El Plan de Desarrollo, al tablero

No fue sino que las comisiones de conciliación del Senado y la Cámara de Representantes anunciaran, el miércoles pasado, su consenso en torno al articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, “Todos por un nuevo país” ?que pasó a sanción presidencial?, para que casi inmediatamente se anunciaran demandas en su contra. El PND es la hoja de ruta del Ejecutivo, es decir, provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República, a través de su equipo de gobierno.

 

El proyecto aprobado gira en torno de tres pilares fundamentales: paz, educación y equidad. A esos tres propósitos se suman otras cuatro estrategias: competitividad e infraestructura; movilidad y transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la paz; y buen gobierno y crecimiento verde. Las inversiones que se contemplan son del orden de los $703 billones. “El Plan es realista, reformista, progresista y ajustado a la nueva realidad local y a la situación económica mundial”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

 

Pero otra cosa piensan sus críticos. Las demandas que anuncian el uribismo y los partidos Verde y Polo Democrático tienen que ver con presuntos vicios de trámite, pues, según dicen, el Plan se aprobó en dos días, a la carrera, sin discusión y sin garantías para la oposición, “bajo una imposición del Gobierno”, como dijo el senador Alexánder López, del Polo.

 

Ya entre académicos, empresarios y analistas, hay quienes coinciden en que, más allá de las buenas intenciones, hay carencias, como por ejemplo en materia de innovación y emprendimiento, y persisten dudas en muchos temas. Algunos hablan, entre otros, de la creación de nuevos impuestos, que está alejado de la realidad fiscal de la nación, que no respeta la autonomía territorial, que aumenta las tarifas de los servicios públicos o que permite seguir explotando riqueza mineral en los páramos. ¿Qué tan cierto es? 

 

 

Lo más  más criticados  del PND es la financiación y el modelo económico que implementa. Se advierte que las cuentas se hicieron pensando en que el barril de petróleo estaría a US$87, sin tener en cuenta la caída  de sus precios. También critican que el principal motor de desarrollo  sea  la explotación minera y de hidrocarburos, “sectores en caída libre”, según  el senador Jorge Robledo. Y hay preocupación porque la proyección de crecimiento económico es del 4,2%, hoy poco probable y porque se dan excesivas gabelas tributarias a mineras extranjeras. El Gobierno dice que el  escenario fiscal y de precios de petróleo con el que se realizaron las proyecciones  es consistente con las perspectivas actuales de la economía colombiana: “Los montos de inversión se redujeron frente a lo planteado inicialmente una vez se materializó la nueva realidad en términos de escenarios petroleros y cambiarios”.

 

 

Aunque para el Gobierno la educación es el principal pilar para alcanzar la equidad y la paz, según el Polo Democrático es muy poca la prioridad que tiene en el PND. De acuerdo con el senador Jorge Robledo, la ley impulsa una privatización de la educación pública con postulados como el de construir la infraestructura educativa a través de alianzas público-privadas. En las recientes protestas de los educadores también se advirtió que uno de los artículos (el 57) fortalece el Icetex, instituto que para algunos tiene endeudado a más de medio millón de familias. En cuanto a este último aspecto, el Gobierno defiende su idea argumentando que la modificación que se incluyó es el aumento de créditos para familias de los estratos 1, 2 y 3, con tases de interés del 0%.

 

 

Los principales opositores al Plan Nacional de Desarrollo anunciaron demandas de inconstitucionalidad. Las organizaciones de comunidades negras advierten que el Plan no cumplió con el requisito de la consulta previa para sus pueblos y sostienen que irán a la Corte Constitucional a exigir este derecho, y si no se les respeta buscarán protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la orilla de los parlamentarios, los principales opositores sostienen que en la fase de conciliación se revivieron los aspectos más negativos del proyecto, pero también que la reforma que aplica sobre leyes vigentes, así como las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo, son ilegales. Finalmente alegan que, aprobado a medianoche, apareció publicado en la Gaceta del Congreso del día que ya se había terminado.

 

 

Los ambientalistas más reconocidos del país han manifestado lo positivo que resulta el concepto de “Crecimiento Verde” incluido en el Plan, pero al mismo tiempo el aspecto ambiental ha sido el más criticado, pues se asegura que no hay metas concretas  y que las medidas de conservación no se materializaron en la norma. Incluso sostienen que se incluyeron las llamadas “licencias exprés” y que no se garantiza el respeto por el concepto ambiental ni la consulta previa a los pueblos indígenas y afros.  También ha sido criticado el que se permitiera explotación minera y petrolera en páramos. El Gobierno dice que se mantienen la prohibición para realizar actividades mineras en los páramos y  los 90 días —establecidos desde el Decreto 2820 de 2010— que tiene la autoridad ambiental para adelantar el trámite para otorgar o negar una licencia ambiental. Sin embargo, el senador  liberal Ángel Custodio Cabrera, uno de los ponentes, reconoció que la discusión fue “muy fuerte, pero hay que mirar el desarrollo económico del país y ahora el Ministerio de Medio Ambiente tiene una gran responsabilidad para responderle a Colombia sobre esta situación”.  

 

 

No hay duda de que para el gobierno Santos una de sus principales prioridades es la modernización de la infraestructura. Y aunque para algunos expertos es novedoso que se piense en alternativas distintas a la construcción de carreteras, como ferrocarriles y navegabilidad de ríos,  hay dudas sobre la capacidad de arrastre de las llamadas vías 4G y de los cierres financieros de estos proyectos, así como se critica la posible venta de Isagén. Precisamente Juan Martín Caicedo,  presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuestionó que el Plan  no contempla nuevas inversiones en materia de infraestructura, por lo que será difícil  disminuir el atraso que tiene el país en  esta materia. Sin embargo, reconoció que se crean  algunas fuentes de financiamiento alternativas para  los sistemas de transporte masivo.  Otro punto que se ha destacado es la estrategia de usar las Asociaciones Público-Privadas (APP) como fórmula para facilitar la realización de obras. 

 

 

Esta es otra de las banderas del gobierno Santos, más cuando es uno de los temas de negociación con las Farc en el proceso de paz de La Habana. Por eso, en el PND se le dedican varios apartados con el fin de sentar las bases de la política agraria para este cuatrienio. Estos aspectos han sido criticados en dos sentidos: primero, por las facultades extraordinarias que se le dan al presidente para reformar la institucionalidad agraria; y segundo, porque se dice que se reformó sin discutirlo la Ley 160 de 1994, que se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. El Gobierno rechaza esta interpretación y explica que, en cuanto a lo primero, una comisión de congresistas le hará seguimiento; y en cuanto a lo segundo, explica que se trata sólo de baldíos reservados de la nación, no de todos los terrenos baldíos. Asimismo, enfatiza que el objetivo es reformar la institucionalidad del sector agropecuario con el fin de fortalecerla y crear entidades u organismos que manejen  de manera especializada el tema de tierras y el de desarrollo rural. Otras de las críticas viene del senador uribista, Iván Duque, para quien uno de los principales defectos en este tema es que el sector privado tendrá que financiar el 72% del pan para el agro.   

 

 

Según la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, el PND revive la concesión del Canal Uno para su privatización, que el Senado había rechazado. El Gobierno niega que ese sea el objetivo y explica además que no es cierto que se estén asignando  frecuencias de espectro, sino concesionando espacios de televisión que serán operados por el operador de televisión pública RTVC.

 

“Lo que en realidad busca el Plan es fortalecer la programación con el propósito de que se ofrezcan contenidos de calidad y con identidad de Canal”, dice la Casa de Nariño.

 

Asimismo, señala que mediante la ley se faculta a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para que mediante estudios técnicos y de mercado se pueda determinar cuál o cuáles empresas son las idóneas para diseñar la programación de esos espacios de la televisión pública y producir los contenidos 

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