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La llegada de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify cambió las reglas del servicio de transporte público individual. Llevó a las aplicaciones a controlar una gran porción del mercado, pero también puso en una difícil situación al sector de los taxis. Basados en un modelo de décadas pasadas, les fue difícil entrar a competir con las plataformas digitales y su uso de carros particulares para prestar el servicio de transporte.
El gremio se unió para frenar a Uber, por formas tanto legales como de otro tipo, en las que llegaron a apedrear los carros que supuestamente prestan el servicio irregular de transporte. En medio de esta lucha, el gremio transportador ha encontrado en el senador Jorge Enrique Robledo un aliado importante.
El senador del Polo Democrático y Jorge Alberto Gómez, representante a la Cámara del mismo partido por Antioquia, presentaron un proyecto que radicarán en la nueva legislatura con el que buscan ponerle un frenazo a Uber, Cabify y otras aplicaciones que usan plataformas de internet para prestar el servicio público de pasajeros con automóviles particulares.
El motivo de esta iniciativa es mejorar el anquilosado sector de los taxis a través de la incorporación de plataformas de internet que “faciliten el acceso y brinden garantías de seguridad”. Además, de acuerdo con los proponentes, es una respuesta a “la presencia ilegal y corrupta de empresas trasnacionales que, sin habilitación para operar, prestan el servicio” de transporte de pasajeros.
Por eso, la primera determinación del proyecto es que las empresas que están habilitadas actualmente para “prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros” son los únicos que podrán operar en el territorio colombiano haciendo uso de las plataformas tecnológicas para facilitar el servicio.
Las condiciones para que estas plataformas funcionen, según la iniciativa, es que se identifique el conductor, la placa y el modelo del vehículo solicitado. Esta aplicación también tendrá que indicar el punto de partido y destino, el recorrido y un precio aproximado del servicio. Por último, se debe permitir una evaluación del taxista que preste el servicio. En pocas palabras, las aplicaciones usadas deben tener las características que tienen actualmente las plataformas de Uber, Cabify y otras similares.
En este apartado también se aclara que el pedido del servicio a través de las aplicaciones puede generar un costo, “como remuneración por la intermediación realizada entre el usuario y el conductor”. Este dinero obtenido no puede superar el 5% del total de la carrera. Esto es una referencia directa al 20% o más de la “carrera” que cobran la mayoría de las aplicaciones.
En cuanto al tema tarifario, el texto que será presentado en esta legislatura establece que son las autoridades de transporte de cada municipio las que fijen los precios. El Ministerio de Transporte será el encargado de dar los criterios para las tarifas diferenciales y dinámicas según factores como el tipo de servicio, los horarios y el tráfico. Este es un criterio similar al que actualmente los servicios de aplicaciones definen como tarifa dinámica.
Este proyecto niega cualquier posibilidad de que carros particulares presten servicio de pasajeros. “Todo vehículo que se utilice para prestar el servicio de transporte automotor terrestre individual tendrá que ser de servicio público y deberá cumplir con los requisitos mínimos que el Ministerio de Transporte determine de conformidad con el nivel del servicio prestado”, reza el artículo 3 de la iniciativa propuesta por Robledo y Gómez.
La propuesta que será elevada al Congreso también contempla que el conductor esté afiliado al sistema de seguridad social y las empresas deben verificar que así sea. No obstante, la iniciativa no específica que los parafiscales corren por parte de la empresa. Lo que sí queda estipulado es que un conductor que no tenga su seguridad social puede desembocar en la suspensión de la licencia de funcionamiento de la empresa para la que trabaja.
En este punto también se estableció que las empresas deben entrenar a sus empleados para “garantizar que los usuarios seas atendidos con calidad, debida diligencia y respeto”. En este punto, la iniciativa busca un mayor involucramiento entre el conductor y la empresa a la que está vinculado.
El régimen tributario es el último apartado tratado por esta iniciativa. En esta se establece que tendrá las mismas cargas que actualmente tienen los taxistas. “Por tratarse de un servicio público ninguna empresa habilitada cobrará de IVA a sus usuarios, mucho menos trasladar dicho costo a los usuarios en la tarifa”, añade la iniciativa. Actualmente plataformas como Uber tienen que pagar el IVA por los servicios prestados, costo que también tiene que pagar el usuario.
En el proyecto y la justificación, ambos congresistas hacen énfasis en la ilegalidad de plataformas como Uber y similares. Según la argumentación esgrimida, las diferentes superintendencias (Puertos y Transporte, Industria y Comercio, y otras) han declarado la ilegalidad de este tipo de servicios e incluso han sancionado a las empresas que los prestan. Además, señalan que este tipo de aplicaciones explotan a los conductores pues, bajo la figura de socios conductores, se saltan cualquier garantía laboral a la que podrían tener derecho.
Al final, la idea con este proyecto es frenar el sistema “anárquico” con el que se ha vinculado las nuevas tecnologías al gremio del transporte de pasajeros. Y, en este mismo orden de ideas, se busca que las plataformas entren a funcionar con plena legalidad en el país, pero siempre bajo “el reconocimiento de que el servicio público debe ser prestado mediante vehículos específicamente destinados para ello y matriculados a empresas debidamente habilitadas por parte de las autoridades competentes”.
