“El fraude electoral lo advertimos con tiempo”: Registrador

Frente a la avalancha de críticas que le hicieron los congresistas este martes acerca de las falencias del sistema electoral del país, el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, se defendió culpando de éstas a los mismos legisladores.

Según el jefe de la Organización Electoral, desde la entrega del presupuesto para la Registraduría en 2008 se solicitó más recursos para la implementación del voto electrónico pero el Congreso y el Gobierno no los facilitó en el Presupuesto del Estado.

"Parece que este fuera un ritual recordando distintos temas que se han planteado de un fraude que se diría que fue anunciado con anticipación (...) esto es lo mismo que se dijo en 2002 y en 2006 porque la Registraduría hizo un mapa de fraude y señaló las modalidades que son las mismas que se repitieron el pasado 14 de marzo; y lo encargados del tema no hicieron nada", dijo el Registrador.

Tras esto, Sánchez reconoció que "a más días de escrutinios más manipulación y más riesgo de fraude", pero insistió en que a los precarios escasos recursos obedece que éste aún no sea utilizado en el país.

Sin vicios en el censo electoral

Ante los señalamientos que recibió acerca de una indebida realización del censo electoral, el Registrador aclaró que los congresistas tienen una imprecisión técnica de la elaboración de éste.

"No es correcto afirmar que el censo se cierra cuatro meses antes de la realización de las elecciones porque lo que es correcto es que no se incorporan cédulas antes de cuatro meses ", explicó Sánchez.

El Registrador reseñó cómo faltando tres meses para las elecciones los miembros de la Fuerza Pública advierten las bajas y las reportan para que se reincorporen al censo.

Y recordó que tras las inscripciones en el país y en el exterior producen "altas y bajas" en los distintos sitios donde las personas se inscribe y donde estaba inscrita, y por eso a principio de año de hacen dichas modificaciones.

Finalmente, solicitó con vehemencia a los legisladores que no se confundan las normas para evitar que se ponga en duda la transparencia del proceso electoral.