En el cierre de la reciente legislatura, como en el de todos los años, el Senado estaba en una contrarreloj. Cadena perpetua para violadores de menores de edad, Bogotá Región Metropolitana, prohibición de experimentación con animales y pago en plazos justos, eran algunos de los proyectos que tenían que discutirse antes del 20 de junio o se hundían. Las sesiones de esa última semana fueron maratónicas. Debates que duraron más de doce horas, en los que los senadores depuraron hasta donde más pudieron la agenda. Sin embargo, en el afán de que ningún proyecto se hundiera por falta de tramite, se dejó para último momento el debate en el que se discutiría el informe presentado por el Gobierno para justificar la primera emergencia económica y social decretada a raíz de la pandemia del COVID-19.
El debate en cuestión se realizó el 19 de junio, justo un día antes de que se terminara la legislatura 2019-2020. Desde el comienzo, la sesión estuvo condicionada a que tenía que adelantarse de forma rápida, pues en la agenda todavía quedaban cerca de veinte proyectos que tenían que discutirse o si no naufragaban. Bajo esta premisa se definió que la discusión solo podía extenderse hasta las 7:00 de la noche. Después de esa hora pasarían a estudiar y votar las iniciativas represadas. El debate duró cerca de siete horas, contó con la presencia del viceministro de Hacienda y ministro encargado para ese momento, Juan Alberto Londoño, y cada uno de los que radicaron una ponencia sobre el informe intervinieron.
Al llegar a la hora límite, en la lista de intervenciones pendientes figuraban 22 congresistas y todavía no se habían votado los documentos presentados. No obstante, se dio paso a la discusión de los otros proyectos hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, 27 senadores de oposición e independientes expresaron su rechazo por lo ocurrido y apagaron sus computadores y celulares para retirase de la plenaria. El grupo, liderado por Iván Cepeda, del Polo Democrático, argumentó que no hubo garantías para realizar el control político a los decretos que el Gobierno expidió durante la declaratoria del estado de emergencia. Esto debido a que no asistieron todos los ministros y el Senado no se pronunció oficialmente, al no votarse los informes de los congresistas.
Lo ocurrido en el último día de la legislatura solo fue el culmen de un choque que se venía preparando desde el 17 de marzo de 2020, día en el que el presidente, Iván Duque, declaró la primera emergencia económica y social, a través del Decreto 417. En ese momento, el Congreso había pospuesto en un mes el inicio de labores debido al comienzo de la pandemia en el país. Sin embargo, con la determinación presidencial, la oposición presionó para volver a sesiones y hacer contrapeso al poder que tenía Duque para emitir decretos con fuerza de ley, como consagra el artículo 215 de la Constitución.
Esa primera emergencia trajo consigo una avalancha de 72 decretos-ley y cien decretos ordinarios, una cifra nunca antes emitida por ningún mandatario en la historia de Colombia. No obstante, el Congreso apenas retomó funciones el 13 de abril, cuatro días antes del fin de la emergencia. En medio de la adaptación a los entornos virtuales, a los legisladores les tomó cerca de dos semanas realizar los primeros debates de control político. Existía un afán por hacer un examen a ese Decreto 417, pero al Legislativo se demoró en llegar el informe que, según la Constitución, debe ser entregado por la Presidencia para soportar la motivación de la medida de excepción tomada.
A finales de abril, la oposición comenzó a reclamar la ausencia de este documento, que al final fue radicado por el Ministerio del Interior el día 30. Y desde ese simple procedimiento comenzaron los choques entre los senadores cercanos a la Casa de Nariño y los que hacen parte de la oposición. Para Roy Barreras, de la U, “el Gobierno envió medio mes tarde el informe”, mientras que cercanos al Ejecutivo, como la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) y el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) aseguraron que la ley no le fija un plazo máximo al Gobierno para presentar el documento, por lo que no hubo ninguna irregularidad en los tiempos usados por la Presidencia.
Luego, las discusiones pasaron por el informe en sí. Sin entrar a analizarlo a profundidad, varios catalogaron lo entregado como “insuficiente”. En palabras del senador Iván Marulanda (Alianza Verde), el documento “no tiene una línea rectora o un concepto que se desarrolle y es un montón de pasteles (corte y pegue)”. El Espectador conoció el informe de 164 páginas y observó que es una recopilación de los decretos expedidos antes y durante la pandemia. Además, se transcribe la totalidad del decreto de emergencia y los resuelve de los 72 decretos con fuerza de ley emitidos hasta el 17 de abril. Igualmente se entrega, tal como se envió a la Corte Constitucional, sin cambiar siquiera los nombres, la justificación de la emergencia por parte del Ministerio de Hacienda.
Mismas fechas, diferentes tiempos
El informe llegó en la misma fecha a Senado y Cámara, pero el trámite fue muy diferente. En la corporación presidida por el representante Carlos Cuenca (Cambio Radical), se escogió el mismo 30 de abril a los miembros de la comisión accidental que estudiaría el texto del Gobierno y presentaría su concepto. En sus encuentros, se decidió desde un principio presentar un informe mayoritario por parte de los partidos afines al presidente Duque y otros dos informes de los miembros de la oposición. Los documentos llegaron a la Secretaría el 30 de mayo, fecha límite para su radicación, y fueron discutidos en plenaria el 16 de junio. Allí, después de un debate de más de ocho horas, se escucharon las diferentes posiciones y se votó para acoger el texto de Gobierno sobre la declaratoria de emergencia.
En el Senado, el trámite fue más tortuoso y hasta inconcluso, según lo expresan los miembros de la oposición. El 6 de mayo fue designada la comisión accidental, compuesta por catorce senadores, entre los que estaban el presidente Lidio García (Liberal), Juan Felipe Lemos (la U), Laura Fortich (Liberal), María del Rosario Guerra (Centro Democrático), Germán Varón (Cambio Radical), Gustavo Petro (Colombia Humana) e Iván Marulanda (Alianza Verde), entre otros. García aseguró que cada colectividad iba a tener representación en la célula de estudio del informe, pero no incluyó a ningún miembro de la FARC. El partido originado en los acuerdos de La Habana reclamó por considerarse “la segunda bancada más grande de las declarados en oposición, es un exabrupto omitir nuestra presencia”, pero no fue oído.
De acuerdo con Marulanda, la convocatoria fue tardía y solo se hizo una reunión, en la que reinó la confusión por no saber cómo actuar: “No existe claridad en la mesa directiva del Senado de cómo tramitar el mandato constitucional que se refiere al informe”. Esta opinión no fue compartida por el sector de gobierno. Lemos aseguró que fueron varias las reuniones convocadas por la comisión y María del Rosario Guerra defendió la labor de Lidio García: “La Presidencia del Senado hizo una labor juiciosa, no es cierto que no haya actuado a tiempo. Lo que pasa es que esto no era un proyecto de ley, sino revisar las decisiones de 72 decretos”.
Según la oposición, se perdió un tiempo valioso porque la bancada de gobierno quiso imponer un solo informe. “No se tenía claridad sobre si el informe que debía presentarse a la plenaria debía ser de esa comisión o de los partidos que quisieron hacer control político. No se tenía claro si el Senado tenía que votar o no”, comentó la voz de los verdes. Los cercanos al gobierno, a su vez, confirmaron que se trató de llegar a un texto único, pero “no quisieron hacerlo, los intereses presidenciales de la oposición les impidieron llegar a un acuerdo”, declaró John Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa-Libres, de la coalición oficialista.
Al final se decidió que se presentaran tres informes, uno por bancada (gobierno, independientes y oposición); pero esto tampoco fue posible y los partidos de oposición lo presentaron cada uno aparte. Solo la bancada afín a Duque —Eduardo Enríquez Maya, María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez y Juan Felipe Lemos— se unió para presentar un solo documento de 19 páginas. Tras clasificar los decretos en los ejes de salud, medidas para los vulnerables, empleo y expresar los puntos en los que no acordaron, los cuatros senadores concluyeron “que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en virtud de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante el Decreto legislativo 417 (…) han sido convenientes y oportunas”.
Hay un caso particular, el de Cambio Radical. Según la senadora Guerra, el senador Germán Varón comenzó a trabajar con la bancada gobiernista, pero al final dijo que su partido iba a presentar un informe aparte. Este documento no apareció dentro de los radicados en el debate del 19 de junio. Por otro lado, los cuatro liberales de la comisión —Lidio García, Mario Alberto Castaño, Fabio Raúl Amín y Laura Fortich— se tomaron el espectro de los independientes y presentaron un informe bajo ese nombre, en el cual expresaron tanto sus puntos afines con el Gobierno como aquellos que consideraban que debían ser mejorados. El resto de los informes fueron aportados por la oposición.
Sumados, los contradictores del Gobierno presentaron 151 páginas de argumentos en contra del informe presidencial. Mientras que Petro se centró en hacer un estudio de lo hecho por Duque durante la pandemia, la Alianza Verde y el Polo-MAIS presentaron dos documentos en los que analizaron cada uno de los decretos. Marulanda, por los primeros, concluyó que fue “imposible identificar una estrategia por parte del Gobierno, lo que encontramos fue un grupo de medidas inconexas, no focalizadas (…). Tampoco se encontraron medidas extraordinarias que le hicieran frente a la situación”.
El tercer informe de la oposición, presentado por Alexánder López y Feliciano Valencia, catalogó de irrespetuoso el texto presentado por el Ministerio del Interior y pidió que fuera “negado y devuelto”. “El documento remitido por el Gobierno tan solo reseña los 73 decretos expedidos y describe de manera general la situación económica del país. Así, el Gobierno no presentó una valoración apropiada sobre las medidas adoptadas y los resultados alcanzados en materia de fortalecimiento de la red hospitalaria pública, no se expuso un balance sobre la evolución de la pandemia luego de la implementación de las medidas adoptadas y no hay información actualizada sobre el impacto de las medidas”, reza el texto de 92 páginas.
Los cinco documentos mencionados fueron los que se expusieron en el debate del 19 de junio. En esa sesión esperaban contar con la presencia de varios ministros, pero estos no se conectaron. También se esperaba acoger un pronunciamiento conjunto, pero no se votó. Por eso, varios senadores, en su mayoría de la oposición, aseguran que la tarea está inconclusa, porque no se hizo un verdadero control político, mientras que la bancada oficialista opina que se cumplió con todos los requisitos. En medio de ese tire y afloje, ya está el informe de la segunda emergencia económica, que debe ser estudiado antes del 19 de julio. Pero en esta incógnita, la comisión accidental no se ha reunido ni una vez para volver a discutir los pasos a seguir en esta oportunidad.
