claro que no se trata de dinero. El panorama plantea desafíos muy grandes. Y se espera que las respuestas a estos retos, sobre cómo reparar este movimiento, se encuentren en este camino que ayer se inauguró en Paipa.

Pero como importante insumo para esa compleja discusión se conoció ayer un documento que las centrales obreras construyeron con el apoyo del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). El libro ‘Sindicalismo es igual que democracia’, plantea que si los derechos de asociación, los derechos laborales y sindicales sirven para que la gente pueda tener una forma de vida mejor y haya una sociedad más equitativa, el Estado debe garantizar que se rompa la cultura de estigmatización y de segregación antisindical que se ha radicalizado en el país.

Para Marco Romero, director de Codhes, la medida de reparación tiene que ser la promoción de la afiliación sindical, como eje fundamental, y que se reconozca por parte del Estado, de los empresarios y de los actores armados, los daños que se han causado. Y que haya una política de fortalecimiento del sindicalismo, ya que en sus palabras “es una verguenza internacional” que la tasa de asociación sindical del país sea tan solo del 5%.

¿Y cómo se transforma esa estigmatización de la que se quejan los sindicalistas? “Mostrando lo que el sindicalismo ha hecho. Por ejemplo, Ecopetrol existe gracias a los sindicalistas porque si hubiera dependido de la clase política la hubieran privatizado hace mucho tiempo. El país tiene que ver estas dimensiones y no pensar que el sindicato es un costo para las empresas, o que es un factor de desorden social”, dice Marco Romero.

Sin embargo, esta jornada, que pretendía terminar con una hoja de ruta para este proceso de reparación colectiva, tuvo al final un fuerte sin sabor: en el acto inaugural no hizo presencia el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, ni ningún delegado de esta cartera, y Paula Gaviria, la directora de la Unidad de Atención a Víctimas, solo anunció su presencia al cierre del evento.

La molestia por esta ausencia se hizo evidente. "Hoy nos sentimos menospreciados. Hicimos una rueda de prensa conjunta lanzando el encuentro, y hoy, cuando hay 500 organizaciones sindicales victimizadas, lamentablemente no apareció nadie del Ministerio de Trabajo, el director de la Unidad de Protección tampoco, y para complementar, la directora de la Unidad de Víctimas no llegó porque estaba en el Congreso en un evento de protocolo", dijo Domingo Tovar, presidente de la de Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Para Marco Romero, la presencia de altos funcionarios del Gobierno era clave. Sobre todo porque marcaba la confianza de los sindicalistas en la real voluntad del Gobierno en este proceso que definitivamente no es fácil. Un pulso agravado por la movilización nacional que convocaron las centrales sindicales, que representan a un millón de colombianos, para el próximo 14 de mayo, si no se llega a un acuerdo sobre otro esfuerzo estatal que no se ha concretizado: la implementación del decreto 1092, para la negociación colectiva de mejores condiciones laborales en todo el país.

Mientras tanto, en los recintos de este encuentro sindical en Paipa, los dirigentes seguían denunciando amenazas y mostrando panfletos como una prueba cruel de lo que les toca vivir en las regiones. María del Carmen Sánchez, dirigente sindical de Boyacá, sentenció un temor que era generalizado: que este encuentro termine siendo “un canto a la bandera”, y así se lo escribió al ministro Rafael Pardo.