Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Pese a las fuertes críticas a la modificación de la Ley de Garantías, que blindaba las elecciones contra la corrupción que proviene de la compra de votos mediante contratos públicos, el cambio fue aprobado y ahora quedamos en manos del Gobierno y de los caciques políticos. ¿Cómo transcurrió la plenaria de Cámara? ¿Hubo debate abierto?
En las democracias serias el debate de la Ley de Presupuesto (en donde introdujeron un artículo para proponer la suspensión de esa parte de la Ley de Garantías) es el más importante del año: incluye deliberación pública, participación ciudadana y capacidad real de incidencia de los cuerpos legislativos. En Colombia, no: el debate del pasado martes se hizo de afán, porque se citó, para la Ley de Presupuesto, solo a 24 horas del plazo que la Constitución fija para su aprobación. Este solo hecho limitó la discusión. Y en cuanto a la derogatoria parcial de la Ley de Garantías incrustada en la de Presupuesto, el debate no duró ni una hora, y a quienes quisimos discutirla nos permitieron hablar únicamente 3 minutos cada uno.
Pero, con ese tiempo, ¿cómo se iba a hacer un debate serio?
Lo más curioso es que no hubo debate. Intervinimos durante esos 3 minutos quienes estuvimos en contra de la derogatoria, pero ni los ponentes ni el Gobierno presentaron argumentos a favor de la iniciativa. Es decir, no hubo intercambio de criterios. Simplemente dejaron que los críticos habláramos y, de inmediato, se procedió a la votación. Quiero resaltar que esta práctica se ha desarrollado, de manera recurrente, durante esta legislatura: la mesa directiva y el Gobierno prefieren no dar los debates. Confían en el poder de sus mayorías y hacen con su aplanadora lo que no pueden lograr con argumentación.
¿Significa que, en cuanto a los opositores, la estrategia oficialista es permitirles expresarse como si fueran loquitos y no ponerle atención a lo que digan?
Exactamente. Se le da el micrófono a quien lo pide y, después, la presidenta (Jénnifer Arias, del Centro Democrático) abre el registro para votar sin que nadie, en el ala oficial, contraargumente. Como la coalición de gobierno es mayoría, aprueban lo que quieren y punto. Eso fue lo que sucedió, también, la semana pasada en la Comisión Primera con el proyecto de reforma a la justicia, cuando denunciamos cómo se pretendía eliminar la facultad de juzgamiento de la Corte Suprema al contralor, procurador, defensor, registrador, etc., y, en cambio, se la entregaban a la Comisión de Acusación. Varios denunciamos lo que iban a aprobar y nadie nos respondió. Pero, en cambio, abrieron el registro para votar rápidamente. Dicen algo así como “si somos mayoría, no tenemos por qué discutir nada. Abrimos la votación, pasamos la aplanadora y ya”.
¿Eso fue lo que hicieron con el representante Anatolio Hernández, a quien nadie conocía en el país hasta que se escuchó esa escandalosa frase de la señora Arias: “Anatolio, vote sí” al cambio en la Ley de Garantías? ¿Así es como se aplica la “ley de la aplanadora”?
Sí, y claro que es escandaloso. Anatolio Hernández es representante de Guainía y seguramente no estaba poniendo atención al debate e indicó que quiso preguntar cómo tenía que votar, porque no interesa lo que él razone o piense. Importa lo que le ordene el Gobierno.
Entonces, no es exagerado afirmar que quien preside la Cámara ha ejercido ese cargo con total desprecio por la oposición.
Diría que no es exagerado. Nos da la palabra, pero la cercena limitando la expresión de nuestros argumentos a tres minutos, lo cual no es una garantía democrática real. Pero, además, infantiliza el debate tratándonos como niños a los que hay que regalarles un contentillo para que no sigan molestando, pero sin que tenga valor o incidencia lo que expresamos.
El resultado a favor de dar vía libre al traspaso del dinero público que maneja el gobierno Duque a alcaldes y gobernadores en todo el país, incluso el día de las elecciones, ¿indicaría que estamos en manos de un Ejecutivo de corte absolutista?
La aprobación de la derogatoria de la Ley de Garantías por cuenta de las mayorías en el Congreso demuestra una desafortunada concurrencia entre los intereses del Gobierno y los de los poderes políticos regionales. Además, evidencia la existencia de una aplanadora -insisto- en el Congreso manejada por el Ejecutivo y de la que forman parte Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, Centro Democrático y un sector del Partido Liberal que vieron la posibilidad de obtener beneficios electorales en las regiones que dominan. Sin embargo, detrás de esta jugada también veo el miedo de la clase política tradicional ante los resultados de las elecciones del año entrante. Esta derogatoria es un intento desesperado por minimizar la debacle que podría significar, para ellos, el resultado electoral que intentan frenar a punta de dinero, contratos y favores.
En muchas de las 1.122 alcaldías y 32 gobernaciones que se beneficiarán con los recursos que les envíe el Ministerio de Hacienda, gobiernan los subalternos políticos de los caciques electorales que se quieren reelegir al Congreso o elegir a sus parientes o aliados. Pero el presidente Duque y el ministro Restrepo han dicho que cada transferencia de dinero se hará con pliegos tipo y con vigilancia de la Contraloría. ¿Eso garantiza transparencia y elimina la corrupción oculta?
No creo. Si bien los controles podrían mejorar el procedimiento, es evidente que la posibilidad de contratar mediante convenios directos entre el Gobierno Central y los entes territoriales, le facilita a la administración la posibilidad de entregarles recursos a sus aliados políticos, recursos que pueden cobrar, durante las elecciones, los partidos a los que pertenezcan sus alcaldes, gobernadores y jefes políticos regionales beneficiados con esos convenios interadministrativos, como los llama el Ejecutivo.
¿Quiénes impulsaron la derogatoria de esa parte de la Ley de Garantías?
Aparte del Gobierno, que evidentemente es uno de los interesados, puesto que incluyó ese artículo en la Ley de Presupuesto, estuvieron los que recibirán esos recursos que son: los alcaldes del país agremiados en la Federación Nacional de Municipios, quienes querían acabar con la Ley de Garantías hace mucho tiempo, incluso en la reforma electoral del año pasado; la Federación Nacional de Departamentos, en la que se reúnen los gobernadores, y Asocapitales (Asociación de ciudades capitales). Esto se hizo en concurso entre agremiaciones, alcaldes y gobernadores con los partidos políticos que tienen poder regional. Es de anotar que los partidos se abstuvieron de asumir una posición pública sobre este tema, tal vez por el costo negativo en la opinión, pero apoyaron mayoritariamente la derogatoria en el debate.
¿Se puede concluir que hay una actitud hipócrita de los partidos, sus jefes y los mandatarios locales y regionales: se callan y no dan el debate público porque saben que están en contra de los ciudadanos, pero sus congresistas votan a favor de lo que les conviene, pues “cobrarán” cada peso que llegue a sus regiones?
Por supuesto. Es increíble el silencio institucional de los partidos, sobre todo el de los que reclaman independencia del Gobierno que no adelantaron reuniones de bancada para discutir el caso. Eso sucedió en mi partido, el Liberal: no tomó una posición única y dejó en libertad a la bancada para que cada quien votara como quisiera. Con esta conducta permitió que quienes pensábamos votar en contra lo hiciéramos, pero también que los que han adquirido compromisos con el Gobierno votaran con este y rompieran la unidad y el poder real de la colectividad.
¿Cómo fue la votación de los liberales en la Cámara en el artículo derogatorio de la Ley de Garantías?
Ocho representantes a la Cámara votamos en contra, seis no votaron y 21, es decir, el resto de la bancada, apoyó la derogatoria. Para nadie es un secreto que en el liberalismo existen dos tendencias: una, arrodillada al Gobierno y a las prebendas que este le ofrezca, y otra que es independiente y, en algunos casos, de oposición. Yo soy parte de este segundo grupo que no ha cedido a los intereses oficiales y que le ha demostrado a la ciudadanía, estos tres años, una forma distinta de hacer política. Lamento, profundamente, que el partido no haya tomado la decisión, en bancada, de defender la Ley de Garantías.
¿Por qué el expresidente César Gaviria, que parece manejar con un dedo la bancada liberal, se quedó quieto y no les dio instrucciones a sus congresistas en un caso como este, esencial para la democracia?
Como le decía, hay una división que es evidente desde hace mucho tiempo entre quienes decidieron arrodillarse al Gobierno y quienes, atendiendo a una agenda verdaderamente liberal, hemos decidido hacer oposición, en unos casos, o ser independientes en otros. Desgraciadamente quienes compartimos esta actitud somos minoría. Y creo que la razón por la cual no se convoca a la bancada es, justamente, porque somos minoría.
La suspensión de la prohibición de contratación pública en época electoral, ¿fortalecerá, entonces, las maquinarias políticas que tienen sus cotos electorales en los territorios, por ejemplo los Char, en el Atlántico y alrededores; los Aguilar, en Santander; la baronesa Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca, Nariño, Huila, etc.?
Sí, sin ninguna duda. De hecho, uno puede hacer el ejercicio de mirar los congresistas de, por ejemplo, la casa Char y se dará cuenta de que todos votaron a favor de la derogatoria. Sucedió lo mismo con otros clanes políticos menos conocidos que la casa Char, que han logrado una cooptación casi total del poder público en las regiones y que van a hacer valer ese poder en la esfera nacional.
El propósito de modificar la Ley de Garantías no se presenta por primera vez: cuando se tramitaba la Ley de Reforma Electoral, el año pasado, también se incluyó ese tema. ¿Cómo se logró evitar ese primer intento y quiénes estuvieron tras este?
El proyecto de Código Electoral que se debatió en 2020 pretendía derogar algunos artículos de la Ley de Garantías. Ante el despropósito que significaba modificar las reglas electorales de cara a las elecciones, radiqué una proposición que pretendía eliminar tal derogatoria. En aquel momento el cambio de las reglas electorales fue promovido por los mismos actores de hoy, y su inclusión en el proyecto del Código Electoral contaba, desde luego, con el aval del registrador nacional, Alexánder Vega. Por cuenta del debate tan intenso que suscitó este asunto, al que se sumaron los partidos y congresistas de oposición y, en particular, el senador Gustavo Petro, se conformó una subcomisión para estudiar esta disposición, que concluyó que la eliminación del “orangután” era necesaria. Esto fue posible gracias a que, en esa ocasión, el trámite se dio a través de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, que se han caracterizado por sus análisis juiciosos de los proyectos. Porque lo sabían, el Gobierno y sus bancadas evadieron, esta vez, el trámite reglamentario que debió hacerse en esas comisiones, en donde este “mico” no habría tenido chance de sobrevivir.
¿Por eso escogieron la Ley de Presupuesto que siempre se discute en las Comisiones Terceras, para esconder la propuesta de modificar la Ley de Garantías que, obviamente, no tiene unidad de materia con la de Presupuesto?
Así es. Llevaron esta discusión a las Comisiones Terceras, porque la misma propuesta se había hundido, antes, en las Primeras.
Al camuflarla bajo la Ley de Presupuesto, ¿tendieron una trampa en que participó la mayoría del Congreso? O, ¿cómo más se puede llamar esa maniobra?
Al respecto concuerdo con mi compañero de Cámara, el representante Germán Navas Talero, quien aduce qué fue lo que se hizo y cómo se hizo, puede configurar un prevaricato, puesto que es evidente que los congresistas sabían que estaban aprobando una ley de manera irregular. Lamentablemente, estas mal llamadas “jugaditas” o “micos” no son otra cosa que trampas a la democracia y al orden constitucional que hoy son costumbre en el Congreso. Solo por poner un ejemplo, la semana pasada tuvimos que oponernos al acto legislativo de reforma a la justicia, que también estaba plagado de “micos” y que implicaban una ruptura del orden constitucional.
¿Es cierto que varios parlamentarios presentarán demandas o denuncias como se ha anunciado?
Durante el debate en la plenaria de la Cámara algunos colegas, entre estos Navas Talero y Juanita Goebertus, manifestaron que demandarían la inconstitucionalidad de la norma y advirtieron que quienes aprobaran ese artículo, a sabiendas de lo que hacían, podían incurrir en causal de pérdida de investidura por el conflicto de interés que existe y señalaron que, además, presentarían una denuncia penal por prevaricato. Personalmente manifesté que adhería a dichas acciones. Será fundamental observar el trámite que el presidente del Senado le dé a la derogatoria de la Ley de Garantías, pues debe enviar ese texto a la Corte Constitucional para control previo. No hacerlo configuraría un vicio adicional.
Con todas las maniobras de esta semana, se deduce que Congreso y Gobierno saben que la Corte Constitucional podría tumbar ese artículo y, por eso, actuaron como lo hicieron. Tampoco parece importarles lo que sentencie la Corte, porque para cuando ella se pronuncie ya habrán pasado las elecciones...
Tiene razón: quienes aprobaron el “mico” conocen la flagrante inconstitucionalidad del artículo, pero esperan sacar provecho de la medida mientras la Corte se pronuncia, pues mientras eso ocurre ya se habrán gastado los recursos que protegía la Ley de Garantías. Eso es absolutamente cínico y siniestro. Sin embargo, esa estrategia no es nueva. Así también lo hicieron antes con proyectos como el de cadena perpetua. Incluyeron este “mico” en una ley ordinaria para hacerle el mismo quite al control previo de la Constitucional. Si el presidente del Senado no le envía el texto al alto tribunal, se deberá presentar una demanda ciudadana para que este realice el estudio.
En conclusión, ¿cree usted que debemos esperar unas elecciones sucias, exentas de transparencia democrática?
Creo que estas elecciones tendrán muchos vicios, porque la clase política se siente más amenazada que nunca y va a usar todos los mecanismos que encuentre a su alcance para mantener el poder y el statu quo.
“Pierde el país, ganan los poderes políticos tradicionales”
¿Quiénes son los perjudicados de la suspensión de la parte de la Ley de Garantías que impedía entregar contratos públicos en época de elecciones para no viciar los votos con dinero?
Sin lugar a dudas, perjudica al país en su conjunto: lesiona nuestra democracia toda vez que con la aprobación de este “mico” cambiaron las reglas del juego con el escenario electoral sobre la marcha y lo hicieron en beneficio de unos cuantos que quieren aferrarse, a como dé lugar, al poder porque saben que su gestión será castigada en las urnas en el 2022. Así las cosas, los primeros perjudicados serán las fuerzas minoritarias de las regiones y las ciudadanías libres que aspiran a producir cambios pues, ahora, tendrán que competir en condiciones más desiguales contra la vieja clase política que se fortalece con esta aprobación. También perjudica a las instituciones, empezando por el propio Congreso, puesto que le resta todavía mayor legitimidad y disminuye, aún más, la confianza de la sociedad; además, amenaza los recursos públicos. En definitiva los únicos que no pierden y que, en cambio, “ganan”, son los poderes locales y el Gobierno los cuales, por su alto nivel de desprestigio y desaprobación, no han tenido inconveniente en romper las garantías democráticas.
“El Congreso se pasó la Constitución por la faja”
La Ley de Presupuesto es ordinaria y la Ley de Garantías, estatutaria, es decir, de mayor rango; y esta no puede modificarse o eliminarse dentro de una de menor categoría ¿Podría significar que esta aprobación es inválida y sobre todo, inconstitucional?
Usted lo ha dicho: se trata de una medida abiertamente inconstitucional. El Congreso se pasó la Carta Política por la faja. Primero, son asuntos que no tienen nada qué ver con los proyectos que los contienen (Ley de Presupuesto y Ley de Garantías) por lo que el artículo que se aprobó es un “mico” que rompe la unidad de materia que deben tener los proyectos de ley. Además, la Constitución dispone cómo deben tratarse las leyes estatutarias, como la de Garantías Electorales, que tienen un trámite especial que inicia, sin excepción alguna, en las Comisiones Primeras. Lo mismo sucede con los proyectos que pretendan modificarlas o derogarlas. En este caso, se modificó una disposición estatutaria en el proceso legislativo de una ley ordinaria, lo cual deviene en un evidente vicio de inconstitucionalidad y se tramitó en las Comisiones Terceras. Pero, además, la modificación aprobada quiebra el principio democrático axial de nuestra Constitución pues modifica las reglas cuando estamos a las puertas de las elecciones.
