El lío de la convención conservadora en el CNE

Todos los ojos están puestos sobre la decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la legalidad de la convención del Partido Conservador en la que la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez fue proclamada candidata oficial de la colectividad y se descartó la posibilidad de que el partido se sumara a la reelección. Un grupo de parlamentarios autodenominados Conservadores con Santos demandaron la decisión y ahora la última palabra la tendrá el CNE.

Hoy se da por hecho que la esencia política del CNE, que es escogido por el Congreso, se impondrá en la decisión que tome la sala plena del tribunal electoral, sacando del camino a Ramírez, quien luego de su triunfo en la convención ha empezado a despegar en las encuestas e incluso se está consolidando como la candidata del uribismo.
El Espectador estableció que las cuentas están así: Juan Pablo Cepero y Óscar Giraldo consideran que la convención cumplió con todos los parámetros de legalidad. Por otro lado, los magistrados más cercanos a la Unidad Nacional del presidente Santos, Pablo Gil de la Hoz (presidente del CNE), Yolima Carrillo, José Joaquín Plata, Emiliano Rivera, Nora Tapia, Luis Bernardo Franco y Joaquín José Vives (ponente), consideran que la convención debe ser anulada.

Pero hay un factor que puede ser trascendental. La mayor parte de los magistrados que no avalan la convención buscarán ser reelegidos en el CNE y los ojos de la Procuraduría están hoy sobre la decisión que se tome en la sala plena. Así las cosas, cualquier medida del organismo de control en contra podría entorpecer esa intención de hacerse reelegir. No obstante, entre los magistrados también está la tesis de que hacer caso a los lineamientos de la Unidad Nacional les aseguraría los votos para mantenerse en el CNE.

En materia procesal, la decisión no está tan cerca como se viene advirtiendo. Ayer fueron citados los miembros del tribunal de garantías de la colectividad azul, Fernando Araújo, Claudia Otero y Ciro Rodríguez, para que expongan lo sucedido. Además, el próximo jueves habrá una audiencia pública en la que podrán participar todos los convencionistas que consideren afectado su derecho al voto con la decisión que adopte el CNE.

También han sido citados a declarar los congresistas José Darío Salazar, César Tulio Delgado, Heriberto Sanabria, Jorge Pedraza y Juan Mario Laserna, quienes abiertamente reclaman candidato propio del partido y fueron claves para lograr los 1.190 votos en favor de esta posibilidad, que luego fueron ratificados con la proclamación de Marta Lucía Ramírez.

El expresidente Álvaro Uribe, que ha manifestado simpatía con la campaña de Ramírez, se atrevió a señalar a través de su cuenta de Twitter que “en el Consejo Electoral están seguros de suspender convención conservadora por presión de presidente Santos y de la mermelada”. Los intereses son evidentes y así lo manifiestan los magistrados que forman parte del CNE. No obstante, la decisión que se tome debe contar con la suficiente legitimidad jurídica, porque los ojos de la Procuraduría, a través de la delegada María Eugenia Carreño, que ya es parte en el proceso, están vigilantes, tal como lo solicitó en su momento Marta Lucía Ramírez.

 

Todos los ojos están puestos sobre la decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la legalidad de la convención del Partido Conservador en la que la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez fue proclamada candidata oficial de la colectividad y se descartó la posibilidad de que el partido se sumara a la reelección. Un grupo de parlamentarios autodenominados Conservadores con Santos demandaron la decisión y ahora la última palabra la tendrá el CNE.

Hoy se da por hecho que la esencia política del CNE, que es escogido por el Congreso, se impondrá en la decisión que tome la sala plena del tribunal electoral, sacando del camino a Ramírez, quien luego de su triunfo en la convención ha empezado a despegar en las encuestas e incluso se está consolidando como la candidata del uribismo.
El Espectador estableció que las cuentas están así: Juan Pablo Cepero y Óscar Giraldo consideran que la convención cumplió con todos los parámetros de legalidad. Por otro lado, los magistrados más cercanos a la Unidad Nacional del presidente Santos, Pablo Gil de la Hoz (presidente del CNE), Yolima Carrillo, José Joaquín Plata, Emiliano Rivera, Nora Tapia, Luis Bernardo Franco y Joaquín José Vives (ponente), consideran que la convención debe ser anulada.

Pero hay un factor que puede ser trascendental. La mayor parte de los magistrados que no avalan la convención buscarán ser reelegidos en el CNE y los ojos de la Procuraduría están hoy sobre la decisión que se tome en la sala plena. Así las cosas, cualquier medida del organismo de control en contra podría entorpecer esa intención de hacerse reelegir. No obstante, entre los magistrados también está la tesis de que hacer caso a los lineamientos de la Unidad Nacional les aseguraría los votos para mantenerse en el CNE.

En materia procesal, la decisión no está tan cerca como se viene advirtiendo. Ayer fueron citados los miembros del tribunal de garantías de la colectividad azul, Fernando Araújo, Claudia Otero y Ciro Rodríguez, para que expongan lo sucedido. Además, el próximo jueves habrá una audiencia pública en la que podrán participar todos los convencionistas que consideren afectado su derecho al voto con la decisión que adopte el CNE.

También han sido citados a declarar los congresistas José Darío Salazar, César Tulio Delgado, Heriberto Sanabria, Jorge Pedraza y Juan Mario Laserna, quienes abiertamente reclaman candidato propio del partido y fueron claves para lograr los 1.190 votos en favor de esta posibilidad, que luego fueron ratificados con la proclamación de Marta Lucía Ramírez.

El expresidente Álvaro Uribe, que ha manifestado simpatía con la campaña de Ramírez, se atrevió a señalar a través de su cuenta de Twitter que “en el Consejo Electoral están seguros de suspender convención conservadora por presión de presidente Santos y de la mermelada”. Los intereses son evidentes y así lo manifiestan los magistrados que forman parte del CNE. No obstante, la decisión que se tome debe contar con la suficiente legitimidad jurídica, porque los ojos de la Procuraduría, a través de la delegada María Eugenia Carreño, que ya es parte en el proceso, están vigilantes, tal como lo solicitó en su momento Marta Lucía Ramírez.