En lo que va de 2020, más allá del coronavirus y la ñeñepolítica, uno de los temas recurrentes han sido las posibles extralimitaciones en el actuar de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Distintas publicaciones revelaron “chuzadas”, seguimientos y perfilamientos a periodistas, políticos de la oposición y hasta al exsecretario de la Presidencia y hoy embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman. Por la gravedad de las denuncias sacaron de las Fuerzas a los vinculados y llevaron el caso a la Fiscalía, a los entes de control y en el Congreso se han desarrollado debates de control político. No obstante, en medio de la agitación, un nombre que debería escucharse, y no ha sido así, es el de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia.
En el país los escándalos relacionados con inteligencia han sido constantes en los últimos 20 años, siendo uno de los más sonados las chuzadas del DAS de 2003. Por eso, en 2013, se promulgó la Ley Estatutaria 1621, más conocida como Ley Inteligencia y Contrainteligencia. Además de poner límites y controles a este tipo de labores, la legislación creó la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. La principal función de esta célula, que cuenta con cuatro senadores y cuatro representantes —dos de los miembros son de oposición—, son el control político y supervisión de los entes de inteligencia. Estos últimos tendrían que rendirle cuentas a la Comisión a través de informes y comparecencias físicas.
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Aunque ya lleva seis años de vida -se creó en 2014-, la Comisión es desconocida para varios e incluso hay gente en el Legislativo y el Ejecutivo que dicen no saber de su función. Otros reclaman que, a pesar de ser un tema de inteligencia del Ejército, la Comisión no se ha manifestado y la labor de control político ha recaído sobre las comisiones segundas de cada Cámara y la plenaria del Senado. Al cuestionar a varios de los miembros de esta célula ante la falta de acción, todos ellos responden que han estado trabajando, pero la pandemia y la virtualidad les ha impedido sesionar formalmente. Varias de las reuniones de la Comisión se han limitado a la informalidad.
Así lo confirma la representante de la Alianza Verde Neyla Ruiz: “Hasta ahora estamos tocando el tema de qué tan prudente es que podamos hacer un debate de control de esas características. Se manejan temas muy delicados, con información privilegiada. No ha sido fácil que se puedan agendar virtualmente”. Frente a este tema, la presidenta de la Comisión, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, le dijo a este diario: “Hay un problema, y es que las sesiones son de carácter reservado por la información que se maneja. No se han podido dar los debates de fondo, justamente porque no hemos podido garantizar la confidencialidad”.
Para solventar este problema frente a las plataformas digitales, la Comisión ha venido asesorándose con diferentes entes de inteligencia del país para encontrar la aplicación en la que puedan sesionar de forma oficial y tratar los temas de su competencia sin riesgos a filtraciones. Tras un trabajo de varias semanas, se escogió la plataforma de Cisco Webex, según reveló Holguín: “Entidades de inteligencia la usan. Nos reunimos con ellos en varias ocasiones para ver qué garantías de confidencialidad nos daban. Se están ajustando los acuerdos para hacer una prueba por tres meses, a ver si podemos garantizar la reserva”.
Además de la plataforma, se han venido creando con los diferentes organismos especializados los protocolos para garantizar, hasta donde más sea posible, la confidencialidad y así evitar posibles filtraciones de la información en entornos digitales. Según la misma Holguín, en los próximos días la Comisión estaría reanudando funciones. En esas sesiones, sus ocho miembros decidirían si convocar a un debate de control político frente a las denuncias de perfilamientos hechos por la revista Semana o si ya se ha abordado el tema con la suficiente profundidad en los múltiples debates citados por otras comisiones y la plenaria del Senado.
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Un problema desde la raíz
Aunque todo apunta a que se comenzará a sesionar desde la virtualidad, conocedores del trabajo de la Comisión señalan que no cambia el panorama, pues la acción en estos años de existencia frente a los escándalos de inteligencia en el país no ha sido de repercusión. Por ejemplo, Juan Manuel Galán, exsenador y uno de los autores de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, es muy crítico a la labor que ha ejercido el ente legislativo que él ayudó a crear: “La Comisión, al parecer, se ha reunido, pero realmente ha sido muy tímida, ha sido muy pobre, cuando establecimos en la ley que tuviera herramientas, dientes y mecanismos para poder denunciar cuando se viola el plan de inteligencia aprobado”.
Sobre la críticas, miembros de la Comisión, como el representante Carlos Ardila, de los liberales, señala que sí se ha trabajado, pero reconoce que hay un problemas en el funcionamiento, pues es “una comisión relativamente nueva”. En sus primeros años, los congresistas prácticamente no sesionaron ante la falta de una Secretaría y otros funcionarios administrativos. De 2014 a 2018, la célula tuvo una secretaria ad hoc, la misma de la Comisión Segunda del Senado. Solo hasta este periodo se pudo contratar estos cargos de forma propia. “Logramos tener secretaria después de varios años, porque había una discusión de quién pagaba su sueldo. Por tener una composición mixta, no estaba claro si Cámara o Senado daba los recursos”, señaló el representante Ardila.
Otro limitante frente a la labor de la Comisión es la falta de un lugar propio para sesionar, que cuente con todas las condiciones de seguridad y confidencialidad para el tipo de información que se maneja y el carácter de los citados. Desde sus inicios han tenido que compartir recinto con la Comisión Segunda del Senado. “A pesar de eso, hemos adelantado las sesiones y hemos adecuado el recinto, adelantando algunas sesiones de carácter reservado. Las mismas autoridades han sido las encargadas de hacer la adecuación”, Ardila, quien, además de ser miembro de la Comisión, hace las veces de vicepresidente.
A pesar de las dificultades, tanto la senadora Holguín como el representante Ardila defiende la labor de la Comisión y asegura que ha cumplido con las labores de control político -todos los citados han comparecido- y entregas de informes a Presidencia sobre el estado de la inteligencia. “En medio de tanto esfuerzo, hemos hecho una gran labor. El problema es que los colombianos muy probablemente no sabrán qué se ha hecho y hablado. Espero que nunca lo sepan, porque la información que se maneja aquí es inviolable”, recalcó la congresista. Esta visión no es compartida por todos los relacionados con esta célula. Por ejemplo, a principios de año, el senador liberal Jaime Durán renunció irrevocable a ella por desacuerdos con la labor hecha.
“No funciona, no tiene los elementos necesarios para desarrollar la actividad. Solo hasta hace poco se nombró secretario y no tenemos un sitio adecuado para hacer las sesiones”, aseguró Durán, quien agregó: “No hay presupuesto asignado por el Congreso para desarrollar la labor de debida forma. Se necesita dinero, porque una comisión de estas necesita asesoría profesional”. De igual manera, contó que, a pesar de que los funcionarios comparecen, “las explicaciones son generales” y “no puedo decir que realmente se haya podido hacer un control político efectivo”. Según él, esta situación se debe en gran parte a que “las Fuerzas Militares y los aparatos de inteligencia no tienen en su ADN que son susceptibles a control político. No han dado informes sobre lo que está pasando”.
Ese es un punto que comparte el exsenador Galán: “El funcionamiento de la Comisión ha sido difícil por la cultura de los organismos de inteligencia”. Sin embargo, este califica la labor como “tímida y un poco gris”: “No he visto en un pronunciamiento contundente para pedirles a la Fiscalía y a los órganos de control para que lleguen a decisiones concluyentes sobre los escándalos”, dijo Galán, quien incluso puso un manto de duda sobre la Mesa Directiva: “Preocupa que la presidenta sea miembro del Centro Democrático y me parece que eso demuestra un interés desde el Gobierno de que la Comisión no pueda actuar, trabajar y funcionar adecuadamente. Otra fuerza política debería asumir su liderazgo”.
Este año se cumplen seis años desde que la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia entró en funciones. Sobre su labor poco se conoce. Algunos señalan que es por su carácter reservado que no permite conocer el contenido de su trabajo, mientras que otros la critican y tildan su trabajo de ser insuficiente frente al control político de los órganos de inteligencia del país. Más allá de este debate, se necesita que su labor sea cierta y reconocible. Los escándalos por extralimitaciones (‘chuzadas’, seguimientos, perfilamientos, etc) se acumulan entre las notas de prensa y los anaqueles de la justicia, y no pareciera en el panorama que existía un ente que ponga en cintura a la fuerzas de inteligencia de este país.
