El futuro de la curul de "Santrich" y los coletazos políticos de la decisión de la JEP
El Consejo de Estado mantuvo a salvo la curul del exguerrillero, la que podrá ocupar cuando recupere su libertad. Entre tanto, el mundo político se divide por cuenta de la decisión de la JEP. El uribismo habla de constituyente.
-Redacción Política
Una convocatoria a todos los partidos políticos para que se adelanten las reformas necesarias que permitan “cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales” hizo anoche el presidente Iván Duque, en respuesta a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de concederle la garantía de no extradición a Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, y ordenar su inmediata liberación. Un hecho que generó un terremoto político y judicial, que a su vez derivó en la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, lamentada por el jefe de Estado.
“Como presidente de la República he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre, al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, manifestó Duque, quien respaldó la postura de la Procuraduría de apelar la decisión del tribunal transicional, “pues no estamos frente a un caso cerrado”. Por eso, notificó que los esfuerzos del Estado estarán dedicados a garantizar la aplicación de justicia, la cooperación judicial y que no haya impunidad.
Lea más: Duque convoca a partidos para que acompañen reformas a la extradición.
La declaración del primer mandatario se dio luego de que, a puerta cerrada y por cerca de cinco horas, sostuviera una reunión con su equipo más cercano. A la Casa de Nariño llegaron su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; las ministras de Interior y de Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero, respectivamente; el canciller Carlos Holmes Trujillo; el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín. Poco antes el propio fiscal Martínez lo había visitado para notificarle su decisión de retirarse del cargo.
En su mensaje al país, el presidente Duque recalcó que su gobierno respeta la Constitución y la separación de poderes. Sin embargo, enfatizó que comparte la que considera es la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Santrich. “El sindicado Santrich fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición por la comisión del delito del narcotráfico el 9 de abril de 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1° de diciembre de 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país y, por lo tanto, se deben aplicar sanciones que respondan contundentemente a la legalidad y la justicia”, expresó.
Queda claro que la decisión del tribunal transicional trae consigo importantes efectos para lo que será el futuro del ejercicio de la misma vida pública de Jesús Santrich. Y es que tan pronto sea notificado de que puede abandonar las rejas de La Picota, en donde estuvo por algo más de un año, podrá hacer efectivo el derecho que le otorgó el Acuerdo de Paz al ahora partido FARC: ocupar una de las 10 curules en el Congreso; en su caso, en la Cámara de Representantes.
(Lea: “La JEP ha derrumbado el sucio montaje contra mí”: Jesús Santrich)
Porque a pesar de que permanecía preso desde abril de 2018, al exguerrillero no se le había aplicado la pérdida de investidura. Un fallo del Consejo de Estado, de marzo pasado, negó la solicitud que, en ese sentido, había interpuesto la mesa directiva de la Cámara, argumentando que debía perder su curul por no haberse posesionado en el tiempo exigido por la ley; es decir, dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, o “a la fecha en que fueren llamados a posesionarse”.
El alto tribunal explicó, precisamente, que por una razón de “fuerza mayor” —es decir, estar recluido— Santrich no se había podido posesionar. Y agregó que cuando cesaran tales condiciones podría ocupar de nuevo su curul. Entretanto, Benedicto de Jesús González, quien estaba en el segundo lugar de la lista de candidatos con voto no preferente del partido FARC por Atlántico, ha venido ejerciendo el rol de congresista en su reemplazo. Fuentes consultadas en la Cámara de Representantes confirmaron que el único trámite que debería adelantar el excomandante de las Farc para asumir su silla en el Capitolio sería el de solicitar la posesión ante la mesa directiva de la corporación.
Por supuesto, falta por resolver el recurso que interpuso la Procuraduría General contra la decisión de la JEP, en aras de tener mayor claridad sobre el rol de Santrich como legislador. Pero mientras tal determinación llega, era inevitable que su eventual libertad provocaría un verdadero terremoto en el país político. Especialmente entre aquellos que venían defendiendo las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, particularmente la relacionada con la extradición. Todavía resuenan aquellas voces que acusan a los arquitectos de la justicia transicional en La Habana de haberla hecho a la medida de la desmovilizada guerrilla.
Ayer, precisamente, a raíz de lo ocurrido con Santrich y la posterior renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se comenzó a promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Miembros del Centro Democrático se mantienen en la línea de que se hace necesaria una reforma urgente a la JEP, entre otras cosas, porque son conscientes de que los reparos a la norma en la Corte Constitucional no tendrán mayor futuro. “Gran oportunidad del presidente Iván Duque para liderar la reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el senador uribista Santiago Valencia.
(Lea: Sorpresa y reproches: así reacciona el Congreso tras la renuncia del fiscal general)
En contraste, el senador Roy Barreras, principal defensor en el Congreso de lo pactado en Cuba, hizo un llamado a la “sensatez, tranquilidad e institucionalidad”. Básicamente, porque es consciente de que, en medio de un país en grave estado de polarización como Colombia, son varios los que acogerán la petición que hizo Martínez, cuando anunció que se iba del cargo: salir a las calles a movilizarse “con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”. Para Barreras, no se debe caer en la falacia de que las instituciones están en crisis por cuenta de la decisión de la JEP sobre Santrich. “Son decisiones judiciales que deben ser acatadas y respetadas. De ellas no puede hacerse ni crisis ni material para hacer política”, afirmó.
Ahora, el camino que le queda al presidente Duque se traslada nuevamente al Capitolio, donde la correlación de fuerzas, por ahora, no juega a su favor. Si bien es un hecho evidente que no cuenta con mayorías sólidas, también es cierto que el caso de Santrich no se asemeja a la discusión alrededor de las objeciones a la JEP. Lo dijo el senador Barreras: “Los defensores de la paz de Colombia no somos defensores de Santrich ni de ningún guerrillero, somos defensores de la seguridad jurídica necesaria para que esa paz no se eche a perder”. Y bien es sabido que las conversaciones y los acercamientos entre el Gobierno y los partidos renuentes a ceder si no se les da la respectiva “representación política” —como Cambio Radical o el Partido Liberal— vienen avanzando a pasos agigantados, aunque ante los micrófonos se diga lo contrario.
De hecho, la colectividad de Vargas Lleras ha dicho que está dispuesta a avalar cambios a la justicia transicional mediante otro mecanismo distinto al de las objeciones presidenciales. Y, como se sabe, ya en el Congreso se tramita con éxito un acto legislativo, propuesto por el Gobierno, que apunta a excluir los delitos sexuales contra menores de edad de la justicia transicional. Y están anunciados otros dos: el de la pérdida de beneficios para quienes reincidan en actos delictivos y para que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1° de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, sean competencia de la justicia ordinaria.
(Lea: Fiscal general renuncia tras decisión de la JEP de no extraditar a "Jesús Santrich")
Por ahora, Duque se muestra decidido a buscar acuerdos con los partidos o para no permitir lo que, cree, puede ser el “debilitamiento de la extradición”. Para ello aseguró que va a utilizar “todas las opciones que nos brinda la Constitución”. ¿Será que entre ellas caben la constituyente o, de pronto, un referendo? El tiempo dará las respuestas.
Una convocatoria a todos los partidos políticos para que se adelanten las reformas necesarias que permitan “cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales” hizo anoche el presidente Iván Duque, en respuesta a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de concederle la garantía de no extradición a Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, y ordenar su inmediata liberación. Un hecho que generó un terremoto político y judicial, que a su vez derivó en la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, lamentada por el jefe de Estado.
“Como presidente de la República he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre, al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, manifestó Duque, quien respaldó la postura de la Procuraduría de apelar la decisión del tribunal transicional, “pues no estamos frente a un caso cerrado”. Por eso, notificó que los esfuerzos del Estado estarán dedicados a garantizar la aplicación de justicia, la cooperación judicial y que no haya impunidad.
Lea más: Duque convoca a partidos para que acompañen reformas a la extradición.
La declaración del primer mandatario se dio luego de que, a puerta cerrada y por cerca de cinco horas, sostuviera una reunión con su equipo más cercano. A la Casa de Nariño llegaron su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; las ministras de Interior y de Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero, respectivamente; el canciller Carlos Holmes Trujillo; el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín. Poco antes el propio fiscal Martínez lo había visitado para notificarle su decisión de retirarse del cargo.
En su mensaje al país, el presidente Duque recalcó que su gobierno respeta la Constitución y la separación de poderes. Sin embargo, enfatizó que comparte la que considera es la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Santrich. “El sindicado Santrich fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición por la comisión del delito del narcotráfico el 9 de abril de 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1° de diciembre de 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país y, por lo tanto, se deben aplicar sanciones que respondan contundentemente a la legalidad y la justicia”, expresó.
Queda claro que la decisión del tribunal transicional trae consigo importantes efectos para lo que será el futuro del ejercicio de la misma vida pública de Jesús Santrich. Y es que tan pronto sea notificado de que puede abandonar las rejas de La Picota, en donde estuvo por algo más de un año, podrá hacer efectivo el derecho que le otorgó el Acuerdo de Paz al ahora partido FARC: ocupar una de las 10 curules en el Congreso; en su caso, en la Cámara de Representantes.
(Lea: “La JEP ha derrumbado el sucio montaje contra mí”: Jesús Santrich)
Porque a pesar de que permanecía preso desde abril de 2018, al exguerrillero no se le había aplicado la pérdida de investidura. Un fallo del Consejo de Estado, de marzo pasado, negó la solicitud que, en ese sentido, había interpuesto la mesa directiva de la Cámara, argumentando que debía perder su curul por no haberse posesionado en el tiempo exigido por la ley; es decir, dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, o “a la fecha en que fueren llamados a posesionarse”.
El alto tribunal explicó, precisamente, que por una razón de “fuerza mayor” —es decir, estar recluido— Santrich no se había podido posesionar. Y agregó que cuando cesaran tales condiciones podría ocupar de nuevo su curul. Entretanto, Benedicto de Jesús González, quien estaba en el segundo lugar de la lista de candidatos con voto no preferente del partido FARC por Atlántico, ha venido ejerciendo el rol de congresista en su reemplazo. Fuentes consultadas en la Cámara de Representantes confirmaron que el único trámite que debería adelantar el excomandante de las Farc para asumir su silla en el Capitolio sería el de solicitar la posesión ante la mesa directiva de la corporación.
Por supuesto, falta por resolver el recurso que interpuso la Procuraduría General contra la decisión de la JEP, en aras de tener mayor claridad sobre el rol de Santrich como legislador. Pero mientras tal determinación llega, era inevitable que su eventual libertad provocaría un verdadero terremoto en el país político. Especialmente entre aquellos que venían defendiendo las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, particularmente la relacionada con la extradición. Todavía resuenan aquellas voces que acusan a los arquitectos de la justicia transicional en La Habana de haberla hecho a la medida de la desmovilizada guerrilla.
Ayer, precisamente, a raíz de lo ocurrido con Santrich y la posterior renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se comenzó a promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Miembros del Centro Democrático se mantienen en la línea de que se hace necesaria una reforma urgente a la JEP, entre otras cosas, porque son conscientes de que los reparos a la norma en la Corte Constitucional no tendrán mayor futuro. “Gran oportunidad del presidente Iván Duque para liderar la reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el senador uribista Santiago Valencia.
(Lea: Sorpresa y reproches: así reacciona el Congreso tras la renuncia del fiscal general)
En contraste, el senador Roy Barreras, principal defensor en el Congreso de lo pactado en Cuba, hizo un llamado a la “sensatez, tranquilidad e institucionalidad”. Básicamente, porque es consciente de que, en medio de un país en grave estado de polarización como Colombia, son varios los que acogerán la petición que hizo Martínez, cuando anunció que se iba del cargo: salir a las calles a movilizarse “con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”. Para Barreras, no se debe caer en la falacia de que las instituciones están en crisis por cuenta de la decisión de la JEP sobre Santrich. “Son decisiones judiciales que deben ser acatadas y respetadas. De ellas no puede hacerse ni crisis ni material para hacer política”, afirmó.
Ahora, el camino que le queda al presidente Duque se traslada nuevamente al Capitolio, donde la correlación de fuerzas, por ahora, no juega a su favor. Si bien es un hecho evidente que no cuenta con mayorías sólidas, también es cierto que el caso de Santrich no se asemeja a la discusión alrededor de las objeciones a la JEP. Lo dijo el senador Barreras: “Los defensores de la paz de Colombia no somos defensores de Santrich ni de ningún guerrillero, somos defensores de la seguridad jurídica necesaria para que esa paz no se eche a perder”. Y bien es sabido que las conversaciones y los acercamientos entre el Gobierno y los partidos renuentes a ceder si no se les da la respectiva “representación política” —como Cambio Radical o el Partido Liberal— vienen avanzando a pasos agigantados, aunque ante los micrófonos se diga lo contrario.
De hecho, la colectividad de Vargas Lleras ha dicho que está dispuesta a avalar cambios a la justicia transicional mediante otro mecanismo distinto al de las objeciones presidenciales. Y, como se sabe, ya en el Congreso se tramita con éxito un acto legislativo, propuesto por el Gobierno, que apunta a excluir los delitos sexuales contra menores de edad de la justicia transicional. Y están anunciados otros dos: el de la pérdida de beneficios para quienes reincidan en actos delictivos y para que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1° de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, sean competencia de la justicia ordinaria.
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Por ahora, Duque se muestra decidido a buscar acuerdos con los partidos o para no permitir lo que, cree, puede ser el “debilitamiento de la extradición”. Para ello aseguró que va a utilizar “todas las opciones que nos brinda la Constitución”. ¿Será que entre ellas caben la constituyente o, de pronto, un referendo? El tiempo dará las respuestas.