El duro pulso en el escenario internacional

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, reunidos en China. / Gobierno de Venezuela

El pulso diplomático entre los gobiernos de Colombia y Venezuela a raíz de la crisis fronteriza tras la expulsión y deportación de cientos de colombianos del vecino país, ya comenzó a librarse y con intensidad. Y la reunión de Nicolás Maduro con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon —conocida ayer y que se habría llevado a cabo en China— bien puede leerse como un paso adelante del mandatario venezolano en esa intención develada por el presidente Juan Manuel Santos de acudir a los organismos internacionales para denunciar los abusos.

Un encuentro en el que, según informó el mismo Maduro, aprovechó para pedir lo que considera es el éxodo humanitario masivo de gente desde Colombia hacia Venezuela. “Un país modesto, con 27 millones de habitantes, cómo puede recibir, por ejemplo, en el año 2012 a 188.000 colombianos. En 2013 unos 160.000, el año pasado a 144.000 y este año, en los primeros ocho meses, han pasado 140.000 colombianos. ¿Qué país aguanta esto?”, manifestó. Y por lo visto, le sirvió además para reforzar sus argumentos en el sentido de que los problemas de desabastecimiento de alimentos e inseguridad se deben al contrabando y al paramilitarismo que exportan esos colombianos.

De paso, Venezuela le pidió a Naciones Unidas la conformación de una comisión suramericana para abordar la difícil situación en la frontera. No se conoce, por ahora, la respuesta de Ban Ki-moon ante dicha solicitud, pero lo claro es que la disposición de la canciller María Ángela Holguín sigue siendo reunirse igualmente con el secretario de las Naciones Unidas el próximo miércoles para exponerle la crisis humanitaria que enfrenta Colombia por la deportación y el regreso masivo de colombianos desde Venezuela, ya no solo hacia Cúcuta, sino hacia otras regiones del país. En la Casa de Nariño están convencidos de que las violaciones a los derechos humanos están a la vista y que eso es algo que Maduro tendrá que explicar tarde o temprano.

De hecho, la presencia de algunos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia el miércoles pasado en Cúcuta, donde observaron el consejo de ministros realizado por Santos y visitaron algunos de los albergues acondicionados para atender a los deportados, es otro factor que el Gobierno busca capitalizar a su favor. “No es admisible que en el siglo XXI, en América Latina tengamos que vivir experiencias de este tipo”, dijo, por ejemplo, el embajador de Chile, Ricardo Navarrete, quien pidió resolver la crisis por los caminos de la diplomacia, del diálogo y del sentido común.

Y aunque por ahora no hay humo blanco sobre un posible encuentro Santos-Maduro, todo indica que las cosas van para allá. Versiones de prensa internacionales cuentan que el mandatario venezolano le habría mandado un mensaje a su homólogo colombiano con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, diciéndole que está dispuesto a reunirse con él en un país neutral o donde ambos lo acuerden. Fuentes cercanas al Gobierno colombiano no confirmaron si la conversación telefónica entre Varela y Santos se habría concretado.

Lo claro es que Colombia seguirá adelante con su anunciada ofensiva diplomática ante diferentes organismos multilaterales, sin descartar ese posible cara a cara. Ya el presidente Juan Manuel Santos declaró ayer que está abierto a dicho encuentro, siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que se abra un corredor humanitario para que 2.067 niños puedan volver a sus escuelas en Colombia, que Venezuela permita la libre circulación de 18 camiones con enseres de colombianos que no han podido salir de su territorio y que Nicolás Maduro respete la ley y los protocolos de migración para que las deportaciones se realicen sin atropellos.

La otra arista tiene que ver con la ofensiva judicial, también a nivel internacional, que ya corre por cuenta del fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez. El primero dijo estar consolidando las pruebas y recaudando elementos probatorios en la frontera, al igual que recogiendo los informes de derecho internacional que se han emitido, para denunciar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI). El segundo, ya radicó una demanda ante ese mismo tribunal, directamente en contra de Maduro.

De lo que no se habla, al menos por el momento, es de los eventuales efectos que en el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana (Cuba) —del que Venezuela es garante— puedan tener las posturas que hoy se exhiben desde Bogotá y Caracas. En Colombia, las voces que piden relevar al gobierno de Nicolás Maduro de esa posición crecen día a día, no solo en los partidos de oposición, sino también en los que hacen parte de la llamada Unidad Nacional.

La guerrilla —en un comunicado de finales de agosto— aseguró que lo más conveniente es buscar, “mediante el diálogo constructivo y sincero”, la normalización de la situación. Para nadie es un secreto que la frontera colombo-venezolana ha sido y sigue siendo zona de presencia no solo de las Farc, sino también del Eln y las bandas criminales. Un asunto que más temprano que tarde tendrá que ser abordado por los dos gobiernos, más aún si se consolida el proceso de paz de La Habana.