El necesario consenso político para el nuevo acuerdo de paz

Lo dijeron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de su equipo negociador en La Habana, Humberto de La Calle: la aceptación del nuevo acuerdo de paz con las Farc, firmado el sábado pasado, no iba a ser unánime. Pero más allá de los reparos y de la discusión que se plantee sobre lo que se incluyó o no se incluyó en la renegociación, la urgencia ahora pasa por definir el mecanismo mediante el cual se refrendará lo pactado para darle paso, lo más pronto posible, a la implementación. Porque la postura del Gobierno es contundente, este es el acuerdo final y definitivo, y no hay espacio para una nueva negociación. “Es lo que tenemos y sobre lo que hay que trabajar. No podemos perder tiempo, hay que comenzar la implementación”, dijo exactamente De La Calle. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Y a eso apuntaban las dos reuniones realizadas ayer en la Casa de Nariño entre el jefe de Estado y los negociadores, una con el equipo de ministros y otra con los voceros de los partidos de la Unidad Nacional, además de las otras colectividades que han sumado su respaldo al proceso de paz. El objetivo, además de divulgar los cambios que se le hicieron al acuerdo final, es comenzar a explorar y, dado el caso, definir lo de la refrendación. Por ahora son tres los escenarios planteados: hacerlo vía Congreso de la República, volver a citar a un plebiscito o utilizar la figura del cabildo abierto, que implica la reunión pública de concejos municipales o juntas administradoras locales, para que sean los ciudadanos quienes participen y decidan directamente sobre el tema.

Todo apunta a que le refrendación vía legislativa es la que más respaldo político tiene, al menos entre quienes impulsaron el Sí en el plebiscito del 2 de octubre. Sin embargo, entre los del No, incluidas a las víctimas del conflicto, hay disparidad de conceptos. De ahí que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya invitado a esos sectores a sentarse a dialogar como se ha venido haciendo con el Gobierno para que les sean expuestos los ajustes realizados al texto del acuerdo. “No se puede tener un acuerdo abierto y de forma indefinida. Las negociaciones finalizaron y debe implementarse el acuerdo”, enfatizó. Eso sí, el senador Roy Barreras fue más directo y advirtió que, detrás del inconformismo de algunos, se ven claros intereses políticos: “Entendemos que hay personas con agenda política para 2018 y necesitan bandera, necesitan oponerse a todo”.

Y es que, por ejemplo, para el exprocurador Alejandro Ordóñez, el Congreso no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz y, además, el Gobierno incumplió su promesa de reunirse con los promotores del No antes de la firma del nuevo documento. “Esto no es un nuevo acuerdo, esto es el mismo acuerdo maquillado. (…) Los aspectos esenciales que motivaron a la mayoría de los colombianos a rechazar los acuerdos siguen vigentes”, aseguró Ordóñez. Para él, un 90 % de los congresistas fue derrotado en el plebiscito del 2 de octubre y la implementación vía legislativa significaría el incumplimiento del compromiso hecho por el mismo presidente Santos en el sentido de que el pueblo es el que tiene la última palabra.

Por los lados del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, seguía el análisis de las 310 páginas del nuevo acuerdo, aunque la posición del Gobierno sobre que este ya es definitivo generó molestia. “Si eso es así, Juan Manuel Santos divide al país y nos aboca a un enfrentamiento político brutal los próximos 21 meses”, escribió en Twitter el exvicepresidente Francisco Santos. “La no elegibilidad de criminales es un principio constitucional, reafirmado por el No. Permitirla sin pagar pena insulta al estado de derecho”, expresó por su parte el senador Iván Duque, haciendo referencia a la posibilidad de que guerrilleros condenados por crímenes atroces, dado el caso, puedan llegar a ser congresistas o alcaldes o gobernadores o concejales.

Otro asunto que causa mucha roncha en el uribismo tiene que ver con que si el acuerdo final entra o no a formar parte del bloque de constitucionalidad. Según el Gobierno, ello no está contemplado, pero, según Álvaro Leyva, uno de los asesores jurídicos de la mesa de negociaciones de La Habana, “el artículo 93 sigue vivito y coleando”, en referencia a la norma de la Carta política de 1991 que dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Ahora, hay que tener en cuenta que la idea es incorporar, vía acto legislativo, un artículo transitorio que señalará que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final” y que “las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado”. Su vigencia irá desde su incorporación a la Constitución Política hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores, como una clara forma de blindar lo pactado ante futuros gobiernos que quisieran modificarlo. Y eso, para senadores como Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, es un “engaño”. “Parece que los ganadores del No fueron las Farc. Usaron este tiempo para mejorar sus exigencias y la impunidad sigue vigente”, agregó.

En las víctimas, a su vez, se ven diferencias de criterio. Para la senadora liberal Sofía Gaviria, hermana del asesinado exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y vocera de Federación de Víctimas de las Farc, en ninguna de las 310 páginas del nuevo acuerdo se contempló una sola de las solicitudes que plantearon, como tampoco se habla de las solicitudes humanitarias en cuanto a secuestrados, niños reclutados, mapas de minas antipersona y desaparecidos. En cambio, otro grupo de víctimas, entre las que se encuentran los familiares de los exdiputados del Valle asesinados, expidió un comunicado expresando respaldo al nuevo texto, pues “recoge las observaciones y anhelos de paz de la sociedad colombiana, contribuye a la reconciliación y está acorde con las normas constitucionales”. Y de paso, asegura que las otras organizaciones de víctimas, que se han manifestado en contra del acuerdo, no representan al universo de las ocho millones de víctimas de Colombia y sólo hablan a nombre de sus afiliados.

En conclusión, todavía queda mucha tela de donde cortar y los próximos días serán de arduo debate.

Es claro que en el Congreso, a excepción del Centro Democrático, hay respaldo a la opción de que ese sea el escenario de la refrendación. “Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades para que el acuerdo se pueda desarrollar por medio de actos Legislativos; es decir, con reformas a la Constitución y mediante la expedición de leyes”, indicó el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal. Incluso Mauricio Lizcano, presidente del Senado, dijo que, si es necesario ir a sesiones extras, se hará. “En el Congreso están los líderes más importantes del Sí y del No, por lo que es el escenario ideal para refrendar e implementar lo pactado sin polarizar el país y sin gastar una cantidad de plata en otro plebiscito”, sostuvo.

Lo dijeron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de su equipo negociador en La Habana, Humberto de La Calle: la aceptación del nuevo acuerdo de paz con las Farc, firmado el sábado pasado, no iba a ser unánime. Pero más allá de los reparos y de la discusión que se plantee sobre lo que se incluyó o no se incluyó en la renegociación, la urgencia ahora pasa por definir el mecanismo mediante el cual se refrendará lo pactado para darle paso, lo más pronto posible, a la implementación. Porque la postura del Gobierno es contundente, este es el acuerdo final y definitivo, y no hay espacio para una nueva negociación. “Es lo que tenemos y sobre lo que hay que trabajar. No podemos perder tiempo, hay que comenzar la implementación”, dijo exactamente De La Calle. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Y a eso apuntaban las dos reuniones realizadas ayer en la Casa de Nariño entre el jefe de Estado y los negociadores, una con el equipo de ministros y otra con los voceros de los partidos de la Unidad Nacional, además de las otras colectividades que han sumado su respaldo al proceso de paz. El objetivo, además de divulgar los cambios que se le hicieron al acuerdo final, es comenzar a explorar y, dado el caso, definir lo de la refrendación. Por ahora son tres los escenarios planteados: hacerlo vía Congreso de la República, volver a citar a un plebiscito o utilizar la figura del cabildo abierto, que implica la reunión pública de concejos municipales o juntas administradoras locales, para que sean los ciudadanos quienes participen y decidan directamente sobre el tema.

Todo apunta a que le refrendación vía legislativa es la que más respaldo político tiene, al menos entre quienes impulsaron el Sí en el plebiscito del 2 de octubre. Sin embargo, entre los del No, incluidas a las víctimas del conflicto, hay disparidad de conceptos. De ahí que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya invitado a esos sectores a sentarse a dialogar como se ha venido haciendo con el Gobierno para que les sean expuestos los ajustes realizados al texto del acuerdo. “No se puede tener un acuerdo abierto y de forma indefinida. Las negociaciones finalizaron y debe implementarse el acuerdo”, enfatizó. Eso sí, el senador Roy Barreras fue más directo y advirtió que, detrás del inconformismo de algunos, se ven claros intereses políticos: “Entendemos que hay personas con agenda política para 2018 y necesitan bandera, necesitan oponerse a todo”.

Y es que, por ejemplo, para el exprocurador Alejandro Ordóñez, el Congreso no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz y, además, el Gobierno incumplió su promesa de reunirse con los promotores del No antes de la firma del nuevo documento. “Esto no es un nuevo acuerdo, esto es el mismo acuerdo maquillado. (…) Los aspectos esenciales que motivaron a la mayoría de los colombianos a rechazar los acuerdos siguen vigentes”, aseguró Ordóñez. Para él, un 90 % de los congresistas fue derrotado en el plebiscito del 2 de octubre y la implementación vía legislativa significaría el incumplimiento del compromiso hecho por el mismo presidente Santos en el sentido de que el pueblo es el que tiene la última palabra.

Por los lados del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, seguía el análisis de las 310 páginas del nuevo acuerdo, aunque la posición del Gobierno sobre que este ya es definitivo generó molestia. “Si eso es así, Juan Manuel Santos divide al país y nos aboca a un enfrentamiento político brutal los próximos 21 meses”, escribió en Twitter el exvicepresidente Francisco Santos. “La no elegibilidad de criminales es un principio constitucional, reafirmado por el No. Permitirla sin pagar pena insulta al estado de derecho”, expresó por su parte el senador Iván Duque, haciendo referencia a la posibilidad de que guerrilleros condenados por crímenes atroces, dado el caso, puedan llegar a ser congresistas o alcaldes o gobernadores o concejales.

Otro asunto que causa mucha roncha en el uribismo tiene que ver con que si el acuerdo final entra o no a formar parte del bloque de constitucionalidad. Según el Gobierno, ello no está contemplado, pero, según Álvaro Leyva, uno de los asesores jurídicos de la mesa de negociaciones de La Habana, “el artículo 93 sigue vivito y coleando”, en referencia a la norma de la Carta política de 1991 que dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Ahora, hay que tener en cuenta que la idea es incorporar, vía acto legislativo, un artículo transitorio que señalará que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final” y que “las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado”. Su vigencia irá desde su incorporación a la Constitución Política hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores, como una clara forma de blindar lo pactado ante futuros gobiernos que quisieran modificarlo. Y eso, para senadores como Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, es un “engaño”. “Parece que los ganadores del No fueron las Farc. Usaron este tiempo para mejorar sus exigencias y la impunidad sigue vigente”, agregó.

En las víctimas, a su vez, se ven diferencias de criterio. Para la senadora liberal Sofía Gaviria, hermana del asesinado exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y vocera de Federación de Víctimas de las Farc, en ninguna de las 310 páginas del nuevo acuerdo se contempló una sola de las solicitudes que plantearon, como tampoco se habla de las solicitudes humanitarias en cuanto a secuestrados, niños reclutados, mapas de minas antipersona y desaparecidos. En cambio, otro grupo de víctimas, entre las que se encuentran los familiares de los exdiputados del Valle asesinados, expidió un comunicado expresando respaldo al nuevo texto, pues “recoge las observaciones y anhelos de paz de la sociedad colombiana, contribuye a la reconciliación y está acorde con las normas constitucionales”. Y de paso, asegura que las otras organizaciones de víctimas, que se han manifestado en contra del acuerdo, no representan al universo de las ocho millones de víctimas de Colombia y sólo hablan a nombre de sus afiliados.

En conclusión, todavía queda mucha tela de donde cortar y los próximos días serán de arduo debate.

Es claro que en el Congreso, a excepción del Centro Democrático, hay respaldo a la opción de que ese sea el escenario de la refrendación. “Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades para que el acuerdo se pueda desarrollar por medio de actos Legislativos; es decir, con reformas a la Constitución y mediante la expedición de leyes”, indicó el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal. Incluso Mauricio Lizcano, presidente del Senado, dijo que, si es necesario ir a sesiones extras, se hará. “En el Congreso están los líderes más importantes del Sí y del No, por lo que es el escenario ideal para refrendar e implementar lo pactado sin polarizar el país y sin gastar una cantidad de plata en otro plebiscito”, sostuvo.