Entre las denuncias por corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) que pusieron en la picota a altos funcionarios del Gobierno y del Congreso, las contradenuncias de los involucrados para descargarse de culpas, la ponencia de dos miembros del Consejo Electoral contra el presidente Petro y su campaña y la dura respuesta de este, el país se encuentra en una profunda incertidumbre sobre su futuro. ¿Esta crisis llevará el país a una ruptura total?
No. En la Constitución del 91 se encuentran todas las salidas para resolver esta crisis: los asuntos penales deberán ser aclarados por la Fiscalía, ante los jueces, y por la Corte Suprema, en el caso de los aforados. En cuanto al despropósito de la solicitud de investigación a la campaña del presidente hecha por un “magistrado” que llega al Consejo Electoral como representante de un partido de oposición —y, por si fuera poco, a quien dentro de unos días la Corte Suprema (Sala de Primera Instancia) le iniciará juicio por delitos denunciados por un senador del Pacto Histórico—, se resolverá con la lectura y el acatamiento a lo estipulado en varias sentencias de la Corte Constitucional que interpretan la carta política en el punto en que esta le confiere al jefe de Estado fuero integral. El presidente puede ser investigado exclusivamente por el Congreso.
Siempre se responde apelando a la Constitución, pero lo cierto es que con las continuas referencias del presidente al poder del pueblo, la impresión que ha quedado es que si el mandatario sigue sintiéndose retado, pasará por encima de la carta. ¿Llegaría a dar ese paso?
Nunca. Ni este presidente ni quienes integramos el Gobierno pasaremos por encima de la Constitución. Ayudamos a construir la carta de derechos la cual probablemente deba desarrollarse en algunos aspectos pero sin atacar, jamás, el corazón de la misma ni pasar por encima de ella.
No obstante, en sus más recientes declaraciones, el presidente Petro, muy exaltado, aseguró que “irá hasta donde el pueblo diga”, y añadió: “Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré”. ¿Cómo se pueden interpretar estas frases? ¿Intentaría continuar en el Ejecutivo después de 2026?
No. Las reglas con las que jugamos y llegamos al Gobierno indican que el periodo del presidente culmina el 7 de agosto de 2026. No buscaremos ni un día más, pero tampoco estamos dispuestos a permitir que, con acciones antidemocráticas e inconstitucionales, les quieran quitar a los ciudadanos que lo eligieron un día menos de su mandato.
Aunque puedan ser comprensibles la irritabilidad y frustración del presidente, sus declaraciones agrias no contribuyen a nada positivo. Más bien, ahondan el conflicto político y la soledad del Gobierno. ¿Alguien, por ejemplo usted, puede sugerirle que actúe con calma y cálculo o nadie se atreve a darle consejos?
Por su origen e historia, el presidente es un hombre que no rehúye el combate. Es receptivo pero, naturalmente, tiene su agenda y la de su Gobierno, que han sido refrendadas por el sentir popular. Él defiende apasionadamente su proyecto político, así como los opositores lo atacan sin tregua. Son momentos que suelen ocurrir en la esfera pública. Eso sí, le puedo garantizar que los cálculos políticos no mueven al mandatario; lo mueven el sentir popular, el clamor de la gente, las necesidades de Colombia. El presidente no entiende de dobles juegos: su mayor lealtad con las contrapartes y con el país es su franqueza. Como posdata de esta respuesta, déjeme decir que los miles de ciudadanos que salieron a las calles el pasado 1.° de mayo no reflejan, precisamente, la “soledad del Gobierno”.
Por su posición oficial y experiencia en el mundo político, usted debe tener acceso a información reservada. Realmente y sin exagerar, ¿hay indicios para sostener, con algún fundamento, que existe una confabulación de las instituciones y el establecimiento en contra del presidente y el Gobierno?
Aquí, un pequeño grupo siente que sus intereses, que se relacionan con la captura del Estado para facilitar sus negocios, se encuentran en riesgo. Por eso no podemos ser ingenuos y creer que no hay que estar alerta. Pero, de la misma manera, confío en la ponderación de nuestros líderes incluyendo a los de la oposición. Estoy seguro de que ellos no jugarían a salidas de facto, porque entienden que por encima de todo y todos está la Constitución y el respeto por las decisiones democráticas tomadas por el pueblo en 2022.
¿Se puede, entonces, deducir que usted también cree que está desarrollándose lo que el presidente ha dado en llamar un “golpe blando”?
Ahí tengo una cordial diferencia con él. El centro de la discrepancia es que aun cuando sí creo que haya grupos de interés que quieren sacar al presidente del poder, también estoy convencido de que la capacidad institucional, de un lado, y la movilización ciudadana, del otro, impedirían que las aspiraciones de esos grupos tengan éxito.
El ponente del Consejo Electoral, del escrito que tanto exacerbó al mandatario, a quien usted se refiere al inicio de esta entrevista es Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, procesado en la Corte Suprema por el mismo delito (soborno a testigos) del que se acusa a Uribe. El segundo ponente es Benjamín Ortiz, elegido en ese organismo a nombre del Partido Liberal. ¿Usted también considera a este un enemigo político del presidente? ¿Cree que recibe instrucciones de César Gaviria?
Prada y Ortiz adolecen del mismo defecto estructural que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE): investigan y cuentan con la capacidad de sancionar a otros, pero no han recibido formación de jueces y su origen es claramente partidista. Por tanto, se encuentran allí para defender los intereses del partido que los eligió. Es más: en algunos casos, ni siquiera fueron elegidos por el partido, sino por algunos miembros de la colectividad.
¿Usted quiere decir, implícitamente, que Ortiz recibe la influencia de Gaviria?
El señor expresidente Gaviria es un político hábil que sabe cómo defender sus intereses.
Si ustedes estaban convencidos de que estos dos ponentes del Consejo Electoral estaban impedidos por ser más contradictores políticos que investigadores imparciales, ¿por qué no los recusaron a tiempo?
Por supuesto que creo que estaban impedidos, en especial el señor Prada por los argumentos que ya expuse. Yo mismo pedí varias veces que la defensa del presidente recusara a ese investigador. Francamente, nunca entendí por qué no se hizo. Razones tendrán los abogados, pero no las comparto.
¿El reciente cambio de apoderado del presidente en el Consejo Electoral tiene que ver con la falta de acción y efectividad de quienes venían representándolo?
Obviamente, el presidente es el único que sabe cuáles son las razones para haberlo decidido. Pero si yo tuviera la facultad de hacer algo al respecto, reforzaría la defensa del jefe de Estado con buenos constitucionalistas, puesto que los señores Ortiz y Prada han violentado los principios de la Constitución. Y me parece útil recordárselos.
Volviendo al escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, no solo la credibilidad del Gobierno está en juego; también la del Congreso, puesto que se ha dicho, aunque todavía sin pruebas, que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara habrían recibido $4.000 millones para el trámite favorable de las reformas oficiales. Primero, ¿se puede reparar, ante la ciudadanía, el daño hecho? Segundo, ¿se podrán restablecer, aun cuando sea, las buenas maneras entre el Gobierno y las bancadas de oposición?
El Gobierno reaccionó rápidamente retirando a los funcionarios implicados, en el caso en que se ha dicho, sin pruebas de que hubo un complot para comprar apoyos para nuestra agenda legislativa. Parece contraevidente que esa sea la supuesta motivación del presidente del Senado, Iván Name, pues para nadie es un secreto que él ha sido un fuerte opositor de las reformas. Permítame recordarle que Name engavetó la reforma pensional durante siete meses: por eso no se pudo debatir. Y sobre el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien ha apoyado este proyecto, yo no entendería que deba entregársele dinero para defender nuestro programa. Aunque la oposición, legítimamente, intentará usar el momento actual para frenar la agenda, las bondades de las reformas —como la pensional— se impondrán en el debate. Investigaciones ágiles y oportunas por parte de nuestra justicia indudablemente ayudarán.
No va a ser tan fácil, según creo, ministro. Las denuncias sobre corrupción con dineros públicos son muy graves…
Diferencias ideológicas aparte, es importante que las personas denunciadas puedan defenderse y contar con el debido proceso. Nadie debe ser lapidado sin pruebas, sobre todo cuando hay corruptos buscando beneficios legales a costa de lo que sea. Hay que tener mesura, sin descartar nada.
A propósito, el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo, aunque con buena intención, alarma con sus declaraciones diarias. ¿Refleja la realidad creada por los corruptos cuando asegura que “aquí se han debido perder billones de pesos” o exagera?
Confío en la capacidad e inteligencia del nuevo director de esa entidad. También confío en que, con un buen uso de esos dos atributos, continúe haciendo bien no solo el papel de buen veedor, que lo ha hecho, sino el de un buen ejecutor, que tanto se necesita.
Usted ha sido mencionado, en medios, por el exsubdirector de esa entidad, quien hasta el momento en que se hace esta entrevista no le ha entregado las evidencias de sus acusaciones a la Fiscalía y se ha retractado de varias afirmaciones. ¿Cómo piensa enfrentar la declaración a la que fue citado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema?
He sido citado como testigo y no como indiciado, mucho menos como procesado, a declarar lo que sé de este caso. Y lo haré con rigor y respeto. El exsubdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo no solo no me ha mencionado, que yo sepa, sino que en su matriz de colaboración a la justicia no incluyó mi nombre. Tenga la seguridad de que si alguien, por intentar obtener beneficios judiciales para tener un menor castigo por sus fechorías, busca endilgarme falsamente alguna responsabilidad, esa persona tendrá que responder ante la misma justicia por fraude procesal y otros delitos que serían fáciles de demostrar. Diez falsos testigos condenados por intentar armar un montaje en contra mía hace 16 años dan fe de que con mi nombre no se puede jugar.
Si su nombre no está en las denuncias, ¿por qué varios medios lo mencionaron?
Primero, porque, evidentemente, existe una estrategia que consiste en filtrarles datos a los medios para, después, echarse para atrás. Y segundo, porque en el afán de responsabilizar al propio presidente por las irregularidades en la Unidad para la Gestión del Riesgo —en las cuales, por supuesto, no tiene nada que ver—, la figura a la cual le pueden “disparar”, enseguida, es a la del ministro del Interior. Y varios medios de comunicación se han prestado para eso. Por ejemplo, la directora de Semana ya se equivocó conmigo, en materia grave, hace 16 años, y, luego, no reconoció su error con la misma espectacularidad con que me acusó. Ahora le va a tocar volver a rectificar. Espero que actué como directora de una revista y que no lo haga como actriz política de la derecha financiera de este país.
La explosión mediática sobre las denuncias en contra de personajes de peso dentro del Gobierno parece comprensible si se tiene en cuenta la magnitud del caso y que al menos uno de ellos (Olmedo López, exdirector de esa unidad) era considerado amigo cercano del presidente…
Los corruptos únicamente tienen lealtad con el delito y con su propio pellejo. Para tratar de salvarse son capaces de lo que sea, incluso de manchar un proyecto político en el que, según decían, ellos creían. El dinero fácil corrompe el alma y cuando es mucho corrompe el corazón. Espero que las palabras de arrepentimiento de Olmedo López dirigidas al presidente sean sinceras y ahora cuente toda la verdad. Y que esta vez la acompañe con pruebas que despejen las incertidumbres.
Pero López era supuestamente un hombre de izquierda y fiel al mandatario y a la amistad que los unía…
De manera leal, el presidente reconoció que lo nombró, no solo en un consejo de ministros sino ante la opinión. Lo había conocido como militante del Polo y se separó de este partido, junto con Gustavo Petro, cuando este decidió crear otro partido, Decentes, después de los debates por la corrupción del cartel de la contratación de Bogotá. Tristemente, la ambición daña a la gente. Y los militantes de izquierda no están exentos de caer en ese hueco, como dijo el jefe de Estado hace unos días.
A propósito de este penoso escándalo, también se ha recordado la contratación multimillonaria —aparentemente delictiva— en la misma Unidad para la Gestión del Riesgo en el gobierno Duque, durante la pandemia. ¿Sabe a qué se refieren esas denuncias?
Si se hubiera investigado cuando se hicieron las denuncias, ya tendríamos respuestas. Por eso le propuse al Senado que, junto con el Gobierno, le solicitáramos a la Fiscalía un equipo especial de investigadores para que descubran y le cuenten al país lo que ha ocurrido en esa entidad en los últimos seis años. La mejor prueba de que se sabía lo que estaba pasando en aquel momento y de que no hubo actos judiciales es que un periodista sin el poder institucional del Estado simplemente revisó el programa de mercados de la UNGRD, en 2020, y descubrió, según él mismo dijo, que “los responsables de la adquisición de un millón de mercados se habrían embolsillado US$1 millón en sobreprecio de algunos productos alimenticios”. Esto lo hizo el periodista comparando precios en un supermercado de estrato 6, de Bogotá. Nos preguntamos: si eso lo pudo hacer un reportero, ¿por qué no actuó la pasada Fiscalía en ese caso?
¿Quiénes son los implicados y cuáles eran sus responsabilidades?
Eso lo conoce bien la Contraloría, que adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, y lo debe saber la Fiscalía General de la pasada administración. La actual, por su parte, tiene que desempolvar las pruebas y tomar las decisiones que le corresponda.
“(Congresistas) que crean en el cambio, deberían ser más beligerantes”
El presidente volvió a ventilar la semana pasada, a propósito de la ponencia en el Consejo Electoral en contra de él mismo y de su campaña presidencial, la figura del “poder constituyente”. Se ve como una amenaza.
La propia Constitución del 91 señala que la soberanía radica en el pueblo. Yo confío en que, en lo que respecta a las reformas del Gobierno, el constituyente delegado que está en el Congreso, sabrá tomar sabias decisiones.
Después de los escándalos de la semana pasada, el ambiente en el Capitolio se puede cortar con cuchillo: la oposición está crecida y unida; el Pacto Histórico, atemorizado y el partido Verde, dividido. No parece que haya forma de reparar el clima para pensar en reformas.
Evidentemente, estamos ante el reto político de explicar las acciones del Gobierno frente a los señalamientos de la oposición, y de sacar adelante las reformas. Lo que puede terminar ocurriendo es que quienes crean en el proyecto del cambio, sean más beligerantes defendiéndolo. Y esto debería permitir que tengamos los respaldos necesarios. Las tempestades pueden detener la nave pero si se sabe ubicar las velas para aprovechar los vientos, terminarán siendo una fuerza de propulsión.
Unos días de horror para el gobierno Petro
En pocos días el gobierno Petro que acababa de tener un respiro con las abultadas marchas del primero de mayo, interpretadas como un respaldo popular al presidente, tuvo que enfrentar el grave escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres cuyas arcas fueron, al parecer, saqueadas con la autoría o complicidad de su director, Olmedo López, amigo del mandatario. Como si fuera un castillo de naipes cuyas cartas van cayendo a medida que otra se viene encima, el funcionario corrupto y su inmediato subalterno empezaron a enlodar a otros altos servidores del Estado, entre ellos, y además de sugerir el involucramiento de varios ministros y una consejera presidencial, los presidentes del Senado y de la Cámara: un cataclismo político, porque se sumaban alfiles importantes del Ejecutivo y del Legislativo. Como si fuera poco, esta misma semana los dos investigadores del Consejo Nacional Electoral encargados de examinar la financiación de la campaña del mandatario, dejaron conocer su ponencia en la que indican, no solo posibles irregularidades cometidas en el curso de la campaña, sino la presunta responsabilidad del jefe de Estado y del presidente de Ecopetrol en ellas. Un cataclismo político.
