Las investigaciones penales que se adelantan contra los congresistas en la Corte Suprema de Justicia, las de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y los procesos que están ante la justicia ordinaria contra sus familiares, son el motivo por el cual muchos representantes a la Cámara sienten temor de votar la reforma de equilibrio de poderes, pues consideran que de aprobar los puntos que han sido rechazados desde la Rama Judicial, podría haber retaliaciones que se traducirían en sentencias en su contra. (Vea en video: Alertan que están presionando al Congreso para hundir la reforma)
Esto quedó en evidencia este miércoles en la noche, cuando luego de aprobar el bloque de artículos de trasfondo político e iniciarse la discusión de los temas referentes a la justicia, los parlamentarios se retiraron en masa, dejando la plenaria de la Cámara sin el quorum suficiente. Por eso, el Partido Verde, a través de su vocero, el senador Antonio Navarro, manifestó que “corren rumores, que podrían ser ciertos, sobre intimidaciones a congresistas por parte de interesados en que no progrese la reforma a la justicia. Invitamos a los congresistas a votar en libertad y a conciencia en temas como el tribunal de aforados y el consejo de gobierno judicial. El futuro del equilibrio de poderes depende el ejercicio libre de los congresistas”. (Vea: Denuncian presiones a congresistas para hundir reforma de equilibrio de poderes)
Una denuncia de extrema gravedad, pero que ningún representante a la Cámara se atreve a sostener ante los medios de comunicación por el mismo argumento que temen votar la reforma: eventuales retaliaciones judiciales en su contra. Sin embargo, pidiendo reserva, varios le manifestaron a El Espectador que aunque presentaron impedimentos para no participar de la discusión y votación, y aunque fueron negados, esto no les da tranquilidad para votar a conciencia.
La situación es así: para la primera vuelta de la discusión del equilibrio de poderes fueron presentados 84 impedimentos. En la segunda vuelta, para el último debate, se radicaron otros 56. Como hay algunos que ya habían sido presentados, el total es de 101 parlamentarios impedidos, de 166 representares. Gran parte de estos obedecen a los procesos que enfrentan los congresistas o sus familiares.
Por eso, la representante Ángela María Robledo afirmó que “el país sabe el contexto en el que se ha venido moviendo la reforma, en especial el debate de los artículos referidos a la justicia”.
Robledo se refería a la férrea oposición que desde la Rama Judicial se le ha dado a la reforma, en especial en los temas referentes a la comisión para el juzgamiento de altos funcionarios aforados y la composición del consejo de gobierno judicial, que reemplazara al Consejo Superior de la Judicatura. Dos asuntos que han tenido un claro rechazo, cuya punta de lanza han sido el fiscal general, Eduardo Montealegre y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos. A ellos hacen referencia los congresistas cuando hablan del temor a votar.
Ya en lo referente al trámite de la reforma, se habían aprobado los artículos relacionados con las condiciones para ser magistrado, mecanismo que será por cooptación de una lista de 10 candidatos enviada por el consejo de gobierno judicial; asimismo, quedó facultada la Corte Constitucional para dirimir conflicto entre jurisdicciones y también pasó el polémico artículo de la comisión para el juzgamiento de aforados, cuya composición que será de tres miembros. Los procesos disciplinarios tendrán acusación ante la Cámara, con apelación en el Senado; los procesos disciplinarios irán directamente a la Corte Suprema de Justicia.
Estos artículos se suman a los que tienen que ver con asuntos políticos como la eliminación de la reelección presidencial, las circunscripciones regionales para el Senado, el fuero presidencial y el del vicepresidente, que en este último será igual al de procurador, alcaldes y gobernadores. A esta hora, los congresistas, con temor y a media marcha, avanzan en la aprobación del equilibrio de poderes, teniendo claro que al tratarse de una reforma constitucional, cada artículo se debe aprobar con un mínimo de 84 votos.
Por Felipe Morales Mogollón
