La seguridad de los vehículos que circulan en el país muchas veces pasa de agache. Tanto así que varios de los carros más vendidos se rajan en las pruebas de seguridad a nivel mundial. Además, en comparación a otros países de Latinoamérica, las exigencias tecnológicas en estos temas solo apuntan a lo básico.
La última resolución en este tema, la 3752 de 2015, solo exige que los carros nuevos en el país tengan sistema antibloqueo de frenos (ABS) y dos bolsas de aires frontales. No obstante, esta regulación se queda corta frente a recomendaciones de entes internacionales que sugieren que, como mínimo, un automóvil debe contar con control electrónico de estabilidad, protección de impacto lateral, sistema de fijación de asientos para bebés, frenado autónomo de emergencia, airbags, frenos ABS, anclaje del cinturón de seguridad, entre otras varias medidas.
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Ante esta clara diferencia de criterios, en el Congreso se radicó un proyecto de ley cuyo fin es poner más a tono la regulación colombiana con las exigencias internacionales. Este texto es de la autoría del representante de la U Christian José Moreno y su objetivo principal es “el robustecimiento de los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos automotores para la disminución de las víctimas fatales”.
Bajo este propósito como rector, el proyecto exige que los vehículos para transportar personas y/o mercancías tengan como dispositivos mínimos de seguridad: cinturones de seguridad, anclajes de cinturones, sistema de control de estabilidad, sistema de antibloqueo de frenada (ABS), bolsas de aire frontales, sistemas de retención de cabeza y sistema de retención infantil.
El texto también pide que el Ministerio de Transporte fije unos estándares mínimos para estos instrumentos basándose en la reglamentación WP29, desarrollada por el Foro Mundial para la armonización de la reglamentación de vehículos. En este mismo sentido, la iniciativa busca que desde el Ejecutivo se expida una reglamentación para la protección de peatones por parte de los vehículos que circulan en el país.
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La propuesta también apunta a que se ordene que los vehículos que ya transitan por el país tengan que adaptarse a estas nuevas exigencias, “incorporando a los vehículos automotores los dispositivos de seguridad que no los haya traído originalmente”. Sin embargo, el texto deja constancia de que este pedido debe tener en cuenta que no todos los pedidos no pueden ser cumplidos. Y es que muchas de las exigencias de esta nueva regulación no podrían ser instalados ya que son elementos de seguridad que deben venir de fábrica.
Por esta última razón, el proyecto exige que, de ser aprobado, el país solo podrá importar, fabricar o ensamblar vehículos que cumplan con las exigencias de seguridad activa y pasiva consignadas, además de las otras exigencias que vengan del Ministerio de Transporte. En este mismo sentido, se les exige a los fabricantes e importadores que tengan la capacidad de certificar que los carros y otros medios de transporte que vendan cumplan con estas medidas.
Por último, la iniciativa del representante del Partido de la U busca que se cree un registro de sistema integrado de seguridad vial, en este se albergaran los certificados que prueben que los vehículos cumplen con las exigencias de esta ley. Sin embargo, en caso de omitirse o falsificar datos en el registro, esto podría traer procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en instancias penales.
Para el autor, este proyecto es necesario debido a que hay omisiones por parte del Estado frente a los estándares de seguridad vehicular. Aunque en los últimos años se ha avanzado en este tema, para el representante Moreno, el panorama frente a otros países de la región no es tan halagador y por eso es necesario ajustar y endurecer las exigencias. Sobre todo, porque los datos darían cuenta que en el país, en situación de normalidad, han aumentado las muertes en accidentes de tránsito.