El Estado debe asumir gastos funerarios de las víctimas
Así quedó consignado en una circular que la Unidad de Víctimas envió a las entidades territoriales que les exige brindar asistencia inmediata a las víctimas del conflicto armado.
Redacción Política
La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, envió una circular a distritos, departamentos, y municipios para garantizar que esas entidades territoriales le brinden asistencia funeraria a las víctimas del conflicto sin la necesidad de que éstas sean acreditadas por la entidad que ella dirige.
Según la circular, se entenderá como víctima a los familiares en primer o segundo grado de consanguineidad de las personas que hayan muerto en infracciones al Derecho Internacional Humanitario o que constituyan una flagrante violación de los derechos humanos.
Aunque las entidades territoriales no son competentes para establecer si la muerte violenta ocurrió en hechos relacionados con el conflicto, la circular 00011 de 2014 pretende que las entidades territoriales al conocer a través de las víctimas “las circunstancias en que se produjeron los hechos” entreguen la ayuda de manera inmediata.
Específicamente, la comunicación de la Unidad de Víctimas sostiene que “de ningún modo” la verificación de la condición de víctima significará una demora en la entrega de ayudas.
El documento, conocido por El Espectador, va más allá y dice que “con relación a los procesos judiciales de entrega de cuerpos o restos de víctimas de desaparición forzada por la Fiscalía General, la Unidad tiene la competencia para brindar asistencia para los gastos” de desplazamientos de los familiares.
Según la Unidad, las entidades territoriales también quedarán obligadas a entregar a los Comités de Justicia Transicional un informe mensual de ayudas funerarias. Deberán detallar la aplicación de los protocolos dictados por la Unidad, las debilidades y dificultades de dichos lineamientos y el detalles de las personas/familias atendidas.
Sin embargo, no todas las personas que se consideren víctimas tendrán acceso a esta asistencia. La circular establece unos parámetros para determinar el grado de vulnerabilidad y de necesidad económica de los solicitantes.
Además de brindar una asistencia tan pronto ocurre la victimización, con estos lineamientos el Estado también tendrá información detallada y oportuna sobre la cantidad de víctimas que genera el conflicto día tras día.
La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, envió una circular a distritos, departamentos, y municipios para garantizar que esas entidades territoriales le brinden asistencia funeraria a las víctimas del conflicto sin la necesidad de que éstas sean acreditadas por la entidad que ella dirige.
Según la circular, se entenderá como víctima a los familiares en primer o segundo grado de consanguineidad de las personas que hayan muerto en infracciones al Derecho Internacional Humanitario o que constituyan una flagrante violación de los derechos humanos.
Aunque las entidades territoriales no son competentes para establecer si la muerte violenta ocurrió en hechos relacionados con el conflicto, la circular 00011 de 2014 pretende que las entidades territoriales al conocer a través de las víctimas “las circunstancias en que se produjeron los hechos” entreguen la ayuda de manera inmediata.
Específicamente, la comunicación de la Unidad de Víctimas sostiene que “de ningún modo” la verificación de la condición de víctima significará una demora en la entrega de ayudas.
El documento, conocido por El Espectador, va más allá y dice que “con relación a los procesos judiciales de entrega de cuerpos o restos de víctimas de desaparición forzada por la Fiscalía General, la Unidad tiene la competencia para brindar asistencia para los gastos” de desplazamientos de los familiares.
Según la Unidad, las entidades territoriales también quedarán obligadas a entregar a los Comités de Justicia Transicional un informe mensual de ayudas funerarias. Deberán detallar la aplicación de los protocolos dictados por la Unidad, las debilidades y dificultades de dichos lineamientos y el detalles de las personas/familias atendidas.
Sin embargo, no todas las personas que se consideren víctimas tendrán acceso a esta asistencia. La circular establece unos parámetros para determinar el grado de vulnerabilidad y de necesidad económica de los solicitantes.
Además de brindar una asistencia tan pronto ocurre la victimización, con estos lineamientos el Estado también tendrá información detallada y oportuna sobre la cantidad de víctimas que genera el conflicto día tras día.