El dolor de cabeza del Gobierno

No hay avances en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares y, por el contrario, las estadÌsticas han aumentado; Ongs de derechos humanos han documentado en los ?ltimos cinco aÒos 955 homicidios en los que estarÌan involucrados agentes del Estado; La OEA tiene evidencia de por lo menos 150 incidentes m·s en los cuales campesinos fueron presentados despuÈs como insurgentes muertos en combate. 

Esta es la conclusiÛn de una carta que circula actualmente en el seno de los congresistas demÛcratas de Estados Unidos y que ser· enviada en los prÛximos dÌas a la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice. La misiva, firmada por los senadores Christopher Dodd y Rusell Feingold, busca recoger firmas entre los parlamentarios con el fin de que se bloquee la ayuda militar a Colombia hasta tanto no se adelanten investigaciones rigurosas para establecer si la Fuerza P?blica ha cohonestado o no con organizaciones ilegales.

ìUrgimos a que cualquier certificaciÛn o ayuda a las fuerzas militares estÈ sujeta al respeto de los derechos humanos, apropiadas a las legislaciones internacionales en materia de guerra hasta que se lleve a avances sustanciales en las investigaciones donde no se han dado avancesî, dice un aparte de la carta. La misiva cita un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia: ìEl derecho a la vida est· siendo afectado por los persistentes asesinatos con caracterÌsticas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de los actores armados, especialmente del EjÈrcitoî. 

Seg?n los congresistas Dodd y Feingold, tres elementos en com?n tienen todos los casos reportados como ejecuciones extrajudiciales: civiles muertos durante combates, alteraciÛn de la escena del crimen por parte del perpetrador y que la investigaciÛn es realizada por los mismos jueces del sistema penal militar, cuando, dicen, los procesos deberÌan ser asumidos por la FiscalÌa. Y citan una estadÌstica feroz: ìNosotros sÛlo nos hemos enterado de dos casos de estos (agentes de las Fuerzas Militares involucrados en asesinatos extrajudiciales) que han terminado en condenasî. 

En octubre del aÒo pasado una misiÛn de expertos internacionales se entrevistÛ con miembros de las familias de 130 vÌctimas de ejecuciones y su conclusiÛn es que muchas de esas personas fueron detenidas ilegalmente en sus casas o lugares de trabajo y llevados a otro lugar donde fueron ultimados. Y, como si fuera poco, fueron reportados como guerrilleros caÌdos en combate. ìLa mayorÌa de esos casos est·n en la impunidadî, dice la carta. 

Por eso instaron al Congreso norteamericano a fijar reglas al Gobierno colombiano para garantizar la ayuda militar. En concreto solicitaron que todas estas investigaciones sean adelantadas por la FiscalÌa, que el Ejecutivo ìdebe abstenerse de dar declaraciones que ponen en peligro a los grupos de derechos humanos que documentan estos casosî, y que sean suspendidos los militares que resulten procesados.