"El Gobierno sigue sin acatar recomendaciones de la Cedaw"

"Nuestro informe demuestra cómo las acciones que el Estado dice haber adelantado para garantizar el derecho de las mujeres simplemente no son ciertas, se han hecho a medias o no han sido efectivas", dice Eliana Riaño, voceras de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta es una de las 20 organizaciones colombianas que trabajaron en uno de los dos informes que se expondrán esta semana ante la plenaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que se adelanta en Ginebra (Suiza), y con el que esperan controvertir el informe presentado por el Estado colombiano, en el que señalan los supuestos avances en la protección de los derechos de la mujer.

En el informe oficial se encuentra la recopilación de acciones que adelantó el Gobierno entre el 2006 y el 2010, así como los logros en la protección de los derechos de género. Gran parte del documento se centra en la problemática del desplazamiento forzado y la vulneración de los derechos de la mujer en este sentido. También resalta las medidas adoptadas por la Fuerza Pública para la prevención la violencia contra la mujer; la atención a la población en proceso de desmovilización y reintegración, y el proyecto de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado (2010-2013), entre otros temas.

Al analizar el informe oficial, lo que preocupa a las defensoras de los derechos de la mujer, es que dentro de este documento hay muchas acciones que en la realidad no se han cumplido a cabalidad y hay otras que ni siquiera son tenidas en cuenta. Por esta razón trabajaron el dos informes para poner al descubierto las inconsistencias que existen en el informe gubernamental. Uno de esos informes es el "reporte sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres con discapacidad, mujeres en situación de desplazamiento y personas transgénero". En el documento, tanto María Camila Lozano, joven con discapacidad cognitiva, como Nikita Vargas Latorre, activista transgénero, expusieron, a través de sus vivencias personales, las violaciones de derechos humanos que experimentan como sectores marginados de la población y están en Ginebra hablando frente al Comité. Vease El riesgo de quedar embarazada en la guerra

De igual forma, las ONG expusieron su preocupación frente a la esterilización forzada a las personas con discapacidad cognitiva. Argumentaron que mientras que el Gobierno insiste en que se trata de una buena práctica y qué no se violan derechos cuando se hace con autorización de los padres de la menor esterilizada, para las ONG esto constituye un acto de violencia basada en el género. “La esterilización forzada no es una buena práctica. Es una violación de derechos”, dicen los representantes de la organización ‘Católicas por el Derecho a Decidir’.

Eliana Riaño, vocera de ‘Católicas por el Derecho a Decir’, indico que el objetivo de estos estudios es llamar la atención del “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, para que le insista al Estado en la necesidad de cumplir con los compromisos que adquirió frente a la protección de los derechos de género. Agrega que es importante la adopción de medidas para prevenir la violencia por parte de paramilitares, guerrilleros y uniformados. “Tenemos denuncias en las que se señala a la Fuerza Pública como el principal responsable de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano”, asegura Riaño y puntualiza la preocupación por la reforma al fuero militar que dejaría en la impunidad muchos de estos delitos.

Sobre las IVE

En los informes colombianos, que se expondrán en la plenaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), hay un capítulo dedicado a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE). En el oficial, el Estado expone que en los últimos años las cifras de embarazos muestran que el 72% de las mujeres tuvieron nacidos vivos y que el resto (28%) terminaron el embarazo así: 16% tuvieron pérdidas, 8% interrupciones de embarazo/abortos, 2% embarazos extrauterinos y otro 2% muertes fetales intrauterinas.

Frente a las interrupciones de los embarazos, el documento oficial afirma que la atención del personal de salud es algo menor para los abortos, que para los otros eventos de terminación de los embarazos. El lugar de atención de los abortos, además de los hospitales, son consultorios de médicos particulares y otros. Mientras al 87% de las mujeres que tuvieron interrupciones/abortos, la EPS les pagó la atención total o parcialmente, al 11% les tocó pagar por su cuenta y 2% dijeron no estar afiliadas a la seguridad social.

Por su parte, colectivos como Mesa por la Vida, que trabaja por los derechos de la mujer, señala que entre 2010 y 2012 ha monitoreado más de 387 casos en los que se han presentado obstáculos a las mujeres que tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Afirman que 6 de cada 10 instituciones de salud en Colombia, que tienen capacidad de prestar servicios postaborto, no lo hacen. A esto le suman la constante lucha que viven con la Procuraduría General de Nación para que se cumpla las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y el reconocimiento a las familias diversas.

Estos y otros temas, como la participación política, los abusos de la Fuerza Pública contra prostitutas y miembros de las comunidades LGTBI, y la revictimización de mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas, hacen parte de las denuncias de las ONG frente a los incumplimientos del Estado en cuanto a la protección de los derechos de la mujer y a la diversidad de género.

Eliana Riaño asegura que pesar de que la ley 1257 sobre "la no violencia contra las mujeres" lleva vigente 5 años, pero no sirve en todos los casos. Algo que se hace más complejo si se tiene en cuenta que no existe una promoción efectiva de esta norma en muchas zonas del país, a pesar de que el gobierno anunció que había capacitado a 1.500 funcionarios. "Hemos visto cómo se revictimizan a las mujeres que van a denunciar ante la Policía el maltrato por parte de su pareja. Lo que hacen los agentes es entregarles un papel para que 'concilien' y ellas mimas deben ir a entregárselo a su victimario".

Riaño concluye que estos documentos demuestran los incumplimientos del Gobierno frente a temas que dicen haber cumplido. “Sí hay medidas, pero no garantizan los derechos. Sentimos que el Estado está dando las mismas respuestas que el año pasado”. Al cierre de esta edición no se tuvo conocimiento de la respuesta que dará el comité Cedaw frente a las denuncias que presentan estas organizaciones colombianas y la gestión que muestra el Estado colombiano frente a la protección de los derechos de las mujeres.

"Nuestro informe demuestra cómo las acciones que el Estado dice haber adelantado para garantizar el derecho de las mujeres simplemente no son ciertas, se han hecho a medias o no han sido efectivas", dice Eliana Riaño, voceras de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta es una de las 20 organizaciones colombianas que trabajaron en uno de los dos informes que se expondrán esta semana ante la plenaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que se adelanta en Ginebra (Suiza), y con el que esperan controvertir el informe presentado por el Estado colombiano, en el que señalan los supuestos avances en la protección de los derechos de la mujer.

En el informe oficial se encuentra la recopilación de acciones que adelantó el Gobierno entre el 2006 y el 2010, así como los logros en la protección de los derechos de género. Gran parte del documento se centra en la problemática del desplazamiento forzado y la vulneración de los derechos de la mujer en este sentido. También resalta las medidas adoptadas por la Fuerza Pública para la prevención la violencia contra la mujer; la atención a la población en proceso de desmovilización y reintegración, y el proyecto de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado (2010-2013), entre otros temas.

Al analizar el informe oficial, lo que preocupa a las defensoras de los derechos de la mujer, es que dentro de este documento hay muchas acciones que en la realidad no se han cumplido a cabalidad y hay otras que ni siquiera son tenidas en cuenta. Por esta razón trabajaron el dos informes para poner al descubierto las inconsistencias que existen en el informe gubernamental. Uno de esos informes es el "reporte sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres con discapacidad, mujeres en situación de desplazamiento y personas transgénero". En el documento, tanto María Camila Lozano, joven con discapacidad cognitiva, como Nikita Vargas Latorre, activista transgénero, expusieron, a través de sus vivencias personales, las violaciones de derechos humanos que experimentan como sectores marginados de la población y están en Ginebra hablando frente al Comité. Vease El riesgo de quedar embarazada en la guerra

De igual forma, las ONG expusieron su preocupación frente a la esterilización forzada a las personas con discapacidad cognitiva. Argumentaron que mientras que el Gobierno insiste en que se trata de una buena práctica y qué no se violan derechos cuando se hace con autorización de los padres de la menor esterilizada, para las ONG esto constituye un acto de violencia basada en el género. “La esterilización forzada no es una buena práctica. Es una violación de derechos”, dicen los representantes de la organización ‘Católicas por el Derecho a Decidir’.

Eliana Riaño, vocera de ‘Católicas por el Derecho a Decir’, indico que el objetivo de estos estudios es llamar la atención del “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, para que le insista al Estado en la necesidad de cumplir con los compromisos que adquirió frente a la protección de los derechos de género. Agrega que es importante la adopción de medidas para prevenir la violencia por parte de paramilitares, guerrilleros y uniformados. “Tenemos denuncias en las que se señala a la Fuerza Pública como el principal responsable de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano”, asegura Riaño y puntualiza la preocupación por la reforma al fuero militar que dejaría en la impunidad muchos de estos delitos.

Sobre las IVE

En los informes colombianos, que se expondrán en la plenaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), hay un capítulo dedicado a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE). En el oficial, el Estado expone que en los últimos años las cifras de embarazos muestran que el 72% de las mujeres tuvieron nacidos vivos y que el resto (28%) terminaron el embarazo así: 16% tuvieron pérdidas, 8% interrupciones de embarazo/abortos, 2% embarazos extrauterinos y otro 2% muertes fetales intrauterinas.

Frente a las interrupciones de los embarazos, el documento oficial afirma que la atención del personal de salud es algo menor para los abortos, que para los otros eventos de terminación de los embarazos. El lugar de atención de los abortos, además de los hospitales, son consultorios de médicos particulares y otros. Mientras al 87% de las mujeres que tuvieron interrupciones/abortos, la EPS les pagó la atención total o parcialmente, al 11% les tocó pagar por su cuenta y 2% dijeron no estar afiliadas a la seguridad social.

Por su parte, colectivos como Mesa por la Vida, que trabaja por los derechos de la mujer, señala que entre 2010 y 2012 ha monitoreado más de 387 casos en los que se han presentado obstáculos a las mujeres que tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Afirman que 6 de cada 10 instituciones de salud en Colombia, que tienen capacidad de prestar servicios postaborto, no lo hacen. A esto le suman la constante lucha que viven con la Procuraduría General de Nación para que se cumpla las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y el reconocimiento a las familias diversas.

Estos y otros temas, como la participación política, los abusos de la Fuerza Pública contra prostitutas y miembros de las comunidades LGTBI, y la revictimización de mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas, hacen parte de las denuncias de las ONG frente a los incumplimientos del Estado en cuanto a la protección de los derechos de la mujer y a la diversidad de género.

Eliana Riaño asegura que pesar de que la ley 1257 sobre "la no violencia contra las mujeres" lleva vigente 5 años, pero no sirve en todos los casos. Algo que se hace más complejo si se tiene en cuenta que no existe una promoción efectiva de esta norma en muchas zonas del país, a pesar de que el gobierno anunció que había capacitado a 1.500 funcionarios. "Hemos visto cómo se revictimizan a las mujeres que van a denunciar ante la Policía el maltrato por parte de su pareja. Lo que hacen los agentes es entregarles un papel para que 'concilien' y ellas mimas deben ir a entregárselo a su victimario".

Riaño concluye que estos documentos demuestran los incumplimientos del Gobierno frente a temas que dicen haber cumplido. “Sí hay medidas, pero no garantizan los derechos. Sentimos que el Estado está dando las mismas respuestas que el año pasado”. Al cierre de esta edición no se tuvo conocimiento de la respuesta que dará el comité Cedaw frente a las denuncias que presentan estas organizaciones colombianas y la gestión que muestra el Estado colombiano frente a la protección de los derechos de las mujeres.