Las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno colombiano han sido frecuentes y acaba de saberse que el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de ese país, decidió recortar el presupuesto para Colombia en casi la mitad. Aunque todavía falta la decisión de la plenaria de la Cámara y el Senado en Washington, esta situación, ¿puede ser una represalia contra Bogotá?
Es muy desafortunado que el Subcomité de Asignaciones haya tomado esa decisión, pero no es sorprendente debido a que los congresistas republicanos de la Florida, desde cuando Petro era candidato a la Presidencia, lo han acusado de ser terrorista y de ser una mala opción para Colombia porque replicaría el modelo de Cuba o Venezuela. La medida anunciada por ese subcomité de la Cámara es contra la persona de Gustavo Petro, e ignora la larga trayectoria de amistad bipartidista que ha existido por más de 200 años con beneficio mutuo para ambos países. En cuanto a sus relaciones con Estados Unidos, Colombia está atrapada en la polarización política que existe en este país (EE. UU.). Además, los congresistas de la Florida que he mencionado, pretenden – con sus decisiones - fortalecer el apoyo de sus votantes en ese estado, que son de derecha. De otra parte, Florida cuenta con la segunda mayor población de judíos en este país, y tiene relaciones bilaterales directas con Israel. Así que la animosidad contra Petro ha sido reforzada por sus posturas contra al gobierno israelí, y ha crecido por las interacciones de esos congresistas con los miembros de la oposición y de la derecha colombiana. Esta situación se ha empeorado por la costumbre de Petro de comunicarse vía trinos, en vez de utilizar los canales diplomáticos.
El congresista Mario Diaz-Balart, presidente de ese subcomité, aseguró que “los fondos se cortan, condicionan o retienen a aquellos países que no avanzan en intereses compartidos (con Estados Unidos), como Colombia…”. ¿Puede entenderse que el Congreso actúa en consonancia con los deseos del presidente Trump o lo hace contra el gobierno colombiano por su propia cuenta?
La administración de Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio que fue senador y formó parte del bloque de los congresistas cubanos del sur de la Florida, tienen la misma postura del Congreso frente el actual gobierno de Colombia. Es un error igualar a un país democrático como Colombia, con Cuba o Venezuela. Son historias diferentes y Petro fue elegido mayoritariamente en unas elecciones libres. Tampoco resulta equilibrado castigar a tu aliado más importante en América del Sur, con el argumento de que no estás de acuerdo con todas sus políticas. Es contraproducente, de parte de los Estados Unidos, aislar Colombia. Muchos miembros del Congreso estadounidense están preocupados por el avance de China en el continente, en materia de competencias económicas. Si la política norteamericana contra Colombia consiste en cortarle apoyos, solo logrará aumentar el riesgo de inseguridad y criminalidad, y empujará a su mejor aliado de América del Sur a aliarse con China.
¿Qué suma más en la animadversión de Washington contra Petro? ¿Sus tendencias políticas o las respuestas desafiantes que él le ha dado al gobierno Trump, por ejemplo cuando no quiso dejar aterrizar un avión de Estados Unidos en que venían unos 100 deportados colombianos esposados de pies y manos?
Hay dos respuestas: 1. A Estados Unidos no le gustan las respuestas de Petro a través de las plataformas, ni la forma como que se expresa. 2. La reacción del Congreso y de la administración Trump frente a Colombia, responde a la política electoral de la Florida. En el sur de este estado, los electores son básicamente anticastristas, antichavistas y antimaduristas. Además, los colombianos que votan, lo hacen por candidatos y políticas de derecha. Por eso, desde antes de que se posesionara Petro, ese grupo ya lo criticaba y lo equiparaba con el castrismo de Cuba y con chavismo de Venezuela. Este es el mismo grupo que tiene el poder en el Congreso y en el Ejecutivo frente a las decisiones de financiamiento de Latinoamérica y de Colombia. Tenga usted en cuenta que en la Florida, en donde según ya le conté, existe la segunda población judía más numerosa de Estados Unidos, la postura de Petro y la forma como se ha referido a la situación de Gaza, lo califica como antisemita, una posición de gran importancia para los electores.
Las declaraciones del Subcomité de Asignaciones de la Cámara y de su presidente, el representante Mario Diaz-Balart tuvieron un tono inusualmente fuerte. Por ejemplo, se dijo que “(ese comité) está profundamente preocupado por el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro”, además de que menciona el presunto “consumo de drogas de altos funcionarios del Gobierno…”. ¿Estas afirmaciones constituyen un anticipo de medidas más drásticas?
En el ciclo previo de apropiaciones para este 2025, el Subcomité bajó a cero la ayuda para Colombia por las preocupaciones que tenía frente a las negociaciones con el ELN y debido a su disgusto con Petro. En el ciclo posterior adelantado en el Senado, se repuso la mayoría de la ayuda, aunque sí se cortó un porcentaje. En el actual proceso, se hicieron cortes significativos no solo a Colombia sino a muchos países debido a que parte de la agenda republicana propone reducir los gastos oficiales, especialmente los que se invertían en ayuda económica y de desarrollo. Ahora, el lenguaje en el informe de esta semana es muy inusual y personalizado contra Petro. La política de Estados Unidos frente a un país no se debe reflejar en peleas individuales ni en palabras agresivas o de mal gusto. Si fuera consistente, Estados Unidos tendría que enfocarse en darle continuidad a su gran inversión en Colombia desde el año 2000, y en apoyar el país para que la inseguridad y los negocios ilícitos transnacionales no crezcan.
Hablando del escándalo por el presunto complot que intentaba armar el excanciller Leyva en contra del presidente para sacarlo del cargo, ¿cree que Leyva contó con el apoyo de Diaz-Balart y del secretario de Estado, Marco Rubio o que fue tomado en serio por alguien en Estados Unidos?
La posición del Gobierno y el Congreso de Estados Unidos contra Petro, es anterior a las cartas del canciller en contra del presidente colombiano. Pero esas comunicaciones sí aumentaron la percepción sobre la presunta drogadicción de la que adolecería el mandatario. Básicamente lo que sucedió en el caso de Leyva, es que él trató de aprovecharse del cabildeo que estaba haciendo la oposición colombiana en Washington contra el presidente de su país, al mismo tiempo en que el exmnistro intentaba hablar con los congresistas de Florida.
Un asunto delicado de interferencia en asuntos internos de la justicia colombiana, surgió de las declaraciones del presidente del Subcomité de Asignaciones Diaz-Balart. Este se refirió al juicio penal que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que concluye mañana con el fallo. Al respecto, Diaz-Balart afirmó que “está preocupado por los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en ese caso” ¿Cómo evalúa esa declaración?
En mi opinión, esa narrativa viene de la derecha colombiana y puede tener implicaciones para Colombia. Nos preocupa que se logre cambiar la realidad del caso y que las víctimas y sus abogados sufran montajes judiciales, señalamientos de vínculos con la criminalidad u otros daños. El Congreso de Estados Unidos no debería intervenir en ese proceso por respeto a la independencia judicial y soberanía de Colombia.
Una situación similar sucedió en Brasil por parte del presidente Trump cuando aseguró que el juicio penal que también avanza en el vecino país en contra del expresidente Jair Bolsonaro, “es una vergüenza internacional… una cacería de brujas que debe terminar…”. ¿Se puede esperar que además de las presiones a los gobiernos, Estados Unidos también trate de incidir en las decisiones de los jueces extranjeros?
La administración Trump y congresistas republicanos están buscando que se sancione al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes. Adicionalmente, han mencionado que se podría revocar su visa y las de sus familiares, y se está considerando sancionar a Moraes mediante el Global Magnitsky Act (ley de Estados Unidos que autoriza a aplicar medidas en contra de extranjeros), una sugerencia que llevaría a imponerle castigos económicos. Me parece muy peligroso que Estados Unidos este tomando partido en decisiones judiciales de Brasil y que ignore los posibles daños a la democracia de ese país con el apoyo soterrado del bolsonarismo y del hijo del propio Bolsonaro, Eduardo. Como termine este caso, podría determinar lo que aplique para Colombia u otros países.
Muy pronto Estados Unidos presentará su informe sobre drogas en el continente y certificará si Colombia cumplió la tarea este último año en la lucha contra el narcotráfico. Se dice que será descertificada lo cual se traduciría, de nuevo, en menor ayuda económica y en un impacto negativo. Para WOLA, ¿cuánta importancia real tiene esa calificación o descalificación?
Hay una gran posibilidad de que Estados Unidos no certifique a Colombia aunque descertificarla cause más tensiones y afecte la lucha antinarcóticos que requeriría ser reforzada en lugar de debilitarla si la producción de cocaína aumentó. Las implicaciones serian problemáticas financiera y reputacionalmente, si eso sucede. Estados Unidos puede decidir que va a suspender un porcentaje (hasta la mitad) de la ayuda al país en la lucha contra las drogas; se puede oponer con su voto a que Colombia reciba préstamos bancarios de los organismos multilaterales y también puede impedir que el país consiga apoyo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC). Cuando se descertificó a Colombia entre 1994 y 1998, esa decisión causó mucho malestar; la visa del entonces presidente Samper fue revocada y la relación diplomática de los dos países entró en crisis.
¿Encuentra similitud en la forma como Estados Unidos trató a Samper y la forma como está refiriéndose a Petro?
Según observo, la manera como ha tratado a Petro ha sido más politizada y personalizada que la forma como se relacionó con Samper. En el pasado, Estados Unidos, pese a que Colombia no llenó el estándar de requisitos que pedían para la certificación, siempre expidió concepto positivo en la lucha contra el tráfico de drogas. En este caso, la decisión que tome Washington tendrá mayores razones políticas que de evaluación del nivel de cooperación en los esfuerzos antinarcóticos que se esté desarrollando. A pesar de que las incautaciones de cargamentos de droga estén en unas cifras muy altas, puede ser que no las consideren como un avance real.
Aparte del caso colombiano, el gobierno Trump ha planteado un desafío enorme a las tradicionales relaciones, más o menos pacíficas, entre Estados Unidos y el resto del mundo. En el caso de los países latinoamericanos, el desafío es aún mayor ¿Cómo se explican las imposiciones a los países de este continente sin consulta ni negociación previas?
El segundo mandato de Trump se ha enfocado, como su slogan político dice, en “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” (MAGA, por su sigla en inglés) y, con este, en el retiro del papel ejercido por Norteamérica en el orden global, establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Esencialmente, es una perspectiva interna que no respeta el multilateralismo y que no sigue las reglas internacionales de la diplomacia. Gobiernos estadounidenses anteriores, tomaban decisiones en coordinación con el Congreso y con las agencias de gran trayectoria. Esta administración, en cambio, usa herramientas de fuerza como la imposición de aranceles, nuevos requisitos para las visas y la presión pública y directa a los gobiernos extranjeros. Adicionalmente, ha abandonado el uso de la asistencia externa como mecanismo diplomático y ha abandonado los programas benéficos, a menos que sus ayudas reporten utilidades a los intereses de este país o al legado del actual gobierno.
Entonces, y dada la influencia de Estados Unidos en el mundo, ¿podemos terminar en aislamiento de cada país y en el debilitamiento de la cooperación entre naciones?
Sí. Básicamente, Estados Unidos pretende aislarse, enforcarse en su propia situación y en no involucrarse en el rol que había asumido como “policía del mundo”; tampoco está interesado en asuntos de preocupación internacional como el cambio climático o la salud global. Este gobierno ve las relaciones con otros países en términos de transacción: qué le van a aportar a Estados Unidos y cómo apoyarán los intereses del actual presidente. Es todo.
¿Estaría de acuerdo con que estamos en el inicio de una época de grandes Estados controladores que dominarán a muchos otros?
En cuanto a esta administración (Trump) corresponde, sí. No creo que ese pronóstico aplique a la mayoría de los países que todavía respeta el derecho internacional, las alianzas regionales y a las agencias multilaterales. La cuestión es que Estados Unidos puede hacer mucho daño con su poder militar, su estatus en la ONU y su incidencia económica. Además, puede perjudicar las normas de convivencia internacional cuando deja de lado su rol de regulador global porque permitiría que otros países empujen agendas contrarias a los consensos. Una gran pregunta que aún no tiene respuesta, es si se reducirán los márgenes de acción de la ONU para prevenir invasiones y ocupaciones de un país contra otro, o para tratar de impedir graves crímenes de lesa humanidad como el genocidio. Otro interrogante que surge es si otros países con gran poder, seguirán el ejemplo norteamericano. De un lado, puede decirse que Rusia ya rompió el consenso global; pero, del otro, también se puede afirmar que – al menos momentáneamente -, China, pese a sus grandes diferencias con Estados Unidos, ha utilizado la diplomacia económica del mutuo beneficio para sus acercamientos con América del Sur y otras regiones. En los próximos años podrían crearse bloques de países, sea por región o por intereses mutuos, que decidan ayudarse entre sí y excluir a Estados Unidos.
“Políticos de su país han buscado, siempre, el aval de Estados Unidos”
¿Los políticos colombianos que comparten ideología con el establecimiento de Washington, sí influyen en decisiones como la de reducirle la asistencia económica al país?
Llevo más de dos décadas observando asuntos de Colombia en el Congreso de Estados Unidos y en Washington. En estos años han venido muchas delegaciones de todas las ideologías políticas y apolíticas de Colombia, para conversar con los congresistas. Siempre me ha sorprendido el nivel de importancia que los colombianos le dan al gobierno estadounidense. Políticos de su país han buscado, siempre, el aval del Ejecutivo y del Legislativo de Estados Unidos a sus políticas y perspectivas frente a los temas coyunturales colombianos. En cuanto a los congresistas norteamericanos, se puede decir que han tenido diferentes posturas pero que conciliaron y votaron de manera bipartidista la ayuda que le iban asignar. La diferencia, hoy, es que con el ascenso de Trump, parece más aceptable romper los protocolos sobre cómo referirse a otros mandatarios. Posturas de ese estilo, han sido alimentadas por expresidentes, candidatos presidenciales, miembros de la oposición de su país y, también, por las cartas que publicó el excanciller Leyva en contra de Petro.
“Siendo la paz el mejor camino, no se puede sacrificar la seguridad”
En su área de trabajo en WOLA, ¿cómo evalúa a Colombia en materia de derechos humanos, seguridad, niveles de igualdad y cumplimiento de los compromisos de paz?
Nosotros seguimos pensando que el diálogo es la mejor opción para solucionar los conflictos sociales y para implantar las instituciones civiles en zonas en donde el Estado colombiano es inexistente o poco presente. También para romper las brechas de la desigualdad, racismo y discriminación histórica. El esfuerzo de Paz Total, política en desarrollo de la cual se están adelantando nueve procesos simultáneos, cada uno con dinámicas diferentes, ha sido extremadamente complejo. Se entiende que la estrategia viene de lecciones aprendidas y que es necesaria, dado los múltiples actores; pero esto ha resultado en que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 no se priorizó y que no se le dio el impulso político, financiero y atención que requiere. En todo caso, siendo la paz el mejor camino para avanzar, no se puede sacrificar la política de seguridad. Hay que hacer un balance adecuado entre las dos estrategias. Las cifras de muertes de defensores de DDHH, masacres, nuevos desplazamientos y confinamientos demuestran la complejidad de la realidad en los territorios.
