En momentos en que el clima político se calienta por el tema de las garantías electorales para los candidatos presidenciales y el concepto del procurador Alejandro Ordóñez en el sentido de que el presidente Álvaro Uribe —a pesar de no estar habilitado constitucionalmente para aspirar— debe brindarlas a quienes hoy están en la contienda, el contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, se mete al debate y sugiere que el Primer Mandatario debería actuar sobre el presupuesto de que ya está en campaña.
En entrevista con El Espectador, Turbay Quintero se refirió también a la investigación que adelanta la entidad sobre el programa Agro Ingreso Seguro, reconociendo que sí hubo irregularidades en la entrega de subsidios, que la mayor responsabilidad recae sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que era el que administraba la plata, y que no es cierto que ya haya exonerado al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y al ex ministro Andrés Felipe Arias.
Ya se habla de desvío de dineros públicos a campañas políticas, ¿qué está haciendo la Contraloría al respecto?
Nosotros hacemos parte de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y desde allí estamos pendientes de cumplir con unos propósitos encaminados a que haya garantías plenas para todos los ciudadanos. Obviamente, uno de los aspectos clave tiene que ver con la contratación, algo que en un momento dado puede marcar un desequilibrio. Por eso le estamos haciendo un seguimiento desde antes del inicio del período de Ley de Garantías. Hemos expedido también una circular dirigida a los funcionarios, en la que recordamos la obligación que tienen de contribuir a que haya garantías en igualdad de condiciones a quienes se postulen para ser elegidos como presidente de la República o como miembros del Congreso.
¿Y esa circular les cabe a los funcionarios de la Presidencia, teniendo en cuenta que aún no se sabe si el presidente Uribe será o no candidato?
Como Contralor General opino que el Presidente, a pesar de que todavía no se conoce el fallo de la Corte Constitucional sobre la viabilidad o no del referendo, debe someterse a la Ley de Garantías. Mejor dicho, el presidente Uribe debe suponer que es candidato, partiendo del hecho de que ya se tramitó un proyecto de referendo en el Congreso y que la Corte está estudiando su exequibilidad. Como ya se está adelantando la campaña, se puede decir que él es un candidato in pectore, en ciernes, que está pendiente de una decisión y que debe ofrecerles garantías a los otros.
El problema es que esa Ley de Garantías ordenaba al Presidente anunciar su intención de aspirar otra vez el 30 de noviembre del año pasado, lo cual ya no se cumplió…
Pero usted me está preguntando hoy y lo que creo es que de aquí en adelante, coincidiendo con el señor Procurador, el Presidente debe asumir conductas que impliquen garantías para los demás candidatos, así el referendo no se haya fallado en la Corte ni votado en las urnas.
¿O sea que en su criterio el presidente Uribe sí quiere otra reelección?
No es lo que yo crea, sino lo que indican los hechos de que se haya presentado un proyecto de ley al Congreso que fue impulsado por el mismo Gobierno.
¿Es suficiente garantía la suspensión de la transmisión de los consejos comunales?
Lo que pasa es que en ninguna parte la ley establece que un presidente en campaña de reelección tenga que dejar el ejercicio de sus funciones. Lo que uno pediría no es que deje de ser presidente, sino que haya un ambiente de transparencia y de garantías para los demás aspirantes, y eso se logra si él asume que es candidato y se comporta como tal, mientras se decide el referendo.
¿No es eso como un saludo a la bandera, porque sea como sea es el Presidente y ya tiene la ventaja por esto?
Pues constitucionalmente no hay nada que hacer. La vez pasada, cuando él hizo campaña para la reelección, no tuvo que retirarse de la Presidencia.
Hay quienes creen que debería pedir una licencia en caso de poder ser candidato...
Prefiero no opinar sobre eso. Lo que tiene que hacer la Contraloría es vigilar que en materia de contratación pública haya transparencia.
Pero mucho se critica sobre falta de esa transparencia con hechos como, por ejemplo, la adjudicación del tercer canal privado de televisión...
Creo que lo más conveniente es que se suspenda esa adjudicación en este momento.
¿En materia de contratación qué establece la ley exactamente durante la campaña electoral?
Que desde el próximo 29 de enero no se podrá seguir haciendo contratación directa y sólo se podrá hacer por licitación pública, con todo el cumplimiento de los requisitos que ello implica.
El candidato liberal Rafael Pardo denunció que se están destinando recursos públicos de entidades como Fonsecón y Acción Social, para las campañas de candidatos uribistas, ¿conoce usted esta situación?
No conozco nada al respecto y mi invitación es para que se haga la denuncia respectiva. Debo decir que a Acción Social le estamos haciendo auditoría.
El zar anticorrupción ha dicho que en el país se roban cuatro billones de pesos anualmente con corrupción, ¿qué está haciendo la Contraloría para parar ese desangre?
Todas las energías de la Contraloría están canalizadas contra la corrupción. Me sorprende la cifra que da el zar anticorrupción. Yo no sé de dónde la habrá sacado y no entiendo cómo hizo para llegar a ella. Escuché que resulta de sacarle el porcentaje del 10% a toda la contratación en Colombia y eso no me parece serio.
La Contraloría está investigando lo de Agro Ingreso Seguro, ¿es cierto que en diciembre pasado una comisión estuvo indagando lo ocurrido en Antioquia?
A mí me llamó la precandidata Noemí Sanín diciéndome que había escuchado ese rumor y que por qué nosotros no habíamos liberado ningún informe. Debo decir que averigüé si era cierto lo de dicha comisión y encontré que no. Ahora, si ella hubiese existido, el recaudo de información no era para divulgarlo al día siguiente, sino para anexarlo a la investigación que estamos adelantando.
¿Dentro de esa investigación, usted exoneró o no al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y al ex ministro Andrés Felipe Arias?
No hemos exonerado a nadie. Lo que hemos dicho es que hay que abrir investigación a los miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que es un organismo de carácter multilateral, que manejó y administró el proyecto. Ellos no pueden decir que no tienen responsabilidad y que son un organismo internacional con inmunidad diplomática. No se puede decir que hay inmunidad para el mal manejo de los recursos de la Nación. Si hubo mal manejo de recursos, los funcionarios de ese organismo serán llamados a indagación preliminar.
¿Los del IICA solamente?
En este primer momento la investigación está dirigida al organismo que administró el programa y de allí se puede desprender que sigamos haciendo indagatorias a funcionarios del Ministerio de Agricultura, incluidos el ministro y el ex ministro que tuvieron que ver con el caso.
¿Es decir, que la Contraloría sí encontró irregularidades en el manejo de Agro Ingreso Seguro?
Por supuesto que hubo irregularidades y se van a abrir indagaciones preliminares.
En materia de regalías, que siempre han sido mencionadas como uno de los puntos neurálgicos, ¿cómo está la situación?
Sigue siendo crítica. A pesar de todos los controles que se ejercen y las sanciones que se aplican, sigue habiendo una tendencia a la desviación de recursos. Nosotros hemos propuesto que se cree una entidad especializada en el manejo de las regalías. A Planeación Nacional le colgaron esa responsabilidad, cuando sus funciones son otras, mientras el país sigue viendo que se pierden los recursos. Tenemos que cambiar la modalidad de manejo de las regalías, así le duela a quien le duela.
¿Cuánto se pierde anualmente en regalías?
Es muy difícil de establecer. Se habla de que en 2008 fueron $90.000 millones. Por eso es que le pido al zar anticorrupción que nos dé los datos exactos de dónde es que se está produciendo esa corrupción que él señala con cifras tan precisas.
¿No es preocupante que se siga hablando de que bandas emergentes siguen cooptando los presupuestos municipales en muchas regiones?
Es preocupante que los presupuestos descentralizados terminen siendo afectados por la guerrilla, los paramilitares o las bandas que llaman emergentes. Existe una cantidad de factores que hacen que los recursos en las regiones estén amenazados.
Y se habla de alianzas criminales entre alcaldes, jueces y abogados...
Hemos recibido denuncias en ese sentido y es muy preocupante que en muchas regiones los mismos jueces contribuyan a que disposiciones legales precisas, como el que las regalías son inembargables, se violen. No puedo señalar a nadie, pero sí puedo asegurar que en muchos sitios hemos recibido denuncias de carteles dedicados a llevarse la plata de las regalías, embargándolas o interponiendo tutelas para poder manejarlas.
El Contralor y el tercer canal
Las advertencias del contralor general, Julio César Turbay Quintero, sobre el proceso de licitación para la adjudicación del tercer canal privado de televisión, dieron pie para que, inicialmente, la Comisión Nacional de Televisión decidiera aceptar el mecanismo de subasta pública y evaluar la posibilidad de actualizar el precio base. Posteriormente, ante la polémica surgida alrededor del proceso y la decisión de la suspensión de dicha adjudicación, Turbay Quintero consideró que ello era lo más conveniente.
“Estamos vigilando y mirando con el mayor rigor la forma en que se maneje y se desarrolle el tema. Buscamos proteger los derechos de la Nación”, ha dicho el Contralor constantemente al respecto.
Resultados de la auditoría a Etesa
Desorden administrativo reflejado en la inexistente información de los estados contables, deficiente gestión en el cobro de los derechos de explotación de juegos de azar e inadecuada gestión en los procesos contractuales son algunas de las irregularidades que encontró la Contraloría General en una reciente auditoría realizada a Etesa.
“Encontramos de todo. Hay una serie de hallazgos que demuestran que hubo malos manejos y mala administración de los recursos”, señaló al respecto el contralor Julio César Turbay Quintero, quien, sin embargo, aclaró que hasta el momento dichas pesquisas no muestran nombres de políticos involucrados.
Según la auditoría realizada, a diciembre 31 de 2008, Etesa tiene pendientes por cobrar $51.341 millones, situación que trajo como consecuencia su iliquidez. Además, según el Contralor, las demandas en su contra suman $332.227 millones, cuando sus activos totales suman $122.087 millones.
Por Hugo García Segura
