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El Gobierno y el movimiento campesino de Guaviare, Caquetá y Meta alcanzaron seis compromisos y cuatro acuerdos logísticos para cesar con la violencia desatada en la inspección Los Pozos, ubicada en San Vicente del Caguán (Caquetá), que derivó en la muerte de dos campesinos y un policía, y la retención de 79 policías durante 31 horas.
El acuerdo fue suscrito por los ministros Alfonso Prada (Interior), Irene Vélez (Minas), Guillermo Reyes (Transporte), Susana Muhamad (Ambiente) y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quienes dialogaron con Raúl Ávila, Martha Luz Devia, Pedro Juan Suárez, Gabriel Gutiérrez, y Pablo Parrado, voceros de la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) para lograr un “ejercicio vivo de construcción de paz con la naturaleza y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos”, según lo describió el ministro Prada.
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El documento derivó en que Coscopaas se comprometió a concluir la movilización, las comunidades a retornar a sus lugares de origen en un plazo no mayor a 24 horas, y la instalación de una comisión mixta de Derechos Humanos. La comisión de Derechos Humanos será presidida por la Defensoría del Pueblo y tendrá una composición mixta entre el Gobierno, a través de los ministerios de Justicia, Interior, Defensa, y representantes de las organizaciones sociales.
La comisión será acompañada por la Misión de la ONU en Colombia y su objetivo será analizar posibles excesos durante las movilizaciones en Los Pozos, especialmente la del pasado 2 de marzo. Además, de eso, las partes acordaron que el diálogo con la Empresa Emerald Energy, contra la que protestan los campesinos, lo hará directamente el Gobierno a través de una mesa técnica compuesta por el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El cumplimiento y ejecución del contrato de concesión, la compensación ambiental y social del proyecto de la petrolera serán algunos temas de la mesa.
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En ese mismo punto del acuerdo se habló de iniciar la pavimentación por fases de la vía San Vicente Del Caguán - Los Pozos - Delicias, en cuya primera etapa se deberán finalizarlos primeros 10 kilómetros antes de septiembre. Se espera que en el mismo lapso concluyan los estudios y diseños de los otros 32 kilómetros y la revisión para rehabilitar la vía Florencia - San Vicente del Caguán. Un inventario de la malla vial de Meta, Guaviare y Caquetá; revisar la factibilidad jurídica para cancelar el contrato de explotación de hidrocarburos de la petrolera Emerald Energy, son otros pormenores de ese punto.
El ministro Prada, portavoz de la Casa de Nariño, señaló sobre este punto que el Gobierno “revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy, y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.
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El tercer componente del acuerdo fue integrar, en uno solo, cinco pactos firmados en 2022 sobre sustitución de cultivos, para el que será necesaria la creación de otra comisión entre Gobierno y comunidades. Además de eso, se comprometieron a convocar asambleas populares para impulsar la implementación de lo pactado. Por otro lado, el Gobierno se comprometió a reconocer a Coscopaas como el interlocutor válido que representa a las organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare, sin que eso implique un cambio o el fin de las relaciones con otras organizaciones de los departamentos.
Otro de los puntos del convenio tiene que ver con el Plan Artemisa, que era impulsado por el gobierno Duque, y que según la constancia que quedó dejará de ser implementado por los cambios que implementó el gobierno Petro en materia de defensa, seguridad y medio ambiente. Por ahora el Ministerio de Defensa, según el documento, está verificando las políticas que considere contrarias a los nuevos lineamientos estratégicos que espera implementar.
En ese mismo apartado se habló sobre reconversión productiva y detención de la deforestación, para el que se le pedirá a la Fiscalía su apoyo en la investigación de los autores intelectuales y materiales de las grandes operaciones de deforestación en la Amazonía. Todo esto con el fin de llegar a un pacto social para frenar la deforestación en la Amazonía, que se mencionó en otro de los puntos de acuerdo.
Entre los compromisos quedó que a final de este mes la Oficina del Alto Comisionado de Paz revisará los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los proyectos alrededor de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), en coordinación con las comunidades. Por su parte, los Ministerios de Minas y Transporte formularán proyectos que correspondan a sus sectores.
Los otros cuatro puntos de lo que acordaron están relacionados con temas logísticos, como reuniones trimestrales para hacer seguimiento y cumplimiento para evaluar el avance de los compromisos, la financiación para el desarrollo de esas reuniones, y la composición de la Secretaría Técnica y los casos y condiciones en que deberá sesionar.
