Los recientes casos de interceptaciones ilegales a periodistas, congresistas, líderes sociales y magistrados, así como el ascenso al general Nicacio Martínez que cuestionó la opinión pública, llevaron a que los senadores Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, prometieran una reforma a la Fuerza Pública para evitar escenarios como los ya mencionados.
Este viernes, anunciaron cuáles serían los proyectos que radicarían para trabajar en esa línea, con el propósito de que la Fuerza Pública no pierda el hilo de su legitimidad y dignidad, así como su responsabilidad de cumplir el Derecho Internacional Humanitario y las convenciones internacionales que protegen los Derechos Humanos.
Son dos proyectos, el primero con relación a los ascensos militares que se tramitan en el Congreso. Sobre este punto fueron insistentes en que buscarán generar responsabilidad política en los parlamentarios. “Lo que ha ocurrido es que, a pesar de las advertencias, de las denuncias e investigaciones en curso, el Congreso, en suerte de ritual, asciende en sus condiciones de generales a personas que luego salen condenadas y comprometidas en graves violaciones a los DD.HH.”, explicó Sanguino.
En ese sentido, buscan que los parlamentarios sean más cautelosos y conscientes a la hora de hacer las ponencias y emitir sus votos a favor de un uniformado que podría ser responsable de hechos contrarios a la ley. “Queremos proteger la actividad y pronunciamiento del Congreso en materia de ascensos”, insistió.
Siguiendo la línea, además de la responsabilidad política, el proyecto busca suspender los trámites de aquellos uniformados que se encuentren vinculados formalmente en investigaciones o sean objeto de denuncias mientras se resuelve la situación de estos. En caso de ser declarados inocentes, se puede reanudar la discusión de dichos ascensos.
Esta suspensión del trámite, que el senador Sanguino la nombra como depuración, aplica para casos de violaciones a DD.HH. genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, falsos positivos, homicidios, interceptaciones, apoyo a grupos armados ilegales y proceso en materias administrativa, disciplinaria y fiscal.
Así mismo, el proyecto busca que se implemente un proceso de evaluación de la integridad del uniformado, con relación a la ética militar y profesional y el cumplimiento a los DD.HH. La iniciativa cuenta con un componente de veeduría en cuanto le exige a la plenaria del Senado y la Comisión Segunda, responsable de este trámite, llevar a cabo una audiencia pública con la sociedad civil para que la ciudadanía sepa quién aspira a un ascenso, a la vez de que exponga sus reparos en este.
Por último, la información relacionada al ascenso, hoja de vida, antecedentes y demás, debe de ser colgada en un sitio web de fácil acceso para la consulta de la ciudadanía.
El segundo proyecto, explica el senador Cepeda, pretende reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y ponerle freno a las intercepciones ilegales que ha protagonizado la agenda mediática este año.
La iniciativa tiene tres aspectos importantes. El primero busca eliminar cualquier concepto de doctrina del enemigo que persista dentro de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia.
“Si bien desde el Ministerio de Defensa se aseguró que esa doctrina no sigue siendo vigente, la realidad es que en un derecho de petición que presentamos se nos dice que siguen existiendo conceptos que promueven la idea de que periodistas, magistrados, líderes y otras personas pueden ser consideradas blancos legítimos de interceptaciones”, dijo el senador sin dar más detalles.
Adicional a este tema, el proyecto quiere exigirles a los responsables de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia que hagan unos informes anuales que detallen la operación de sus funciones. Dicho informe debe ser público para la ciudadanía y el mismo Congreso.
También, la iniciativa quiere darle los alcances a la Comisión de Seguimiento de los Trabajos de Inteligencia porque, manifestó Cepeda, la comisión como funciona ahora es una decoración de la Ley de Inteligencia. Con esto se busca que, efectivamente, la célula legislativa haga alertas tempranas sobre posibles desvíos de las tareas de los aparatos que se dedican a estas labores.
Por último, la propuesta quiere vincular a los organismos de inteligencia y contrainteligencia con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el propósito de que se suministre información que conduzca a la verdad y memoria del país.
