El dilema del cese al fuego

Desescalar el conflicto, reducir la violencia y conseguir actos y hechos de confianza que faciliten acuerdos definitivos es lo que pide la sociedad civil después de que las Farc reconocieran la retención del brigadier general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, en el Chocó. Sólo que para el grupo guerrillero esa reducción de la violencia pasa necesariamente por un cese bilateral del fuego, mientras que para el gobierno del presidente Santos una tregua prolongaría el conflicto en forma indefinida, además de que está demostrado históricamente que las Farc “aprovechan muy bien esos respiros para fortalecerse militarmente”.

“El proceso de paz, cuyos avances han activado la esperanza de la reconciliación, no puede arriesgarse con determinaciones impulsivas. Para asombro del mundo, esta decisión la tomó un Gobierno que ha negado, tozudamente, la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio que ayude a desescalar el conflicto. La posición de dialogar bajo el fuego cada día arrastra mayor insensatez”, manifestó en un comienzo el jefe guerrillero alias Rubín Morro, al leer un comunicado desde La Habana, sede de los diálogos con el Gobierno, en el que el grupo guerrillero dijo haber recibido con “sorpresa” la determinación del presidente Santos de suspender las negociaciones por el secuestro del alto oficial.

Posteriormente, en otro comunicado, el bloque Iván Ríos confirmó que tenía en su poder al general Alzate y a sus acompañantes, y dijo estar subordinado “a las decisiones que adopten las instancias superiores”. En este sentido, también desde Cuba, otro de los jefes negociadores de la guerrilla, Pablo Catatumbo, ofreció “generar los mecanismos de solución de este problema”, al tiempo que volvió a tocar el tema del cese al fuego: “Este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos (...), un cese bilateral al fuego generaría un ambiente más tranquilo, nos evitaríamos este y otros incidentes que se puedan presentar en el transcurso de la guerra”.

Lo cierto es que para las Farc, si bien la retención de Alzate es un “acontecimiento extraordinario”, pues “por primera vez un general del Ejército es capturado”, los diálogos deben continuar. “Esperando que cesen las incoherencias del Gobierno, que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar la mesa, seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones, atendiendo a lo convenido en el Acuerdo General de La Habana, donde se establece que las conversaciones serán directas e ininterrumpidas. Queremos que este impasse sea resuelto lo más pronto posible, para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final”, refirió el grupo insurgente.

Así las cosas, la pregunta es: ¿llegó la hora de considerar la posibilidad de un cese al fuego bilateral para desescalar el conflicto y ganar confianza en el proceso? En el Congreso esa es una opción que parece no tener respaldo político. “Sería un error fatal ahora. Si a la derecha le da por disparar contra otro miembro de la derecha para echar culpas, hasta ahí llega el proceso (...) la tregua debe ser el último paso cuando estemos muy cerca de lograr la paz. Todos los conflictos se han dialogado estando bajo el fuego. Pero incluso creo que con la liberación del general el proceso se va a fortalecer”, indicó el senador Armando Benedetti, de la U.
Para Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, las Farc no han tenido ningún triunfo militar y está claro que el secuestro del general fue un descuido. “Más allá de una tregua, es necesario que el Gobierno y el país les exijan a las Farc dejar de secuestrar, dejar de cometer atentados en los que se ve involucrada la sociedad civil, que las palabras de paz que expresan en La Habana se consolide en Colombia. El Estado tiene que seguir defendiendo los intereses legítimos de sus ciudadanos, en ese contexto y teniendo claro que las Farc no son el único grupo armado en el país, es imposible pensar en una tregua”, enfatizó.

Para otros, como el senador Mauricio Lizcano, también de la U, un cese bilateral del fuego podría significar volver a Colombia un Caguán, quitándole las facultades a la Fuerza Pública para perseguir a las Farc: “¿Quién va a controlar el funcionamiento de esa tregua? Con cese al fuego el proceso no dura una semana por los incumplimientos. En Colombia es muy difícil identificar quién comete un acto armado, y tomar la decisión de hacer una tregua se convierte en un acto irresponsable. Hay que hacerles entender a las Farc que se debe desescalonar el conflicto”, dijo.

Pero también hay posturas como la del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que cree que negociar en medio de las hostilidades y la confrontación bélica “debilita” la confianza de las partes en el proceso. “Por ello, urge una tregua bilateral y un cese al fuego que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes”, manifestó en un comunicado. A su vez, las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes les pidieron al Gobierno y a las Farc la “pronta reanudación de las conversaciones en La Habana”. Y el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, le pidió un gesto de paz a las Farc y liberar a todos los secuestrados.

Por ahora la postura del Gobierno sigue inamovible y, como dijo Santos, “el compromiso de las Farc está puesto a prueba, de su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación”. Y esa decisión es la liberación inmediata del general Alzate, el cabo Contreras y la abogada Urrego, sin la cual no habrá viaje de los negociadores del Gobierno para reanudar las conversaciones. Trascendió que los protocolos de liberación habrían sido activados, aunque el ministro del Interior, Juan F. Cristo, pudió prudencia a fuentes y medios de comunicación a la hora de informar sobre tan sensible tema. Mientras tanto, según conoció El Espectador, delegados de los países garantes —Cuba y Noruega— trabajan para hallar salida a una crisis que llega cuando hoy se cumplen dos años de haberse sentado a dialogar.

Desescalar el conflicto, reducir la violencia y conseguir actos y hechos de confianza que faciliten acuerdos definitivos es lo que pide la sociedad civil después de que las Farc reconocieran la retención del brigadier general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, en el Chocó. Sólo que para el grupo guerrillero esa reducción de la violencia pasa necesariamente por un cese bilateral del fuego, mientras que para el gobierno del presidente Santos una tregua prolongaría el conflicto en forma indefinida, además de que está demostrado históricamente que las Farc “aprovechan muy bien esos respiros para fortalecerse militarmente”.

“El proceso de paz, cuyos avances han activado la esperanza de la reconciliación, no puede arriesgarse con determinaciones impulsivas. Para asombro del mundo, esta decisión la tomó un Gobierno que ha negado, tozudamente, la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio que ayude a desescalar el conflicto. La posición de dialogar bajo el fuego cada día arrastra mayor insensatez”, manifestó en un comienzo el jefe guerrillero alias Rubín Morro, al leer un comunicado desde La Habana, sede de los diálogos con el Gobierno, en el que el grupo guerrillero dijo haber recibido con “sorpresa” la determinación del presidente Santos de suspender las negociaciones por el secuestro del alto oficial.

Posteriormente, en otro comunicado, el bloque Iván Ríos confirmó que tenía en su poder al general Alzate y a sus acompañantes, y dijo estar subordinado “a las decisiones que adopten las instancias superiores”. En este sentido, también desde Cuba, otro de los jefes negociadores de la guerrilla, Pablo Catatumbo, ofreció “generar los mecanismos de solución de este problema”, al tiempo que volvió a tocar el tema del cese al fuego: “Este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos (...), un cese bilateral al fuego generaría un ambiente más tranquilo, nos evitaríamos este y otros incidentes que se puedan presentar en el transcurso de la guerra”.

Lo cierto es que para las Farc, si bien la retención de Alzate es un “acontecimiento extraordinario”, pues “por primera vez un general del Ejército es capturado”, los diálogos deben continuar. “Esperando que cesen las incoherencias del Gobierno, que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar la mesa, seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones, atendiendo a lo convenido en el Acuerdo General de La Habana, donde se establece que las conversaciones serán directas e ininterrumpidas. Queremos que este impasse sea resuelto lo más pronto posible, para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final”, refirió el grupo insurgente.

Así las cosas, la pregunta es: ¿llegó la hora de considerar la posibilidad de un cese al fuego bilateral para desescalar el conflicto y ganar confianza en el proceso? En el Congreso esa es una opción que parece no tener respaldo político. “Sería un error fatal ahora. Si a la derecha le da por disparar contra otro miembro de la derecha para echar culpas, hasta ahí llega el proceso (...) la tregua debe ser el último paso cuando estemos muy cerca de lograr la paz. Todos los conflictos se han dialogado estando bajo el fuego. Pero incluso creo que con la liberación del general el proceso se va a fortalecer”, indicó el senador Armando Benedetti, de la U.
Para Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, las Farc no han tenido ningún triunfo militar y está claro que el secuestro del general fue un descuido. “Más allá de una tregua, es necesario que el Gobierno y el país les exijan a las Farc dejar de secuestrar, dejar de cometer atentados en los que se ve involucrada la sociedad civil, que las palabras de paz que expresan en La Habana se consolide en Colombia. El Estado tiene que seguir defendiendo los intereses legítimos de sus ciudadanos, en ese contexto y teniendo claro que las Farc no son el único grupo armado en el país, es imposible pensar en una tregua”, enfatizó.

Para otros, como el senador Mauricio Lizcano, también de la U, un cese bilateral del fuego podría significar volver a Colombia un Caguán, quitándole las facultades a la Fuerza Pública para perseguir a las Farc: “¿Quién va a controlar el funcionamiento de esa tregua? Con cese al fuego el proceso no dura una semana por los incumplimientos. En Colombia es muy difícil identificar quién comete un acto armado, y tomar la decisión de hacer una tregua se convierte en un acto irresponsable. Hay que hacerles entender a las Farc que se debe desescalonar el conflicto”, dijo.

Pero también hay posturas como la del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que cree que negociar en medio de las hostilidades y la confrontación bélica “debilita” la confianza de las partes en el proceso. “Por ello, urge una tregua bilateral y un cese al fuego que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes”, manifestó en un comunicado. A su vez, las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes les pidieron al Gobierno y a las Farc la “pronta reanudación de las conversaciones en La Habana”. Y el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, le pidió un gesto de paz a las Farc y liberar a todos los secuestrados.

Por ahora la postura del Gobierno sigue inamovible y, como dijo Santos, “el compromiso de las Farc está puesto a prueba, de su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación”. Y esa decisión es la liberación inmediata del general Alzate, el cabo Contreras y la abogada Urrego, sin la cual no habrá viaje de los negociadores del Gobierno para reanudar las conversaciones. Trascendió que los protocolos de liberación habrían sido activados, aunque el ministro del Interior, Juan F. Cristo, pudió prudencia a fuentes y medios de comunicación a la hora de informar sobre tan sensible tema. Mientras tanto, según conoció El Espectador, delegados de los países garantes —Cuba y Noruega— trabajan para hallar salida a una crisis que llega cuando hoy se cumplen dos años de haberse sentado a dialogar.