:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/X4GnyMpGk0rvfFsjQzEPjtqhR_w=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/C25IOABUJVDDVATYZ5L6EVGQNA.jpg)
La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de otorgar la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich y ordenar su inmediata libertad, cambió radicalmente el panorama político. No solo por la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, sino porque diluyó la derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso de la República con las objeciones presidenciales, que pasaron a un segundo plano y parecen darle una bocanada de aire fresco al presidente Iván Duque para iniciar su segundo año de mandato.
La renuncia de Martínez, en la que además convocó a una movilización ciudadana para rechazar el fallo de la JEP, cual si se tratara de un líder de opinión y no del jefe del ente acusador, desató momentos de crisis en el Legislativo. Aprovechando vientos de indignación, el uribismo volvió a ondear la bandera de la constituyente y, entre trinos y declaraciones públicas, reiteró su propósito de derogar el tribunal de justicia transicional.
(Lea: Desaprobación del presidente Iván Duque alcanza el 60 %: Gallup Poll)
El presidente Duque, por su parte, también rechazó el fallo y anunció que buscará por todas las vías jurídicas lograr la extradición del exjefe guerrillero, así como pareció desechar la propuesta de convocar a una constituyente, y más bien pidió a las fuerzas políticas que su indignación se convierta en un acuerdo nacional para modificar el Acuerdo de Paz. “Preservaré por encima de todo la solidez institucional de nuestro país. Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales”, sostuvo el mandatario.
Y es que la avalancha de episodios que se han producido a lo largo de esta semana ha generado la sensación de que el país está en crisis. No en vano, desde que la JEP decidió fallar contra la extradición de Santrich, los más efervescentes uribistas se encargaron de divulgar la supuesta necesidad de modificar la institucionalidad del país. De hecho, la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero -que ya era predecible-, ha sido entendida como un ajuste necesario en el gabinete, en momentos en que el llamado a las reformas en el sector arrecia.
(Lea: "Esta es la ratificación de que los acuerdos están bien hechos": "Timochenko")
De ahí que el reto de la nueva jefe de la cartera judicial, Margarita Cabello, sea el de liderar esas iniciativas que prometió Duque, además de fortalecer los lazos políticos con los partidos en el Congreso. Pero, sobre todo, hacerles ver que si no se logra el anunciado consenso, la institucionalidad estará en “grave peligro”. De momento, la postura de las bancadas que aún permanecen en la independencia es clara: “El caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”, señalaron voceros de Cambio Radical, Partido Liberal y hasta de la U, que es de gobierno.
Se le pueda o no denominar crisis institucional, lo cierto es que el país político cambió a partir del miércoles. ¿Pero cuáles son esos cambios? Primero, que las objeciones que el presidente presentó a la ley estatutaria de la JEP, y que están en manos de la Corte Constitucional, ganaron un terreno que tenían perdido y se convierten en una nueva presión para los magistrados que deben tomar una decisión. Segundo, que la opinión pública va a estar más pendiente del momento en que Santrich vuelva a la libertad que de las objeciones mismas.
En materia del Acuerdo de Paz, muy probablemente Santrich quede libre en las próximas horas, con lo que inmediatamente quedará habilitado para asumir su curul en la Cámara de Representantes. Esta situación hipotética podría producir un realinderamiento de la FARC. Iván Márquez, el Paisa, Romaña y demás excomandantes que abandonaron el proceso de reincorporación argumentando inseguridad jurídica e incumplimientos a lo pactado, se quedarían sin argumentos y podrían regresar a la primera línea de defensa de lo pactado en La Habana.
Tanto así, que Márquez rompió su silencio con una seguidilla de trinos en los que celebra la decisión de la JEP y ataca ferozmente al exfiscal y al actual embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. “La orden de libertad proferida por la JEP en beneficio de Santrich corrige la injusticia de un montaje judicial asqueroso y sin fundamento construido por el exfiscal y el embajador de EE. UU. El decoro debe gritar que se vaya también Whitaker”, escribió quien fue el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de paz. Desde que capturaron a Santrich, Márquez tomó distancia del partido político en que se convirtieron las Farc y no se posesionó como senador. La libertad de Santrich podría hacer el milagro de sentarlo en el Congreso.
En cuanto a la relación del Gobierno con los partidos políticos, el momento puede beneficiar al Ejecutivo que, antes de que se presentara esta coyuntura, enfrentaba una dura rebelión parlamentaria en la que a la oposición se sumaron los partidos Liberal y Cambio Radical, y una facción del conservatismo y de la U. Esa era la fotografía que había dejado el trámite de las objeciones en el Congreso, pero claramente el panorama ya no es el mismo. El conservatismo no dudó en cerrar filas para rodear al Gobierno, y eso que en esta colectividad corrían aires de independentismo. Ahora falta ver cómo el presidente Duque capitaliza la situación y consigue un acuerdo nacional que zanje de una vez por todas la fractura que quedó en el país luego del plebiscito por la paz.