“El miedo está presente en la elección presidencial”, dice el encuestador César Caballero

“Yo preferiría una campaña de esperanza y reconciliación, pero los lideres políticos están promoviendo el miedo como estrategia central para ganar votos. Esa es la realidad”, opina César Caballero.

Foto: Óscar Pérez

Hace poco el Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió, en un comunicado, que “ha identificado deficiencias metodológicas en estudios de opinión difundidos como encuestas electorales lo cual representa un riesgo para la transparencia del proceso democrático (de elecciones presidenciales)”. Creo que es una de las primeras veces que ese organismo llama la atención a las empresas encuestadoras. Usted lidera una de ellas. ¿Se siente aludido con el “regaño” del Consejo?

Ese comunicado es muy importante: básicamente reitera la necesidad de distinguir entre un sondeo y una encuesta. Y, en ese sentido, en nuestra firma Cifras & Conceptos hemos sido claros en esa diferenciación desde el año 2009. Así que no, no nos sentimos aludidos.

Pero como el Consejo Electoral no identifica a las encuestadoras a las que se refiere, tiende un manto de sospecha sobre todas. O, leyendo el comunicado en su contexto, ¿es claro cuál empresa o empresas están en la mira del organismo oficial?

Creo que ese comunicado sí se refiere, concretamente, a unas firmas sobre las que puede caber duda, en cuanto a la confusión que crearían cuando difunden sus trabajos, entre los significados y formas de tratar y divulgar datos recogidos mediante los métodos utilizados en sondeos, y los que se exigen para una encuesta.

En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia esencial entre una encuesta y un sondeo?

La encuesta está respaldada por un procedimiento que puede ser sujeto de auditoría, verificación y réplica, como ocurre en el método científico. El sondeo no cuenta con estos elementos. La encuesta asigna, al menos una probabilidad de selección a todos los individuos del universo que intenta representar. En cambio, en el sondeo, es la gente la que decide participar y, por lo tanto, no todos los individuos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Solo los que se enteran y deciden participar en la realización del estudio, tienen posibilidad de ser representados. En los sondeos hay muchas personas cuya probabilidad de selección es cero.

En el reciente comunicado del Consejo por el que le pregunto, parece haber un preaviso sobre una o varias aperturas de investigación y sanciones puesto que aunque afirma que su expedición “tiene carácter preventivo”, también reitera a “las encuestadoras (y también a) medios de comunicación y ciudadanía, sus obligaciones (legales) así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. ¿Puede inferirse que una o varias de las firmas encuestadoras están ignorando las normas contenidas en la nueva ley de encuestas?

No solo hay uno sino dos comunicados del Consejo Electoral sobre este tema: el primero se refiere a la apertura de una investigación formal, liderada por la magistrada Maritza Martínez, con cuatro cargos específicos en contra de una encuestadora; y el segundo anuncio es el de hace unos días y al que usted se refiere. Me parece que, en este segundo caso, el CNE apunta a una firma internacional.

En el primer comunicado del mes de febrero, ciertamente el Consejo Electoral anunció la apertura de investigación y la respectiva formulación de cargos contra la firma brasilera Atlas Intel. ¿Cuáles fueron los hechos concretos en ese caso cuyo proceso ya va más avanzado?

La magistrada Maritza Martínez abrió investigación formal en contra de la firma que usted menciona, primero, por la presunta falta de registro de autorización para la realización de encuestas en Colombia; segundo, por la supuesta omisión de los requisitos para divulgar los resultados de dos de sus estudios (como ficha técnica, identificación de la fuente de financiación, tamaño y tipo de muestra, entre otros); y, tercero, por dudas metodológicas sobre los mecanismos empleados para la realización de mediciones que fueron presentadas como encuesta pero que podrían ser solo sondeos de opinión no representativos. La magistrada le pidió a esa encuestadora una subsanación (correcciones o aclaraciones) la cual, según la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas del CNE (comisión de expertos electorales), no fue resuelta de manera satisfactoria.

¿Por qué no habrían sido suficientes las respuestas de Atlas Intel, de acuerdo con lo que contestó el Consejo?

Según el comunicado del CNE, la encuestadora contestó que los estudios objeto de examen en el organismo electoral que fueron publicados con su nombre, el mismo con que se identifica en Colombia, no fueron realizados por ella sino por su correspondiente internacional, es decir, por su firma pero con personería jurídica brasileña. El Consejo abrió investigación debido a las dudas que le surgieron derivadas de esa respuesta con el fin de precisar si se trata de una evasión de responsabilidad o si, en realidad, hubo suplantación de su marca. Además, el CNE le solicitó, a la investigada, precisiones sobre el método probabilístico que empleó, pero sobre el cual, al parecer, no entregó evidencia.

Tal vez por ser una firma extranjera, ¿supondrá que las leyes colombianas no la rigen?

No quisiera opinar ni interpretar las decisiones de esa firma, en particular. Por mi parte, tengo el convencimiento de que la ley aplica para nacionales y extranjeros que publiquen encuestas en Colombia y sobre Colombia. En Cifras & Conceptos acatamos, plenamente, la ley electoral aunque tengamos algunas objeciones sobre algunas de las reglas que impone.

Y, ahora, refiriéndonos al segundo y más reciente comunicado del Consejo Electoral, allí se relacionan unos posibles incumplimientos de los estudios de datos publicados en la presente campaña presidencial como “el diseño muestral, el universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste”. ¿Cómo es el proceso investigativo que adelanta el comité de expertos electorales?

El CNE y la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas adoptaron un procedimiento que me parece adecuado: primero, la comisión le pide unas subsanaciones a la firma investigada; después, las revisa y si queda tranquila, cierra el proceso. Por esa indagación ya pasamos, en nuestra firma, con el Panel de Opinión, uno de nuestros productos: los expertos nos pidieron cerca de cincuenta requerimientos; los entregamos y después, nos comunicaron que estaban satisfechos y que cerraban la actuación en ese estudio, en particular. Tenemos otras tres solicitudes pendientes. Cuando ese comité no queda satisfecho con las respuestas o con los argumentos entregados por la firma indagada, le solicita al Consejo abrir investigación formal.

Es la primera vez que funciona una comisión técnica de expertos electorales la cual, supuestamente, está compuesta por analistas independientes. A su juicio, ¿lo está haciendo bien y está trabajando de manera correcta?

Como en todos los organismos, algunas actuaciones están saliendo bien, otras regular y otras mal aunque, en esta última parte la responsabilidad no es de los expertos nombrados sino de la demora del CNE en la conformación del comité y en la expedición de la primera resolución sobre su funcionamiento lo cual generó un vacío normativo y gran incertidumbre que llegó hasta el 23 de diciembre del año 2025, a pocos meses de las elecciones para Congreso y Presidencia. Pero, del otro lado, hay que admitir que es correcto y profesional el procedimiento de indagar solicitando, primero, subsanaciones antes de decidir si abre investigaciones. Finalmente, también hay que llamar la atención sobre la incertidumbre que todavía existe en cuanto a los criterios que rigen sus evaluaciones y a los formatos para remitir los informes explicativos.

¿Se refiere al criterio de evaluación con que la comisión de expertos examina y califica las encuestas que se publican?

Sí. Creo que la Comisión Técnica de Encuestas no tiene, todavía, criterios unificados sobre las evidencias que debe solicitar a las firmas cuyos estudios evalúa. Parece haber pautas diferentes, según sea el experto que lidere la actuación. Por ejemplo, en los estudios que nuestra firma ha remitido, nos han aplicado criterios diferentes, según el analista que tenga el caso con respecto a otra revisión que se encuentre en un segundo despacho.

¿Cuántos trabajos estadísticos publicados por Cifras y Conceptos después de sancionada la nueva ley, ¿han pasado por revisión en ese comité y cómo les fue?

Hemos presentado y remitido cuatro estudios. Nos ha solicitado subsanaciones sobre tres de ellos. Y el cuarto fue el que ya le conté: el caso del Panel de Opinión cuyo proceso se completó con decisión de cierre a favor de la firma por cuanto la Comisión se declaró satisfecha con el cumplimiento de los requerimientos por nuestra parte.

Usted ha criticado la ley electoral. Ahora, después de la publicación y examen oficial de varios estudios realizados por las encuestadoras sobre la imagen y favorabilidad de los candidatos presidenciales, ¿ha revaluado sus conceptos sobre ella?

Ante todo, le contesto con un hecho: tenemos muchas menos encuestas y cada una tiene disponible menor información pública. Entre enero y marzo del 2022 que corresponde al mismo proceso electoral tanto para Congreso como para la Presidencia de la República, se publicaron veinte encuestas, y este año vamos solo en 8. Repito, hay menos información disponible en los círculos abiertos a los electores. Y, del otro lado, es claro que también hay aspectos positivos en la nueva ley: el tamaño promedio de las encuestas es mayor; están representadas más regiones y se mide un universo más amplio. Por último, también creo que es positiva la distinción entre lo que constituyen una encuesta probabilística y lo que es un sondeo.

¿A qué se refiere cuando afirma que “hay menos información pública disponible”, a un menor número de encuestas o a menos datos y menor análisis?

A ambos factores: hay menos encuestas y se pueden publicar menos datos en cada una de ellas. En consecuencia, la opinión pública tiene menor información y menor posibilidad de hacer sus análisis. Nos montaron en una plutocracia: solo los que tienen dinero y contratan sus propias encuestas, pueden ver los detalles.

¿Qué quiere decir con eso?

Que, hoy, estamos haciendo más encuestas privadas que públicas.

¿Encuestas que no se pueden publicar para no infringir la ley?

Por dudas sobre cómo debe interpretarse.

¿Su firma está realizando encuestas privadas?

Sí. Más que antes.

¿Quién son sus contratantes?

Grupos de ciudadanos que quieren contar con datos informados sobre cómo y para dónde se dirige el proceso electoral.

Las campañas de los candidatos presidenciales, ¿también contratan su firma para la saber cómo están sus posibilidades de ganar?

En este momento no trabajo para ninguna campaña.

Usted anunció, hace poco, que los resultados de un estudio que su firma denomina “Polimétrica”, no serán publicados. ¿Por qué mantendrá en reserva esos datos?

Como he dicho, no considero adecuado el conjunto de la ley, pero soy respetuoso de la misma y, por ello, mientras esté vigente, seguiré cumpliéndola, así no me guste. Polimétrica (encuesta periódica que mide lo que pasa en la sociedad, la economía y la política colombiana), tiene la evolución de una serie de datos desde el año 2011 hasta este 2026. Ya hemos realizado 58 mediciones al respecto. El conjunto de los hallazgos que contiene y de la evolución, en el tiempo, de los mismos, constituyen un patrimonio que hemos puesto a disposición del debate público. Pero el tamaño que tiene y las posibilidades de financiamiento hacen que no sea posible tener las condiciones de muestra que, a nuestro juicio, impone la ley. Por eso, anunciamos su existencia, la continuidad en la serie de datos y la disponibilidad para consultas privadas. Es una lástima no poder presentar sus resultados en público.

¿Cuáles hallazgos contenidos en la más reciente polimétrica, puede revelar?

Acogiéndome a mi derecho a la libertad de opinión (en este caso informada), de sus resultados concluyo que todavía faltan definiciones que afectarán la contienda electoral; que en la primera vuelta no se decidirá la Presidencia y que la sociedad colombiana de hoy está tan politizada que ha alcanzado un nivel que no habíamos visto desde el inicio de Polimétrica, en el año 2011.

Hoy, ¿es mayor la conciencia política del país y el deseo de participar activamente en procesos públicos como las votaciones para jefe de Estado?

Creo que podríamos estar en presencia de los mayores niveles de participación electoral en el país. De hecho, calculamos que podríamos llegar a 25 millones de votantes en primera o segunda vuelta, superando la de 2022, que fue récord, y se acercó a los 22 millones. El otro fenómeno en estas elecciones, consiste en que muchos más colombianos declaran afinidades partidistas lo cual implica que están más activos en el ejercicio de sus derechos, en particular, el derecho al voto.

La oposición al gobierno Petro está jugando – como lo ha hecho en el pasado contra otros gobiernos –, con la carta del “miedo”. ¿Este año también será eficiente ese recurso o el truco ya está desgastado?

Creo que el miedo es el sentimiento dominante: los seguidores del presidente tienen miedo al retorno al uribismo; quienes le hacen oposición al Gobierno tienen miedo de la continuidad del actual proyecto político; y los votantes del centro tienen miedo de que alguna de esas dos fuerzas termine dominando el país. La respuesta es sí, el recurso del miedo está presente en esta elección presidencial.

Y, para usted, ¿es un recurso de legítimo uso en las democracias o es un camino desesperado para evitar que el contrario gane, aunque sea con métodos poco ortodoxos?

No me gusta que esa sea la estrategia. Preferiría una campaña de esperanza, alegría de futuro y de reconciliación; pero los lideres políticos están promoviendo el miedo como estrategia central para ganar votos. A mí me disgusta, pero esa es la realidad.

Las encuestas realizadas por las distintas empresas coinciden (aunque con leves diferencias porcentuales) en las preferencias sobre tres candidatos presidenciales: Cepeda, Valencia y De la Espriella. ¿Significa que es un hecho que estos aspirantes estarán por encima de los demás en la primera vuelta o hay márgenes de error amplios que permitan inferir que un cuarto candidato puede sorprender al país?

Lo cierto es que hay un porcentaje importante de personas que no se ha decidido y que existe un grupo de electores que podría cambiar su decisión. Normalmente, el 12% de la gente decide por quién votar en la última semana antes de la elección. Como ya señalé, creo que hay unos indecisos abiertos, que son más del 15%, según los resultados en varias encuestas públicas. Pero también hay que tener en cuenta que algunos de quienes hoy señalan su deseo de elegir a un candidato, pueden cambiar de opinión en el tiempo que falta para ir a las urnas, porque su voto no es firme ni inamovible. En las semanas de campaña que restan, puede haber cambios en la tercera parte del electorado.

De acuerdo con las predicciones, ¿es seguro, para usted, que el candidato Iván Cepeda pasará a la segunda vuelta?

Con la información que hoy tenemos disponible, lo más probable es que habrá una segunda vuelta y que la persona con mayore posibilidades de estar en esa etapa, es Iván Cepeda.

“El país cambia y le gusta la alternancia política”

Parece que, en este 2026, tanto por los resultados de las elecciones legislativas como por lo que se prevé en cuanto a las presidenciales, los viejos partidos tradicionales se están debilitando pues, aunque conservan buen número de curules, disminuyeron su presencia en el Congreso y tampoco tienen candidato propio a la Presidencia. Los sustituyeron el Pacto Histórico y el Centro Democrático. ¿Se refleja esta situación en sus encuestas?

Depende de lo que llame “partidos tradicionales”. Colombia tiene, hoy, un sistema de once colectividades políticas funcionales, lo cual es sano para nuestro sistema democrático. Hace 15 años los principales partidos eran el Liberal y la U; hace 10 años, el Centro Democrático y el Verde; luego, se fueron fortaleciendo el Pacto Histórico y los conservadores; y ahora prevalecen el Pacto histórico y el Centro democrático. Eso muestra que el país cambia y que le gustan las alternancias políticas. Ahora, ningún partido es dominante (nadie tiene más del 25% de las curules) y eso obliga a los consensos. En mi criterio, eso es sano para la democracia.