El momento de hacer las cuentas: ¿cómo votarían Cámara y Senado las objeciones a la JEP?
Los impedimentos que se aprueben, que modificarán el quórum, y la posición de Cambio Radical determinarán el futuro de los reparos del presidente Duque a la estatutaria de la JEP en el Congreso. Sumas y restas.
-Redacción Política
La Corte Constitucional dio bastante claridad sobre el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y, a pesar de que voces como la de Ernesto Macías, presidente del Senado, insisten en que si las objeciones hechas a la norma por el presidente Iván Duque son aceptadas o rechazadas, sin ninguna modificación, no reenviará la ley al alto tribunal, sino que la pasará directamente para la sanción del jefe de Estado, lo cierto es que la Corte reclamó su potestad para revisar cualquier tipo de decisión que se tome al respecto. Y, de paso, acabó con una preocupación que tenían los defensores de la implementación: el plazo máximo para tramitar los reparos del primer mandatario es el 20 de junio próximo.
Así las cosas, lo que viene ahora es la medición de fuerzas en el Capitolio entre Gobierno y oposición, que buscarán garantizar las mayorías a favor de sus intereses. Sobre ese asunto también hay un terreno recorrido. Por ejemplo, el Partido Liberal tomó la decisión de no apoyar las objeciones presidenciales y hasta llamó a la disciplina de su bancada para respetar la directriz atendiendo la Ley de Bancadas, sin duda, un llamado de atención directo al senador Julián Bedoya, quien expresó que se había reunido con el presidente Duque para, entre otras cosas, hablar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y mostrarle el apoyo de sus iniciativas en el Congreso.
La U, que tiene 14 senadores, también definió en bancada que no apoyará las objeciones, aunque parlamentarios como José David Name, bastante cercano al Gobierno, manifestó que no tiene la obligación de votar en el sentido en que lo haga su partido. Cambio Radical aún no se define, pero, según el senador Roy Barreras, ha hablado con ocho de los congresistas del partido de Germán Vargas Lleras que rechazarían las objeciones. En estas cuentas, por supuesto, hay que contar a los nueve senadores verdes, dos de la Lista de la Decencia, sin contar a Jonathan Tamayo, Manguito —que a pesar de que llegó por la lista de Petro es uno más del uribismo—, los cinco del Polo y las dos curules indígenas de Feliciano Valencia y Manuel Viterbo.
Desde la otra orilla, el Centro Democrático, que es la bancada mayoritaria, contaría con 19 votos. Ahí entran a jugar los partidos alineados con el Gobierno, que son el Conservador (14 senadores), MIRA (3), Colombia Justa-Libres (3), más Manguito. Es decir, calculadora en mano, en Senado habría 55 votos en contra de las objeciones y 40 a favor, sin conocer aún la posición de los ocho senadores restantes de Cambio Radical, aunque por posturas anteriores se podría inferir que, por ejemplo, Germán Varón Cotrino y Carlos Fernando Motoa apoyarían al Gobierno, lo que sumaría 42 a favor de aceptar las objeciones. En ese grupo también podría entrar Name.
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Ahora, en los cálculos entra a jugar un factor importante, y será la conformación del quórum, teniendo en cuenta a los parlamentarios que deberán declararse impedidos, por ejemplo, por tener relación con la JEP o familiares investigados por la parapolítica. Además de los cinco de la FARC, también se contempla que Samy Merheg, Andrés García Zuccardi, Richard Aguilar e incluso el expresidente Álvaro Uribe y varios de su bancada, que se declararon impedidos en junio de 2018 para debatir el acto legislativo de la misma JEP, deberán presentar sus impedimentos. Ahí se conocerá a ciencia cierta la conformación del quórum y los votos necesarios para lograr la mayoría absoluta (la mitad más uno), necesaria para decidir las objeciones.
En la Cámara de Representantes el asunto parece más claro. Por los lados de quienes están en contra de los reparos de Duque habría 74 votos, mientras que 62 parlamentarios darían su apoyo al Gobierno. Como ocurre en Senado, tampoco es clara la postura de Cambio Radical, que tiene 30 curules y cuyos votos serán determinantes. Por supuesto, la evaluación de eventuales impedimentos en la Cámara baja será un paso que se deberá surtir para decretar la conformación del quórum y conocer cuál es el número de votos necesarios para conformar la mayoría absoluta.
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Las posiciones están encontradas y, por el momento, tras el pronunciamiento de la Corte, lo que ha habido es un llamado del senador David Barguil, del Partido Conservador, para que tanto el presidente como los partidos de Gobierno y la oposición puedan llegar a un acuerdo “de Estado” que parta de las bases de “justicia, reparación y no repetición, pero también que asegure que aquellos guerrilleros que decidieron sentarse a negociar y a dejar las armas no reincidan y se reincorporen real y definitivamente a la vida civil”.
Lo restante en todo este proceso, sea cual sea el destino que tengan las objeciones de Duque en el Congreso, será el proyecto de acto legislativo que ya anunció el jefe de Estado y que, según explicó, intentará hacer cambios en cuanto a que los delitos sexuales cometidos durante el conflicto armado no sean juzgados por la JEP, que los reincidentes pierdan todos los beneficios y que quienes cometan delitos después del 1° de diciembre de 2016 sean juzgados por la justicia ordinaria. Esa iniciativa, a juicio de muchos, es a lo que realmente hay que ponerle atención, ya que tiene la posibilidad de modificar el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional. Es decir, opinan los más pesimistas, hacerlo de verdad trizas.
La Corte Constitucional dio bastante claridad sobre el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y, a pesar de que voces como la de Ernesto Macías, presidente del Senado, insisten en que si las objeciones hechas a la norma por el presidente Iván Duque son aceptadas o rechazadas, sin ninguna modificación, no reenviará la ley al alto tribunal, sino que la pasará directamente para la sanción del jefe de Estado, lo cierto es que la Corte reclamó su potestad para revisar cualquier tipo de decisión que se tome al respecto. Y, de paso, acabó con una preocupación que tenían los defensores de la implementación: el plazo máximo para tramitar los reparos del primer mandatario es el 20 de junio próximo.
Así las cosas, lo que viene ahora es la medición de fuerzas en el Capitolio entre Gobierno y oposición, que buscarán garantizar las mayorías a favor de sus intereses. Sobre ese asunto también hay un terreno recorrido. Por ejemplo, el Partido Liberal tomó la decisión de no apoyar las objeciones presidenciales y hasta llamó a la disciplina de su bancada para respetar la directriz atendiendo la Ley de Bancadas, sin duda, un llamado de atención directo al senador Julián Bedoya, quien expresó que se había reunido con el presidente Duque para, entre otras cosas, hablar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y mostrarle el apoyo de sus iniciativas en el Congreso.
La U, que tiene 14 senadores, también definió en bancada que no apoyará las objeciones, aunque parlamentarios como José David Name, bastante cercano al Gobierno, manifestó que no tiene la obligación de votar en el sentido en que lo haga su partido. Cambio Radical aún no se define, pero, según el senador Roy Barreras, ha hablado con ocho de los congresistas del partido de Germán Vargas Lleras que rechazarían las objeciones. En estas cuentas, por supuesto, hay que contar a los nueve senadores verdes, dos de la Lista de la Decencia, sin contar a Jonathan Tamayo, Manguito —que a pesar de que llegó por la lista de Petro es uno más del uribismo—, los cinco del Polo y las dos curules indígenas de Feliciano Valencia y Manuel Viterbo.
Desde la otra orilla, el Centro Democrático, que es la bancada mayoritaria, contaría con 19 votos. Ahí entran a jugar los partidos alineados con el Gobierno, que son el Conservador (14 senadores), MIRA (3), Colombia Justa-Libres (3), más Manguito. Es decir, calculadora en mano, en Senado habría 55 votos en contra de las objeciones y 40 a favor, sin conocer aún la posición de los ocho senadores restantes de Cambio Radical, aunque por posturas anteriores se podría inferir que, por ejemplo, Germán Varón Cotrino y Carlos Fernando Motoa apoyarían al Gobierno, lo que sumaría 42 a favor de aceptar las objeciones. En ese grupo también podría entrar Name.
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Ahora, en los cálculos entra a jugar un factor importante, y será la conformación del quórum, teniendo en cuenta a los parlamentarios que deberán declararse impedidos, por ejemplo, por tener relación con la JEP o familiares investigados por la parapolítica. Además de los cinco de la FARC, también se contempla que Samy Merheg, Andrés García Zuccardi, Richard Aguilar e incluso el expresidente Álvaro Uribe y varios de su bancada, que se declararon impedidos en junio de 2018 para debatir el acto legislativo de la misma JEP, deberán presentar sus impedimentos. Ahí se conocerá a ciencia cierta la conformación del quórum y los votos necesarios para lograr la mayoría absoluta (la mitad más uno), necesaria para decidir las objeciones.
En la Cámara de Representantes el asunto parece más claro. Por los lados de quienes están en contra de los reparos de Duque habría 74 votos, mientras que 62 parlamentarios darían su apoyo al Gobierno. Como ocurre en Senado, tampoco es clara la postura de Cambio Radical, que tiene 30 curules y cuyos votos serán determinantes. Por supuesto, la evaluación de eventuales impedimentos en la Cámara baja será un paso que se deberá surtir para decretar la conformación del quórum y conocer cuál es el número de votos necesarios para conformar la mayoría absoluta.
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Lo restante en todo este proceso, sea cual sea el destino que tengan las objeciones de Duque en el Congreso, será el proyecto de acto legislativo que ya anunció el jefe de Estado y que, según explicó, intentará hacer cambios en cuanto a que los delitos sexuales cometidos durante el conflicto armado no sean juzgados por la JEP, que los reincidentes pierdan todos los beneficios y que quienes cometan delitos después del 1° de diciembre de 2016 sean juzgados por la justicia ordinaria. Esa iniciativa, a juicio de muchos, es a lo que realmente hay que ponerle atención, ya que tiene la posibilidad de modificar el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional. Es decir, opinan los más pesimistas, hacerlo de verdad trizas.