El polémico proyecto que revive la tarjeta profesional de periodista

Un proyecto de ley, de autoría del ahora exsenador Mauricio Aguilar y la exrepresentante a la Cámara María Eugenia Triana, que ya tiene ponencia lista para segundo debate en la plenaria del Senado de la República y apunta a reconocer la profesión de comunicador social-periodista, creando de paso el Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista y Organizacional, ya genera roncha entre las diferentes agremiaciones del sector. En concreto, de la alianza conformada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), agrupadas en el denominado Proyecto Antonio Nariño (PAN), que lo ven como una amenaza para el ejercicio del periodismo en Colombia, sin verdaderos avances en la promoción de la ética periodística, como lo quieren hacer ver sus autores.

El meollo del asunto es que la iniciativa pretende volver a crear una tarjeta profesional o credencial que podrá ser solicitada por cierto tipo de personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados del periodismo, según lo establecido en su artículo 7°. Si la norma es aprobada, sólo estas personas podrían obtener la tarjeta profesional y acceder a los derechos que se reconocen en el artículo 4° del articulado, esto es, al secreto profesional, al libre acceso a los lugares e información de interés público, al derecho de petición y demás solicitudes invocando la  Ley de Transparencia o a la objeción de conciencia, entre otros. Y aunque se aclara que esa credencial no es obligatoria y se entregará solo a quienes la soliciten voluntariamente, para el PAN se trata de una propuesta “violatoria de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación”.

En su concepto, se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial y de acceder a la plenitud de derechos que se reconocen, por ejemplo, aquellos periodistas que no hayan cursado estudios universitarios en ese campo y que no tengan más de 15 años de experiencia; los que no tengan 15 años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad y los que no logren “acreditar” 15 años de experiencia, incluso teniéndola. “¿Desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?”, se preguntan las agremiaciones vinculadas al PAN.

Pero, además, el proyecto crea un denominado Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista, que sería el encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de dichas credenciales, además de que tendría el poder de suspender temporal o, incluso definitivamente, las credenciales, sin mayores criterios. “La propuesta crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad. Tozudamente, se insiste en una idea que ha sido cuestionada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Corte Constitucional de Colombia”, advierte una carta enviada por el PAN ala senador Antonio Zabaraín, presidente de la Comisión Sexta, donde la iniciativa ya dio su primer paso.

Para las agremiaciones agrupadas en el Proyecto Antonio Nariño, un problema que sufren frecuentemente los periodistas en Colombia son las obstrucciones por parte de autoridades que no permiten el acceso a los lugares de interés periodístico. “Reconocer expresamente este derecho para quienes tengan la credencial que establece el proyecto (como en efecto lo hace esta ley) deja en duda tal derecho para quienes no la tengan. Los periodistas también podrían ser discriminados en su contratación en entidades públicas o privadas por cuenta de esta credencial. Y si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título”, dicen los comentarios enviados a Zabaraín.

En este sentido, hace alusión a la C-650 de 2003, en la que la Corte Constitucional sostuvo, en relación con una ley que reconocía como periodistas profesionales a quienes tuvieran un título universitario y a quienes hubieran ejercido la profesión por al menos diez años de manera remunerada, que los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística “no pueden aparejar ningún tipo de exclusión”, que “nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista” y que “la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”.

Al final de la carta, el PAN concluye que el proyecto “es excluyente y deja desprotegida a una población importante de periodistas”, además de que, aunque en su exposición de motivos habla de la importancia de la ética periodística, en ningún momento propone nada para avanzar en este punto. “La ética periodística no se asegura con la aprobación de una carrera en periodismo. Así mismo, no podría asumirse que quien no haya cursado tal carrera no actúa de manera ética. Lo que crea en últimas es un riesgo de discriminación muy amplio, sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial”. Y cabe decir también que en su artículo 10, se da el carácter de “profesión de alto riesgo” al ejercicio de la actividad de los comunicadores sociales o periodistas en general, sin definir si ello tiene implicaciones en cuanto a temas como la pensión, tal y como ocurre con otras profesiones calificadas así.

Un proyecto de ley, de autoría del ahora exsenador Mauricio Aguilar y la exrepresentante a la Cámara María Eugenia Triana, que ya tiene ponencia lista para segundo debate en la plenaria del Senado de la República y apunta a reconocer la profesión de comunicador social-periodista, creando de paso el Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista y Organizacional, ya genera roncha entre las diferentes agremiaciones del sector. En concreto, de la alianza conformada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), agrupadas en el denominado Proyecto Antonio Nariño (PAN), que lo ven como una amenaza para el ejercicio del periodismo en Colombia, sin verdaderos avances en la promoción de la ética periodística, como lo quieren hacer ver sus autores.

El meollo del asunto es que la iniciativa pretende volver a crear una tarjeta profesional o credencial que podrá ser solicitada por cierto tipo de personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados del periodismo, según lo establecido en su artículo 7°. Si la norma es aprobada, sólo estas personas podrían obtener la tarjeta profesional y acceder a los derechos que se reconocen en el artículo 4° del articulado, esto es, al secreto profesional, al libre acceso a los lugares e información de interés público, al derecho de petición y demás solicitudes invocando la  Ley de Transparencia o a la objeción de conciencia, entre otros. Y aunque se aclara que esa credencial no es obligatoria y se entregará solo a quienes la soliciten voluntariamente, para el PAN se trata de una propuesta “violatoria de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación”.

En su concepto, se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial y de acceder a la plenitud de derechos que se reconocen, por ejemplo, aquellos periodistas que no hayan cursado estudios universitarios en ese campo y que no tengan más de 15 años de experiencia; los que no tengan 15 años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad y los que no logren “acreditar” 15 años de experiencia, incluso teniéndola. “¿Desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?”, se preguntan las agremiaciones vinculadas al PAN.

Pero, además, el proyecto crea un denominado Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista, que sería el encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de dichas credenciales, además de que tendría el poder de suspender temporal o, incluso definitivamente, las credenciales, sin mayores criterios. “La propuesta crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad. Tozudamente, se insiste en una idea que ha sido cuestionada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Corte Constitucional de Colombia”, advierte una carta enviada por el PAN ala senador Antonio Zabaraín, presidente de la Comisión Sexta, donde la iniciativa ya dio su primer paso.

Para las agremiaciones agrupadas en el Proyecto Antonio Nariño, un problema que sufren frecuentemente los periodistas en Colombia son las obstrucciones por parte de autoridades que no permiten el acceso a los lugares de interés periodístico. “Reconocer expresamente este derecho para quienes tengan la credencial que establece el proyecto (como en efecto lo hace esta ley) deja en duda tal derecho para quienes no la tengan. Los periodistas también podrían ser discriminados en su contratación en entidades públicas o privadas por cuenta de esta credencial. Y si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título”, dicen los comentarios enviados a Zabaraín.

En este sentido, hace alusión a la C-650 de 2003, en la que la Corte Constitucional sostuvo, en relación con una ley que reconocía como periodistas profesionales a quienes tuvieran un título universitario y a quienes hubieran ejercido la profesión por al menos diez años de manera remunerada, que los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística “no pueden aparejar ningún tipo de exclusión”, que “nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista” y que “la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”.

Al final de la carta, el PAN concluye que el proyecto “es excluyente y deja desprotegida a una población importante de periodistas”, además de que, aunque en su exposición de motivos habla de la importancia de la ética periodística, en ningún momento propone nada para avanzar en este punto. “La ética periodística no se asegura con la aprobación de una carrera en periodismo. Así mismo, no podría asumirse que quien no haya cursado tal carrera no actúa de manera ética. Lo que crea en últimas es un riesgo de discriminación muy amplio, sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial”. Y cabe decir también que en su artículo 10, se da el carácter de “profesión de alto riesgo” al ejercicio de la actividad de los comunicadores sociales o periodistas en general, sin definir si ello tiene implicaciones en cuanto a temas como la pensión, tal y como ocurre con otras profesiones calificadas así.