El camino que falta andar para la paz

El anuncio de las delegaciones del Gobierno y las Farc, con el que llegaron a un acuerdo sobre el tema de justicia, señala el punto de no retorno de las negociaciones de paz. No obstante, los asuntos que quedan por discutir sobre la participación política de los desmovilizados y el fin del conflicto son complejos. Además, en Colombia se debe diseñar la arquitectura jurídica para cumplir, en corto tiempo, con lo acordado en la mesa de La Habana.

Fue la reunión del presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, Timochenko, la que permitió trazarle tiempos a la paz. “El jefe del Secretariado y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo. Esa es la instrucción que les hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen lo más pronto posible”, dijo el mandatario.

El presidente Santos señaló como fecha para la firma el 23 de marzo y en los dos meses siguientes, la refrendación popular. En ese momento ya deben estar adelantadas las bases jurídicas del acuerdo a través del Acto Legislativo para la Paz, que ya inició trámite en el Congreso y debe estar aprobado en mayo del próximo año coincidiendo con la refrendación ciudadana.

Para ese mes debe haber acuerdo, refrendación y vía libre para que el presidente Santos expida decretos con fuerza de ley que faciliten la implementación del acuerdo y la creación de la comisión legislativa para la paz, encargada de tramitar las leyes y reformas constitucionales que se requieran para cumplir con los compromisos de La Habana.

Sobre la mesa queda una agenda optimista, sobre todo si se tiene en cuenta que el debate legislativo de la paz empieza y, con él, las disputas entre la coalición que apoya el proceso y la oposición radical del Centro Democrático. Una batalla que tendrá como escenario el Congreso, donde se discutirá el mecanismo de refrendación y el Acto Legislativo para la Paz. Radicales argumentos se plantearan en los debates.

La comisión legislativa especial podrá empezar a legislar para la paz a mediados del próximo año, incluso en vacancia del Congreso, pues la norma señala que “los proyectos se podrán tramitar en sesiones extraordinarias”. Una compleja filigrana legal en la que se tendrán que plasmar los acuerdos en temas de tierras, narcotráfico, víctimas, fin del conflicto y justicia. Con este último entrará en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, que constará de un tribunal y salas de justicia que van a investigar, juzgar e impondrán sanciones por los delitos en el marco de la justicia transicional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será la voz del Gobierno que defienda el paquete normativo para la paz, en especial de las críticas que ya están llegando desde el uribismo con cuestionamientos contra las facultades extraordinarias para el presidente Santos, que comparan con las leyes habilitantes que se otorgan en Venezuela. Por eso, Cristo señaló que “es una manera de descalificar el procedimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos al presidente. Son facultades que han tenido todos los presidentes en los últimos períodos y en este caso se justifica. La oposición debe entender que es mejor una paz imperfecta que una guerra eterna”.

De acuerdo con el ministro Cristo, “experiencias internacionales han demostrado que el primer año después de las firma de los acuerdos es el más importante para cumplir, después puede resultar más complejo”. Por eso, el último año del mandato Santos será en el que se eche a andar el aparato del Estado para cumplir con lo acordado en materia de reformas. Paralelo a esto, el tribunal especial tendrá que juzgar a guerrilleros y militares con la finalidad de satisfacer los derechos de las víctimas a cambio de penas cortas, con restricción de libertades, sin que esto implique cárcel.

En La Habana, pese al optimismo mostrado, el debate no será menor. Debe concluir el punto de reparación a las víctimas, verificación, implementación y refrendación de los acuerdos y fin del conflicto. Espinosas discusiones que deberán darse en seis meses. Un compromiso grande para los equipos negociadores.

No parece fácil, como lo señala el analista político Alejo Vargas, quien sostiene que “no digo que sea imposible que lo terminen en seis meses, pero tendrían que emplearse absolutamente a fondo las comisiones y subcomisiones. Empezar a discutir esos temas y a ver cómo construyen acuerdos sobre esos puntos que no son nada sencillos. Es verdad que ya se ha venido avanzando en algunos de ellos, por ejemplo la subcomisión militar ha venido avanzando en el tema del cese al fuego bilateral y definitivo y en el de dejación de armas. No es que se parta de cero, pero es complejo para cumplir la meta”.

El docente y analista Enrique Serrano cree que “a pesar del optimismo reinante, en razón a la sensatez, hay muchas cosas que todavía no se han tratado o que no se han comprendido. Hay puntos sobre los cuales las ambigüedades o la indefinición reinan, como la participación en política de las Farc, sus actividades, cuál es el monto de su fortuna, cuál sería la condición de las Farc en el posconflicto”. Sin embargo, Serrano es un poco mas optimista al señalar que “la firma en seis meses parece no solo posible, sino inevitable. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, las cosas como pintan hacia los seis meses de ese plazo tan perentorio parecen presagiar un mal arreglo, incompleto y mal digerido”.

Debates en La Habana y en el país político que no dejan de cruzarse con asuntos como la elección del reemplazo en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que ha sido un aliado incondicional del proceso de paz, cuyo sucesor será clave en la consolidación de la justicia y la verdad judicial. Desde la otra orilla vendrán las críticas del procurador Alejandro Ordóñez. Tampoco se ha dejado claro el tema de la restricción de la libertad para los desmovilizados, ¿quién verifica?, ¿el sitio de reclusión? y las garantías de seguridad para las Farc.

Todo esto enmarcado en un componente internacional que fue incluido en el tribunal para la paz, que contará con la participación minoritaria de magistrados de otros países. Pero el gran reto para el proceso y para el cumplimiento de lo acordado será la verificación, que como avanza en la mesa y para garantizar que sea independiente, se apelará en la comunidad internacional. Es un hecho que la firma de la paz está cerca, así lo hicieron ver el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Timochenko, en Cuba, pero el camino que queda por recorrer aún es espinoso.

El anuncio de las delegaciones del Gobierno y las Farc, con el que llegaron a un acuerdo sobre el tema de justicia, señala el punto de no retorno de las negociaciones de paz. No obstante, los asuntos que quedan por discutir sobre la participación política de los desmovilizados y el fin del conflicto son complejos. Además, en Colombia se debe diseñar la arquitectura jurídica para cumplir, en corto tiempo, con lo acordado en la mesa de La Habana.

Fue la reunión del presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, Timochenko, la que permitió trazarle tiempos a la paz. “El jefe del Secretariado y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo. Esa es la instrucción que les hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen lo más pronto posible”, dijo el mandatario.

El presidente Santos señaló como fecha para la firma el 23 de marzo y en los dos meses siguientes, la refrendación popular. En ese momento ya deben estar adelantadas las bases jurídicas del acuerdo a través del Acto Legislativo para la Paz, que ya inició trámite en el Congreso y debe estar aprobado en mayo del próximo año coincidiendo con la refrendación ciudadana.

Para ese mes debe haber acuerdo, refrendación y vía libre para que el presidente Santos expida decretos con fuerza de ley que faciliten la implementación del acuerdo y la creación de la comisión legislativa para la paz, encargada de tramitar las leyes y reformas constitucionales que se requieran para cumplir con los compromisos de La Habana.

Sobre la mesa queda una agenda optimista, sobre todo si se tiene en cuenta que el debate legislativo de la paz empieza y, con él, las disputas entre la coalición que apoya el proceso y la oposición radical del Centro Democrático. Una batalla que tendrá como escenario el Congreso, donde se discutirá el mecanismo de refrendación y el Acto Legislativo para la Paz. Radicales argumentos se plantearan en los debates.

La comisión legislativa especial podrá empezar a legislar para la paz a mediados del próximo año, incluso en vacancia del Congreso, pues la norma señala que “los proyectos se podrán tramitar en sesiones extraordinarias”. Una compleja filigrana legal en la que se tendrán que plasmar los acuerdos en temas de tierras, narcotráfico, víctimas, fin del conflicto y justicia. Con este último entrará en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, que constará de un tribunal y salas de justicia que van a investigar, juzgar e impondrán sanciones por los delitos en el marco de la justicia transicional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será la voz del Gobierno que defienda el paquete normativo para la paz, en especial de las críticas que ya están llegando desde el uribismo con cuestionamientos contra las facultades extraordinarias para el presidente Santos, que comparan con las leyes habilitantes que se otorgan en Venezuela. Por eso, Cristo señaló que “es una manera de descalificar el procedimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos al presidente. Son facultades que han tenido todos los presidentes en los últimos períodos y en este caso se justifica. La oposición debe entender que es mejor una paz imperfecta que una guerra eterna”.

De acuerdo con el ministro Cristo, “experiencias internacionales han demostrado que el primer año después de las firma de los acuerdos es el más importante para cumplir, después puede resultar más complejo”. Por eso, el último año del mandato Santos será en el que se eche a andar el aparato del Estado para cumplir con lo acordado en materia de reformas. Paralelo a esto, el tribunal especial tendrá que juzgar a guerrilleros y militares con la finalidad de satisfacer los derechos de las víctimas a cambio de penas cortas, con restricción de libertades, sin que esto implique cárcel.

En La Habana, pese al optimismo mostrado, el debate no será menor. Debe concluir el punto de reparación a las víctimas, verificación, implementación y refrendación de los acuerdos y fin del conflicto. Espinosas discusiones que deberán darse en seis meses. Un compromiso grande para los equipos negociadores.

No parece fácil, como lo señala el analista político Alejo Vargas, quien sostiene que “no digo que sea imposible que lo terminen en seis meses, pero tendrían que emplearse absolutamente a fondo las comisiones y subcomisiones. Empezar a discutir esos temas y a ver cómo construyen acuerdos sobre esos puntos que no son nada sencillos. Es verdad que ya se ha venido avanzando en algunos de ellos, por ejemplo la subcomisión militar ha venido avanzando en el tema del cese al fuego bilateral y definitivo y en el de dejación de armas. No es que se parta de cero, pero es complejo para cumplir la meta”.

El docente y analista Enrique Serrano cree que “a pesar del optimismo reinante, en razón a la sensatez, hay muchas cosas que todavía no se han tratado o que no se han comprendido. Hay puntos sobre los cuales las ambigüedades o la indefinición reinan, como la participación en política de las Farc, sus actividades, cuál es el monto de su fortuna, cuál sería la condición de las Farc en el posconflicto”. Sin embargo, Serrano es un poco mas optimista al señalar que “la firma en seis meses parece no solo posible, sino inevitable. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, las cosas como pintan hacia los seis meses de ese plazo tan perentorio parecen presagiar un mal arreglo, incompleto y mal digerido”.

Debates en La Habana y en el país político que no dejan de cruzarse con asuntos como la elección del reemplazo en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que ha sido un aliado incondicional del proceso de paz, cuyo sucesor será clave en la consolidación de la justicia y la verdad judicial. Desde la otra orilla vendrán las críticas del procurador Alejandro Ordóñez. Tampoco se ha dejado claro el tema de la restricción de la libertad para los desmovilizados, ¿quién verifica?, ¿el sitio de reclusión? y las garantías de seguridad para las Farc.

Todo esto enmarcado en un componente internacional que fue incluido en el tribunal para la paz, que contará con la participación minoritaria de magistrados de otros países. Pero el gran reto para el proceso y para el cumplimiento de lo acordado será la verificación, que como avanza en la mesa y para garantizar que sea independiente, se apelará en la comunidad internacional. Es un hecho que la firma de la paz está cerca, así lo hicieron ver el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Timochenko, en Cuba, pero el camino que queda por recorrer aún es espinoso.