2 Jul 2017 - 2:00 a. m.

“El fiscal debe decir quién recomendó a ese caballero”: decana de derecho de los Andes

En medio de su prudencia, la decana de derecho de los Andes, Catalina Botero, afirma que el fiscal Martínez Neira enfrenta una grave situación institucional por el caso de corrupción -soborno a un procesado- que tumbó a su director nacional anticorrupción, Gustavo Moreno.

Cecilia Orozco Tascón

Catalina Botero, decana de derecho de la Universidad de los Andes.  /  El Espectador
Catalina Botero, decana de derecho de la Universidad de los Andes. / El Espectador
Foto: DIANA SANCHEZ

En medio de su prudencia, la decana de derecho de los Andes, Catalina Botero, afirma que el fiscal Martínez Neira enfrenta una grave situación institucional por el caso de corrupción -soborno a un procesado- que tumbó a su director nacional anticorrupción, Gustavo Moreno. Habla también sobre el clientelismo de las cortes y responde preguntas sobre los exmagistrados, presuntos “padrinos” del exdirectivo de la Fiscalía.

La corrupción en la justicia es mortal para su credibilidad. Esta semana se supo que el director “anticorrupción” de la Fiscalía será extraditado por intentar sobornar a un procesado. ¿Cómo puede colarse un individuo de esa condición en tan alto cargo? ¿Es un error humano o hay un sistema perverso de nombramientos por favoritismo?

Es un golpe muy duro para la Fiscalía. Errores humanos existen y es probable que, en este caso, una parte de la responsabilidad se deba a ese factor. Sin embargo, hay dos cosas que quedan al descubierto y una pregunta que debe ser respondida: queda en evidencia que la Fiscalía no tiene un sistema riguroso de filtros y controles para la selección del personal en cargos como el que usted menciona; segundo, que hay factores distintos al mérito que se toman en cuenta al momento de la selección y que esto merece una fuerte reflexión social. La pregunta que surge y que el fiscal general debería responder, es quién le recomendó a ese caballero. El impacto sobre la credibilidad de la justicia no es menor y estas explicaciones, en ese contexto, son imprescindibles.

Se han mencionado los nombres de los presuntos padrinos del exdirector anticorrupción Gustavo Moreno en la rama de los jueces. ¿Es un caso de clientelismo judicial? Si lo es, ¿qué diferencias encuentra entre este clientelismo y el político?

Prefiero hablar sobre evidencias. Por eso me parece tan importante que el fiscal señale el origen de ese nombramiento de forma tal que podamos identificar si se trata de un fenómeno de clientelismo judicial o político, o si fue una selección objetiva cuyo proceso hay que revisar. Si hay clientelismo en la justicia, es un fenómeno de igual gravedad al del clientelismo político. Los dos constituyen una carga de profundidad contra el funcionamiento de una genuina democracia, porque pervierten los procesos de elección que son fundamentales para que exista confianza en las instituciones y para que éstas cumplan la misión que tienen asignada.

Ya que pide evidencias, hay unos individuos de quienes se puede decir, porque hay sanciones judiciales en sus casos, que empañaron el nombre de la justicia: exmagistrados cuyas elecciones fueron anuladas así como lo fue el segundo período del anterior procurador general. ¿Las cortes y los altos funcionarios deben rendir cuentas públicas? Pregunto porque no parecen creerlo…

Sin la menor duda: los magistrados de las cortes deben rendirles cuentas a la academia, los medios y el país. Es su obligación como lo es la de todos los servidores públicos.

En su concepto, ¿la Rama Judicial está permeada por este mal de arriba abajo o se trata de casos puntuales que no comprometen el sistema?

No creo que uno pueda generalizar sobre la corrupción en la Rama Judicial, pero es importante reconocer que este sector está pasando por uno de los peores momentos de credibilidad en toda la historia. Es función de los magistrados y las magistradas de las altas cortes, así como de todos los demás funcionarios y empleados judiciales, rescatarla. Sin embargo, si uno compara, regionalmente, el funcionamiento de la justicia en Colombia se da cuenta de que hay avances institucionales de enorme importancia que han hecho que, aquí, la justicia pueda soportar embates que Venezuela o Ecuador, por ejemplo, no pudieron resistir. La independencia y la autonomía de la rama, la valentía con que los jueces toman decisiones que incluso pueden costarles su propia vida o su prestigio -porque, pese a ser justas son impopulares-, no es algo que podamos desconocer.

Las cortes -en particular la Suprema y el Consejo de Estado- han recibido duros cuestionamientos por su “clientelización” y “politización”. ¿Encuentra razonadas esas críticas?

No se puede generalizar. El Consejo de Estado ha proferido sentencias fundamentales que son ejemplo regional. La Corte Suprema ha sido un pilar fundamental contra fenómenos tan graves como la parapolítica. Sin embargo, es claro que existen algunos problemas asociados, fundamentalmente, con sus funciones electorales internas y externas, o a la falta de mayor control social sobre decisiones de enorme importancia. La academia tiene mucho que decir al respecto. Es nuestro deber tener sistemas de monitoreo públicos de la labor judicial que den lugar a amplios debates. Hacer vigilancia a las altas cortes es tal vez una de las tareas más importantes que debe tener la academia.

Algunos analistas han dicho, precisamente, que las funciones electorales que la Constitución del 91 asignó a las cortes las untó del barro de la politiquería. ¿Comparte esa apreciación?

Hay dos tipos de funciones electorales. Unas se relacionan con la nominación y elección de servidores judiciales, y otras, con la nominación o elección de funcionarios con labores distintas. En cuanto a la elaboración de las ternas para la Corte Constitucional o la elección de fiscal general, el modelo parecía bueno. Prefiero un fiscal elegido por la Corte Suprema que uno elegido sólo por el presidente, por ejemplo. No obstante, si la propia Fiscalía no se reforma y establece rigurosos procesos de selección de su personal, esto se presta a que se produzcan favores cruzados que hacen enorme daño. Las otras tareas electorales son perversas: en lugar de blindar la elección, las cortes se politizaron. Hay que suprimirlas. En todo caso, no es fácil pensar en el diseño constitucional para la elección de procurador o registrador, por ejemplo, porque eliminar esa función de las cortes implicaría trasladarlas a otro actor. Y la pregunta es en quién podríamos confiar esta tarea.

Los nombres de los candidatos que considera la Corte Suprema para una silla vacía en la Corte Constitucional, y que han tenido mayor número de votos en las salas de elección, tienen serios cuestionamientos pendientes: Martha Isabel Castañeda, Carlos Ardila Ballesteros y Wilson Ruiz. Reitero, la Corte Suprema no parece darles importancia a las críticas que se les han hecho a esos aspirantes y que son serias y evidentes…

Una revisión detallada de las hojas de vida de las personas que usted menciona deja serias dudas sobre quiénes aspiran a ser los máximos jueces constitucionales. No es exagerado decir que en manos de la Corte Suprema está buena parte de la legitimidad futura de la Corte Constitucional. Esperemos que sus magistrados estén a la altura de su responsabilidad histórica.

Algunos abogados prestigiosos se lamentan de que ya no existan los miembros de las cortes de la época anterior a la toma del Palacio de Justicia. ¿Es una comparación equivocada por cuanto en la sociedad del siglo XXI los jueces ocupan otro lugar?

Hoy la justicia está en el centro del devenir político. Si el siglo XIX fue el del Poder Ejecutivo y el siglo XX fue el del Poder Legislativo, el XXI está siendo el siglo del Poder Judicial: los jueces son quienes han podido frenar los ímpetus autoritarios de los nuevos populismos, pero eso sólo ha sido posible en aquellos Estados en los cuales se ha fortalecido la autonomía, independencia y probidad de la rama. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es un ejemplo reciente; y la falta de garantías en Venezuela ha llevado a ese país a una tragedia sin precedentes.

Cada vez que se ha intentado hacer una reforma al sistema judicial los primeros en oponerse son los magistrados de las altas cortes que interponen sus influencias y amistades para entrabarla. ¿Deben participar los togados en esas reformas, ser excluidos por conflicto de interés o participar con voz pero sin voto?

En una reforma estructural a la justicia deben participar todos los actores interesados y hacer un debate amplio con los jueces y juezas, los abogados, las organizaciones que defienden víctimas y encuentran gravísimos obstáculos de acceso, los centros de pensamiento y la academia. Es una tarea larga, pero es impostergable. La decisión la debe tomar el Congreso, y creo que las cortes, en particular, la Constitucional, deberían tener enorme prudencia y, sobre todo, una alta carga argumentativa al momento de hacer el respectivo control de constitucionalidad. Una cosa es que no les guste una reforma, y otra bien distinta es que esta sea inconstitucional.

Usted pudo probar en carne propia una elección por cuanto su nombre fue incluido en una terna. ¿Los candidatos son obligados, por el actual sistema de elección, a desarrollar “lobby” ante el Senado y los parlamentarios terminan cobrando su voto?

El sistema de elección compleja sirve para dar mayor legitimidad a los magistrados de la Corte. Una de las funciones de la Corte Constitucional es juzgar las leyes hechas por el Congreso, es decir, por las mayorías políticas. Su función es defender los derechos de las minorías que están subrepresentadas en el Congreso o que no fueron tenidas en cuenta. Es una tarea “contramayoritaria” difícil y por ello es importante que los congresistas participen en la elección. Pero hay aspectos para mejorar: la transparencia, la incorporación de procedimientos claros para intercambiar ideas, el incremento del escrutinio público y menos encuentros privados. Yo haría un cambio al menos en cuanto al Presidente de la República: cuando él tenga que presentar sus candidatos, no debería tener que hacerlo mediante ternas, sino con un solo aspirante que debería someterse al más alto escrutinio para recibir la ratificación del Senado. Eso ayudaría a que se asumiera la responsabilidad política de las nominaciones y evitaría el procedimiento que usted menciona.

Su mención a “los encuentros privados” es clave porque se sospecha que ahí se “cocinan” cosas. Por transparencia, ¿no deberían prohibirse?

Cada uno de los encuentros de los candidatos con los senadores debe ser transparente y para ello deberían regularse permitiendo, únicamente, las reuniones con las bancadas.

Sé de su nombre y de otros muy valiosos de juristas impecables que se niegan a pasar por ese filtro medio humillante de conseguir votos en el Senado. ¿Este sistema expulsa a los mejores y deja con opción a algunos que no son precisamente los más brillantes y rectos?

No creo que sea humillante, en realidad. El problema es que no es un sistema serio de escrutinio a quien va a ocupar una silla en la Corte Constitucional, sino un regateo de votos como si se tratara de otro tipo de elección. Por eso hay que adoptar correctivos internos que no requieren ni siquiera reforma legislativa, como prohibir el lobby individual y generar procesos estandarizados y rigurosos de entrevistas abiertas con las bancadas.

Cuando uno ve, sabe o siente la corrupción judicial, supone que alguna responsabilidad le cabe a la formación universitaria que han recibido los involucrados. Siendo usted decana de derecho, ¿considera justa esa cuota de culpabilidad?

Hay un componente de responsabilidad aunque no puede asignársele toda a la universidad. Tenemos el deber de implementar sistemas rigurosos de evaluación de ética profesional. Creo que en buena parte de las facultades de derecho existe una enorme preocupación en esta materia y estamos adoptando medidas. Pero hay aspectos que la academia no puede transformar y que requieren profundas reflexiones sobre lo que la sociedad premia o incentiva y sobre aquello que castiga o desestimula.

El rector de la Universidad Nacional se ha quejó de que el nombre del ese centro educativo fuera mencionado con relación a los presuntos responsables del atentado al Centro Andino. No tiene relación directa con las críticas a las cortes y a la Fiscalía pero algunos de los integrantes del presunto movimiento que perpetró el atentado, también recibieron diplomas de derecho. ¿Tiene razón el rector Mantilla?

Una de mis obsesiones desde que estoy en la universidad es la lucha contra la estigmatización. Tiene razón el rector. Y tenemos razón todas las otras universidades cuando reclamamos un espacio para poder discutir, con argumentos y sin prejuicios, estereotipos o estigmatizaciones, este tipo de situaciones. En Colombia todos tenemos derecho a hacerlo sin la carga del estigma.

Síguenos en Google Noticias