El muro de los impedimentos para la eliminación del beneficio de casa por cárcel

El Congreso de la República volvió esta semana a convertirse en la institución más odiada por los colombianos. La noticia de que no fue posible aprobar un proyecto de ley que, entre otras cosas, eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción desató la indignación de los ciudadanos. Dos años duró el trámite de una iniciativa que presentó el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y que se convirtió en el salvavidas de uno de los puntos más votados de la consulta anticorrupción apoyada por más de 11’500.000 colombianos en agosto de 2018. Sin embargo, la iniciativa se hundió a última hora, cuando le faltaba solo la conciliación y dejó al descubierto la falta de voluntad de la clase política colombiana para quitarse privilegios.

Fue tan dramático el trámite, que durante todo el año el Senado de la República le tomó del pelo al proyecto, hasta el punto que de los 106 senadores que actualmente ocupan su curul, 62 presentaron impedimentos por motivos diversos. De alguna manera, fue este recurso el argumento perfecto para dilatar el camino de la iniciativa que requirió de cinco largas sesiones en las que, uno a uno, se votaron los conflictos de intereses argumentados por los parlamentarios. Lo extraño es que solo 25 de los 62 fueron aceptados por la plenaria, a pesar de que en varios casos el aprobado y el negado señalaran motivaciones idénticas para no participar del debate. Un asunto que evidentemente se definió con un carácter político y no jurídico.

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Resulta curioso que mientras a Julián Gallo, senador de la FARC más conocido como Carlos Antonio Lozada, le aceptaron el impedimento por ser denunciante en contra del también senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, a su compañera Victoria Sandino se lo negaron. También llama la atención que mientras que al senador Fabián Castillo Suárez le negaron el impedimento en el que señalaba que la Fiscalía había compulsado copias por presuntos hechos delictivos configurados en las elecciones a Congreso de marzo de 2018, al senador Temístocles Ortega se lo admitieron por una indagación preliminar por presuntamente haber revocado un contrato de computadores cuando fue gobernador del Cauca.

Tampoco le avalaron el conflicto de intereses a José Alfredo Gnecco, contra quien cursa una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia y afirmó tener un familiar de primer grado de consanguinidad con sentencia judicial (es hijo del condenado exgobernador del Cesar Lucas Gnecco Cerchar), pero sí a Ana María Castañeda, cuyo esposo tiene apenas una investigación preliminar y quien ya aspira a ser candidato en las elecciones de octubre.

Decisiones extrañas que fueron solo el preámbulo de una grotesca maniobra en la que parlamentarios y representantes del Gobierno Nacional se tiraron la pelota para no asumir ninguna responsabilidad en el hundimiento del proyecto. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, acusó a su colega del Senado, Ernesto Macías, de haber dilatado durante un año la discusión. En respuesta, Macías señaló a Chacón de haber enviado un falso conciliador. El representante liberal se defendió endilgándole la responsabilidad a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien mandó a Gabriel Vallejo a conciliar un proyecto para el cual no había sido designado. En síntesis, un circo de excusas en el que lo único que hicieron fue borrar las huellas de un crimen perfecto que favoreció a los ladrones de cuello blanco.

Conozca a los impedidos y sus razones. (Espere la carga de la visualización)

El Congreso de la República volvió esta semana a convertirse en la institución más odiada por los colombianos. La noticia de que no fue posible aprobar un proyecto de ley que, entre otras cosas, eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción desató la indignación de los ciudadanos. Dos años duró el trámite de una iniciativa que presentó el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y que se convirtió en el salvavidas de uno de los puntos más votados de la consulta anticorrupción apoyada por más de 11’500.000 colombianos en agosto de 2018. Sin embargo, la iniciativa se hundió a última hora, cuando le faltaba solo la conciliación y dejó al descubierto la falta de voluntad de la clase política colombiana para quitarse privilegios.

Fue tan dramático el trámite, que durante todo el año el Senado de la República le tomó del pelo al proyecto, hasta el punto que de los 106 senadores que actualmente ocupan su curul, 62 presentaron impedimentos por motivos diversos. De alguna manera, fue este recurso el argumento perfecto para dilatar el camino de la iniciativa que requirió de cinco largas sesiones en las que, uno a uno, se votaron los conflictos de intereses argumentados por los parlamentarios. Lo extraño es que solo 25 de los 62 fueron aceptados por la plenaria, a pesar de que en varios casos el aprobado y el negado señalaran motivaciones idénticas para no participar del debate. Un asunto que evidentemente se definió con un carácter político y no jurídico.

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