“El No también es la defensa de la paz”: Iván Duque

El voto que ejerceremos los colombianos el día de hoy es decisivo sobre nuestro futuro. No se trata de una elección entre santistas y uribistas, ni mucho menos entre ideologías o partidos políticos. Tampoco es una elección entre la paz y la guerra como se ha intentado plantear para simplificar emocionalmente nuestra decisión. Hoy estaremos votando un contrato entre Juan Manuel Santos y las Farc, cuyas implicaciones y efectos tendrán consecuencias sobre nuestras instituciones, nuestros principios democráticos, nuestras finanzas públicas y nuestra justicia.

Ante la trascendencia de la elección, tenemos que mirar los detalles de un contrato que el Gobierno ha convertido por la vía del plebiscito en un todo o nada. En el todo existen aspectos que merecen ser corregidos institucionalmente y por eso debemos decir No.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 36 del Acuerdo de Justicia, que contrario a lo que dice nuestra Constitución, está permitiendo que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad puedan llegar a cargos de elección popular.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, donde se quiere convertir el asesinato de soldados y policías en un delito conexo al delito político con fines de amnistía, llamándolos “muertes en combate a la luz del DIH”, cuando las Farc nunca han cumplido con esos lineamientos.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 39 del Acuerdo de Justicia, que pretende convertir el secuestro de soldados y policías en un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, llamándolo aprehensión de combatientes.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el mismo artículo 39 que pretende amnistiar los delitos para financiar, promover y ocultar “la rebelión”, abriendo la puerta al perdón del narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos y la minería ilegal.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 59 del Acuerdo de Justicia, que iguala la cadena de mando de las Farc con la de las FF.MM. y permite que los cabecillas de la organización ilegal eludan responsabilidades definidas en fallos de la Corte Penal Internacional.

Con el No estamos pidiendo que el artículo 60 del Acuerdo de Justicia se corrija y no permita que se eluda la pena carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad con el pretexto de “decir toda la verdad”.

Con el No estamos exigiendo que las Farc y sus cabecillas se comprometan a entregar sus recursos para la reparación material de las víctimas de manera efectiva y real.

Con el No estamos evitando que las 297 páginas de los acuerdos queden incorporadas en nuestra Constitución, mucho menos cuando se señala en la página 187 numeral 3.2 que la reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo político y lo social se hará “de acuerdo con sus intereses”. Intereses que no están claros y definidos en los acuerdos.

Con el No estamos evitando que nuestra Constitución pueda ser reformada en un proceso abreviado y que se aprueben leyes trascendentales en horno microondas en tan solo dos debates.

Con el No estamos evitando que el presidente de la República tenga facultades habilitantes que le permitan promulgar decretos con fuerza de ley sobre todas las materias relacionadas con la implementación.

Con el No estamos evitando que el Congreso quede limitado a solamente modificar lo que el Gobierno le permita en relación con las normas para implementar los acuerdos.

Con el No estamos evitando que se nos quite a los ciudadanos la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad frente a las normas que implementan los acuerdos, si consideramos que son contrarias a nuestra Carta Política.

Ante estas reflexiones válidas y razonables se ha querido decir que si gana el No, habrá guerra. También se ha dicho que el No está sustentado en la imposibilidad de hacer modificaciones a los acuerdos.

Apelar a esas consideraciones es una falacia. ¿Por qué? Porque el presidente está facultado para firmar acuerdos y de hecho ya los firmó. Bajo esa premisa, si gana el No, el presidente debe reconocer que los votantes le han pedido hacer correcciones para alcanzar un consenso nacional que les dé estabilidad a los acuerdos.

¿Cómo procedería? Sencillo, como hoy lo contemplan la Constitución y la Ley. Si gana el No, los acuerdos no entran a la Constitución y el Gobierno debe presentar las leyes para su implementación en concordancia con las normas vigentes, permitiendo las modificaciones que han exigido los electores.

Si gana el No, estas normas no se discutirán en procesos exprés y el Congreso con la sociedad podrá llegar a acuerdos mínimos para determinar su alcance sin estar sometidos a lo que permita el presidente.

Si gana el No, tendremos las garantías institucionales para evaluar y corregir unos acuerdos cuya sostenibilidad excede los agonizantes meses que le quedan al actual gobierno. Esto lo haremos con las reglas de juego vigentes de la democracia y permitiendo que la Corte Constitucional opere sin presiones perentorias de manera única.

Hoy debemos ir a las urnas sin miedo. Tenemos que hacerlo como ciudadanos libres, entendiendo que el No también es la defensa de la paz, de una paz con justicia, con legalidad, con transparencia institucional, con reglas de juego, con estabilidad.

Quienes votaremos No queremos que exista participación política pero no para criminales de lesa humanidad. Quienes votaremos No queremos una desmovilización, desarme y reinserción generosa para la base guerrillera y que los máximos responsables paguen una pena mínima de prisión en condiciones alternativas como colonias agrícolas.

Decimos No queriendo la PAZ, queriendo a Colombia y defendiendo que la legalidad sea la base de una sociedad donde todos podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. Si premiamos al delincuente o si validamos la violencia como método de negociación con el Estado, estaremos sembrando nuevas violencias y eso lo queremos evitar.

El voto que ejerceremos los colombianos el día de hoy es decisivo sobre nuestro futuro. No se trata de una elección entre santistas y uribistas, ni mucho menos entre ideologías o partidos políticos. Tampoco es una elección entre la paz y la guerra como se ha intentado plantear para simplificar emocionalmente nuestra decisión. Hoy estaremos votando un contrato entre Juan Manuel Santos y las Farc, cuyas implicaciones y efectos tendrán consecuencias sobre nuestras instituciones, nuestros principios democráticos, nuestras finanzas públicas y nuestra justicia.

Ante la trascendencia de la elección, tenemos que mirar los detalles de un contrato que el Gobierno ha convertido por la vía del plebiscito en un todo o nada. En el todo existen aspectos que merecen ser corregidos institucionalmente y por eso debemos decir No.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 36 del Acuerdo de Justicia, que contrario a lo que dice nuestra Constitución, está permitiendo que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad puedan llegar a cargos de elección popular.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, donde se quiere convertir el asesinato de soldados y policías en un delito conexo al delito político con fines de amnistía, llamándolos “muertes en combate a la luz del DIH”, cuando las Farc nunca han cumplido con esos lineamientos.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 39 del Acuerdo de Justicia, que pretende convertir el secuestro de soldados y policías en un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, llamándolo aprehensión de combatientes.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el mismo artículo 39 que pretende amnistiar los delitos para financiar, promover y ocultar “la rebelión”, abriendo la puerta al perdón del narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos y la minería ilegal.

Con el No estamos pidiendo que se corrija el artículo 59 del Acuerdo de Justicia, que iguala la cadena de mando de las Farc con la de las FF.MM. y permite que los cabecillas de la organización ilegal eludan responsabilidades definidas en fallos de la Corte Penal Internacional.

Con el No estamos pidiendo que el artículo 60 del Acuerdo de Justicia se corrija y no permita que se eluda la pena carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad con el pretexto de “decir toda la verdad”.

Con el No estamos exigiendo que las Farc y sus cabecillas se comprometan a entregar sus recursos para la reparación material de las víctimas de manera efectiva y real.

Con el No estamos evitando que las 297 páginas de los acuerdos queden incorporadas en nuestra Constitución, mucho menos cuando se señala en la página 187 numeral 3.2 que la reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo político y lo social se hará “de acuerdo con sus intereses”. Intereses que no están claros y definidos en los acuerdos.

Con el No estamos evitando que nuestra Constitución pueda ser reformada en un proceso abreviado y que se aprueben leyes trascendentales en horno microondas en tan solo dos debates.

Con el No estamos evitando que el presidente de la República tenga facultades habilitantes que le permitan promulgar decretos con fuerza de ley sobre todas las materias relacionadas con la implementación.

Con el No estamos evitando que el Congreso quede limitado a solamente modificar lo que el Gobierno le permita en relación con las normas para implementar los acuerdos.

Con el No estamos evitando que se nos quite a los ciudadanos la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad frente a las normas que implementan los acuerdos, si consideramos que son contrarias a nuestra Carta Política.

Ante estas reflexiones válidas y razonables se ha querido decir que si gana el No, habrá guerra. También se ha dicho que el No está sustentado en la imposibilidad de hacer modificaciones a los acuerdos.

Apelar a esas consideraciones es una falacia. ¿Por qué? Porque el presidente está facultado para firmar acuerdos y de hecho ya los firmó. Bajo esa premisa, si gana el No, el presidente debe reconocer que los votantes le han pedido hacer correcciones para alcanzar un consenso nacional que les dé estabilidad a los acuerdos.

¿Cómo procedería? Sencillo, como hoy lo contemplan la Constitución y la Ley. Si gana el No, los acuerdos no entran a la Constitución y el Gobierno debe presentar las leyes para su implementación en concordancia con las normas vigentes, permitiendo las modificaciones que han exigido los electores.

Si gana el No, estas normas no se discutirán en procesos exprés y el Congreso con la sociedad podrá llegar a acuerdos mínimos para determinar su alcance sin estar sometidos a lo que permita el presidente.

Si gana el No, tendremos las garantías institucionales para evaluar y corregir unos acuerdos cuya sostenibilidad excede los agonizantes meses que le quedan al actual gobierno. Esto lo haremos con las reglas de juego vigentes de la democracia y permitiendo que la Corte Constitucional opere sin presiones perentorias de manera única.

Hoy debemos ir a las urnas sin miedo. Tenemos que hacerlo como ciudadanos libres, entendiendo que el No también es la defensa de la paz, de una paz con justicia, con legalidad, con transparencia institucional, con reglas de juego, con estabilidad.

Quienes votaremos No queremos que exista participación política pero no para criminales de lesa humanidad. Quienes votaremos No queremos una desmovilización, desarme y reinserción generosa para la base guerrillera y que los máximos responsables paguen una pena mínima de prisión en condiciones alternativas como colonias agrícolas.

Decimos No queriendo la PAZ, queriendo a Colombia y defendiendo que la legalidad sea la base de una sociedad donde todos podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. Si premiamos al delincuente o si validamos la violencia como método de negociación con el Estado, estaremos sembrando nuevas violencias y eso lo queremos evitar.