El fondo del Banco Mundial le sirve a las víctimas, pero falta dinero

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Banco Mundial firmaron un convenio mediante el cual el organismo multilateral, con fondos de Suecia, donará $9.400 millones para financiar proyectos de reparación colectiva para quienes han padecido la guerra. Pero, mientras la Unidad de Víctimas espera lograr que en el corto plazo más países se sumen a la causa de este fondo, la realidad es que las cifras para la aplicación de la Ley empiezan a ser revisadas y evidencian los problemas que enfrentará el Estado para cumplirles a los afectados por el conflicto.

Los recursos donados por los suecos, que serán ejecutados en los próximos tres años, están atados a dos pedidos del Banco Mundial que le permitirán al Gobierno proyectar la Ley de Víctimas como “un caso exitoso” a nivel global. Por un lado, Colombia intercambiará experiencias de reparación colectiva de víctimas con países de África, Asia y América que hayan padecido o atraviesen situaciones de conflicto. Y, por el otro, deberá ejecutar estos recursos a través de las entidades locales, en medio del proceso de descentralización que organismos como la OCDE han recomendado.

Estos $9.400 millones, aunque son pocos en comparación con los $55 billones que tiene el Estado para reparar a las víctimas hasta 2021 (hoy ha gastado cerca de $20 billones), estarán enfocados en procesos de reparación colectiva. Cerca de 300 comunidades, grupos poblacionales o los denominados “casos nacionales” —periodistas, sindicalistas, Unión Patriótica, etc.— serán los beneficiarios de los proyectos. Eso sí, se priorizarán aquellos que ya tengan un plan de reparación concertado entre el Gobierno y las comunidades.

Lo claro es que el convenio, que será ejecutado por la Unidad de Víctimas y que fue gestionado junto a la Agencia Presidencial para la Cooperación, no es una gran solución financiera. Quienes revisan la implementación de la Ley de Víctimas dicen que sus efectos prácticos son positivos, pues más de cuatro millones de colombianos hacen parte de experiencias de victimización colectiva, pero negativos en términos presupuestales. En definitiva, es un ‘paño de agua tibia’ a dilemas financieros que atraviesa la implementación de la política bandera de Santos.

Cuando fue sancionada la Ley de Víctimas, en 2011, el compromiso del Gobierno consistía, principalmente, en la atención y reparación de cerca de un millón de personas víctimas de hechos diferentes al desplazamiento. Sin embargo, después de varias sentencias judiciales, en 2014, el Gobierno, que hasta ese entonces solo reconocía el derecho a la vivienda de la población desplazada, expidió un decreto en el que definía que Colombia sería el primer país en el mundo en reparar integralmente a estas víctimas.

Así las cosas, el presupuesto para poder avanzar en la reparación, que inicialmente se pensó para un millón de víctimas, ahora debería cubrir un universo cercano a los siete millones de personas. Tanto la Unidad de Víctimas como Planeación Nacional saben que los recursos son insuficientes y por eso trabajan en una fórmula para aumentar la partida para la aplicación de la Ley. Mientras tanto, la Unidad hace ‘maromas’ para cumplir con sus metas de reparación.

Para 2015, la meta es llegar a 582.000 víctimas reparadas integralmente (hoy han sido reparadas 482.000, la gran mayoría por hechos diferentes al desplazamiento). De esas nuevas 100.000, según la Unidad de Víctimas, más de la mitad serán víctimas de desplazamiento. “La idea es avanzar tanto como se pueda con ellas mientras se define una nueva financiación”, le dijo a este diario una fuente del Gobierno.

Ya el contralor general, Edgardo Maya, dijo en una audiencia en la Corte Constitucional sobre la situación de la población desplazada, el pasado lunes, que las metas de la Ley están “rebasadas” y que “las proyecciones y expectativas establecidas en un comienzo deben ser reorientadas. Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011”.

Las cuentas todavía no dan, aunque todas las ayudas internacionales, como este fondo y el que se está formalizando con la Unión Europea para otros programas de un eventual posconflicto, sirven para echar a andar medidas de justicia transicional como la reparación de las víctimas, en un momento en el que las expectativas por la posibilidad de que Colombia avance hacia el posconflicto crecen.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Banco Mundial firmaron un convenio mediante el cual el organismo multilateral, con fondos de Suecia, donará $9.400 millones para financiar proyectos de reparación colectiva para quienes han padecido la guerra. Pero, mientras la Unidad de Víctimas espera lograr que en el corto plazo más países se sumen a la causa de este fondo, la realidad es que las cifras para la aplicación de la Ley empiezan a ser revisadas y evidencian los problemas que enfrentará el Estado para cumplirles a los afectados por el conflicto.

Los recursos donados por los suecos, que serán ejecutados en los próximos tres años, están atados a dos pedidos del Banco Mundial que le permitirán al Gobierno proyectar la Ley de Víctimas como “un caso exitoso” a nivel global. Por un lado, Colombia intercambiará experiencias de reparación colectiva de víctimas con países de África, Asia y América que hayan padecido o atraviesen situaciones de conflicto. Y, por el otro, deberá ejecutar estos recursos a través de las entidades locales, en medio del proceso de descentralización que organismos como la OCDE han recomendado.

Estos $9.400 millones, aunque son pocos en comparación con los $55 billones que tiene el Estado para reparar a las víctimas hasta 2021 (hoy ha gastado cerca de $20 billones), estarán enfocados en procesos de reparación colectiva. Cerca de 300 comunidades, grupos poblacionales o los denominados “casos nacionales” —periodistas, sindicalistas, Unión Patriótica, etc.— serán los beneficiarios de los proyectos. Eso sí, se priorizarán aquellos que ya tengan un plan de reparación concertado entre el Gobierno y las comunidades.

Lo claro es que el convenio, que será ejecutado por la Unidad de Víctimas y que fue gestionado junto a la Agencia Presidencial para la Cooperación, no es una gran solución financiera. Quienes revisan la implementación de la Ley de Víctimas dicen que sus efectos prácticos son positivos, pues más de cuatro millones de colombianos hacen parte de experiencias de victimización colectiva, pero negativos en términos presupuestales. En definitiva, es un ‘paño de agua tibia’ a dilemas financieros que atraviesa la implementación de la política bandera de Santos.

Cuando fue sancionada la Ley de Víctimas, en 2011, el compromiso del Gobierno consistía, principalmente, en la atención y reparación de cerca de un millón de personas víctimas de hechos diferentes al desplazamiento. Sin embargo, después de varias sentencias judiciales, en 2014, el Gobierno, que hasta ese entonces solo reconocía el derecho a la vivienda de la población desplazada, expidió un decreto en el que definía que Colombia sería el primer país en el mundo en reparar integralmente a estas víctimas.

Así las cosas, el presupuesto para poder avanzar en la reparación, que inicialmente se pensó para un millón de víctimas, ahora debería cubrir un universo cercano a los siete millones de personas. Tanto la Unidad de Víctimas como Planeación Nacional saben que los recursos son insuficientes y por eso trabajan en una fórmula para aumentar la partida para la aplicación de la Ley. Mientras tanto, la Unidad hace ‘maromas’ para cumplir con sus metas de reparación.

Para 2015, la meta es llegar a 582.000 víctimas reparadas integralmente (hoy han sido reparadas 482.000, la gran mayoría por hechos diferentes al desplazamiento). De esas nuevas 100.000, según la Unidad de Víctimas, más de la mitad serán víctimas de desplazamiento. “La idea es avanzar tanto como se pueda con ellas mientras se define una nueva financiación”, le dijo a este diario una fuente del Gobierno.

Ya el contralor general, Edgardo Maya, dijo en una audiencia en la Corte Constitucional sobre la situación de la población desplazada, el pasado lunes, que las metas de la Ley están “rebasadas” y que “las proyecciones y expectativas establecidas en un comienzo deben ser reorientadas. Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011”.

Las cuentas todavía no dan, aunque todas las ayudas internacionales, como este fondo y el que se está formalizando con la Unión Europea para otros programas de un eventual posconflicto, sirven para echar a andar medidas de justicia transicional como la reparación de las víctimas, en un momento en el que las expectativas por la posibilidad de que Colombia avance hacia el posconflicto crecen.