La teoría de algunos congresistas para explicar por qué el Estatuto de la Oposición ha tenido más “peros” que los que tuvo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es sencilla: no todos los legisladores entendían el sistema de justicia transicional y, por eso, pese al debate que suscitó la columna vertebral del Acuerdo de Paz, logró ser aprobada sin mayores tropiezos. Al menos no surgidos en el interior del Capitolio.
Y es que el ingrediente adicional de este proyecto -que pasará a último debate mañana, en el Senado- es que cada detalle de los derechos que tienen quienes participan en el escenario político sí que lo conocen muy bien tanto senadores como representantes. En pocas palabras, están jugando en su propio terreno.
Eso explica por qué la semana pasada el Partido de la U, en el que milita el presidente Juan Manuel Santos, prefirió no acompañar otro de los ejes fundamentales para implementar los acuerdos de La Habana, al salirse del recinto y disolver el quórum para evitar su aprobación. “Teníamos que estudiar esto a profundidad y no a las carreras”, dijo un miembro de esa colectividad, al rechazar, al menos, una decena de los 31 artículos del Estatuto de la Oposición. Entre ellos, la obligación que tendrán las colectividades, eventualmente, para declararse de manera formal en oposición al Gobierno de turno, y así acceder a los derechos que tendrían esos partidos por estar del otro lado de la orilla.
“En la dinámica política cualquier cosa puede pasar y, así como están las cosas, tendría uno que ‘mamarse’ los cuatro años al lado del presidente que se posesione. Eso es absurdo”, señaló otra voz de la U a este diario. Por eso, las cosas en Senado esta semana prometen una discusión similar a la ocurrida en la Cámara de Representantes.
Al Gobierno seguramente le tocará, como ocurrió con la JEP, pararse en la puerta del recinto para evitar que sus congresistas se salgan, si se tiene en cuenta que sobre el Ejecutivo pesa otra discusión: las cuotas burocráticas. “Eso que ha ocurrido con la U también tiene que ver con presionar sobre algunos espacios que quiere el partido. Pero, digan lo que digan, sí voy a votar. No estoy en esos cuenticos”, advirtió otro legislador de esa colectividad.
Lo cierto es que, si bien el Estatuto de la Oposición es una deuda pendiente desde hace 26 años, el debate que terminará en el Congreso esta semana tiene una connotación histórica diferente: se trata de darles garantías no sólo a los partidos que no acompañan al Gobierno, sino además a los miembros de las Farc que, habiendo firmado un acuerdo de paz, buscan como resultado evidente un escenario para promover sus ideas con votos y ya no con armas.
Así que, por tratarse de un mandato derivado de lo pactado con esa guerrilla, el Gobierno les recordó tanto a la U como al resto de colectividades que esta y las demás reformas políticas “son susceptibles de ser tramitadas a través del fast track y eso debe quedar absolutamente claro”, dijo el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.
Por eso, lograr consensos en esta etapa del proceso será fundamental y el Gobierno tendrá que contrarrestar los conatos de protesta en contra de su gobernabilidad. La primera decisión es, entonces, que desde el próximo 17 de abril comenzarán las reuniones con los diferentes partidos para reunir propuestas y, ahí sí, tramitarlas en el Congreso con la garantía de que contarán con el apoyo de la llamada Unidad por la Paz.
Por Redacción Politíca
