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En esta convulsionada semana que acaba de terminar, usted - quien presidía la Comisión Asesora de Política Criminal, órgano consultivo del ministro de Justicia -, renunció a ese organismo junto con otros 7 de sus miembros. En la carta que firman, no explican los motivos, salvo que se retiran “dadas las nuevas circunstancias políticas” ¿Cuáles son esas circunstancias?
Aclaro que esa labor no se nos remuneraba; quienes pertenecíamos a la comisión asesora, lo hacíamos ad-honorem solo por nuestro interés en contribuir a que hubiera una mejor política criminal. Del mismo modo, aclaro que no se trató, formalmente, de una carta de renuncia pues nuestro período se había vencido en febrero de este año. La entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, nos propuso continuar y habíamos aceptado pero la resolución de continuidad no alcanzó a ser adoptada debido al retiro de la ministra. Por eso, nuestra carta le plantea al nuevo titular de la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre, que “las nuevas circunstancias políticas” nos impedían continuar, que revocábamos nuestra aceptación y que él quedaba en libertad de reintegrar la comisión como mejor le pareciera. Los exintegrantes de este órgano estuvimos de acuerdo en el texto corto de esa comunicación y en que no haríamos comentarios públicos sobre la misma. Honro ese compromiso por lo cual me abstengo de hacer cualquier otro comentario.
Su compromiso de silencio, en todo caso, es muy elocuente. El doctor Montealegre ha sustentado la polémica tesis jurídica sobre la constitucionalidad de la convocatoria a una consulta popular por parte del presidente, después de que el Senado votó en contra de su realización ¿Cree que el nuevo ministro está ajustando sus conocimientos jurídicos a las necesidades políticas del mandatario?
Yo no creo que sea una tesis polémica: es una tesis equivocada. Como dijo el gran teórico Herbert Hart, en derecho hay casos fáciles en los que todos los juristas competentes coinciden; y hay casos difíciles en que existen discrepancias razonables. Este es un caso fácil: el “decretazo” (sobre la consulta), como lo ha llamado el propio Montealegre, es groseramente inconstitucional. El presidente no puede convocar una consulta popular cuando el Senado ha votado en contra de su ejecución tal como lo hizo el 14 de mayo pasado. El ministro Montealegre ha enredado las cosas y ha acomodado el derecho para favorecer al Gobierno.
Pero sobre Montealegre se dice, en buena parte del mundo jurídico, que es un gran conocedor del derecho constitucional, además del penal. Entonces, ¿cree que se está jugando su prestigio profesional con esos conceptos?
Montealegre fue un gran magistrado en la Corte Constitucional y pude confirmarlo personalmente pues fui uno de sus magistrados auxiliares. Pero en los últimos tiempos ha sostenido, en varias ocasiones, tesis insólitas. Por ejemplo, hace un año argumentó que, con base en el Acuerdo de Paz con las FARC, podría convocarse una constituyente por decreto durante la cual podría, incluso, prolongarse el período presidencial. Esa es una tesis absurda y peligrosa. Sus salidas en falso han hecho que Montealegre haya perdido mucho del prestigio jurídico que antes tenía.
Pese a que su desacuerdo con la convocatoria presidencial a la consulta, el Ejecutivo alega trampas ejecutadas por el presidente del Congreso para amañar la votación en contra de ese mecanismo e, incluso, una juez le concedió una tutela a la senadora oficialista María José Pizarro ¿Por qué la decisión del Senado se presume válida pese a las denuncias de los sectores gubernamentales?
Estoy a favor de varias reformas del gobierno Petro, incluida la laboral. Y estoy a favor del robustecimiento de la democracia participativa con mecanismos como la consulta popular. Pero esos mecanismos no pueden usarse atropellando la Constitución ni violando la separación de poderes porque abonamos el camino al autoritarismo. Tengo claro que en la votación del 14 de mayo hubo irregularidades pues la sesión fue desordenada, en gran medida porque el presidente del Senado no ha estado a la altura de su cargo: hizo jugaditas para tratar de hundir la reforma laboral y la consulta popular. Una de ellas fue no tramitar la apelación de la senadora Pizarro contra el cierre de la votación que ella consideró que había sido muy corta. Precisamente una juez constató esa arbitrariedad y tuteló el debido proceso de la senadora ordenando que su apelación fuera tramitada por el senador Cepeda. Pero la tutela no anuló (y no podía hacerlo) la votación, que sigue en pie. Mientras esa votación no sea anulada por un juez o no sea reconsiderada por el propio Senado, existe y produce efectos jurídicos. Entonces debe ser respetada por el presidente, quien no puede aplicar una supuesta excepción de inconstitucionalidad para desconocerla.
El concepto de “excepción de inconstitucionalidad” es, justamente, el que argumenta el ministro Montealegre para viabilizar el decreto de convocatoria de la consulta popular ¿Por qué cree que no aplica?
Admitir que el presidente puede declarar nulos actos de los otros poderes, lo convertiría en el superjuez constitucional, quien podría decidir qué es válido jurídicamente en Colombia, y qué no lo es. Esta tesis es contraria a nuestro diseño constitucional que no le confiere el control constitucional al presidente sino a los jueces y, en especial, a la Corte Constitucional. Y es una teoría peligrosísima para la democracia: hoy el presidente Petro declara nula una votación del Senado. Mañana, otros presidentes podrían declarar nulas las leyes o sentencias de las cuales discrepen. Sería el fin del Estado de derecho y todas nuestras libertades quedarían en manos del mandatario.
Y si al término de las demandas contra la votación del Senado o contra la convocatoria a la consulta por parte del Gobierno, se encuentra que la aplicación de esa figura es inconstitucional, ¿qué sucedería?
La consulta no tiene control judicial previo automático lo cual es un error de su regulación. Supongamos, entonces, que a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, avanza y llega a votarse y gana el sí, superando el umbral. Y que luego es demandada ante la Corte Constitucional. La Corte y el país quedaríamos ante un dilema difícil e indeseable. ¿Debería la Corte anular la consulta porque nunca contó con el concepto favorable del Senado como lo exige el artículo 104 de la Constitución? ¿O debería validarla y hacerla obligatoria porque hubo un pronunciamiento del pueblo? Precisamente para evitar ese difícil dilema en que cualquier alternativa es mala, el presidente tiene la responsabilidad de no promover consultas por medios inconstitucionales, como infortunadamente lo está haciendo con el “decretazo”.
Entonces, lo sensato, tanto por parte del presidente del Senado que se niega a auto-revisar su procedimiento del día de la votación, como por parte del mandatario quien se apresura a convocar una consulta, ¿sería esperar a que se pronuncien las cortes?
En esta coyuntura ha faltado mucha grandeza y sensatez en la mayoría de nuestros líderes políticos, tanto los del Gobierno como los de la oposición.
El miércoles pasado, el presidente firmó el decreto de la consulta popular y agitó a sus seguidores en una manifestación en Cali. Entre tanto, El Senado, que antes se había negado a debatir la reforma laboral, corrió a aprobar una de su propia invención. Ahora se enfrentarán las dos iniciativas ¿Cómo puede resolverse esa situación de manera razonable?
Repito, al igual que el Gobierno, en esta crisis la oposición y el Legislativo no han estado a la altura. Recordemos que todo empezó porque 8 senadores buscaron hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima a pesar de que venía consensuada de la Cámara. Fue cuando Petro activó la idea de la consulta popular que en ese momento tenía sentido, debido al enfrentamiento entre el presidente y el Congreso. Al mismo tiempo, el hundimiento de la reforma fue apelado y ella revivió, lo cual es positivo. En ese contexto, la mejor forma de salir de tal situación es que tanto el Gobierno como la oposición antepongan los derechos de los trabajadores a sus enfrentamientos. Y que, entonces, el Congreso logre un acuerdo para una buena reforma laboral que haría innecesaria la consulta y reduciría la dura crispación política que estamos viviendo.
Al parecer, eso no es lo que va a pasar. Cada uno de los dos bandos quiere sacar la bandera del triunfo en la reforma laboral: el senador Cepeda y sus aliados, están maniobrando para raparle la iniciativa a Petro en vista de la popularidad de la misma; y el presidente se empeña en no permitir otras propuestas que no sean las suyas ¿Este deterioro institucional puede derivar en una ruptura del sistema democrático?
No creo que el “decretazo” haya sido un golpe de Estado ni tampoco que estemos al borde de una ruptura total del sistema democrático. Pero, como han mostrado autores como Levitsky y Ziblatt en su best seller “Cómo mueren las democracias”, hoy las democracias no colapsan de un día para otro ni son asaltadas por golpes militares sino que van muriendo, poco a poco. Este enfrentamiento corrosivo entre Gobierno y oposición, es un debilitamiento democrático que debemos tomar muy en serio.
A propósito, la oposición al Gobierno y las bancadas de los partidos tradicionales han anunciado la presentación de una avalancha de tutelas, denuncias penales y demandas de nulidad contra el decreto ¿Caben esos recursos judiciales y de ellos saldrá la solución?
Existen incertidumbres acerca de cuál es el órgano judicial que controla la constitucionalidad del “decretazo”: si la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, por lo que habrá múltiples acciones judiciales ante los dos tribunales para frenarlo. No excluyo tampoco que muchos intenten acciones de tutela con ese propósito. Es probable que alguno de estos tribunales suspenda el “decretazo” por su manifiesta inconstitucionalidad pero tampoco es seguro. Y en todo caso, esa judicialización, que es inevitable, no es deseable porque no es la mejor forma de reducir las tensiones. Lo mejor sería lograr un acuerdo nacional para salir de esta crisis.
El discurso del presidente en plaza pública, en Cali, ante quienes parecen ser sus enardecidos votantes, fue retador pero al mismo tiempo anunció que enviaba el decreto sobre la consulta a la Corte Constitucional y sostuvo que acataría la decisión del alto tribunal ¿Cómo interpreta usted la doble posición de Petro?
No me parece extraño que Petro tenga al mismo tiempo un discurso retador en Cali y luego acepte un eventual control de la Corte Constitucional sobre la consulta porque él parece recurrir a vías paralelas para lograr la aprobación de sus reformas o para darle credibilidad a su argumento de que si no las logró, fue por los bloqueos de las derechas. Convoca movilizaciones ciudadanas para ejercer una presión política en las calles, aunque las llama, de manera impropia, cabildos abiertos para darles un poder decisorio que no tienen. Y juega, también, a nivel institucional, por ejemplo, con la participación de sus ministros en los debates del Congreso. Esa combinación de vías es legítima pero el problema es que luego el presidente plantea salidas que tensionan al máximo el Estado social de derecho, como el “decretazo” o su anuncio de que recurriría a una constituyente si la Corte no avala la consulta.
En medio del agitado debate sobre la constitucionalidad del decreto en que se convoca a consulta popular, el ministro Montealegre y algunos parlamentarios oficialistas revivieron la idea de acudir a una asamblea constituyente convocada por el pueblo ¿Es posible esa vía por los cauces señalados por la Constitución o de nuevo se sale de este marco?
Para que la convocatoria a una asamblea constituyente no se convierta en una ruptura institucional, tiene que hacerse dentro del riguroso marco de la Constitución: como dice el artículo 376, la constituyente es convocada por una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, en la que se precisa su composición y competencia. Esa ley tiene revisión previa de la Corte Constitucional y luego es sometida a votación general y no solo tiene que ganar el sí sino que, además, los votos favorables deben superar el tercio del censo electoral. Solo después de esos pasos puede entenderse jurídicamente convocada una constituyente.
Montealegre afirma que el Gobierno podría reunir 8 millones de firmas en la calle para pedir la constituyente sin pasar por el Congreso ¿Qué opina?
Esa tesis es equivocada. El artículo 376 de la Constitución es claro en que la convocatoria de la constituyente requiere de una ley del Congreso. Montealegre debe referirse al artículo 9 de la Ley 1757, que establece que si una iniciativa ciudadana para una consulta popular regional reúne el 20% de apoyos, entonces la respectiva corporación regional (Concejo o Asamblea departamental) está obligada a convocarla. Pero esa norma no habla de asamblea constituyente y en todo caso prevalece el preciso artículo constitucional.
El atroz atentado contra la vida del precandidato presidencial de oposición Miguel Uribe Turbay enrareció, mucho más, el ya difícil clima. Ese acto criminal, ¿tiene la potencialidad de alterar la realización de las elecciones del 2026?
Es un acto atroz que condeno. Le expreso toda mi solidaridad a su familia y a sus amigos cercanos. Nadie en Colombia debe sufrir atentados o cualquier forma de violencia por su actividad política. No podemos volver a las épocas terribles que vivimos a finales de los ochentas, especialmente en épocas electorales. El crimen debe ser esclarecido y sus responsables sancionados. Pero eso no es suficiente: todos los ciudadanos y, especialmente, los líderes políticos, debemos mostrar grandeza y, reitero, tenemos el deber de buscar un acuerdo nacional que reafirme los valores democráticos y constitucionales con el objeto de que puedan realizarse unas elecciones transparentes y sin violencia.
A pesar de que desde todos los estamentos sociales se pidió menguar la agresividad verbal después del atentado a Miguel Uribe, todos los actores políticos continuaron expresándose con su peor tono ¿Cree usted que la violencia política puede escalar en Colombia como pronostican algunos?
Si no logramos el acuerdo nacional y sigue el escalamiento de descalificaciones y estigmatización, es probable que la violencia política se incremente. Algunos historiadores han mostrado que, en la época de la violencia liberal y conservadora de los años cincuenta, la violencia en muchas regiones se incrementaba cuando los líderes en Bogotá aumentaban sus enfrentamientos verbales. Aunque la situación actual es muy distinta, no debemos olvidar las lecciones de la historia: los discursos de odio alimentan las violencias. Las palabras también matan, en cierta forma.
¿Cómo analiza la actitud pública de rechazo del presidente del Senado y de todos los partidos que él convocó, a reunirse con el mandatario después del atentado a Uribe Turbay? Y lo que parece más preocupante, ¿cómo califica su solicitud a las Fuerzas Militares y de Policía a reunirse con la oposición sin presencia de ningún funcionario civil del Gobierno?
Totalmente en desacuerdo con esa actitud de la oposición. Negarse a reunirse con el presidente Petro no es la forma de avanzar en la salida de esta crisis. Es inaceptable y muy peligroso que se intente involucrar a las Fuerzas Militares y de Policía en esta disputa política. En cierto modo, significa invitarlas a eventuales intervenciones militares con lo cual la oposición está poniendo en riesgo uno de los grandes activos de nuestra precaria democracia: la tradición civilista que ha hecho que no haya habido golpes de Estado en Colombia ni que se hayan presentado las dictaduras militares tan usuales en el resto de América Latina.
A estas alturas de la agria discusión pública en que, además de los rivales del Gobierno y el Congreso, también están involucrados los altos tribunales y sus magistrados, según puede constatarse, además de los sectores privados de la economía y hasta de los medios de comunicación, ¿será inevitable arribar a una especie de guerra civil entre grupos del establecimiento tradicional contra grupos del nuevo establecimiento que ha surgido de la clase petrista en el poder?
Estamos realmente en una crisis muy grave porque se combinan muchas cosas: difícil situación fiscal, inestabilidad institucional, violencia política creciente, polarización corrosiva y discursos de odio. En el pasado, por ejemplo en los años ochenta, enfrentamos graves coyunturas de violencia pero con una cierta estabilidad institucional y económica, y con una polarización menor. Por eso, tal vez la única salida a esta grave crisis es lograr ese acuerdo nacional que mencioné anteriormente, acuerdo en el que deberían participar no solo las fuerzas políticas sino también otros actores como como las organizaciones populares, los empresarios y las iglesias. Valoro que la Iglesia Católica, con el liderazgo de monseñor Henao, intente avanzar en esa dirección.
“Los riesgos de un futuro estallido social son reales”
Si en la Casa de Nariño la temperatura es alta, el Capitolio tampoco actúa con calma: su presidente, Efraín Cepeda y los senadores y representantes de oposición son tan confrontativos y agresivos con el Gobierno como este con el Congreso. En medio de esa hostilidad, ¿puede aprobarse una reforma laboral como la que esperan los trabajadores? Si no, ¿podríamos volver a presenciar algo similar al “estallido social” de 2021?
La polarización corrosiva que estamos viviendo no es solo responsabilidad del presidente sino también de la oposición. Es indudable que el mandatario tiene una alta cuota en esta situación por su permanente estigmatización de sus opositores llamándolos fascistas o esclavistas, lo cual es particularmente grave por su investidura como jefe de Estado, símbolo de la unidad nacional. Pero la oposición no se queda atrás cuando dice que no reconoce al presidente o cuando lo califica de dictador. Esto obviamente dificulta los acuerdos necesarios para la aprobación de unas reformas que Colombia necesita como la laboral, la de educación o la de salud. Estamos perdiendo una gran oportunidad de profundizar nuestra democracia por lo cual los riesgos de un futuro estallido social son reales.
Magistrados parecen “más opositores que jueces”
Ante su petición sobre un acuerdo nacional, ¿cree que también las cortes deberían contribuir a los encuentros en lugar de incentivar las confrontaciones? Se lo pregunto porque el presidente del tribunal llamado a dirimir los conflictos sociales, es decir, el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional, ha pronunciado recientemente dos discursos muy agresivos: en la asamblea de Asobancaria y en la posesión de la nueva magistrada en la que estaba presente Petro…
Los jueces no solo deben ser imparciales sino que deben parecerlo. Tienen, entonces, que comportarse en su vida privada, y en especial en su vida pública, de tal manera que su imparcialidad nunca pueda ser cuestionada. Infortunadamente ciertos magistrados de la Corte, como el actual presidente Ibáñez o el magistrado Reyes de esa misma corporación, han aparecido en varias ocasiones más como opositores del gobierno Petro que como jueces neutrales. Es decepcionante e inaceptable puesto que debilita la legitimidad de la Corte lo cual es especialmente grave en esta coyuntura.
