El lenguaje de la guerra

 

Durante estos cinco meses de tregua unilateral se redujo ostensiblemente el número de acciones armadas de la subversión, como lo reconocieron las mismas Fuerzas Militares, el Gobierno y diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Frente Amplio por la Paz, que había adoptado la tarea de verificar el cumplimiento de la palabra por parte de las Farc. Recientemente, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) ponderó la disminución del accionar guerrillero en 85%.

 

Sin embargo, la muerte de 11 soldados que dejó un ataque subversivo en Buenos Aires (Cauca), el 15 de abril pasado, desencadenó una ola de indignación que no sólo puso en entredicho los gestos unilaterales declarados por las Farc, sino la metodología de la mesa de diálogos.

 

En ese momento el Gobierno respondió con la reanudación de los bombardeos, suspendidos por orden del presidente Juan Manuel Santos en marzo, con la advertencia de que esperaba mayor agilidad en las negociaciones. Entretanto crecía la expectativa por las medidas de desescalamiento anunciadas por las partes, entre ellas la entrega de los menores de edad integrantes de las filas guerrilleras y el plan de desminado humanitario pactado en la mesa. Ahora las cosas han cambiado radicalmente, luego del bombardeo del jueves pasado, que, según el primer mandatario, se enmarca en la premisa de que las operaciones de las Fuerzas Armadas contra la subversión “no se detendrían y no se detendrán”.

 

Lo cierto es que hoy el rumbo del proceso de paz es una incógnita, más cuando se ha dicho insistentemente que la regla es negociar en medio de la confrontación. La tregua unilateral ha sido levantada por parte de las Farc, muy a pesar de que se había pensado como un escenario propicio para que las medidas de desescalamiento aliviaran la realidad de las comunidades que habitan zonas donde se sufre la guerra. La mesa veía los gestos unilaterales y los acuerdos logrados en materia de atenuación del conflicto como una manera de generar confianza entre las partes y, al mismo tiempo, para crear una mejor percepción en la ciudadanía de los avances del proceso de paz. Pero lo ganado con el diálogo se ha perdido en los campos de batalla.

 

El reto más tangible que los últimos sucesos le presentan a la mesa es la implementación del plan piloto para el desminado humanitario, ya que con el reanudamiento de la guerra —sin tregua por parte de las Farc y con los bombardeos del Ejército— la confianza entre las partes se verá afectada. Y este es uno de los elementos esenciales para que las operaciones de desactivación de las minas antipersonas, que deben adelantar conjuntamente miembros de la Fuerza Pública y de la guerrilla, lleguen a feliz término. En este contexto de tensiones, no cabe duda que el acuerdo para limpiar el país de minas encuentra a partir de este momento gruesas dificultades para su desarrollo.

 

Está claro que los sucesos de guerra ocurridos en Cauca, tanto en Buenos Aires como en Guapi, ponen sobre la mesa las dificultades de continuar negociando en medio de la confrontación. No son pocas las voces que piden un cese bilateral del fuego, empezando por la exsenadora Piedad Córdoba, vocera del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, quien ayer convocó a una concentración en la plaza de San Martín, en Bogotá, para exigir “el silenciamiento de los fusiles”. Una petición que, de todas maneras, plantea varios interrogantes: ¿quién va a verificarlo? ¿Cómo blindar la mesa de conversaciones contra eventuales rupturas de la tregua bilateral? ¿Cómo aislar la confrontación entre Estado y Farc de las demás amenazas criminales?

 

En términos generales, el cese bilateral es uno de los puntos más difíciles del proceso de paz, pero tal y como se vienen planteando las cosas, parece un asunto ineludible para seguir avanzando, pues en Colombia nadie entiende que, mientras se habla de paz en La Habana, se siga disparando y sigan muriendo soldados y guerrilleros, en últimas, sangre de jóvenes colombianos. Se dice que será cuestión de tiempo para que esta dinámica lleve al traste la mesa de diálogos.

 

Otro aspecto en esta coyuntura es la declaración de éxito militar lanzada por el Gobierno, en voz del saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien se va demostrando que llevó a la práctica su discurso recio contra las Farc. Además, la acción de la aviación fue señalada por Santos como fruto de sus órdenes de reanudar los bombardeos y de vengar el ataque a la estación de Policía de la isla Gorgona —ocurrido en noviembre de 2014 y en el que murió el teniente John Álvaro Suárez Carvajal—, ejecutado por el mismo frente de las Farc recién golpeado por la Fuerza Pública. Falta ver qué lenguaje impondrá, como reemplazo de Pinzón, Luis Carlos Villegas, quien participó en la primera etapa del proceso de paz como uno de los delegados del Gobierno.

 

Y otro punto a analizar: seguramente el fin de la tregua, con sus disparos, sus bombas, pero sobre todo sus muertos, se convertirá en un asunto electoral. La oposición tendrá a la orden los hechos para decir que la paz es un fracaso en la medida en que la guerra sigue incrementándose, y el santismo seguirá apostándoles a los diálogos y dirá que esta es la guerra que quiere detener. Los votos se volverán a cruzar con las balas en la disputa del poder local y regional en octubre, y de aquí a allá la mesa de paz de La Habana, que hoy avanza en su ciclo 37. Y aunque las Farc dijeron que su voluntad es “proseguir el diálogo en medio de la confrontación”, el reto es avanzar entre el fuego cruzado.

 

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Durante estos cinco meses de tregua unilateral se redujo ostensiblemente el número de acciones armadas de la subversión, como lo reconocieron las mismas Fuerzas Militares, el Gobierno y diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Frente Amplio por la Paz, que había adoptado la tarea de verificar el cumplimiento de la palabra por parte de las Farc. Recientemente, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) ponderó la disminución del accionar guerrillero en 85%.

 

Sin embargo, la muerte de 11 soldados que dejó un ataque subversivo en Buenos Aires (Cauca), el 15 de abril pasado, desencadenó una ola de indignación que no sólo puso en entredicho los gestos unilaterales declarados por las Farc, sino la metodología de la mesa de diálogos.

 

En ese momento el Gobierno respondió con la reanudación de los bombardeos, suspendidos por orden del presidente Juan Manuel Santos en marzo, con la advertencia de que esperaba mayor agilidad en las negociaciones. Entretanto crecía la expectativa por las medidas de desescalamiento anunciadas por las partes, entre ellas la entrega de los menores de edad integrantes de las filas guerrilleras y el plan de desminado humanitario pactado en la mesa. Ahora las cosas han cambiado radicalmente, luego del bombardeo del jueves pasado, que, según el primer mandatario, se enmarca en la premisa de que las operaciones de las Fuerzas Armadas contra la subversión “no se detendrían y no se detendrán”.

 

Lo cierto es que hoy el rumbo del proceso de paz es una incógnita, más cuando se ha dicho insistentemente que la regla es negociar en medio de la confrontación. La tregua unilateral ha sido levantada por parte de las Farc, muy a pesar de que se había pensado como un escenario propicio para que las medidas de desescalamiento aliviaran la realidad de las comunidades que habitan zonas donde se sufre la guerra. La mesa veía los gestos unilaterales y los acuerdos logrados en materia de atenuación del conflicto como una manera de generar confianza entre las partes y, al mismo tiempo, para crear una mejor percepción en la ciudadanía de los avances del proceso de paz. Pero lo ganado con el diálogo se ha perdido en los campos de batalla.

 

El reto más tangible que los últimos sucesos le presentan a la mesa es la implementación del plan piloto para el desminado humanitario, ya que con el reanudamiento de la guerra —sin tregua por parte de las Farc y con los bombardeos del Ejército— la confianza entre las partes se verá afectada. Y este es uno de los elementos esenciales para que las operaciones de desactivación de las minas antipersonas, que deben adelantar conjuntamente miembros de la Fuerza Pública y de la guerrilla, lleguen a feliz término. En este contexto de tensiones, no cabe duda que el acuerdo para limpiar el país de minas encuentra a partir de este momento gruesas dificultades para su desarrollo.

 

Está claro que los sucesos de guerra ocurridos en Cauca, tanto en Buenos Aires como en Guapi, ponen sobre la mesa las dificultades de continuar negociando en medio de la confrontación. No son pocas las voces que piden un cese bilateral del fuego, empezando por la exsenadora Piedad Córdoba, vocera del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, quien ayer convocó a una concentración en la plaza de San Martín, en Bogotá, para exigir “el silenciamiento de los fusiles”. Una petición que, de todas maneras, plantea varios interrogantes: ¿quién va a verificarlo? ¿Cómo blindar la mesa de conversaciones contra eventuales rupturas de la tregua bilateral? ¿Cómo aislar la confrontación entre Estado y Farc de las demás amenazas criminales?

 

En términos generales, el cese bilateral es uno de los puntos más difíciles del proceso de paz, pero tal y como se vienen planteando las cosas, parece un asunto ineludible para seguir avanzando, pues en Colombia nadie entiende que, mientras se habla de paz en La Habana, se siga disparando y sigan muriendo soldados y guerrilleros, en últimas, sangre de jóvenes colombianos. Se dice que será cuestión de tiempo para que esta dinámica lleve al traste la mesa de diálogos.

 

Otro aspecto en esta coyuntura es la declaración de éxito militar lanzada por el Gobierno, en voz del saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien se va demostrando que llevó a la práctica su discurso recio contra las Farc. Además, la acción de la aviación fue señalada por Santos como fruto de sus órdenes de reanudar los bombardeos y de vengar el ataque a la estación de Policía de la isla Gorgona —ocurrido en noviembre de 2014 y en el que murió el teniente John Álvaro Suárez Carvajal—, ejecutado por el mismo frente de las Farc recién golpeado por la Fuerza Pública. Falta ver qué lenguaje impondrá, como reemplazo de Pinzón, Luis Carlos Villegas, quien participó en la primera etapa del proceso de paz como uno de los delegados del Gobierno.

 

Y otro punto a analizar: seguramente el fin de la tregua, con sus disparos, sus bombas, pero sobre todo sus muertos, se convertirá en un asunto electoral. La oposición tendrá a la orden los hechos para decir que la paz es un fracaso en la medida en que la guerra sigue incrementándose, y el santismo seguirá apostándoles a los diálogos y dirá que esta es la guerra que quiere detener. Los votos se volverán a cruzar con las balas en la disputa del poder local y regional en octubre, y de aquí a allá la mesa de paz de La Habana, que hoy avanza en su ciclo 37. Y aunque las Farc dijeron que su voluntad es “proseguir el diálogo en medio de la confrontación”, el reto es avanzar entre el fuego cruzado.

 

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