En 1910 apareció en la escena pública una de las generaciones que mayor presencia espiritual ha tenido en la historia colombiana: la generación del centenario. De ella formaron parte Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Laureano Gómez, entre otros, y a ella se debe la vocación civil que luego dinamizó nuestro suceso político. También de ella se nutrió, en buena parte, el movimiento republicano, cuyas principales figuras eran Carlos E. Restrepo y Nicolás Esguerra. Algún tiempo después aquél se incorporó al Partido Conservador y éste al liberalismo.
Entre tanto, López se inauguraba como servidor público. Había iniciado su formación en Honda, el emporio comercial más importante del país; la continuó en Bogotá, con los más idóneos preceptores particulares; la consolidó en Londres, que era el eje universal de la economía y de los negocios. Ese periplo no sólo le permitió conocer bien y manejar mejor las relaciones entre la provincia, la capital y el mundo. También contribuyó a enriquecer su capacidad de liderazgo y a agudizar su sentido crítico.
En 1915 fue elegido representante a la Cámara por el Tolima. En el Congreso trabó amistad con el también representante Laureano Gómez, en cuya compañía formuló fuertes críticas al gobierno. Aquella amistad entre Gómez y López, “surgida por la admiración que a éste le producía la elocuencia de aquél, y a aquel el talento de éste”, se prolongó hasta el año de 1934. Entre ambos libraron durante ese lapso las más formidables batallas parlamentarias de que haya memoria en Colombia”.
López no gozaba de padrinazgo alguno entre los directores de su partido, pero sí de la admiración de unos jóvenes liberales tolimenses, que hacían eco a su postura crítica. Entre ellos sobresalían Darío Echandía, José Joaquín Caicedo Castilla y Rafael Parga Cortés. Pero a su lado figuraban Gonzalo París Lozano, Alejandro Bernate, José María Barrios Trujillo e incluso algunos miembros de familias enteras, como los Camacho Angarita, los Rocha Alvira, los Lozano y Lozano, los Peláez Trujillo, los Melendro Serna, los Bonilla Gutiérrez, los Torres Barreto.
La célebre Convención Liberal de Ibagué, reunida en marzo de 1922, modernizó el programa doctrinario del liberalismo. Tesis como la de la igualdad civil de los colombianos y, por lo tanto, la de la eliminación de los fueros militar y eclesiástico; la de una ley electoral que consagrara la representación proporcional de los partidos; la de la reforma del concordato en sentido favorable a la independencia del poder civil; la de la elección popular de alcaldes, se adoptaron en la reunión de Ibagué como propuestas para democratizar el país. Si bien la muerte del general Herrera neutralizó el ímpetu que la Convención imprimió a su partido, aquellos jóvenes lo mantuvieron vivo, de manera especial en el Tolima, mientras López acusaba al Gobierno Nacional por lo que llamó una política irresponsable de “prosperidad a debe”.
El 19 de noviembre de 1929 se reunió en Bogotá una nueva Convención Nacional del liberalismo, en la cual no se preveía que ocurriera nada que modificara el apacible cuadro político, si bien el ámbito social venía agitándose durante los últimos años. En un momento dado, Alfonso López propuso que el liberalismo se preparara para la reconquista del poder. Después de prolongado debate, la Convención no sólo aprobó la propuesta de López, sino que lo eligió miembro de la Dirección Nacional, en compañía de los generales Antonio Samper Uribe y Leandro Cuberos Niño. Según lo narra Zuleta, Samper a quien asustaban los arrestos de López, se marginó del Directorio y Cuberos se radicó en Cúcuta: López resultó fungiendo como director único de su partido.
Ese proceso amasó una nueva concepción doctrinaria en Colombia: la concepción social del Derecho y del Estado. Sirvió de base al gobierno de la ‘revolución en marcha’ y fue enriquecida por un valioso equipo de hombres de Estado que, sin perseguir ese propósito, conformaron una auténtica escuela de pensamiento. En razón del lugar de origen de sus protagonistas merece llamarse ‘Escuela del Tolima’. López fue su inspirador y su gran líder; Echandía, el gran maestro de las reformas. Pero también fueron sus protagonistas Carlos Lozano y Lozano, José Joaquín Caicedo Castilla, Antonio Rocha Alvira, Alberto Camacho Angarita, Rafael Parga Cortés y Carlos Peláez Trujillo.
Llamados por López los primeros y por Echandía los últimos, aquellos ocho tolimenses formaron el eje de lo que Alberto Lleras denominó un “concilio de jurisconsultos, caracterizado por su falta de codicia, pero también por su devoción por la controversia y, sobre todo, por una sed inextinguible de creación”. No sólo quebraron vértebras de la Constitución de 1886, sino que construyeron nuevas instituciones, en forma bastante original para su época. “López definió claramente el sentido de su gobierno así: ‘Nuestra política es revolucionaria sin ser marxista ni clasista, pero en modo alguno pretende desconocer el orden social existente’. A diferencia de las luchas anteriores en nuestra historia política, la originalidad de la ‘revolución liberal’ que López pretendía conducir estribaba en el procedimiento adoptado: la controversia y no la revuelta”.
Pero también, a diferencia de otras reformas del pasado, López desechó la idea de especular para “una república imaginaria de tipo europeo”, como lo expresó en su mensaje a las Cámaras el 27 de noviembre de 1935, y se concretó al pensar en una reforma institucional que recogiera los sonidos del universo de su tiempo, pero que trabajara con los materiales de su propio contexto. Ese fue el marco de pensamiento del equipo dirigente mejor dotado que conoció la historia colombiana del siglo XX.
La ‘Escuela del Tolima’ recibió influencias del rico suceso doctrinario de la República de Weimar, de la Segunda República Española, del solidarismo de León Duguit, del realismo de Franklin Delano Roosevelt, pero supo equilibrarlas para construir un Estado Social de Derecho que, si bien no constitucionalizó los términos, sí constitucionalizó su espíritu. Por eso, la reforma constitucional de 1936 es un antecedente de inevitable referencia frente a la fórmula que hoy suele asumirse como síntesis de un pensamiento democrático: ‘Estado Social de Derecho y economía social de mercado’.
La ‘Escuela del Tolima’ no se concibe sin López, quien fue el inspirador de las reformas. Tampoco sin Echandía, quien fue el constructor de las nuevas instituciones. Incluso sin Rocha, quien, al asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en 1935, inauguró un serio período de revisiones frente al viejo formalismo jurídico. Aquella ‘Corte de Oro’, como fue conocida por los colombianos, produjo sensibles transformaciones en el derecho jurisprudencial. Pero en López, el artífice de la política, y en Echandía, el filósofo del derecho, subyace el germen de una reingeniería institucional que alcanzó a proyectar sus luces hasta los debates de la Asamblea Constituyente de 1991.
No fue propósito de aquel equipo crear escuela alguna, pero tesis como la función social de la propiedad, el derecho de huelga, la libertad de enseñanza se entrelazan en un sistema de coherencias jurídico-constitucionales con el principio de activar el rol del juez en la creación del derecho y con la idea de crear una Corte Constitucional y convertir la existente en una corte de casación, como sólo es posible dentro de una escuela de pensamiento. Además, sus miembros “actuaban en función de una pedagogía política, de una actividad pública como participación, de una democracia como cultura. Eso es una escuela y supone una praxis”.
López invitó a grandes transformaciones sociales dentro de procedimientos elaborados en medio del derecho. El legado de su escuela es fundamentalmente doctrinario. Echandía se comprometió en la defensa del derecho como instrumento de cambio. Cuando hoy se habla de que el derecho es argumentación y de su eficacia material es preciso recordar la ‘Escuela del Tolima’: El talento político de López, la inteligencia jurídica de Echandía y la capacidad creadora de todo su equipo hicieron posible que de la reforma de 1936 naciera un nuevo país y se consolidara una nueva cultura.
* Profesor de posgrado en varias universidades colombianas. Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, de la Asociación Colombiana de Historiadores y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Por Augusto Trujillo Muñoz*
