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Should be hard lies (deberían ser mentiras duras). Con esta frase, el presidente Iván Duque cerró la entrevista con el periodista Stephen Sackur de la BBC de Londres, quien dirige el programa HARDtalk (Charla difícil) de ese canal, en mayo pasado. Durante doce segundos la cámara se alejó registrando un plano escorzo en el que Duque miraba con desconfianza a su entrevistador. La escena contiene tanta tensión que parece mucho más larga. Se trata de un instante que podría resumir cómo fue la relación durante estos cuatro años entre el gobierno saliente y el sector de la prensa que no estuvo de su lado: a la defensiva la mayor parte del tiempo; hermética según la estrategia, y en algunas ocasiones, hostil.
En la entrevista, el mandatario dijo que en 2021 el país tuvo la cifra más baja de homicidios de los últimos cuarenta años; un dato falso, como le recordó el portal ColombiaCheck, que advirtió que la cifra de homicidios de 2021 fue la más alta de los últimos siete años. A pesar de que el entrevistador estaba informado y lo controvirtió, Duque insistió en repetir los datos que ya había dado en otros escenarios y acusar de mentiroso al periodista.
Una reconstrucción de la relación de Duque y los medios da cuenta de que la receta se basó en la distinción binaria entre amigo-enemigo; con aquellos que consideró enemigos fue construyendo un muro inquebrantable, que prefería las autoentrevistas a las preguntas que él anticipaba incómodas. Al tiempo que se alejaba de la información que no podía controlar, se encargaba de engrosar su máquina de comunicaciones. Según las cifras que la Presidencia entregó en un derecho de petición, en 2018 el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño era de 15 personas, ahora son 54.
Y no solo amplió su equipo, sino que también invirtió en publicidad oficial más de $45.000 millones, de la chequera pública, para mejorar su imagen y crear una narrativa paralela. En sus contrataciones de pauta buscó hacer monitoreos de medios, parametrizar usuarios de redes sociales y, cómo fin último, posicionar su nombre e imagen en redes sociales, especialmente en momentos de crisis, como el estallido social y la pandemia.
Todo esto ocurría mientras la violencia contra la prensa se intensificaba: en los cuatro años de Duque, más de 750 periodistas fueron amenazados para censurarlos o intimidarlos; y se presentaron cinco homicidios lamentables de periodistas con el fin de silenciar sus investigaciones y denuncias.
Una corta luna de miel
Varios periodistas entrevistados coinciden en que, tras la posesión de Duque en agosto de 2018, hubo un interés de la Presidencia por acercarse y compartir sus decisiones con quienes cubren la Casa de Nariño, pero muy rápidamente la luna de miel terminó y dominó una distinción de los medios y periodistas entre cercanos y hostiles. “Yo sentí que la luna de miel duró poco o no hubo —explica un exfuncionario de la oficina de comunicaciones que prefirió no dar su nombre—. El país venía de una división entre amigos del proceso de paz y uribistas. Al comienzo, el presidente Duque trató de superar esa confrontación, pero su círculo más cercano no dejó de concebir esa relación entre amigos y enemigos”. El desafío del entonces inquilino de la Casa de Nariño entrañaba el riesgo de quedar atrapado en una lógica polarizante que venía desde la campaña electoral.
Un periodista que cubre la Presidencia contó para este reportaje que, a inicios del gobierno, uno de los consejeros de Duque le dijo: “Nosotros sabemos que hay medios que no nos quieren, que hubo medios que apoyaron el sí [del plebiscito por la paz] y son amigos del presidente Santos”. “La frase me dejó preocupado” —agregó el comunicador, quien prefirió la reserva de su nombre—, “porque eso había pasado dos años antes, y uno no puede comenzar un gobierno con una predisposición al ataque”. Lo que se dio fue un acto de sinceramiento que, con el paso del tiempo, dejó al descubierto una actitud a la defensiva con algunos medios y la tendencia a considerarlos parte de la oposición.
La mejor estrategia es el ataque
El primer ejemplo de que la mejor defensa era atacar a los críticos llegó temprano: el 6 de diciembre de 2018. Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, el sistema de medios públicos, censuró la transmisión de Los puros criollos, un programa de televisión sobre la cultura colombiana. El hecho fue una retaliación contra Santiago Rivas, presentador del programa, por cuestionar la Ley de Modernización de las TIC en un video de La Pulla en El Espectador. La reacción de Bieri marcó la pauta de una relación basada en el choque, que se escalaría.
Las revelaciones de una conversación entre Bieri y una subalterna suya, donde él daba la orden de “matar la producción”, advirtiendo que “uno no puede morder la mano que le da de comer”, presionaron su salida de la gerencia de RTVC. Sin embargo, rápidamente fue llamado por el presidente Duque a integrarse como asesor de comunicaciones. Más adelante, el nombre de Bieri reapareció en otra denuncia, esta vez sobre su participación en un grupo de WhatsApp dedicado a desacreditar a medios de comunicación y periodistas, bautizado “la bodeguita uribista”. Este grupo, creado el 7 de septiembre de 2019 por Claudia Bustamante, cónsul en Orlando, tenía el objetivo de desactivar las críticas de los medios contra el Gobierno.
“La bodeguita” señaló a medios como Noticias Uno y La W, y a periodistas como Camila Zuluaga, Catherine Juvinao, Daniel Coronell y Julio Sánchez Cristo. En sus ataques en Twitter equiparaba a los periodistas con el expresidente Juan Manuel Santos, lo que daba cuenta de una indiferencia retórica entre comunicadores y políticos. El grupo se cerró el 18 de septiembre de 2019.
La denuncia puso al descubierto una tendencia del corazón del gobierno al ataque y a la censura preventiva. Esa actitud quedaría aún más expuesta cuando comenzaron las protestas de noviembre de ese mismo año y la imagen favorable del primer mandatario se había desplomado al 23 %, según Invamer Poll. Con la intención de confrontar esa tendencia desfavorable, se contrató a la empresa Alotrópicos para construir una narrativa que “hiciera que los colombianos de bien desaprobaran las motivaciones de quienes marchaban”. En ese mismo contrato, la Presidencia solicitó que se perfilara a varios usuarios de redes sociales y los etiquetaran como positivo, negativo o neutro, según los comentarios que esas personas hubieran publicado.
En mayo de 2020, la revista Semana publicó “Las carpetas secretas”, un informe que denunció cómo, entre febrero y diciembre de 2019, el Ejército espió la actividad de más de sesenta periodistas y otras figuras públicas mediante software y otras herramientas informáticas. Las revelaciones se sumaron a un incidente previo en el que se supo que el Ejército tenía una lista de periodistas a los que etiquetó como “oposición”. La presión política motivó un cambio en el equipo de comunicaciones. A comienzos de 2020, Hassan Nassar, periodista reconocido por su paso como presentador en Cablenoticias y director de La FM, llegó al cargo de consejero para los asuntos de prensa. El cambio partía del supuesto de que el problema era de comunicaciones y fue celebrado por varios integrantes del partido de gobierno.
Sin embargo, solo un mes después y en una entrevista con Vicky Dávila, Nassar se enfrentó a esta en un careo que mostraba cómo la Presidencia había reforzado su posición combativa con los medios que la cuestionaban. Dávila le preguntó por el uso que Duque le había dado al avión presidencial en un asunto familiar y Nassar sacó a relucir que ella había viajado con el expresidente Santos a la canonización de la madre Laura. La actitud hostil de la Consejería rompió una tradición que conservaba las formas en la relación institucional. A pesar de que en público no se volvió a presentar una confrontación similar, la relación del consejero con algunos periodistas se mantuvo distante.
Del perfilamiento al hermetismo
La desconfianza con algunos sectores del periodismo se tradujo en el aislamiento, que se agravó durante el confinamiento por la pandemia del covid-19. La cantidad de ruedas de prensa convocadas por Duque son muestra de ello. Según la respuesta a un derecho de petición, entre agosto del 2018 y el 15 marzo del 2022, solo participó en nueve de estos espacios. En contraste, durante ese mismo período, otorgó 272 entrevistas a varios medios e hizo 327 declaraciones. Aunque la cifra de ruedas de prensa se incrementó en los últimos meses de su mandato, estas se dieron en el marco de visitas diplomáticas acotadas a temas específicos.
En efecto, la estrategia fue evitar a los periodistas que podrían hacer preguntas abiertas e incomodarlo. Como anotó Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía que escribió varios artículos sobre la relación del presidente con la prensa, “la estrategia mostró un interés de ejercer un control sobre la información que circulaba”. Es común que los presidentes en Colombia prefieran las entrevistas pactadas y que los equipos de comunicaciones condicionen las preguntas, en lugar de las ruedas de prensa en las que hay menos restricciones y contrapreguntas.
“Infortunadamente con este Gobierno, las relaciones, sobre todo en la última parte, no han sido buenas, especialmente entre la Consejería Presidencial y los comunicadores. Hubo mucho vacío y algunas veces fue deliberado”, dice Carlos Ruiz, periodista de CM&, quien lleva varias décadas como corresponsal de la Casa de Nariño. Aclaró que, en lo personal, “el presidente es amable, pero su círculo más cercano fue muy hermético”.
Esa desconexión se intensificó debido a un factor externo: las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia. Del 12 de marzo de 2020 hasta finales de abril de 2021, cuando revivieron las protestas sociales, funcionarios y periodistas debieron trabajar desde sus casas. “El Gobierno fue muy de buenas, pues la pandemia se le presentó como la oportunidad de darle un norte estratégico a las comunicaciones”, dice Juan Carlos Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.
Los esfuerzos de la Oficina de Comunicaciones se concentraron en mantener el control de una agenda en la que todo dependía de sus actuaciones bajo una reserva propia de la situación. Entonces, la Casa de Nariño lanzó el programa de televisión Prevención y acción con el fin de informar a los colombianos las medidas adoptadas para enfrentar el virus. Al principio se trató de una respuesta ante una situación totalmente inédita. Para los periódicos, en particular, la primera fase de las transmisiones fue beneficiosa. Según Gabriel Cubillos, jefe de redacción de El Nuevo Siglo, el programa contribuyó a distribuir información relevante. “La pandemia creó una situación extraordinaria y uno pensaría que el presidente debía tener esa presencia mediática”, dice. Sin embargo, para medios como la radio, que tienen varias emisiones al día, el trabajo resultó más engorroso. La estrategia de canalizar por un solo medio y en un solo horario era restrictiva. “Si en la mañana teníamos una pregunta sobre alguna noticia que había salido, nos decían que debíamos esperar a que Duque hablara a las 6:00 de la tarde”, cuenta la periodista María Kamila Correa, quien era la corresponsal de La W en la Casa de Nariño.
En diciembre de 2020, las emisiones continuaban, pero ya con un carácter menos informativo y más dedicado a la propaganda del Gobierno. El mandatario informó sobre asuntos como los estragos del huracán Iota en San Andrés (18 de noviembre), la prohibición de la pesca de tiburones (26 de noviembre) y habló con Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela (14 de diciembre), entre otros asuntos que desnaturalizaron el objetivo de hacer pedagogía y dar cuenta de las medidas adoptadas contra la pandemia. Finalmente, después de 404 horas emitidas, el programa se acabó el 4 de mayo de 2021.
Desde el punto de vista estratégico, “el Gobierno no supo administrar el margen que le dio la pandemia con Prevención y acción”, dice Giraldo, de la Universidad de la Sabana, y añade que “lo político primó sobre lo científico”. Según Cubillos, “al final se volvió una feria de elogios y autoelogios”, refiriéndose a que Duque invitaba a miembros de su gabinete al programa con el fin de hacer propaganda política de su gestión.
La nueva normalidad, otro ladrillo en el muro
El paulatino retorno a la presencialidad terminó de cerrarle los espacios a la prensa interesada en evaluar las decisiones que el gobierno Duque estaba tomando, lo que contribuyó a crear un halo de opacidad alrededor de tales medidas. La FLIP tuvo conocimiento de varios pantallazos del chat de prensa de Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia, de finales de febrero de 2021, en los que informaban la convocatoria y que la prensa solo podía obtener alguna declaración del círculo más cercano del mandatario. Ante la solicitud de que abrieran espacio para las preguntas, la respuesta siempre fue negativa; una estrategia de control del mensaje que impedía un escrutinio más directo.
La periodista María Kamila Correa recuerda que en “el gobierno de Duque no nos decían de qué iban a hablar. [Cuando convocaban] no sabíamos si iban a tratar información importante, por lo que en muchos casos nos tocaba enviar derechos de petición para conseguir información sobre ciertos temas, como con quien se había reunido el presidente”. Esto, sumado a la ampliación de los términos para obtener la información por la vía del derecho de petición. El 28 de marzo de 2020, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 491/20 y amplió el plazo para las respuestas oficiales a treinta días (el doble del que fija la ley), lo que en muchos casos impidió el acceso oportuno a la información. La norma estuvo vigente hasta el 17 de mayo de 2022, más de dos años después de que se firmara el decreto y varios meses después de que se levantaran las medidas del confinamiento obligatorio.
La autoentrevista y el autohackeo
El fin del confinamiento coincidió con la reactivación de las protestas, que esa vez estuvieron motivadas por el intento del Gobierno de promover una reforma tributaria. El 21 de mayo del 2021, en medio de la situación más tensa para el país, cuando las principales rutas de acceso estaban paralizadas por los bloqueos, y las violaciones a los derechos humanos habían desbordado lo imaginable, el presidente decidió publicar una autoentrevista en inglés, en la que hablaba sobre el paro y culpaba de las protestas al jefe de la oposición, Gustavo Petro.
Se trataba de una pieza de propaganda política que reforzó, en una parte de la opinión, la idea de que Duque se hablaba a sí mismo, en un idioma literalmente incomprensible para la mayoría y en medio de una coyuntura política que demandaba su comparecencia inexcusable. “Fueron momentos de mucha opacidad. Nunca recibimos una información oficial en la Casa de Nariño sobre quién y para qué se había hecho eso”, dice Tatiana Duque.
La autoentrevista siguió un guión preparado para repetirse, en el que les transfirió las responsabilidades de la crisis a otros, lo que contribuyó a poner en entredicho la credibilidad del presidente. Hasta la fecha en la que se escribió este reportaje, ColombiaCheck había confrontado 96 afirmaciones del mandatario, de las cuales 46 resultaron “cuestionables”, 19 falsas, 16 verdaderas con algún “pero” y apenas quince verdaderas. Del número de afirmaciones cuestionables se infiere que predominó una tendencia a decir verdades a medias, descontextualizadas o inexactas.
A la salida en falso del mandatario con la autoentrevista, cuyo propósito era dar un giro en la opinión, se sumó el proyecto “Colombia es mi verdad”, campaña de propaganda y cibervigilancia enmascarada en la supuesta búsqueda de noticias falsas en internet durante las protestas de 2021. La campaña se inauguró con un simulado ciberataque a las páginas del Ministerio de Defensa y un posterior video del ministro Diego Molano en el que destacaba el trabajo de los funcionarios para combatir las noticias que consideraban falsas. No mencionaron que el apagón cibernético fue un falso ataque. Meses después, la FLIP documentó que esta estrategia realmente buscaba justificar un “ciberpatrullaje”, que dejó como resultado 21.000 horas invertidas en el seguimiento de 1,7 millones de direcciones, con fines poco claros y a todas luces una amenaza a las libertades civiles.
La campaña, propia de tiempos de guerra, buscaba reducir el impacto negativo en la opinión pública sobre el abuso de la Policía durante las protestas, pero no se trataba de una búsqueda desinteresada de la verdad, sino de imponer su narrativa sobre los hechos, lo cual atizó más la confrontación de versiones y contribuyó a la persecución de quienes denunciaban la acción de la fuerza pública.
Un trato diferencial
No obstante, la experiencia de todos los medios con el presidente Duque no fue la misma. La agenda, los intereses y la particular relación de cada periodista con el círculo cercano del mandatario definieron las relaciones entre los medios de comunicación y la Casa de Nariño. Por ejemplo, Armando Neira, editor de política de El Tiempo, cuenta que “esta casa editorial tradicionalmente ha tenido una buena relación con el poder y la institucionalidad”, así que la relación resultó menos conflictiva y hermética que en otros casos. “El periodista que cubre la Casa de Nariño es un corresponsal que tiene muy buenas fuentes y tiene acceso a información de primera mano. Entonces, este periódico goza de una autopista para elaborar las noticias”, añade.
En el mismo sentido, la periodista Katerine Leal, de RCN y La FM, señaló que conseguir el acceso a la información dependió de la capacidad de los reporteros de buscar los datos y lograr empatía con los funcionarios de la oficina de comunicaciones. En su criterio, Duque trató a los periodistas con cercanía, “algo que puede ser peligroso si un periodista descuida la distancia que debe tener”, dice Leal. En cualquier caso, y según su experiencia, el problema del acceso fue más el resultado de la relación que logró establecer cada periodista con la Casa de Nariño que un problema de la estrategia de gobierno. “Al final del día, ellos [los encargados de las comunicaciones] confían más en ciertos periodistas que en otros. No tanto por la ideología, sino porque somos personas y de cierta manera hay quienes generan más confianza que otras”, dice.
Muestra de ese trato diferenciado que obedecía a la categorización entre medios cercanos y contrarios se puede inferir de la cantidad de entrevistas que otorgó el mandatario según sus preferencias. De acuerdo con la información solicitada a la Presidencia, entre los medios nacionales, el Gobierno dio 43 entrevistas a La FM y RCN (radio y televisión); diecinueve a Blu Radio; diez a Caracol Televisión; siete a CM&; siete a Caracol Radio; cinco a La W y dos a El Espectador. A La Silla Vacía no le dio ninguna entrevista, pese a que se las solicitaron varias veces.
El salvavidas que prometió, pero nunca llegó
Desde el punto de vista gremial, el balance que hace Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), es que la relación con el gobierno Duque fue “rogada”. “Es decir, ha tenido que hacerse un esfuerzo muy grande para llamar la atención del Gobierno y del propio presidente, tanto para que oigan sobre la pertinencia de fortalecer los medios en el marco de la democracia, que están amenazados en su modelo de negocio y en su operación, como para que se comprometan”.
El momento más tenso entre el sector y el Gobierno ocurrió ante la falta de interés que tuvo el Ejecutivo para aliviar la crisis económica que ya enfrentaban los medios y que se agudizó con la pandemia. Después de varios meses de conversaciones y mediación, en marzo del 2021 se anunció, con bombos y platillos, una convocatoria de $85.000 millones para apoyar a los medios de comunicación. A pesar de las recomendaciones realizadas, el Ministerio de las TIC no tuvo en cuenta la independencia que debía tener la entidad a cargo de la selección y adjudicación de estos recursos. En un proceso lleno de tropiezos e irregularidades, cuyo cierre se postergó cuatro veces, 354 medios se presentaron a la convocatoria. Seis meses después, el 6 de septiembre de 2021, y sin ninguna justificación satisfactoria, el Ministerio la canceló y los recursos nunca llegaron.
“Fue un poco como si el Gobierno estuviera acéfalo en su cartera para los medios de comunicación. Por todo ello, aunque hubo algunas reuniones de trabajo y el presidente Duque públicamente habló de la importancia de los medios en una coyuntura como la que vivimos, al final no se concretó nada”, concluye Zitzmann.
Al final del mandato de Iván Duque, es evidente el retorno de amenazas y riesgos para los periodistas que cubren críticamente los temas de seguridad. La criminalización de la protesta redundó en graves daños a los derechos humanos y se reeditó una política de usar los recursos del Estado para vigilar a la prensa, lo que terminó atizando la desconfianza sobre el trabajo que hacen los periodistas. Duras verdades para un gobierno que, a pesar de su aparente amabilidad con los periodistas, no contribuyó lo suficiente con sus acciones a proteger la libertad de prensa y, por el contrario, se encargó de marcar una línea donde él decide quiénes son amigos y quiénes sus enemigos.
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