El plan tortuga de las objeciones a la JEP

Pasada la Semana Santa, el mundo político ha vuelto sobre el principal asunto de la agenda legislativa: las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presidente del Senado, Ernesto Macías, había anunciado antes de salir de vacaciones que esta semana la plenaria de la corporación resolvería el debate. Sin embargo, la bancada de Gobierno regresó al Capitolio con la evidente intención de postergar el trámite de los reparos presidenciales para ganar tiempo de maniobra y evitar la previsible derrota.

Ayer, en horas de la mañana, Macías, quien pertenece al Centro Democrático, salió a refutar a quienes lo acusaban de dilatar la discusión y, al mismo tiempo, interpuso una acción de tutela contra la votación que ya se surtió en la Cámara de Representantes, que hundió, 110 contra 44, las objeciones a la JEP. “Lo que pretendemos es que se corrija un error de trámite, pero eso no impide que se avance en la discusión en el Senado. Era mi obligación presentar esta acción de tutela para que la ley no vaya a sufrir más adelante por ese problema”, dijo el congresista.

Macías también sostuvo que estaba a la espera de que la comisión accidental, compuesta mayoritariamente por senadores afines al Gobierno, radicara el informe sobre las objeciones para poner el tema en el primer punto de la agenda. El parlamentario uribista dijo que tenía entendido que el documento se radicaría “en las próximas horas”. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lo desmintió al anunciar que dicho informe solo iba a ser radicado hasta que hablara con los jefes de los partidos Liberal, César Gaviria, y de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

“No es fácil poner de acuerdo a todos los sectores y lo que queremos es un acuerdo nacional. Hay unas denuncias muy graves en las que se evidencia que miembros de las Farc estaban vendiendo cupos en la JEP para que los narcos puedan evadir la extradición. Por eso, quiero hablar con el expresidente César Gaviria y con el doctor Germán Vargas para pedirles que salven al país. Los mafiosos no pueden meterle este gol a Colombia. Y el Congreso tiene que ser muy serio en esto”, enfatizó la congresista, haciendo referencia a unos audios en los que se oye a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, al parecer, negociando cupos en los listados de desmovilizados de la desarmada guerrilla.

Ante ese escenario, los partidos de oposición e independientes, que han creado un bloque en defensa del Acuerdo de Paz, buscan caminos para acelerar el debate en la plenaria del Senado. El Polo Democrático, la Alianza Verde y los Progresistas apelaron al Estatuto de Oposición para exigir su derecho a definir el orden del día de la sesión. Un recurso consignado en la reciente norma y que, por primera vez, se utilizaría en el Congreso de la República. La oposición sabe que en este momento las mayorías están en contra de las objeciones del presidente, pero que entre más días se demore el debate, mayores serán las presiones que reciban los congresistas y se podría afectar la balanza.

“En el desespero por intentar aprobar las objeciones, han inventado dos nuevas falacias. Es falso que en la JEP se permitan colados. El sistema ha sido diseñado con el filtro más completo para evitar ese hecho y ha funcionado de tal manera que de 14.000 personas, cerca de 600 fueron ya filtradas y la lista está cerrada. Tampoco es cierto que haya un “narcomico” que impida la extradición. Ningún narco puede entrar a la JEP y el Acuerdo trae desde el principio esta disposición, que permite que los militares y los terceros también tengan la obligación de decir la verdad.”, respondió el senador de la U Roy Barreras.

Iván Cepeda, del Polo, aportó otro argumento: “El artículo 156 no es ningún ‘mico’, pues está incluido en el texto original aprobado por el Congreso y por la Corte Constitucional, y revisado en su momento por la Fiscalía, sin que se hubiera hecho reparo alguno. Es falso que el artículo elimine la extradición de narcos, porque se refiere claramente a terceros y agentes del Estado que sean sujetos de la JEP y, por lo tanto, aceptados como agentes del conflicto. No elimina, sino que condiciona la extradición a decir la verdad. Valga recordar que, a la fecha, ha sido la JEP la que ha rechazado 43 peticiones de garantías de no extradición por considerar que los solicitantes no merecen este recurso”.

Ayer, tras una compleja sesión en la que se tomaron cuatro horas para establecer el orden del día, finalmente se definió que el debate tendrá lugar el próximo lunes a las 11 am. Con este tiempo, el Gobierno tratará  de voltear las cuentas a su favor. Incluso, se rumora que la bancada oficialista le ha pedido al Partido Conservador citar a reunión a sus congresistas lo antes posible, para obligar al voto de partido y así evitar que los disidentes azules rechacen con su voto los reparos a la JEP. Al mismo tiempo, el Gobierno busca desesperadamente el apoyo de los jefes políticos de Cambio Radical y el Partido Liberal, a lo que, por lo menos, el expresidente Gaviria no está dispuesto a ceder.

Pasada la Semana Santa, el mundo político ha vuelto sobre el principal asunto de la agenda legislativa: las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presidente del Senado, Ernesto Macías, había anunciado antes de salir de vacaciones que esta semana la plenaria de la corporación resolvería el debate. Sin embargo, la bancada de Gobierno regresó al Capitolio con la evidente intención de postergar el trámite de los reparos presidenciales para ganar tiempo de maniobra y evitar la previsible derrota.

Ayer, en horas de la mañana, Macías, quien pertenece al Centro Democrático, salió a refutar a quienes lo acusaban de dilatar la discusión y, al mismo tiempo, interpuso una acción de tutela contra la votación que ya se surtió en la Cámara de Representantes, que hundió, 110 contra 44, las objeciones a la JEP. “Lo que pretendemos es que se corrija un error de trámite, pero eso no impide que se avance en la discusión en el Senado. Era mi obligación presentar esta acción de tutela para que la ley no vaya a sufrir más adelante por ese problema”, dijo el congresista.

Macías también sostuvo que estaba a la espera de que la comisión accidental, compuesta mayoritariamente por senadores afines al Gobierno, radicara el informe sobre las objeciones para poner el tema en el primer punto de la agenda. El parlamentario uribista dijo que tenía entendido que el documento se radicaría “en las próximas horas”. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lo desmintió al anunciar que dicho informe solo iba a ser radicado hasta que hablara con los jefes de los partidos Liberal, César Gaviria, y de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

“No es fácil poner de acuerdo a todos los sectores y lo que queremos es un acuerdo nacional. Hay unas denuncias muy graves en las que se evidencia que miembros de las Farc estaban vendiendo cupos en la JEP para que los narcos puedan evadir la extradición. Por eso, quiero hablar con el expresidente César Gaviria y con el doctor Germán Vargas para pedirles que salven al país. Los mafiosos no pueden meterle este gol a Colombia. Y el Congreso tiene que ser muy serio en esto”, enfatizó la congresista, haciendo referencia a unos audios en los que se oye a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, al parecer, negociando cupos en los listados de desmovilizados de la desarmada guerrilla.

Ante ese escenario, los partidos de oposición e independientes, que han creado un bloque en defensa del Acuerdo de Paz, buscan caminos para acelerar el debate en la plenaria del Senado. El Polo Democrático, la Alianza Verde y los Progresistas apelaron al Estatuto de Oposición para exigir su derecho a definir el orden del día de la sesión. Un recurso consignado en la reciente norma y que, por primera vez, se utilizaría en el Congreso de la República. La oposición sabe que en este momento las mayorías están en contra de las objeciones del presidente, pero que entre más días se demore el debate, mayores serán las presiones que reciban los congresistas y se podría afectar la balanza.

“En el desespero por intentar aprobar las objeciones, han inventado dos nuevas falacias. Es falso que en la JEP se permitan colados. El sistema ha sido diseñado con el filtro más completo para evitar ese hecho y ha funcionado de tal manera que de 14.000 personas, cerca de 600 fueron ya filtradas y la lista está cerrada. Tampoco es cierto que haya un “narcomico” que impida la extradición. Ningún narco puede entrar a la JEP y el Acuerdo trae desde el principio esta disposición, que permite que los militares y los terceros también tengan la obligación de decir la verdad.”, respondió el senador de la U Roy Barreras.

Iván Cepeda, del Polo, aportó otro argumento: “El artículo 156 no es ningún ‘mico’, pues está incluido en el texto original aprobado por el Congreso y por la Corte Constitucional, y revisado en su momento por la Fiscalía, sin que se hubiera hecho reparo alguno. Es falso que el artículo elimine la extradición de narcos, porque se refiere claramente a terceros y agentes del Estado que sean sujetos de la JEP y, por lo tanto, aceptados como agentes del conflicto. No elimina, sino que condiciona la extradición a decir la verdad. Valga recordar que, a la fecha, ha sido la JEP la que ha rechazado 43 peticiones de garantías de no extradición por considerar que los solicitantes no merecen este recurso”.

Ayer, tras una compleja sesión en la que se tomaron cuatro horas para establecer el orden del día, finalmente se definió que el debate tendrá lugar el próximo lunes a las 11 am. Con este tiempo, el Gobierno tratará  de voltear las cuentas a su favor. Incluso, se rumora que la bancada oficialista le ha pedido al Partido Conservador citar a reunión a sus congresistas lo antes posible, para obligar al voto de partido y así evitar que los disidentes azules rechacen con su voto los reparos a la JEP. Al mismo tiempo, el Gobierno busca desesperadamente el apoyo de los jefes políticos de Cambio Radical y el Partido Liberal, a lo que, por lo menos, el expresidente Gaviria no está dispuesto a ceder.