Hacia finales de febrero del próximo año, la Corte Constitucional vivirá el cambio de seis de sus nueve magistrados. Un proceso que en las actuales circunstancias –con segunda reelección presidencial en juego y con un abierto enfrentamiento entre Ejecutivo y Poder Judicial que si bien ha bajado de hervor sigue latente– despierta inquietudes y preocupaciones en el escenario político y en la sociedad civil, que ha decidido hacer seguimiento para que dicha escogencia sea “transparente”.
Para muchos, lo que está en juego es nada más ni nada menos que el poder del Estado, al fin y al cabo la Corte es guardián de la integridad y supremacía de la Constitución. Gobierno, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia jugarán sus fichas y cada uno pondrá dos magistrados, que serán escogidos de sendas ternas presentadas al Senado de la República, el cual, a su vez, deberá hacer la selección antes de que termine la presente legislatura. En dicha carrera tomó la delantera la Corte Suprema, que desde mediados de octubre pasado definió sus ternas de candidatos para reemplazar a los salientes magistrados Clara Inés Vargas y Jaime Córdoba Triviño.
Se trata de abogados que han estado vinculados a la misma Corte como magistrados, auxiliares o litigantes. Todos con conocimientos en Derecho Procesal, Laboral, Penal, Civil o Comercial. La elección, según se reveló ayer durante una audiencia pública llevada a cabo con los seis candidatos en el Salón Elíptico, se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre.
Lo que queda claro es que en este primer proceso se podría definir en gran parte el equilibrio en el interior de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta las maltrechas relaciones entre el Presidente y la Corte Suprema. Un choque que tuvo su momento más álgido en junio pasado, cuando el Alto Tribunal le pidió a la Corte Constitucional reconsiderar su fallo en torno a la reelección inmediata. Uribe respondió calificando de “nostálgicos del terrorismo” a los magistrados de Sala Penal de la Corte Suprema, y anunciando su intención de convocar a un referendo para refrendar su reelección.
Pero aunque las aguas se calmaron en los días siguientes, hay heridas que aún siguen abiertas. Hubo reuniones auspiciadas por la Iglesia, estrechones de mano entre el Jefe de Estado y el presidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, pero el halo de desconfianza persiste. Y en voz baja se sigue hablando de las acusaciones mutuas de “complots”, intentos de deslegitimación, presunta manipulación de testigos en las investigaciones de la parapolítica y en la Corte reconocen la alerta, después del fracaso de la reforma a la justicia, por los decretos que se puedan expedir al amparo de la conmoción interior.
Ese es el pulso y la importancia de esta elección, teniendo en cuenta que a futuro, por el control de la Corte Constitucional tendrán que pasar proyectos como la reforma política y el referendo para una segunda reelección. “Lo importante es que el Congreso entienda que la escogencia de magistrados no puede ser un acto político sino de responsabilidad, porque es para el futuro de Colombia”, advierte Elizabeth Úngar, directora de Congreso Visible, una de las organizaciones que vigila la escogencia. El temor, dice un congresista de oposición que prefiere mantener su nombre en reserva, es que se repita lo sucedido con la elección de Mauricio González, ex secretario jurídico de Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional.
Como se sabe, González fue ternado por el Presidente junto con dos abogadas quienes, alegando falta de garantías, terminaron renunciando a la terna para “no prestarse a un juego que estaba convenido previamente entre el Ejecutivo y el Congreso”. Aún así, a pesar de la controversia, el Senado realizó la votación y Mauricio González asumió como magistrado del Alto Tribunal en octubre de 2007. El resultado, según relata el analista José Manuel Acevedo en la revista Cambio, es contundente: “Un año después de su elección, su participación en la Corte Constitucional ha sido muy pobre, por no decir nula. De 247 sentencias de constitucionalidad proferidas desde el día de su posesión, ha tenido que declararse impedido en 88 procesos, y en temas tan sensibles como el de la Ley Forestal y el TLC, se vio obligado a quedarse por fuera de la discusión porque, como le seguirá ocurriendo, o ya había conceptuado sobre el tema o había participado en la elaboración y trámite de las leyes objeto de revisión. Que un magistrado haya sido elegido para, en menos de un año, declararse impedido en más del 30% de los procesos que llegan a su conocimiento, es una vergüenza para el Gobierno que lo nominó y para el Congreso que lo eligió”. El Senado tiene la palabra.
Candidatos a reemplazar a Clara Inés Vargas
Jorge Iván Palacio Palacio
Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, graduado en marzo de 1974. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1987-1999); vicepresidente de la misma corporación y presidente de la Sala de Casación Laboral en dos períodos; magistrado y presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín (1982-1987); juez séptimo laboral del Circuito de Medellín (1979-1982); juez civil laboral del Circuito de El Santuario, Antioquia (1977-1979); juez promiscuo del Circuito de Támesis, Antioquia (1975-1977) y juez civil municipal de Fredonia, Antioquia (1974-1975). Durante 26 años estuvo vinculado a la Rama Judicial y desde 1999 hasta la fecha se ha desempeñado como abogado independiente, asesor jurídico y, a partir de 2000, como conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es también conferencista y cofundador de la Asociación de Ex Magistrados de las Cortes y del Colegio Antioqueño de Abogados.
Jorge Eliécer Mosquera Trejos
Nacido en Condoto (Chocó) el 28 de junio de 1948, es abogado de la Universidad Gran Colombia (1984). Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Cali en la Sala Laboral, cargo que ejerció también en el Tribunal Superior de Quibdó, donde estuvo también en las salas Civil y de Familia. Ha sido profesor de Derecho en las áreas Constitucional, Laboral y Seguridad Social en distintas universidades, como la Cooperativa de Colombia (Quibdó), la Santiago de Cali y la del Valle. En 2006 fue reconocido con la Gran Cruz de Plata por Servicios Distinguidos, entregada por el Concejo de la ciudad de Cali.
Ana Zenobia Giacomette Ferrer
Barranquillera, doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en Docencia Universitaria de la misma entidad y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de los Andes. Tiene una trayectoria de 30 años como litigante, académica y consultora empresarial, conciliadora externa y árbitro del Centro de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá y como asesora legal empresarial en las áreas de contratación administrativa, civil y comercial. Catedrática de Derecho Probatorio en las especializaciones de Derecho Procesal Civil de las Universidades Rosario, Nacional y de la Corporación Universitaria de la Costa. Es también profesora titular de la materia en las universidades del Rosario y de los Andes. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Rosaristas.
Candidatos a reemplazar a Jaime Córdoba
Dora Consuelo Benítez Tobón
Nacida en Calarcá, Quindío, es abogada de la Universidad Caldas (1980). Vinculada a la Rama Judicial del Poder Público desde 1981, fue jueza municipal (1981-1989), jueza civil del circuito (1990-1992), magistrada de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (1993-1994), de la Sala Civil de ese mismo Tribunal (2004-2006) y magistrada auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (1991-2004). Desde 1997 hasta la fecha se ha desempeñado como docente de Teoría General de las Obligaciones en la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Luis Ernesto Vargas Silva
Nacido en Cajamarca, Tolima, el 26 de marzo de 1954, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre, con especialización en Derecho de Familia y con un doctorado en Derecho Privado, de Familia y de la Persona. Tiene 31 años de experiencia como funcionario judicial. Fue juez en propiedad, magistrado en provisionalidad del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado en propiedad del Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil y de Familia. Participó en la elaboración del anteproyecto de reforma al Código de Comercio que culminó con la Ley 222 de 1995. Ha sido profesor en facultades de Derecho por más de 28 años, en pregrado y posgrado, conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales y director de revistas sobre temas jurídicos.
Javier Tamayo Jaramillo
Oriundo de Medellín, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Economía y Derecho de los Seguros de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia por un período de dos años (1994-1996), árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín y asesor jurídico de varias empresas en derecho de seguros, responsabilidad médica, bancaria y civil. En otros cargos, se ha desempeñado también como docente, director de posgrados y fue fundador y director de la especialización en seguros y responsabilidad civil de la Universidad Pontificia Bolivariana y del posgrado en la misma materia de la Universidad Eafit. Uno de sus textos académicos más reconocidos es el ‘Tratado de la responsabilidad civil’.
Por El Espectador
